por Sabina Frederic *
Los crímenes de Lara, Morena y Brenda y el escándalo Espert-Federico “Fred” Machado exponen un mismo entramado: el de un Estado que, con contadas excepciones, reprime abajo y tolera arriba, mientras el dinero del narcotráfico se filtra por las grietas de la desigualdad, la precarización y la violencia de género, hasta alimentar la política.
El narcotráfico irrumpió de manera inédita en la agenda pública y electoral. Su visibilidad creció primero a partir del crimen atroz de Brenda y Morena, dos mujeres muy jóvenes y, Lara, una adolescente. La crueldad ejercida contra ellas conmovió a la sociedad y capturó el interés político y mediático. La investigación criminal siguió la pista que conectaba a los autores con el negocio de la venta de drogas ilegalizadas, un presunto robo de cocaína y los feminicidios como mensaje de advertencia. Sin embargo, apenas diez días después, la conmoción social se vio desplazada por otro hecho: la denuncia presentada por Juan Grabois contra José Luis Espert, uno de los principales candidatos libertarios a las elecciones legislativas, por haber recibido financiamiento de campaña en 2019 del empresario argentino Federico “Fred” Machado, detenido en Viedma por narcotráfico, fraude y lavado de activos.
Uno y otro hecho comparten un mismo trasfondo: la enorme rentabilidad del narcotráfico y su capacidad para permear las estructuras económicas y políticas. Mientras en los márgenes genera homicidios, feminicidios y autodestrucción, en los niveles altos se traduce en enriquecimiento y poder político. Este contraste permite desmontar la hipocresía que sostiene las políticas prohibicionistas y punitivistas vigentes desde fines de la década de 1980, que en contextos de precarización e informalidad económica terminó fortaleciendo el negocio que dice combatir. El Estado no está ausente: sus formas de intervención han mutado. Por acción u omisión, se vuelve parte del problema. Las estrategias estatales —hiperpunitivas en los márgenes, desreguladoras en las alturas— sostienen las condiciones que amplían el mercado, multiplican las violencias y permiten que el dinero ilícito circule hacia la política.
Por cierto, la trama de responsabilidades penales jamás uniría un caso con el otro. Sin embargo, si se suspendiera por un momento la vorágine del discurso jurídico y mediático, resultaría más visible cómo la estatalidad neoliberal —y su versión libertaria— potencia la expansión del negocio. La sospechosa pasividad de la Justicia argentina tras la detención de Federico “Fred” Machado es un ejemplo elocuente.
En marzo de 2021, el Department of Homeland Security de Estados Unidos remitió al Ministerio de Seguridad, que entonces encabezaba, un informe detallando las imputaciones contra Machado, sus conexiones empresariales y su probable intención de lavar varios millones de dólares en el país. Los documentos judiciales norteamericanos señalaban que el empresario utilizaba empresas como fachada para registrar aeronaves y facilitar el transporte de cocaína entre Sudamérica y Norteamérica.
A partir de ese material, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), dependiente del Ministerio, elaboró un informe reservado que fue enviado a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) para su judicialización y para solicitar, a través de un juzgado federal, la detención de Machado. La existencia de ese informe —filtrado recientemente por el diario La Nación— confirmaba que la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compañera de campaña de Espert, había tenido conocimiento de los vínculos del empresario con el narcotráfico y de su posible rol en el financiamiento político.
En rigor, aquel informe de la DNIC retomaba la nota del diario Perfil de 2019 sobre un tiroteo que Espert recibió a bordo de una camioneta propiedad de Claudio Cicarelli, primo de Machado; advertía sobre la probable intención del acusado de lavar alrededor de 34 millones de dólares en Argentina, y de sus vínculos con Mastropiero, un empresario de la aviación estrechamente vinculado a SOCMA, empresa de los Macri. Si bien la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Machado inmediatamente en Neuquén en abril de 2021 —durante mi gestión—, a la espera de su extradición, la causa quedó estancada, no hubo ninguna investigación posterior.
La Corte Suprema también demoró su intervención. Esperó cuatro años para declarar procedente la extradición solicitada por Estados Unidos, que finalmente concedió el 7 de octubre, dos días después de la renuncia de Espert, cuando el escándalo ya era inocultable. Para entonces, Machado había declarado que había aportado un millón de dólares a la campaña del candidato libertario bajo la apariencia de un contrato de asesoramiento para una empresa minera en Guatemala, sospechada por la justicia norteamericana de servir como cobertura para el lavado de dinero procedente del tráfico aéreo de cocaína.
El desinterés judicial en investigar el circuito financiero del narcotráfico en sus niveles más altos —donde se concentran las mayores ganancias— contrasta con la sobreactuación securitaria de la derecha encarnada por Bullrich y sus imitadores. Nada hay más distante de su discurso de “mano dura” que la voluntad real de desmantelar el negocio.
A ello se suma una investigación reciente, basada en registros oficiales de aportes de campaña y difundida por el candidato a senador nacional por Fuerza Patria Mariano Recalde. Allí se revela que Machado transfirió cerca de tres millones de dólares a la empresa Lácteos Vidal en 2023, de los cuales algo más de doscientos mil habrían sido destinados a la campaña presidencial de Juntos por el Cambio, con Bullrich como precandidata. A diferencia de Espert, Bullrich habría tercerizado el acceso a esos fondos. Aunque ella lo niega, está comprobado que Lácteos Vidal aportó a su campaña y recibió fondos de Machado.
El escándalo se amplifica con un tercer caso: el de la diputada libertaria rionegrina Lorena Villagra, candidata a senadora, detenida en 2002 por tráfico de cocaína y pareja de Claudio Cicarelli, primo de Machado y dueño de la camioneta blindada baleada en 2019. Mientras algunos diputados opositores piden su renuncia para evitar lo que denominan “narcopolítica”, insisten en reducir un fenómeno estructural a un problema de nombres propios.
Así es como, un sin número de actores de poder embarcados en una cruzada ilusoria, mueven una maquinaria obsoleta: la “lucha contra el narcotráfico”, mascarón de proa de la protección de riquezas y financiamientos espurios, y de la persecución de perejiles que justifica un gasto descomunal en seguridad pública, a expensas de la protección social. El endurecimiento de penas, las leyes que enarbolan la lucha contra las organizaciones criminales o «mafias», ni ha disminuido el mercado ni la demanda, mientras inunda los tribunales con causas y las cárceles de prisioneros y prisioneras. Ya ni campañas contra el consumo problemático comprometen: los recursos públicos, “cárcel o bala”, frase acuñada por el candidato que no fue, es lo que determina la inversión estatal.
El caso Espert, Bullrich, Villagra y sus conexiones mediatas o inmediatas con Machado deberían contribuir a mirar en perspectiva el triple feminicidio de Lara, Morena y Brenda, para repensar cómo el Estado contribuye, por acción y omisión, con el problema. Dicho de otro modo, estos hechos son la punta visible de una trama estructural que conecta la actuación selectiva de la Justicia y el negocio de las drogas ilegalizadas, con el financiamiento político. Las políticas prohibicionistas y punitivistas, en un contexto de precarización y desregulación económica, generan condiciones que aumentan la rentabilidad del negocio, y facilitan la circulación de capitales ilegales hacia espacios formales de la política.
Ciertamente, existe un profundo contraste entre el trabajo de inteligencia criminal —que permitió la detención de Machado y aportó evidencias sobre el lavado, las empresas fachada, las aeronaves y las rutas del tráfico— y la parálisis del sistema judicial. Esta hace posible que el flujo del dinero ilegal fluya hacia la economía formal y demuestra que el narcotráfico no es un problema “fuera” del Estado, sino dentro de él.
La retórica securitaria cumple, entonces, una doble función: sirve de máscara ideológica para quienes promueven la represión y, al mismo tiempo, preserva los intereses que sostienen la rentabilidad del negocio. Entre tanto, las zonas grises institucionales —las omisiones judiciales, los silencios políticos, la opacidad financiera— garantizan la continuidad del circuito. Por eso, es indispensable abrir un debate serio que reoriente las prioridades y revise el sentido mismo de las políticas sobre drogas. Se trata de desplazar el foco exclusivo de la represión hacia una revisión integral y actualizada de la Ley de Estupefacientes; fortalecer el control financiero y la transparencia en la financiación política; investigar y bloquear las empresas fachada que facilitan el lavado; e invertir sostenidamente en salud pública, educación y empleo joven. Solo así será posible interrumpir el circuito que, en nombre del poder y la rentabilidad, ya no solo deshecha derechos: deshecha vidas.
* Sabina Frederic fue Ministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021. Es profesora e investigadora de UNQ-CONICET, y Directora de EN FOCO, Instituto de Políticas sobre Seguridad, Delito y Violencias.