por Alejandra Rodenas *
Ser parte de la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe constituye uno de los hechos políticos más relevantes de nuestra historia reciente.
No se trató solo de actualizar un texto jurídico, sino de asumir la responsabilidad de construir colectivamente un nuevo pacto santafesino que refleje los valores, demandas y esperanzas de nuestra sociedad.
Desde el bloque Más para Santa Fe, primera minoría en la Convención, asumimos este proceso con una doble convicción: reconocer la complejidad del contexto social y económico de la provincia, y participar con responsabilidad aportando nuestra mirada crítica y constructiva.
El proceso electoral que dio origen a la Convención tuvo baja participación ciudadana, lo que planteó un desafío de legitimidad. Sin embargo, esta se fortaleció en el debate público, especialmente en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, donde la sociedad tuvo presencia activa. La apertura a la participación y la incorporación de aportes de diversos sectores sociales y académicos fueron esenciales para dotar a la reforma de sentido político y legitimidad. En la comisión se desplegó un debate plural y respetuoso, orientado a ampliar derechos y actualizar el horizonte de justicia que la Constitución debe garantizar.
Entre los avances más relevantes, el nuevo artículo 13°, dedicado a las medidas de acción positiva, introduce por primera vez el reconocimiento jurídico de las desigualdades estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos.Este principio implica una obligación estatal activa y transformadora, que supera la igualdad formal y avanza hacia una igualdad sustantiva, basada en políticas concretas para remover obstáculos y reducir brechas sociales y territoriales.
Se consolidó la igualdad sustantiva como principio rector, estableciendo que el Estado debe corregir desigualdades estructurales y fortalecer derechos de mujeres y diversidades mediante medidas contra la violencia de género, la promoción de la igualdad salarial y la participación paritaria.
También se amplían derechos de niñas, niños y adolescentes, asegurando protección integral, educación y acceso cultural. Se garantizan accesibilidad y autonomía a personas mayores y con discapacidad, y se reconoce la identidad cultural de los pueblos originarios y de las comunidades históricamente postergadas, incorporando además la equidad territorial.
Su redacción fue fruto de un proceso participativo. Más de 250 organizaciones, universidades, sindicatos y colectivos sociales intervinieron en audiencias públicas en Santa Fe y Rosario, enriqueciendo el texto con sus propuestas y realidades.Ese espíritu participativo también se reflejó dentro de la Convención, donde un amplio consenso político permitió incorporar esta cláusula moderna e inclusiva.Más allá de las diferencias ideológicas, prevaleció la convicción de que la defensa de los derechos humanos y la reducción de las desigualdades son políticas de Estado que trascienden coyunturas partidarias.
El artículo 13° expresa el espíritu humanista, inclusivo y progresivo de la nueva Constitución, convocando a toda la sociedad a hacer de la igualdad real no solo un principio jurídico, sino una práctica colectiva y cotidiana.Esta agenda es la que asume el desafío de incorporar a los postergados.
En cuanto a la inclusión de nuevos derechos en esta reforma, también se podría afirmar que se inscribe en la tradición del constitucionalismo social inaugurada por la reforma nacional de 1949, que reconoció por primera vez en la historia argentina los derechos de los trabajadores, de la familia, de la ancianidad y de la educación como pilares del bienestar colectivo.
Aquella experiencia, en la que por primera vez se impuso la materialidad de una historia que avanzó con la inclusión de los invisibilizados, marcó un punto de inflexión al concebir a la Constitución no solo como un marco de organización del poder, sino como una herramienta para la justicia social y la dignidad humana.En ese mismo sentido, la Constitución santafesina reformada retoma y actualiza ese legado, ampliando la esfera de los derechos, incorporando la igualdad sustantiva como principio rector y consagrando la responsabilidad activa del Estado en la corrección de desigualdades estructurales.Esta continuidad histórica reafirma que el Estado de Derecho no se consolida únicamente mediante instituciones, sino garantizando derechos reales y efectivos para todas las personas.
Se incorporaron derechos ambientales, el acceso a información pública y la participación ciudadana en decisiones de impacto colectivo, consolidando un enfoque de transparencia y responsabilidad social.Estos avances no son solo simbólicos: generan obligaciones concretas para los poderes públicos y marcan un cambio de paradigma en la protección de derechos.
Pese a estos importantes logros, desde nuestro bloque señalamos cuestiones que no pudieron incorporarse.
La propuesta de un Consejo de la Magistratura autónomo, con integración plural y facultades efectivas, quedó reducida a un órgano asesor dependiente del Ejecutivo, limitando la independencia judicial.
Tampoco prosperaron plenamente la autonomía del control político del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, ni los mecanismos de designación de fiscales y procuradores.
En derechos urbanos, no se consagró un piso mínimo de recursos para municipios, clave para garantizar la autonomía financiera local. Y aunque se incluyó el derecho a la ciudad, quedaron fuera medidas concretas de protección a barrios populares, regulación del inquilinato y acceso equitativo a servicios.
En materia de medidas de acción positiva, si bien la Constitución reconoce desigualdades estructurales y compromete al Estado a reducirlas, no se incorporaron disposiciones concretas sobre representación legal efectiva para grupos vulnerables, acceso equitativo a vivienda ni medidas claras para garantizar educación inclusiva y accesible en zonas rurales o marginadas.
Estas omisiones representan oportunidades para futuras reformas y políticas públicas que profundicen la igualdad real.
El proceso constituyente demostró que, más allá de diferencias partidarias, Santa Fe puede construir acuerdos incluso en tiempos de fragmentación, recuperando el diálogo respetuoso como eje central.En esa línea, la reforma también reafirmó la vigencia y el valor institucional del sistema legislativo bicameral, preservando de este modo a la Cámara de Senadores, pilar del sistema republicano y garante de la representación territorial.Su existencia fortalece el federalismo interno y asegura que los intereses de los distintos departamentos sean considerados en las decisiones de gobierno.Desde el bloque Más para Santa Fe defendimos con firmeza este principio, entendiendo que la representación de los territorios es condición necesaria para una expresión equilibrada y participativa de todos los santafesinos.
Del mismo modo, la incorporación de la cláusula democrática en el texto constitucional, a propuesta de nuestro bloque, representa un paso decisivo en la consolidación de un orden democrático moderno, plural y profundamente arraigado en los valores de nuestra historia reciente. En un país y en una provincia que sufrieron la interrupción violenta de gobiernos democráticos y golpes institucionales vinculados a estructuras económicas concentradas, reafirmar la plena vigencia de las instituciones es un acto de memoria y responsabilidad colectiva.
Por último, se puede afirmar que el proceso constituyente fue una disputa por el lenguaje y por el sentido.
Desde el bloque Más para Santa Fe sostuvimos una insistencia constante en cada palabra, verbo o expresión que integró el texto, convencidos de que las palabras construyen realidad, expresan intereses y defienden aquello que muchas veces permanece invisible.
Cada término discutido, cada inclusión lograda, fue una tensión y una conquista, porque la lucha política también se libra en el derecho, en la definición de sus alcances para incorporar nuevas materialidades y en la posibilidad de nombrar lo que antes no tenía nombre y estaba soslayado. Esa fue, quizás, la dimensión más profunda y transformadora de este proceso: haber hecho del lenguaje una herramienta de justicia, memoria y dignidad para todos los santafesinos.
Hoy contamos con una Constitución más justa, moderna e inclusiva, y con un ejemplo de método basado en consenso informado, respeto mutuo y compromiso ético en beneficio de los santafesinos.Esta reforma invita a repensar el Estado, el Gobierno y el poder desde la acción positiva, la igualdad real y la ética, avanzando hacia una Santa Fe más justa, igualitaria y humana.
* Alejandra Rodenas es abogada, ex jueza penal de la provincia de Santa Fe y docente de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Rosario. Ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe entre 2019 y 2023, Convencional Constituyente por el Bloque Más Para Santa Fe, actualmente se desempeña como diputada provincial de la Provincia de Santa Fe.