por Leonardo Colella *
IV. La erosión de las formas tradicionales de protesta en la era de las redes
La mutación del ecosistema comunicacional no solo afecta a los medios y a la información: también repercute en las formas de manifestación y protesta popular. Durante décadas, las marchas, los cortes de ruta, las huelgas y las ocupaciones de fábricas fueron mecanismos centrales de expresión política y presión social. A ellos se sumaban las cartas abiertas, las juntadas de firmas o las asambleas locales, que en distintos momentos ampliaron el repertorio de acción colectiva. Estos dispositivos no solo visibilizaban demandas: también construían comunidad, ocupaban el espacio público y obligaban a los poderes políticos a reconocer una presencia material ineludible.
En la era de los medios tradicionales, el encuadre de una protesta dependía, en gran medida, de la línea editorial del periódico, la radio o la televisión que la cubriera. Una marcha podía ser narrada como un acto legítimo de reclamo social o, por el contrario, como una amenaza al orden público, y los ciudadanos recibían esa interpretación según el medio que consumieran: por afinidad ideológica, costumbre o simple preferencia personal. Incluso había quienes podían mantenerse al margen, desentendiéndose de la protesta al no exponerse a esas narrativas.
Con el advenimiento de las redes sociales, estos modos tradicionales pierden parte de su alcance y eficacia. No porque hayan desaparecido, sino porque su lógica entra en tensión con la dinámica de la nueva comunicación digital. La clave es que ahora los encuadres ya no se distribuyen solo entre medios con sesgos distintos, sino que se diseñan de manera microsegmentada para cada grupo de usuarios. Si un poder político logra una ventaja hegemónica sobre los algoritmos, sus interpretaciones se imponen en escala mucho más amplia que en el pasado. Lo que antes eran relatos en disputa entre redacciones periodísticas, hoy son narrativas personalizadas que pueden expandir masivamente la legitimación o la deslegitimación de una protesta. En esas condiciones, la paradoja es clara: la materialidad de la calle pierde peso frente a la inmaterialidad del flujo digital, y la capacidad de una marcha para interpelar a la sociedad depende, en no pocas ocasiones, de la arquitectura invisible de la red.
En la era de los medios tradicionales, había un margen de indiferencia posible: amplios sectores sociales podían evitar asumir una posición frente a una protesta simplemente porque no consumían noticieros ni leían diarios políticos. Hoy, en cambio, resulta mucho más difícil permanecer al margen. El teléfono celular invade la vida cotidiana en medio de cualquier otra actividad: mientras alguien mira un video de cocina en YouTube, revisa historias en Instagram o sigue un challenge en TikTok, puede encontrarse con un encuadre político incrustado entre esos contenidos. Si un gobierno logra imponerse en la lógica algorítmica, no solo llega a los convencidos, sino también a los menos politizados, a quienes antes podían mantenerse en la periferia del debate. Un meme aparentemente humorístico o un video recomendado en el feed de alguien que solo buscaba entretenimiento pueden funcionar como vehículos de encuadres favorables al poder. Lo que antes era más opcional —poder elegir un medio y con ello una narrativa— ahora es una intrusión constante, capaz de movilizar incluso a los indiferentes apelando a la indignación, el odio o la exaltación emocional.
En este nuevo ecosistema, invisibilizar una protesta resulta más sencillo que en la era de los medios tradicionales. La razón no es, justamente, la escasez de imágenes o relatos sobre el evento en sí, sino la sobreabundancia de información, noticias y contenidos circulando al mismo tiempo. En ese mar de estímulos, una marcha o un reclamo específico puede quedar rápidamente desplazado del “menú informativo” del usuario si los algoritmos deciden priorizar otros temas más convenientes. Así, mientras antes la magnitud física de una manifestación imponía ciertos límites a la censura mediática, hoy basta con que una protesta no logre posicionarse en tendencias para que quede diluida en el flujo digital. Y el control es todavía más fino: los algoritmos permiten decidir a quién llega la información, bajo qué encuadre y con qué carga emocional. Cuando un gobierno logra hegemonía en el manejo de los algoritmos, la capacidad de desviar la atención pública se multiplica: puede neutralizar la visibilidad de una movilización pequeña o mediana con la misma facilidad con que promueve un video viral, instalando otras agendas emocionales que capturan a millones de usuarios en cuestión de minutos.
La temporalidad de la comunicación política también se ha transformado. Mientras las protestas tradicionales requerían organización, logística, tiempo y perseverancia, en las redes sociales la movilización puede ser instantánea: un hashtag estalla en cuestión de horas y se desvanece al día siguiente. Si, además, el oficialismo logra capturar la comunicación algorítmica, el efecto se amplifica: mediante la circulación de fake news o campañas coordinadas, basta con un tuit de un funcionario o de un influencer para instalar un encuadre dominante y desviar la atención pública, debilitando así la persistencia de la protesta en el tiempo.
En este sentido, la forma de interpelación al poder se reconfigura. Antes, una huelga o un corte de ruta presionaban directamente sobre la economía y, sobre todo, sobre la imagen pública del gobierno, obligándolo a negociar. Hoy, cuando el oficialismo logra imponer su relato en redes, puede desactivar la protesta sin necesidad de sentarse a la mesa de negociación. La lógica es clara: si se controla la opinión pública mediada por algoritmos, lo que acontece en el espacio físico puede perder capacidad de presión. Y en Argentina este fenómeno se intensifica porque el gobierno libertario fue el primero en comprender y explotar este terreno: Milei y su entorno supieron cooptar tribus digitales diversas —gamers, criptousuarios, comunidades evangélicas y gospel, sectores “provida”, espacios reaccionarios frente al feminismo, etc.— y articularlas en una narrativa común amplificada por el algoritmo. Esto no significa que las viejas formas desaparezcan, pero su fuerza simbólica se debilita en un ecosistema donde el poder de resonancia ya no depende solo de la calle, sino del control del flujo digital.
En este contexto, la criminalización y represión de la protesta refuerzan esa fragilidad. Los cortes de ruta, otrora disruptivos, hoy enfrentan un doble problema: la represión física inmediata y la criminalización discursiva en redes, donde son presentados como actos delictivos y no como reclamos legítimos. Las cartas abiertas o pronunciamientos de intelectuales, que solían marcar agenda en la esfera pública, hoy circulan sobre todo en nichos convencidos y rara vez alcanzan el debate general. La lógica algorítmica privilegia formatos breves y emocionales, dejando en desventaja a los géneros tradicionales del debate político. Algo similar ocurría antes con los encuadres de los medios tradicionales, pero con una diferencia decisiva: hoy el poder político puede intervenir de manera directa en esos encuadres sin mediaciones periodísticas, modular infinitamente sus mensajes según el perfil de cada audiencia y radicalizarlos hasta niveles que alimentan la confrontación y generan un alto grado de violencia social.
La pérdida de fuerza de los modos tradicionales de manifestación tiene un costo democrático profundo. La lucha por el control de la visibilidad es también una lucha por el control de la realidad misma. Si el espacio público queda privatizado en manos de plataformas, y si además el gobierno logra operar eficazmente en ellas, las protestas físicas dejan de tener la capacidad de interrumpir el orden y llamar la atención sobre demandas invisibilizadas. La calle deja de ser el escenario privilegiado de la política y pasa a ser apenas un insumo más dentro del ciclo digital de noticias y tendencias.
El desafío de los movimientos sociales es entonces doble: sostener la potencia material de la protesta en la calle y, al mismo tiempo, disputar la narrativa digital en un espacio controlado por las plataformas y capitalizado por el gobierno. Sin esa doble articulación, la protesta corre el riesgo de volverse invisible. Y lamentablemente, muchas iniciativas aún no comprenden, o incluso niegan, el impacto real de la comunicación digital en la política contemporánea.
Finalmente, es importante subrayar que este escenario de aparente “hegemonía algorítmica” del gobierno no es definitivo ni estable. Los algoritmos pueden favorecer hoy a un sector político, pero mañana a otro. Sin embargo, la cuestión central no es qué facción ostenta esa ventaja circunstancial, sino el hecho de que ninguna democracia puede quedar subordinada a las lógicas algorítmicas de corporaciones privadas. Lo que está en juego no es el turno de una u otra fuerza política en el control del discurso digital, sino la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos para que la comunicación, en manos de las Big Tech, no siga erosionando la vida democrática.
V. La urgencia de regular los nuevos medios: entre la tecnología y las lógicas comerciales
Si algo se desprende con claridad de este nuevo escenario es que el problema no son las tecnologías en sí mismas, sino las lógicas extractivas y especulativas que gobiernan su desarrollo y funcionamiento. Las redes sociales, las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial no nacieron inevitablemente para erosionar la democracia. Podrían ser —y en parte lo son— herramientas poderosas para ampliar la participación, democratizar el acceso a la información y conectar comunidades dispersas. El punto crítico es que estos sistemas están gobernados por empresas privadas globales que operan bajo una única motivación: la maximización de la rentabilidad a través de la captura de la atención y de los datos de sus usuarios.
Las plataformas no se limitan a ofrecer servicios de comunicación, sino que extraen, procesan y monetizan información conductual para predecir y modificar comportamientos. Esta lógica mercantil convierte a los ciudadanos en materia prima y a la democracia en un mercado de microsegmentación, donde los mensajes políticos se ajustan al perfil emocional de cada usuario.
Es fundamental distinguir dos dimensiones de este fenómeno. Por un lado, la tecnología en sí misma —la infraestructura de redes digitales, los algoritmos de recomendación y las interfaces interactivas— no es inherentemente democrática ni antidemocrática; su impacto depende del uso y la regulación que se les otorgue. Por el otro, y de forma crucial, está la lógica ilimitada de acumulación de las grandes empresas tecnológicas (Big Tech). Su modelo de negocio se basa en la explotación de datos y la publicidad segmentada, y es esta arquitectura la que erosiona la vida democrática al subordinar el espacio público a los imperativos de la monetización.
Dejar que la política de un país se subordine a estas lógicas implica aceptar que las decisiones colectivas estén mediadas por corporaciones cuyo objetivo no es garantizar derechos, sino incrementar beneficios. En este contexto, resulta útil retomar la perspectiva de Jürgen Habermas (1981), quien planteaba que una esfera pública democrática requiere condiciones de igualdad y racionalidad comunicativa para que el debate sea legítimo. Aunque esa visión ha sido históricamente un ideal teórico más que una realidad plena, su conceptualización nos permite señalar cómo, en la esfera pública digital actual, las condiciones de acceso y visibilidad están definidas por criterios privados y opacos que profundizan las distorsiones ya existentes en los sistemas de comunicación.
Por eso, la cuestión central no es “cómo adaptarse” a las plataformas, sino cómo establecer límites para que las tecnologías no queden capturadas por la lógica exclusiva del beneficio. La vida política nacional no puede resignarse a ser administrada desde Silicon Valley. Debe pensarse en límites éticos y jurídicos que garanticen que el espacio público digital responda a criterios democráticos.
En los últimos años, distintos organismos y regiones han comenzado a discutir regulaciones más estrictas sobre las Big Tech. Por ejemplo, la Unión Europea dispuso: a) El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) (2018), que marcó un hito global en la defensa del derecho a la privacidad, estableciendo obligaciones claras para las empresas en materia de recolección y tratamiento de datos; b) La Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) (2022), que buscan limitar el poder de las grandes plataformas, exigir transparencia algorítmica y frenar prácticas monopólicas; c) La AI European Act (de reciente implementación), que apunta a regular el uso de la inteligencia artificial, clasificando riesgos y estableciendo prohibiciones para ciertos usos peligrosos (como vigilancia biométrica masiva).
Por otro lado, en 2023, durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, los países de la región adoptaron la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales. Este documento busca establecer un marco común para proteger los derechos humanos en el ámbito digital, promoviendo la inclusión, la privacidad, la seguridad y la participación ciudadana en línea. Además, en julio de 2025, los presidentes de Chile, España, Brasil, Colombia y Uruguay se reunieron en Santiago para impulsar la gobernanza digital y combatir la desinformación como medios para fortalecer la democracia. Se comprometieron a promover la transparencia algorítmica, la cooperación técnica y la construcción de una red de países para una democracia más abierta e inclusiva. En esta línea, Brasil se consolida como una jurisdicción de referencia en la protección de la institucionalidad democrática, principalmente a través de una decidida acción de su Poder Judicial, que ha establecido la responsabilidad directa de las plataformas digitales sobre contenidos que amenazan el Estado de derecho, mientras el Poder Legislativo mantiene un debate activo para construir un nuevo marco normativo que imponga mayores deberes de transparencia y diligencia a los sistemas algorítmicos.
Estas regulaciones, aunque insuficientes, muestran un camino: reconocer que el espacio digital opera hoy como una infraestructura pública de facto, y que como tal no debe quedar al arbitrio de la lógica unilateral de corporaciones transnacionales. El objetivo no es rechazar la tecnología, sino liberarla de la captura mercantil que erosiona la democracia. De lo contrario, se corre el riesgo de que la política y el debate público queden supeditados a la lógica de la monetización algorítmica, comprometiendo la solidez y el sentido de las instituciones democráticas.
En este panorama, la educación adquiere un papel decisivo. Su rol no puede reducirse a una cuestión meramente técnica, como el acceso a dispositivos o a contenidos digitales. De ser así, podría convertirse en un mecanismo que reproduce sesgos y legitima, pasivamente, la manipulación algorítmica. Educar para la democracia hoy exige algo más: la construcción colectiva de una mirada crítica sobre el ecosistema digital. Esta mirada es clave para poder comprender el funcionamiento de los algoritmos, los intereses económicos que los gobiernan y cómo influyen en la formación de las subjetividades políticas. Lejos de limitarse a enseñar a «usar» herramientas, la educación tiene el potencial de impulsar la capacidad de cuestionarlas, resistir sus efectos más nocivos y crear alternativas de comunicación y organización que no estén completamente subordinadas a la lógica de las plataformas. De esta forma, la esfera pública digital podrá convertirse en un espacio de pensamiento e intercambio genuinamente democrático, en lugar de un terreno capturado por intereses comerciales.
La democracia no puede permitirse quedar bajo el imperio de las Big Tech. Al igual que en su momento se regularon los monopolios de la prensa, la radio o la televisión, hoy es indispensable construir nuevos marcos regulatorios, tanto a nivel nacional como internacional. Esto devolvería al espacio digital su condición de bien público y evitaría ceder la soberanía democrática a corporaciones privadas globales.
* CONICET
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.
Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Negroponte, N. (1995). El mundo digital. Barcelona: Ediciones B.
Pariser, E. (2011). The Filter Bubble. New York: The Penguin Press.
Sunstein, C. (2001). Republic.com. New Jersey: Princeton University Press.
Sunstein, C. (2017). #Republic. New Jersey: Princeton University Press.Zuboff, S. (2020). La era del capitalismo de la vigilancia. Barcelona: Paidós