por Juan Carlos Muñoz *
El sistema judicial argentino atraviesa hoy su mayor crisis de credibilidad, alimentada por la sensación generalizada de que la ley no se aplica de igual forma para todos. El sistema no es imparcial, si es que alguna vez lo fue.
La raíz de este problema es tan antigua como la humanidad: las reglas legales nacieron para proteger los intereses y la propiedad de quienes detentaban el poder. La ley se convirtió, desde su origen, en una herramienta. El Código de Hammurabi de la antigua Babilonia lo prueba con una claridad brutal: si un “hombre libre” agredía a otro hombre libre, se establecía el principio de equivalencia, “ojo por ojo”; si agredía a un “semilibre” o a un esclavo, solo se imponía una compensación monetaria.
Esa asimetría fundamental es la simiente: la justicia deja de ser un ideal para convertirse en un escudo para unos y una espada para los demás. Como analizó Michel Foucault, el sistema judicial se ha usado no solo para proteger al poderoso, sino para controlar y disciplinar al resto de la sociedad. La impunidad para algunos se convierte en una señal, y el castigo para otros es la advertencia.
Un ejemplo es el caso de Sócrates, en la cuna de la democracia griega. Su crimen fue una amenaza al orden establecido. Sus preguntas incómodas, que llamaban a pensar por sí mismo, fueron interpretadas como afrenta a la autoridad. La justicia ateniense lo sentenció a muerte para silenciar el pensamiento crítico, no por un delito común.
Más adelante, la transición de los castigos públicos a la prisión moderna fue una forma de humanización, pero sobre todo el nacimiento de una tecnología más eficiente de control social.
Este es el complejo legado histórico de las instituciones judiciales en la sociedad argentina. La Constitución nacional consagró los derechos humanos y los principios de la igualdad ante la ley, pero la realidad fue otra. Desde que fuera presidente de la primera Corte Suprema de Justicia Salvador M. del Carril, el mismo que instó a Lavalle a fusilar a Dorrego y fraguar después un juicio de condena.
El siglo XX en nuestro país se caracterizó por los golpes de Estado. El poder judicial, bajo la influencia de poderosos intereses económicos y la presión de compañías extranjeras, jugó un papel determinante. La Acordada emitida por la Corte Suprema el 10 de septiembre de 1930 reconoció la legitimidad del gobierno que derrocó a Hipólito Yrigoyen y estableció la doctrina de los gobiernos de facto, que siguió justificando el poder por la fuerza en lugar de la vía constitucional.
Los juicios a los represores de la última dictadura militar fueron un gran ejemplo de verdadera justicia, que muestran las reservas de dignidad que existen en la magistratura. Pero por otro lado, sectores principales de ese aparato continuaron mostrando las evidencias de una aberrante complicidad con los poderes políticos y económicos.
La parcialidad endémica del sistema judicial destruye la confianza pública y tiene un efecto corrosivo perverso: permite la degradación de la clase política. Cuando la elite dirigente promueve que este sistema pueda ser eludido, manipulado o utilizado como herramienta de persecución, se rompe el último límite ético. La impunidad de la corrupción y los crímenes del poder habilita las peores prácticas en el Estado, profundizando la distancia entre gobernantes y ciudadanos.
El sistema judicial ha tenido que reformarse en el devenir de nuestro sistema político. Las modificaciones realizadas en la Constitución en 1994 no fueron al fondo de la cuestión y resultaron insuficientes. En 2023 se intentó una reforma importante, que no pudo consumarse principalmente por las resistencias en el mismo aparato judicial. Una reforma actual sería la oportunidad para modernizar y modificar de raíz el sistema, alineándolo con las exigencias del siglo XXI y el reclamo de equidad que bulle en la ciudadanía.
La reforma judicial en México, que comienza a implementarse a partir de 2025, se anuncia como una vía posible para democratizar la justicia mediante el voto popular. Impulsada durante el mandato de Andrés M. López Obrador, se aplica bajo la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el sistema tradicional el ciudadano está facultado para elegir presidente, gobernador, diputados o senadores, pero no está habilitado para elegir un juez o fiscal, porque al parecer se le atribuye falta de conocimientos para ello; son las otras autoridades electivas las encargadas de designar a dichos funcionarios. La reforma mexicana, presentada como la vía para desmantelar la corrupción y el nepotismo de una percibida “casta judicial”, busca vincular la legitimidad los magistrados directamente a la voluntad ciudadana. En este sentido, es un experimento social y político sin precedentes a nivel global.
La elección directa no se limita a los ministros de la Suprema Corte, sino que se extiende a jueces y magistrados federales y locales. Los candidatos son seleccionados mediante exámenes y propuestos por un procedimiento en el que intervienen los tres poderes del Estado, y sus campañas electorales están estrictamente limitadas, prohibiéndose tanto la injerencia de los partidos políticos como el financiamiento público o privado para evitar la influencia de intereses económicos o ilícitos.
Complementariamente, la reforma busca limitar el poder de la Suprema Corte y redujo sus integrantes de 11 a 9. También establece mecanismos tendientes a agilizar los trámites, y prohibe a los jueces otorgar suspensiones de leyes con efectos generales en recursos como el amparo, garantizando que las leyes impugnadas sigan aplicándose mientras no se resuelva su inconstitucionalidad.
Esta reestructuración se complementa con la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, diseñado para investigar y sancionar la ineficiencia y la corrupción, y con plazos máximos para la resolución de asuntos, combatiendo así la tradicional lentitud de los procedimientos.
Los beneficios de la elección popular son claros: siendo electos, quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia obtendrían una mayor legitimidad democrática y estarían más obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía.
Esta reforma, en el caso de México y en caso de que se pudiera implementar en Argentina, ofrece la posibilidad de terminar con el sistema de “cúpulas” o “cofradías” en la judicatura, pues en este estamento ha ocurrido con frecuencia que los cargos se heredan, y se constituye una elite que responde a intereses políticos o incluso ajenos a los intereses nacionales.
Sin embargo, la utopía de la justicia popular se enfrenta a algunas críticas que plantean una disyuntiva fundamental: legitimidad democrática versus independencia judicial. Los críticos advierten que obligar a los jueces a presentarse a elecciones ordinarias comprometería su independencia, forzándolos a tomar decisiones basadas en la popularidad y el cálculo político, en lugar de apegarse estrictamente al Derecho. La selección por voto masivo, sin considerar la capacidad técnica de los candidatos, abriría una puerta peligrosa para la cooptación por intereses partidistas o incluso por el crimen organizado, haciendo que la solución propuesta pueda agravar los problemas que busca resolver.
En resumen, la reforma mexicana busca democratizar el acceso a la justicia al costo de desmantelar la carrera judicial tradicional. El futuro de esta experiencia definirá si es posible crear un sistema judicial genuinamente democrático a través del mandato popular, sin que ello debilite la razón técnica necesaria para aplicar la ley de manera imparcial.
* Juan Carlos Muñoz es periodista y escritor