ENTRE LA COMPETITIVIDAD Y EL FEDERALISMO CONSTITUCIONAL
por Agustina Mendiburu Elicabe *
Es innegable que el planeta se encuentra en una encrucijada energética. Sin embargo, en nuestro querido país, esta coyuntura adopta el perfil singular del “Argentina, no lo entenderías”.
A pesar de contar con una provisión envidiable de recursos naturales, capacidades industriales y conocimiento tecnológico, insistimos en sostener un modelo energético centralizado, dependiente de los combustibles fósiles, con fuerte presencia de oligopolios, subsidios implícitos regresivos y una preocupante vulnerabilidad externa. Esta elección, lejos de ser neutra, implica una renuncia deliberada a la soberanía energética.
1. Soberanía y Competitividad: una ecuación estratégica
La industria del biodiésel en Argentina representa una oportunidad concreta para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia externa, generar empleo genuino y fortalecer economías regionales. Se trata de un sector federal, competitivo, innovador y exportador, que solo requiere reglas claras y previsibilidad normativa.
La evidencia lo demuestra: cuando se respetó el marco regulatorio vigente, el biodiésel creció, redujo importaciones de gasoil fósil y aportó al equilibrio macroeconómico. Pero las decisiones adoptadas desde julio de 2024, que favorecen abiertamente a los oligopolios petroleros en detrimento del biodiésel, distorsionan el mercado, inhiben la competencia real y atentan contra la soberanía energética.
Los datos son elocuentes: entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, mientras el precio del gasoil fósil aumentó hasta un 87%, al biodiésel apenas se le permitió un 61% de incremento, a pesar de que sus costos subieron aún más. Entre lo que no cobraron los productores y lo que se embolsaron las petroleras, se estima una transferencia de más de 68 millones de dólares. Todo, mientras el Estado recaudaba más de 1.000 millones de dólares extra en impuestos.
El resultado: una transferencia multimillonaria desde los productores regionales hacia las grandes petroleras, una caída del 35% en la producción nacional de biodiésel entre 2010 y 2024, y un retroceso que contrasta con la expansión global del sector.
2. El Artículo 124 de la Constitución Nacional: ¿Federalismo o fragmentación?
El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que:
“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.”
Este principio, que reconoce la soberanía provincial sobre los recursos, también plantea desafíos significativos para la construcción de una política energética coherente y estratégica a nivel nacional.
Si bien el federalismo argentino debe ser respetado y fortalecido, la ausencia de una coordinación efectiva entre Nación y provincias impide avanzar hacia un modelo energético integrado, planificado y sostenible. La soberanía energética no puede ser sólo provincial ni únicamente nacional: exige un federalismo cooperativo, con instituciones de planificación conjunta y reglas estables que armonicen el interés local con el interés estratégico de la Nación.
El caso del biodiésel es paradigmático. El federalismo sin estrategia nacional puede derivar en fragmentación, desigualdad y pérdida de oportunidades históricas.
Conclusión: elegir soberanía, con competitividad y federalismo inteligente
Defender la soberanía energética implica apostar por la innovación, la producción local, la competitividad real y un federalismo articulado. El potencial argentino es incuestionable. Pero sin un marco político coherente, sin una regulación transparente y sin una mirada de largo plazo, las oportunidades se desvanecen.
El biodiésel no es una solución milagrosa, pero sí una pieza clave en un tablero complejo. Marginarlo en beneficio de actores concentrados y dependientes del fósil importado no solo es económicamente ineficiente, sino políticamente regresivo.
La soberanía energética debe dejar de ser una consigna vacía para convertirse en una política de Estado que combine competitividad, equidad territorial y visión estratégica. Solo así podremos decidir —como Nación— cómo, para quiénes y con qué futuro producimos nuestra energía.
En ese sentido, el Proyecto de Ley de la Liga Bioenergética de las Provincias,
representa una reacción política significativa frente a esta tendencia regresiva.
Esta Liga, que agrupa a Córdoba, Santa Fe, Salta, Entre Ríos, Jujuy, Catamarca, Corrientes y Misiones, es mucho más que un acto simbólico. Expresa una voluntad de coordinar esfuerzos, defender las economías regionales y preservar el federalismo en su dimensión más concreta: el derecho a producir y decidir sobre nuestros recursos.
* Agustina Mendiburu Elicabe Abogada (UNLP), Lic. en Psicología (USAL), miembro de CAPBA