ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE MEITNER ENERGY INC.
por Ángel Alonso *
En los pasillos nucleares el entusiasmo con el proyecto del ACR-300 de Meitner es tangible. Para muchos trabajadores del ámbito nuclear aparece como una vía de escape a la crisis en la que el actual gobierno ha sumido a la industria nuclear (salarios deteriorados, proyectos paralizados, falta de insumos, falta de horizonte). La idea de un SMR privado parece ofrecer oxígeno en medio de la asfixia. Sin embargo conviene no dejarse llevar por la urgencia y pensar qué implica para el Estado acompañar a Meitner en este contexto.
El primer punto a tener en cuenta es que la experiencia argentina en SMR existe y se llama CAREM. Con todos los problemas de cronograma y presupuesto, el CAREM sigue siendo una demostración concreta de que nuestro país puede desarrollar un reactor modular a costos muchísimo más bajos que los observados en proyectos similares en Rusia, China o Estados Unidos. Lo llamativo es que lo que para algunos es prueba de ineficiencia, en realidad muestra que incluso con recursos limitados Argentina logra avanzar donde otros multiplican sus costos por diez. Ignorar esa capacidad para subordinarse a un diseño con patente externa es, como mínimo, contradictorio.
Pero volvamos al núcleo de este artículo. Meitner en concreto es una empresa privada asentada legalmente en Delaware (EE.UU.), con participaciones accionarias de un 40 % de INVAP y un 60 % de algún inversor mantenido en secreto. Lo interesante es que nadie parece sorprenderse de que el accionista mayoritario de una empresa creada para desarrollar un reactor en suelo nacional tenga un socio mayoritario “poco claro”. Según los trascendidos la empresa tiene oficinas en Argentina y está empleado personal crítico de CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) y NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A.) con sueldos que superan la media para esa industria (pero, vale decir, no necesariamente la media internacional). Su objetivo es el desarrollo del ACR-300, reactor del tipo SMR (Small Modular Reactor), patentado en el 2024 por INVAP en los EEUU. Meitner es, entonces, una empresa extranjera en suelo nacional que desarrolla un reactor patentado en Estados Unidos. Incluso si consideramos la participación de INVAP, la configuración resulta, al menos, curiosa para la historia de los desarrollos nucleares a nivel global.
Es verdad que no habría mayores riesgos para el Estado argentino si un privado invierte en el país, se equivoca y pierde dinero, eso es parte de cualquier negocio privado. El riesgo real está relacionado a las implicancias geopolíticas de la tecnología involucrada y a que el Estado argentino, directa o indirectamente, termine financiando a una empresa de capitales extranjeros para desarrollar un reactor modular en suelo propio en detrimento de los intereses de la propia nación.
Ceder espacios físicos, habilitar facilidades, otorgar avales o garantías públicas es, en los hechos, transferir recursos nacionales a una iniciativa cuyo beneficio tecnológico quedaría afuera. Es de destacar que el anunciado —aunque nunca aclarado— plan nuclear que presenta al ACR-300 como “reactor nacional” se combina con un ataque virulento a las capacidades de la CNEA y NASA para llevar adelante el CAREM o la operación de centrales. Como conclusión de estas maniobras, el personal clave del CAREM y NASA migra hacia Meitner. ¿Es una forma indirecta de favorecer a esa empresa? Difícil no ver la correlación.
Teniendo en cuenta esto, que hoy el Estado acompañe a Meitner en detrimento del CAREM o de las CANDU nacionales no es solo una jugada financiera, es un gesto político que atiende necesidades extranjeras. Supone resignar capacidades acumuladas para convertirse en socio menor de un proyecto ajeno que fácilmente puede cancelarse. Y es ahí donde se juega el riesgo, ya que hipotecar un capital tecnológico construido durante décadas para transformarlo en plataforma de negocios externos es más propio de un financista aventurero que de un plan estratégico nacional.
Por otro lado, si bien es auspicioso que un privado busque desarrollarse en el país, no debe olvidarse que al tratarse de una tecnología estratégica y con impacto geopolítico no puede quedar fuera del foco del Estado. Eso implica, inicialmente, traer claridad sobre quiénes son los accionistas. No conocer quién está detrás de la empresa tiñe de misterio algo que debería ser, antes que nada, de transparencia absoluta. Imaginemos un mal escenario, por ejemplo que el desarrollo esté financiado por intereses vinculados a un programa de una potencia que al gobierno no le guste: Irán, China, Rusia. Ese solo hecho podría arrastrar a nuestra nación a un proyecto de dudoso fin y poner en riesgo el delicado equilibrio internacional que Argentina busca en materia nuclear.
Tengamos en cuenta que el sector nuclear argentino nació de decisiones políticas que priorizaron el desarrollo endógeno: minería, agua pesada, combustibles, reactores de investigación, centrales de potencia. Eso en concordancia con una sólida estrategia internacional de fines pacíficos de la energía nuclear y con mecanismos con aval internacional que aseguren esta premisa. En todos esos pasos el Estado fue garante de una lógica estratégica. Apostar desde el Estado a Meitner en estas condiciones significa romper esa continuidad y aceptar que lo privado externo incida en el rumbo de un área crítica.
¿Esto significa que Meitner no debe existir? ¿O que el Estado no deba colaborar con un proyecto privado? Claramente es positivo que una empresa busque desarrollar SMR en Argentina, confiando en más de 70 años de historia nuclear de primer nivel y apostando al conocimiento tan arduamente formado de nuestros profesionales. Lo que no puede ocurrir es que los recursos nacionales favorezcan un negocio externo en detrimento de las necesidades nacionales y sin la claridad que esa empresa requiere. ¿Puede desarrollarse en el país un reactor nuclear comercial sin beneficio alguno para el Estado y para el pueblo que capacitó a esos trabajadores e ingenieros? Lo deseable sería “nacionalizar” aspectos del proyecto de Meitner, estableciendo condiciones de colaboración que aseguren beneficios tangibles para ambas partes. Que el ACR-300 se patente en Argentina, que la metalmecánica nacional integre la cadena de suministros y que la comercialización del reactor genere retornos económicos y tecnológicos concretos para el Estado. En definitiva, cualquier apoyo estatal debe estar condicionado a beneficios verificables no sólo en términos económicos, sino también en materia de soberanía tecnológica y energética.
* Ángel Alonso es trabajador de la CNEA