por Martín Doñate
Hay documentos que funcionan como espejos del futuro. El informe global Entertainment & Media Outlook 2024-2028, elaborado por PwC —uno de los estudios más influyentes del mundo en economía digital— es uno de ellos. Lo que a simple vista parece un análisis sobre medios y entretenimiento termina revelando un cambio mucho más profundo: el ingreso a la economía de la inteligencia. Ya no se trata de producir más, sino de interpretar mejor. La competitividad del siglo XXI no depende de la escala industrial, sino de la escala de análisis. Si en el siglo XX la fábrica fue el corazón de la economía, en el siglo XXI lo es el algoritmo. Pero no cualquier algoritmo: aquel que integra la capacidad de discernimiento humano con la velocidad del procesamiento digital. Ese es el modelo híbrido, una forma de organización que no desplaza capacidades humanas sino que las amplifica. El futuro no es humano o artificial; es humano potenciado por inteligencia artificial.
En paralelo, esta revolución tecnológica está reordenando la geopolítica global. La inteligencia artificial dejó de ser un debate técnico para convertirse en el centro de la disputa por el poder. Emiratos Árabes Unidos creó el primer Ministerio de Inteligencia Artificial y Economía Digital, demostrando que el futuro no se espera: se diseña. China promueve en foros internacionales la idea de una gobernanza global de la IA porque entiende que quien define las reglas define el juego. Estados Unidos discute entre una regulación federal o una legislación fragmentada estado por estado, con modelos tan distintos como California, que exige transparencia estricta, o Texas, que impulsa la desregulación. La Unión Europea avanzó con el AI Act, el marco más completo de regulación basado en riesgos y derechos. Durante siglos las disputas globales se organizaron en torno al territorio, el oro o el petróleo. Hoy se organizan en torno a los datos, la energía y la capacidad de cómputo. La soberanía ya no se defiende únicamente en las fronteras geográficas, sino en los algoritmos y en las normas.
En este escenario, Argentina tiene una oportunidad estratégica. Posee energía y recursos naturales críticos para la economía digital, universidades públicas que producen talento científico reconocido mundialmente y una cultura creativa que transforma la adversidad en innovación. No se trata de abandonar nuestra matriz productiva, sino de ampliarla: exportar bienes e inteligencia, recursos y conocimiento. La inteligencia artificial no puede convertirse en una autopista para que otros capturen el valor de lo que generamos; debe ser una herramienta para fijar valor en el territorio, crear empleo de calidad e impulsar una industria tecnológica con identidad nacional.
Aquí entra la política. En la economía digital, cuando un país no regula, no gana libertad: pierde capacidad de decisión. La ausencia de reglas no democratiza la tecnología; por el contrario, concentra el poder en quienes ya dominan los datos, los algoritmos y las plataformas globales. Regular no significa frenar el progreso, sino orientarlo hacia un sentido nacional, humano y productivo. Y cuando decimos humano, hablamos de humano en serio: el ser humano como sujeto de derechos y no como objeto pasivo de la inteligencia artificial. Esto implica reconocer desafíos ineludibles. Entre ellos, el ambiental —porque la IA demanda energía, centros de datos e infraestructura de cómputo que deben ser sostenibles— y el social, ya que autores como Jeremy Rifkin advierten que la automatización, si no está acompañada de políticas públicas, puede acelerar procesos de inempleabilidad tecnológica donde no falta talento, sino reglas que obliguen a incluirlo. Innovación sí, pero sin expulsar a las personas del futuro del trabajo.
Con ese enfoque impulsé dos proyectos de ley complementarios, que estructuran una política pública para la economía de la inteligencia. En lugar de explicarlos corrido, vale presentarlos como núcleo didáctico:
¿Qué propone el marco normativo para la Argentina?
- Ley de Regulación de la Inteligencia Artificial
– Transparencia algorítmica: saber cómo y por qué una IA toma decisiones.
– Explicabilidad: que las decisiones sean comprensibles para las personas.
– Responsabilidad: alguien debe responder cuando una IA afecta derechos u oportunidades.
– Enfoque humano: la IA debe potenciar personas, no reemplazarlas sin control. - Nueva Ley de Protección de Datos Personales
– Reconoce los datos como derecho humano digital.
– Considera el dato como activo económico estratégico bajo soberanía nacional.
– Actualiza la normativa argentina a estándares globales (AI Act, GDPR).
Ambas leyes tienen un solo propósito: que la tecnología mejore la vida de la gente. Desde lo institucional, fortalecen un Estado moderno que articula con el sector privado sin obstaculizarlo. Desde lo económico, aportan previsibilidad para que empresas, pymes y startups crezcan. Desde lo educativo, habilitan nuevos oficios y empleo calificado. Desde lo ambiental, impulsan una transición digital sustentable. Desde lo productivo, permiten que el país no solo genere recursos, sino que interprete, procese y decida sobre el valor que produce.
No estamos ante una oportunidad que pueda esperar. Estamos ante una responsabilidad generacional. Si no escribimos nuestras reglas, otros las escribirán por nosotros. Si no definimos nuestro rol en la economía de la inteligencia, terminaremos usando tecnologías diseñadas para intereses ajenos. No estamos discutiendo tecnología: estamos discutiendo desarrollo, equidad y soberanía.
Porque en definitiva, de lo que se trata es de imaginar y construir una sociedad capaz de usar la tecnología para expandir la dignidad humana, una sociedad donde la innovación no sea privilegio sino derecho; donde la inteligencia artificial no sustituya proyectos, sino que los haga posibles. Estamos proyectando un país que combine ciencia y sensibilidad, datos y ética, crecimiento y sentido. No hablamos solo del futuro de la tecnología: hablamos del futuro de la vida que queremos construir en comunidad, como parte de una humanidad que elige evolucionar con inteligencia y con conciencia.
Martín Doñate es Director del Instituto Argentina 2050, abogado, licenciado en Ciencias Sociales, y Senador Nacional con mandato hasta diciembre 2025). Autor de los proyectos de Ley de Regulación de Inteligencia Artificial y de Protección de Datos Personales, y fundador de Digital Human Lex (DHLex), estudio jurídico especializado en derecho digital y ciberseguridad.