REFORMA CONSTITUCIONAL
por Fabián García *
La provincia de Santa Fe está ante una oportunidad histórica: reformar su Constitución por primera vez desde 1962. Entre los puntos propuestos, uno destaca por su impacto silencioso pero profundo: el reconocimiento constitucional de los Colegios, Consejos y Cajas de Previsión y Seguridad Social Profesionales. Esta medida, contemplada en el artículo D.1.13 de la Ley de Necesidad de Reforma N.º 14.384, no es un mero tecnicismo jurídico. Es una decisión política que puede consolidar institucionalmente a quienes sostienen, desde el conocimiento y la ética, una parte sustancial del entramado social santafesino.
Toda actividad estratégica que transforma nuestra realidad involucra, directa o indirectamente, una profesión universitaria. Tal es su relevancia que son reguladas en dos niveles: en su formación, por el Estado Nacional, que declara de interés público a muchas de ellas y supervisa contenidos y carga horaria; y en su ejercicio, por las provincias, que conservan esta facultad no delegada y legislan sobre el modo en que cada profesión se practica.
Santa Fe, como la mayoría de las provincias argentinas, ha creado por ley los Colegios y Consejos Profesionales. Estas entidades, de derecho público no estatal, cumplen funciones esenciales: la gobernanza exclusiva de la matrícula, el control ético y disciplinario, la defensa de estándares de calidad y la protección de la ciudadanía usuaria de servicios profesionales.
Esta arquitectura institucional ha sido, sin duda, una de las decisiones más sabias del sistema democrático santafesino. ¿Quién puede estar más comprometido con el desarrollo de una profesión que quienes han dedicado años de estudio y décadas de ejercicio vocacional? Los colegios y consejos son verdaderas cajas de resonancia de las prácticas profesionales, representando a quienes ejercen en ámbitos públicos y privados, en relación de dependencia o de forma liberal, en cada rincón de la provincia.
No se trata de una construcción aislada, sino de un análisis colectivo sostenido durante décadas, que ha nutrido la elaboración de políticas públicas. En su interior se crean institutos, comisiones y departamentos de actualización profesional, se organizan congresos y sociedades científicas, y se promueve la especialización, dando lugar a figuras como el médico cirujano, el oncólogo o el pediatra.
Los jóvenes profesionales encuentran en estas instituciones un espacio de acogida, formación continua y acompañamiento ético. Su impacto positivo se extiende a áreas sensibles como Justicia, Salud, Educación, Seguridad, Planificación Urbana y desarrollo productivo.
Además, estas entidades funcionan con autonomía, sin generar cargos públicos ni demandar recursos del presupuesto provincial. Son organizaciones intermedias democráticas, regidas por elecciones periódicas y gobernadas por sus pares, reflejando valores como el federalismo, la participación ciudadana y la responsabilidad social.
La Mesa de Colegios y Consejos Profesionales ha presentado estos argumentos ante los Reformistas Constituyentes, obteniendo dictamen favorable de la comisión correspondiente. Resta ahora su tratamiento en el plenario, donde podrían consagrarse como parte de la Constitución Provincial.
En cuanto a las Cajas de Previsión Profesional, su existencia es consecuencia natural de los colegios. Representan un modelo solidario y sustentable de seguridad social, sostenido exclusivamente por los aportes de sus afiliados. No implican gasto público alguno, y sus recursos son intransferibles e intangibles. Constituyen un ejemplo de responsabilidad colectiva y solidaridad intergeneracional, que además descomprime al sistema estatal de previsión.
Frente a esto, existe una corriente desreguladora que se opone a estas organizaciones. Sin embargo, no logra apreciar la riqueza de esta construcción social, fruto del esfuerzo de generaciones de profesionales. No es el gasto público el problema —pues no lo hay—, y tampoco hay fundamento válido para restringir el enorme aporte que estas entidades realizan a la sociedad.
Reconocer constitucionalmente a los Colegios, Consejos y Cajas Profesionales no es solo una decisión jurídica: es una apuesta por el conocimiento, la ética, la democracia y el desarrollo. Es, en definitiva, una forma de cuidar el futuro.
* Fabián García es miembro del Colegio de Farmacéuticos y ha sido presidente de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina