por Victoria Tolosa Paz *
La problematización de la discapacidad como una forma particular de la vulnerabilidad social se ha desarrollado durante décadas en la Argentina y en el mundo. En lo fundamental, en el tratamiento del tema, la comunidad internacional ha derivado desde una concepción medicalizada de la discapacidad a una conceptualización social, en la que ciertas características físicas, sensoriales o cognitivas de las personas adquieren su naturaleza incapacitante sólo en interacción con el medio social. En otras palabras, la discapacidad no es una enfermedad que puede/debe curarse sino una condición que el medio social impone a personas con determinadas dificultades de orden intelectual, motriz o sensorial.
La discapacidad, tal como hoy se la concibe como cuestión de agenda para la protección social, se inscribe en el marco general de la Promoción de los Derechos Humanos. Las personas con discapacidad, en su interacción con el entorno social, pueden ver menoscabada una participación social plena y en condiciones de igualdad respecto de los demás miembros de la sociedad. En otras palabras, hablar de discapacidad es hablar de derechos y de justicia distributiva; entendida esta última en un sentido amplio y abarcativo, más allá del meramente económico.
Como resultado del desarrollo de la temática, en el año 2006, la Comunidad Internacional suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la cual adhirieron más de 180 países. La Argentina adhirió a ella mediante la ley 26.378 que aprueba la Convención y su protocolo facultativo; la misma fue sancionada el 21 de mayo de 2008; más adelante, el 19 de noviembre de 2014, el congreso sanciona la ley 27.044 que otorga jerarquía constitucional a la Convención.
La Argentina, en consonancia con los avances internacionales en la materia, ha podido construir trabajosos consensos que derivaron en una institucionalidad robusta vinculada a la cuestión. Esta institucionalidad incluye actores estatales como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) o la ANSES y un plexo normativo que ha garantizado la existencia de un Sistema de Protección Social para las personas con discapacidad. Todo esto redunda en una cobertura satisfactoria mediante transferencias directas (Pensiones no contributivas o PNC) así como en el instituto del seguro médico que se ejecuta mediante programas como Incluir Salud que coordina una red de prestadores públicos, privados y de organizaciones de la sociedad civil.
Esta institucionalidad, erigida sobre la base de consensos transversales a las distintas fuerza políticas, ha facilitado que las personas con discapacidad mejoren su participación en todas las esferas de la sociedad en condiciones de mayor equidad. Finalmente, como un nuevo gran aporte, las dos Cámaras del Congreso han sancionado recientemente la Ley de Emergencia en Discapacidad, con una amplia mayoría transversal, la cual se propone cubrir vacancias, cerrar brechas y declarar la emergencia en Discapacidad.
Y aquí llegamos precisamente al punto. ¿Por qué el Congreso ha declarado la Emergencia en Discapacidad? La declaración de la Emergencia se debe a que el actual gobierno ha asumido, no ya una actitud meramente incuriosa o negligente, si no más bien ha demostrado un temerario afán destructivo con relación a los consensos logrados, la institucionalidad construida y el sistema de protección vigente. El gobierno no quiere mejorar la protección de las personas con discapacidad o hacerla más eficiente. Quiere destruirla, porque como ya lo dijo el Presidente: la protección social de los vulnerables debe resultar del altruismo y la beneficencia de los más ricos; nunca de la acción consciente y coordinada del gobierno. Para él, no hay sujetos de derechos sino desvalidos y beneficiarios. Retrocedemos 200 años en el debate público sobre derechos humanos y políticas sociales.
La pro actividad destructiva del Presidente Milei tiene diferentes aristas. A continuación, vale destacar los más importantes.
- Debilitamiento institucional de la ANDIS
La agencia Nacional de Discapacidad ha sufrido un fuerte deterioro, sobre todo a través del vaciamiento de la institución en lo que atañe a sus trabajadores y cuadros técnicos. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la dotación de la ANDIS se redujo en 468 personas, afectando las tareas de gestión, control y otorgamiento de pensiones. También se generaron demoras en la tramitación de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y los Certificados Médicos Obligatorios (CMO). Esto implicó una reducción del 33% de la planta del organismo. Tamaño achicamiento en la dotación de personal fue acompañado con un inédito descenso en el salario real de los trabajadores del estado de más de 30% durante la gestión de Milei.
- Denuncias infundadas sobre fraudes y presunta sobre cobertura
El gobierno no ceja en sus embates e intentos de deslegitimar el instituto de la protección social para las personas con discapacidad. En este afán, ha denunciado la existencia de pensiones supuestamente mal otorgadas y fraude médico sistemático en los controles, lo cual se reflejaría en una presuntamente elevada cantidad de titulares de PNC por discapacidad. Nada de esto se verifica: no hubo avances al respecto en los estrados judiciales y la evidencia disponible no es consistente con la mentada sobre cobertura. Según datos de 2018 que surgen de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad realizada POR el INDEC, se observa que el 10,2% de la población de 6 años y más tiene alguna discapacidad; extrapolando esos datos a la proyección de población para este año, se obtiene que en la argentina hay 4,3 millones de personas con al menos una dificultad. Por otro lado, en la actualidad hay casi 1,2 millones de personas que cobran PNC; es decir que poco más de un cuarto de las personas con discapacidad están recibiendo la pensión. Estas cifras sugieren que aún persiste algún déficit de cobertura. En efecto, la tasa de cobertura por PNC en la población con discapacidad (poco más del 25%) está aún por debajo de los niveles de vulnerabilidad que se miden para la población total (38,1% de población pobre)
Este déficit o brecha de cobertura se viene achicando desde hace más de 20 años como resultado de consensos transversales y una institucionalidad robusta. Cuando se examina la evolución de largo plazo de la cobertura de Pensiones por Discapacidad, no puede más que concluirse que el aumento registrado a partir del año 2005 no tiene otra explicación que la aplicación estricta de criterios de justicia. En 2003 había apenas 80.000 personas con PNC discapacidad. Llevó 20 años alcanzar una tasa de cobertura compatible con criterios mínimos de equidad.
- Mayores barreras al acceso a las pensiones
El gobierno ha llevado adelante políticas restrictivas para el acceso a la pensión. Algunas medidas que indican esta dirección pueden mencionarse a continuación:
- Elevación del umbral de Incapacidad hasta el 66%.
- Se exige Certificado Médico Oficial Digital (CMO) obligatorio, descartando certificados en papel.
- Incompatibilidad con trabajo registrado
- Exclusión de titulares con detención penal o residencia fuera del país.
- Evaluación médica estricta, reponiendo concepciones arcaicas y medicalizada sobre la discapacidad
El debilitamiento institucional de la ANDIS combinado con mayores barreras al acceso a las PNC generó que entre 2024 y 2025 la cantidad de titulares se reduzcan en más de 28.000. La perspectiva es que, dadas las manifestaciones en tal sentido del gobierno, en el corto plazo la reducción incremente su velocidad.
- Pérdida de poder adquisitivo de la PNC
El gobierno mantiene congelado el bono de $70.000 que perciben los titulares de PNC desde marzo de 2024. Es la misma técnica, rudimentaria y cruel, con la que se licúa la mínima jubilatoria. En diciembre de 2023, el monto de la PNC por discapacidad más el bono era equivalente a $282.000 de junio de 2025. En este último mes, los titulares cobraron $21.000 menos lo que supone un 7% de merma en su poder adquisitivo.
- Congelamiento del valor de las prestaciones médicas.
Algo similar ocurre con los gastos en prestaciones médicas cuyo retraso afecta la calidad y cantidad de prestaciones. Para el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2025, el gobierno habilitó aumentos del 95% en los aranceles del Nomenclador de Prestaciones para personas con discapacidad; sin embargo, en ese período la variación del IPC fue mucho más alta: 151%. Llamativamente, en el mismo período los precios de los servicios de medicina prepaga se incrementaron un 280%. Esta diferencia es todo un síntoma sobre las prioridades del gobierno en materia de salud: Negocios para las empresas de medicina prepaga y ajuste para los prestadores y las prestaciones de las personas con discapacidad.
- Instalación de una taxonomía deshumanizante y descalificante
Acaso uno de los actos de gobierno que mejor reflejó su mirada respecto de la problemática de la discapacidad fue la fallida resolución 187/2025, mediante la cual se definió un baremo médico que introdujo una taxonomía insultante y deshumanizante para con las personas con discapacidad. Así, la discapacidad intelectual fue clasificada bajo términos como “idiota”, “débil mental o “imbécil”. Poco puede agregarse a semejante exhibición de desapego e insensibilidad.
Sobre todos los elementos señalados en esta nota, intentemos trazar un cuadro general de la política en discapacidad de la actual administración nacional. Esta se caracteriza por una pro actividad destructiva de los consensos internos y los acuerdos internacionales trabajosamente alcanzados; coexiste con ello un afán perverso por lograr la destrucción de una institucionalidad que mediante consenso político transversal se ha logrado construir; finalmente, es subsidiaria de un fiscalismo rudimentario que afecta las condiciones de vida de las personas con discapacidad y en definitiva el ejercicio efectivo de sus derechos a una participación plena e igualitaria en la vida social.
Todos Estos rasgos generales se expresan particularmente en:
- La denuncia implícita de acuerdos internacionales de los que nuestro país participa, reponiendo concepciones retrógradas sobre la discapacidad y desconociendo la jerarquía constitucional de la Convención. A pesar de que no existe un repudio explícito de esos acuerdos, hay razones para suponer que se avanzará en ese sentido. No debemos perder de vista que nuestro país ha anunciado su apartamiento de uno de los organismos internacionales relevantes en la materia como lo es la Organización Mundial de la Salud.
- La reducción de la dotación de personal y los salarios de los trabajadores de la ANDIS y su consecuente pérdida de sus capacidades institucionales
- Un ajuste sobre el valor real de las prestaciones médicas mediante un incremento de su valor muy por debajo de los observados en la economía en su conjunto.
- Un descenso provocado en el poder de compra de las PNC por la vía del congelamiento del bono y la falta de reconocimiento de los incrementos de precios ocurridos a fines de 2024 y principios de 2025.
- Amenaza de veto a la ley de Emergencia en Discapacidad recientemente sancionada en el Congreso.
Dicho todo lo anterior, cabe destacar lo siguiente: si el presidente decidiera avanzar con el veto a la ley de emergencia sancionada el último 10 de julio, no habrá veto que pueda detener la lucha de las personas con discapacidad. Nuestro país ha avanzado y robustecido el sistema de protección y todo indica que no está dispuesto a retroceder en lo que concierne al colectivo de la discapacidad.
* Diputada Nacional Victoria Tolosa Paz, Unión por la Patria