por Rodolfo Oscar Delagñola
La instalación del radar de la empresa estadounidense LeoLabs Inc. en la localidad fueguina de Tolhuin se transformó en uno de los episodios más significativos para analizar la intersección entre tecnología y soberanía nacional en el marco de la Defensa Nacional. Detrás de un proyecto presentado como un avance científico, el caso expone los dilemas que enfrentan los Estados intermedios frente a la expansión de infraestructuras privadas de observación y control espacial vinculadas de manera directa o indirecta con los intereses estratégicos de las grandes potencias.
1. Los nuevos ejes del poder global y el radar de Tierra del Fuego
En el tablero internacional del siglo XXI, los Estados más influyentes articulan sus estrategias en torno a un conjunto de grandes temas que trascienden las fronteras nacionales: la energía y la transición tecnológica; la seguridad alimentaria y el acceso al agua; la gestión de los recursos naturales; la innovación científico-tecnológica; la estabilidad económica y financiera; la defensa y la seguridad global; la cohesión social; y, finalmente, la disputa por el nuevo orden mundial multipolar. Estos ocho ejes conforman hoy el núcleo de la agenda estratégica de las potencias y, de manera creciente, también de las naciones emergentes que buscan posicionarse en un contexto de alta interdependencia y competencia global.
En ese marco, la instalación y posterior controversia en torno al radar de la empresa estadounidense LeoLabs en Tierra del Fuego no puede leerse como un episodio aislado ni como una simple cuestión técnica. Por el contrario, se inserta de lleno en varios de los grandes temas que definen la seguridad y la política internacional contemporánea.
En primer lugar, el asunto afecta directamente al eje de Ciencia, Tecnología e Innovación, al involucrar infraestructura crítica de observación espacial y sistemas de monitoreo satelital con capacidad de doble uso -civil y militar-. La localización del radar en el extremo austral del continente, en proximidad a rutas aeroespaciales estratégicas y al corredor antártico, le otorga una dimensión geopolítica que trasciende lo tecnológico.
Además, la situación incide de manera directa en el eje de Defensa, Seguridad e Inteligencia. La operación de instalaciones de este tipo plantea interrogantes sobre soberanía, información estratégica, control del espacio y articulación entre actores privados y estatales en el eje mencionado. En un contexto donde la militarización del espacio y la competencia por el dominio informacional crecen exponencialmente, cada instalación tecnológica con capacidad de observación o rastreo adquiere relevancia estratégica, operacional y táctica.
También el caso se enmarca en el eje del Orden Mundial y la Multipolaridad, en tanto expresa las tensiones de un sistema internacional en transición. La expansión de infraestructura estadounidense en el Cono Sur, las reacciones de China y Rusia, y las posiciones intermedias que buscan adoptar países como Argentina, revelan las líneas de fractura de una nueva competencia global que combina ciencia, defensa y diplomacia.
Indirectamente, el episodio repercute sobre los restantes ejes estratégicos: desde la energía y los recursos naturales -por su proximidad a zonas de proyección antártica- hasta la economía y las finanzas internacionales, al vincular inversiones privadas con marcos regulatorios nacionales. Incluso el plano de la gobernanza democrática y la transparencia institucional se ve interpelado por la necesidad de debatir el alcance de los acuerdos tecnológicos con actores extranjeros.
En definitiva, el radar de LeoLabs no es solo un dispositivo científico, sino un punto de intersección entre tecnología, soberanía y geopolítica. Su análisis exige comprender que, en la actual disputa global por el conocimiento estratégico, la seguridad, la defensa y la influencia, los objetos orbitan tanto en el espacio como en el terreno movedizo de la política mundial.
2. LeoLabs y la expansión tecnológica global
La empresa LeoLabs Inc., con sede en California, se consolidó en la última década como un actor central en la vigilancia orbital y el análisis de objetos en órbita terrestre baja (Low Earth Orbit, LEO). Fundada en 2016 por ex-ingenieros de la NASA, su modelo de negocios combina infraestructura física de observación -radares de matriz en fase (phased-array radars)- con servicios de análisis de datos espaciales en tiempo real.
De acuerdo con su comunicado oficial del 13 de marzo de 2023, LeoLabs seleccionó a Argentina para instalar su Argentina Space Radar (AGSR), justificando la decisión en la “ubicación óptima para completar la cobertura hemisférica sur”. Esta iniciativa se sumaría a sus estaciones en Alaska, Texas, Nueva Zelanda, Costa Rica, Portugal y Australia, todas conectadas a un centro de datos propio en Estados Unidos.
El sistema AGSR utiliza radares en banda S (≈ 2.9-3.0 GHz), capaces de rastrear objetos de hasta 10 centímetros de diámetro y calcular trayectorias orbitales con fines de conciencia situacional espacial (SSA). Los datos generados -alertas de conjunción, caracterización de fragmentaciones, seguimiento de satélites activos o pasivos- poseen un valor estratégico tanto para la seguridad civil como para la inteligencia militar.
En 2025, la empresa fue seleccionada por la US Space Force (USSF), a través del programa STRATFI/SpaceWERX, para desplegar radares UHF en el Indo-Pacífico. Este vínculo con la estructura de defensa estadounidense confirma su rol dentro del ecosistema dual-use de tecnologías espaciales: comercial por forma jurídica, pero estratégico por su función.
Así, el radar proyectado en Tolhuin no constituye un emprendimiento aislado, sino un nodo en una red global de observación orbital bajo control corporativo norteamericano con inversiones británicas, con implicancias directas para la soberanía tecnológica de nuestro país.
3. Cronología política y administrativa en la Argentina
La instalación del radar de la empresa LeoLabs Inc. en Tierra del Fuego atravesó distintas etapas políticas y administrativas, que reflejan con nitidez los vaivenes estructurales de la política de defensa argentina frente a las tecnologías de doble uso y a la presencia de actores extranjeros en zonas de alta sensibilidad estratégica.
Durante la gestión del presidente Alberto Fernández (2019–2023), el proyecto ingresó al país bajo la Disposición Nº 8/2022 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, que otorgó a LeoLabs Argentina S.R.L una autorización “precaria y experimental” para instalar una estación terrena en las inmediaciones de Tolhuin, en el centro geográfico de la isla grande fueguina.
Esta resolución, de naturaleza administrativa, no fue acompañada por una evaluación de impacto en materia de seguridad, defensa e inteligencia nacional, ni contó con la intervención previa del Ministerio de Defensa o de la Cancillería, pese a que la ubicación propuesta se encuentra en el área de influencia directa del Atlántico Sur y de la proyección antártica argentina.
A lo largo de 2022 y comienzos de 2023, LeoLabs avanzó con las obras civiles en la estancia “El Relincho”, incluyendo la instalación de plataformas de antenas, la provisión de energía eléctrica y la conexión de fibra óptica, todo ello bajo la forma de una inversión privada supuestamente orientada a fines científicos.
No obstante, a mediados de 2023, técnicos y especialistas del Ministerio de Defensa advirtieron sobre la naturaleza dual del sistema y su capacidad de observación orbital de alta resolución. Los informes internos alertaron que el radar podía integrarse a redes internacionales de defensa sin mediación estatal y que su funcionamiento implicaba “riesgos severos para la soberanía informacional y para la seguridad estratégica del país”.
La prensa nacional recogió las diferencias entre Defensa y Cancillería, señalando que mientras el área diplomática evaluaba el proyecto como un avance en cooperación tecnológica, el Ministerio de Defensa recomendaba su cancelación inmediata.
En consecuencia, el 1º de agosto de 2023, el Ministerio de Defensa emitió un informe técnico que concluyó en la revocación definitiva del permiso otorgado a la empresa. El documento señalaba que el radar “no contaba con la debida autorización de las autoridades competentes en materia de defensa y política exterior”, y que su emplazamiento en un punto estratégico como Tierra del Fuego “podría derivar en la generación de información de inteligencia sensible sin control argentino”.
La decisión, respaldada por el Poder Ejecutivo Nacional, implicó el cese de la instalación y la instrucción de revisar todos los convenios futuros vinculados a infraestructura de observación espacial o comunicaciones de alta frecuencia en zonas consideradas críticas.
El cambio de gobierno en diciembre de 2023, con la asunción del presidente Javier Milei, modificó sustancialmente la orientación política del caso. En el marco de una política exterior alineada incondicionalmente con los Estados Unidos y de una concepción ultraliberal de la inversión extranjera en sectores estratégicos, se reanudaron las conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires y representantes de LeoLabs.
De acuerdo con diversas fuentes periodísticas, la administración norteamericana habría impulsado gestiones diplomáticas directas para reactivar el radar, presentándolo como parte de un programa de cooperación científica y de vigilancia espacial global, en coincidencia con el avance de una agenda bilateral más flexible hacia la participación de empresas estadounidenses en sectores tecnológicos de seguridad, defensa e inteligencia estatal.
Al mismo tiempo, desde el Congreso Nacional se reavivaron las advertencias. El senador Pablo Blanco, representante de Tierra del Fuego, presentó un pedido de informes sobre los vínculos de LeoLabs con el Reino Unido y sobre el eventual acceso compartido a la información satelital, planteando que el radar “podría ser utilizado para fines de inteligencia militar en una zona donde la Argentina mantiene una disputa de soberanía con una potencia extranjera”.
En paralelo, el gobierno provincial, a través de la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego, dictó la Disposición Nº 607/2024, que dispuso la disolución de LeoLabs Argentina S.R.L por “imposibilidad sobreviniente de cumplir el objeto social”, medida que buscó impedir la continuidad del proyecto bajo jurisdicción local.
Esta sucesión de idas y vueltas entre ambas administraciones nacionales revela una profunda inconsistencia institucional en la conducción de la defensa tecnológica del país. Mientras el gobierno de Alberto Fernández adoptó una postura de cautela soberana y finalmente de veto, el gobierno de Javier Milei se inclinó por una política de reapertura y alineamiento con las potencias tecnológicas occidentales, priorizando la cooperación y la inversión por sobre la prevención estratégica.
En términos doctrinarios, el episodio expone la ausencia de una continuidad de Estado en materia de política de defensa, un vacío que debilita la capacidad argentina de ejercer control sobre su infraestructura crítica y de proyectar una posición coherente frente a la competencia global por el espacio, los datos y la vigilancia satelital.
4. La instalación técnica y su entorno estratégico
El radar AGSR de la empresa LeoLabs Inc., emplazado en la estancia El Relincho, en las cercanías de Tolhuin, fue seleccionado estratégicamente por su latitud austral -alrededor de los 54° sur, lo que permite cubrir con alta eficacia las órbitas polares y las trayectorias que cruzan el Atlántico Sur, un corredor espacial de enorme relevancia científica, comercial y militar.
Según información oficial difundida por la propia compañía en 2023, el sitio fue elegido para completar la cobertura global de su red de observación, constituyéndose en el único nodo de vigilancia orbital en el extremo sur del continente.
Desde el punto de vista técnico, el sistema se compone de un conjunto de antenas modulares phased-array en banda S (2.9-3.0 GHz), conectadas mediante fibra óptica a centros de procesamiento remoto. Esta arquitectura, de diseño compacto y sin partes móviles, le otorga una capacidad de rastreo simultáneo de miles de objetos, con una tasa de revisita de segundos y una resolución suficiente para identificar artefactos de apenas unos centímetros de diámetro.
Más allá de sus características tecnológicas, la ubicación del radar en Tierra del Fuego reviste una trascendencia geoestratégica singular.
Su campo de observación abarca el corredor aeroespacial polar, utilizado por satélites meteorológicos, científicos y militares; el pasaje del Drake y la proyección antártica, donde confluyen rutas de comunicación e investigación de países con intereses en el continente blanco; y el entorno marítimo de las Islas Malvinas, donde el Reino Unido mantiene instalaciones de inteligencia electrónica y radares de vigilancia avanzada.
Esta cobertura convierte al radar en un instrumento capaz de recopilar información sensible sobre movimientos en la región, potencialmente útil tanto para la gestión civil del espacio orbital como para el monitoreo estratégico de activos de defensa.
El informe técnico elaborado por el Ministerio de Defensa argentino en agosto de 2023 alertó que la capacidad de observación del sistema podía integrarse, de modo no cooperativo, a redes internacionales de defensa, generando una pérdida efectiva de control nacional sobre la información producida, ya que la instalación “posee capacidad dual” y que “los datos generados podrían ser empleados con fines de inteligencia estratégica”.
En este sentido, la infraestructura de LeoLabs no solo introduce un vector tecnológico ajeno al sistema nacional de defensa, sino que también plantea un dilema de soberanía informacional y autonomía operativa en una zona considerada prioritaria por y para la Defensa Nacional.
Desde la perspectiva de la defensa y la geopolítica, la presencia de una instalación de alta sensibilidad tecnológica en el extremo sur del territorio, operada por una firma privada con vínculos contractuales con la US Space Force, configura un factor de riesgo estratégico que excede la dimensión comercial o científica del emprendimiento y que se extiende sobre la estabilidad del Atlántico Sur y la proyección antártica argentina.
5. Riesgos estratégicos y desafíos para la soberanía nacional
El análisis del caso LeoLabs permite identificar un conjunto de riesgos que ponen a prueba los principios fundamentales de la defensa nacional, en este sentido, la instalación del radar AGSR en Tierra del Fuego se sitúa en el punto de intersección entre cooperación tecnológica e interés estratégico, donde los beneficios de la innovación pueden derivar en vulnerabilidad soberana si no existen mecanismos de control estatal efectivos, detectándose entre otras las siguientes tensiones:
- Soberanía informacional y control de datos
El radar genera información orbital de alta sensibilidad -trayectorias, alertas de conjunción, patrones de tránsito satelital y metadatos- que constituye un activo estratégico para la defensa moderna. Si estos datos se transmiten o procesan fuera del territorio argentino, se produce una cesión de soberanía informacional que limita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad espacial. El conocimiento estratégico es un recurso crítico, por lo que su pérdida o dependencia de sistemas extranjeros representa un riesgo estructural de largo plazo.
- Dependencia tecnológica y vulnerabilidad operativa
La falta de un sistema nacional de vigilancia espacial de similar alcance sitúa a la Argentina en una posición subordinada dentro de las cadenas tecnológicas globales. La aceptación de un equipamiento de procedencia extranjera, operado por una empresa vinculada a la U.S. Space Force, contradice el objetivo de fortalecer la autonomía científico-tecnológica del país. Esta dependencia, más allá del componente técnico, implica una vulnerabilidad estratégica, dado que la continuidad operativa del sistema dependería de la voluntad y las condiciones impuestas por actores externos.
- Riesgos de uso dual e inteligencia estratégica
La tecnología de radar de matriz en fase en banda S, por su capacidad de rastreo y precisión, puede ser utilizada con fines civiles o militares. La participación de LeoLabs en proyectos de defensa norteamericanos y su vinculación contractual con agencias como la NASA o la USSF evidencian un potencial uso dual del sistema. Desde la perspectiva argentina, esta ambigüedad tecnológica configura una situación de exposición estratégica, donde una infraestructura instalada en territorio nacional podría integrarse a redes de inteligencia global sin control soberano.
- Repercusiones geopolíticas en el Atlántico Sur y la Antártida
El emplazamiento en Tierra del Fuego, cercano a las Islas Malvinas y a la proyección antártica argentina, otorga al radar un valor geoestratégico singular. En un contexto de disputa por la soberanía marítima y antártica, la presencia de una instalación de observación potencialmente alineada con intereses externos puede afectar la capacidad de disuasión argentina y su liderazgo en el Atlántico Sur. La política de defensa debe actuar como instrumento de soberanía y no de alineamiento automático con agendas foráneas; por tanto, la operación del radar en estas condiciones contradice ese principio rector.
- Debilidades institucionales y vacíos normativos
El proceso de autorización del radar -iniciado en un ámbito técnico sin intervención del Ministerio de Defensa ni de la Cancillería- evidencia fallas en los mecanismos de gobernanza estatal sobre infraestructuras críticas. La ausencia de una normativa específica para la instalación de sensores de uso dual en zonas estratégicas deja al país sin herramientas jurídicas claras para auditar, regular o condicionar la actividad de actores privados extranjeros. Esta falencia no solo debilita la gobernanza de la defensa, sino que también limita la capacidad de reacción frente a situaciones que comprometen la seguridad nacional.
6. Conclusiones: autonomía, Estado y proyección geopolítica
El radar de LeoLabs en Tierra del Fuego constituye un caso emblemático para analizar los límites de la cooperación tecnológica cuando ésta se desarrolla en zonas de alta sensibilidad estratégica. Su tratamiento político-administrativo, atravesado por la alternancia de dos gobiernos con orientaciones divergentes, revela la dificultad del Estado argentino para sostener políticas de defensa coherentes y continuas en el tiempo.
El gobierno de Alberto Fernández adoptó una posición de precaución soberana, al reconocer la naturaleza dual del radar y cancelar su instalación tras identificar riesgos que afectarían la seguridad, la defensa y la inteligencia nacional, por la pérdida del control informacional. En cambio, el gobierno de Javier Milei reabrió las negociaciones bajo una lógica de cooperación y apertura internacional, priorizando el vínculo con Estados Unidos y el ingreso de inversiones privadas en el sector tecnológico. Ambas posturas reflejan dos concepciones de soberanía: una centrada en la autonomía estratégica del Estado y otra en la inserción ultraliberal dentro de redes globales de información.
Sin embargo, el verdadero problema trasciende la alternancia política. La cuestión de fondo radica en la ausencia de una política de Estado sostenida sobre soberanía tecnológica e independencia informacional. En un contexto mundial caracterizado por la competencia entre potencias y la militarización del espacio, la defensa nacional requiere un enfoque que articule ciencia, tecnología e inteligencia bajo conducción estatal y con control soberano de los datos.
El radar LeoLabs expone la necesidad de construir una gobernanza nacional del espacio y la información, basada en normas claras, cooperación científica con reciprocidad y desarrollo tecnológico propio. Solo de ese modo la Argentina podrá garantizar que la cooperación internacional no derive en subordinación estratégica.
En términos geopolíticos, Tierra del Fuego y el Atlántico Sur son espacios donde convergen los intereses de las potencias globales, los reclamos históricos de soberanía y las proyecciones futuras hacia la Antártida. La instalación de infraestructuras tecnológicas de observación en este entorno no puede evaluarse aisladamente: su impacto excede la escala local y se proyecta sobre la capacidad del país para defender su territorio, administrar sus recursos y controlar su información.
Por ello, la decisión sobre el radar LeoLabs no es solo una cuestión técnica o diplomática, sino una definición estratégica del rumbo nacional. Si el Estado argentino logra integrar este desafío dentro de un marco de planificación soberana, con control público de los datos y participación del complejo científico-militar nacional, podrá transformar un riesgo en una oportunidad de fortalecimiento institucional. De lo contrario, la continuidad del proyecto bajo control extranjero representará un retroceso en la autonomía nacional y una cesión de soberanía en el ámbito más decisivo del siglo XXI: el dominio informacional.
En síntesis, el caso LeoLabs refleja las tensiones inherentes entre innovación tecnológica y soberanía estatal, donde la carencia de una estrategia nacional integrada para el desarrollo y control de infraestructura de observación espacial coloca a la Argentina ante una disyuntiva: convertirse en un actor soberano en el dominio aeroespacial o en un territorio de observación bajo administración ajena. La resolución de este dilema definirá el grado de independencia tecnológica y la capacidad de defensa informacional del país en las próximas décadas.