por Mario Matiauda
El capitalismo , en su versión ‘recargada’, sustituye su promesa de desarrollo, progreso por una recomendable y exigible desaparición de la mayoría de las conquistas sociales y políticas ‘wokistas’, asumiendo como necesario el control social y ciudadano, previniendo y combatiendo las resistencias y protestas, en el contexto de una democracia y constitucionalidad acotada, empleando herramientas de control de fuerzas de seguridad y el Partido Judicial.
El mix del conservadurismo clásico – religión, tradición y jerarquía- adiciona la defensa del libre mercado, aniquilación de integración regional, el control social, desaparición del estado de bienestar, a través de los mensajeros de los medios de comunicación concentrados y las armas de redes sociales y trolls, plenos de violencia y con la alarma del ¿socialismo? empobrecedor.
La internacional capitalista, movilizada y financiada por el movimiento libertario de extrema derecha, opera a través de fundaciones, institutos, ONGs, centros y sociedades unidos entre sí, caso red Atlas.
A una teoría internacional de la derecha y su inmersión en la ultraderecha, desde su concepción de los arquitectos del Caos, va incorporando desarrollos experimentales como el que vive el país, desde la consagración por el voto popular del mileísmo-macrismo.
Constituye un hito de arribo en la figura de neoliberalismo radical lumpenizado; si se toma, por simplicidad, el retorno democrático el esquema de acumulación reconoció en las 3M (Menem, Macri y Milei) factores comunes como el desmantelamiento de las capacidades estatales de regulación económica y financiera, y de gestión de las políticas sociales e industriales, incluidos los derechos laborales, las políticas de Salud, Educación y Ciencia y Tecnología.
Necesariamente debe adicionarse la transformación del Estado remanente (o residual) en Estado corporativo que se oriente a la gestión de la apropiación privada de bienes públicos, al diseño de “mercados” para la cooptación oligopólica o monopólica de sectores estratégicos –agro, minería, energía, salud, infraestructura, telecomunicaciones, transporte, etc.– y a la gestión del endeudamiento, la financierización y la fuga de excedentes como la posición, en el caso de Macri y Milei, frente a los fondos buitres liderados por jueces como Griesa y ahora Prezka de tribunales de Nueva York.
Es decir el mapa dibuja un séquito de elites económicas de renta rápida y compromiso nulo con el desarrollo, que aceptan la imposición de políticas exteriores de sumisión y alineamiento neocolonial a la geopolítica, principalmente a USA, configurado en el DNU 70/23 (casi una nueva Carta Magna).
Sin ánimo de escribir un tratado o ensayo sobre el total de las acciones de estos casi dos años del gobierno, cuyo volumen excedería un simple artículo, no resulta menor resaltar un eje que recorre el cúmulo de las políticas imperantes, que es el núcleo constitucional que nos rige: representativo-republicano y federal.
La idea –iniciativa encarada por este régimen pseudo democrático- apunta al clásico concepto de desintegración o balcanización, fértil cuando se dan crisis económicas que pueden llevar a un aumento de las tensiones sociales y a un cuestionamiento del modelo de país, impulsando a algunas regiones a buscar soluciones separadas, generando provincialismos como repliegue sobre los pequeños terruños de origen implosionando en crisis de los partidos políticos.
El fin del proyecto nacional se sitúa en la Revolución Libertadora, y sus etapas posteriores no pudieron torcer el derrotero, la dictadura setentista transfirió a los estados provinciales la educación primaria, y el menemismo, las escuelas secundarias y los hospitales. La Reforma de 1994 zanjó fatalmente una vieja discusión estableciendo que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, lo que impide su explotación articulada y somete a los gobiernos provinciales más débiles a los lobbies.
Del mismo modo desde mediados de los 70 la expansión progresiva de la pobreza fortaleció el rol de las entidades subnacionales: los intendentes, que hasta ese momento operaban casi como jefes de maestranza.
La confluencia es hacia un sistema que no corrige las asimetrías regionales, la distribución económica inequitativa se refleja en el hecho de que los cinco distritos más importantes (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) generan el 76% del PBI.
La llegada al poder de Milei admite muchas explicaciones desde la inflación, la pandemia, el voto Rappi, lo territorial ya luce como una rebelión del interior contra el AMBA, recordando que Milei obtuvo sus mejores resultados en el interior del país, en provincias como Neuquén (60% en el ballottage), Mendoza (71%) y Córdoba (un impresionante 74%). Y así, sin invocar a un solo caudillo, sin ponerse el poncho y sin pronunciar la palabra “federalismo”, un término por completo ajeno a su vocabulario, Milei está reescribiendo los términos de la relación entre el poder central y las provincias, de igual manera contradictoria.
Por un lado, fortaleció el rol del gobierno nacional pero al mismo tiempo ignora la desigualdad territorial y el desmembramiento nacional: es, como tantos otros temas, algo que no ve, simplemente algo que no existe. Así se enseñorea sobre el país balcanizado, fogoneando la tendencia hacia la peruanización de Argentina: Estado mínimo, salarios bajos, primarización productiva, informalidad rampante, incluso en lo que tiene de virtuoso, contempla un laissez faire territorial que ha hecho de Perú un país partido en tres espacios –sierra, costa, selva– desconectados entre sí. El signo de este desarrollo nacional trunco, verificable también en naciones como Colombia o Bolivia, es la dificultad del poder público para ejercer su dominio sobre la totalidad del territorio.
Dos años sin ley madre, como es el presupuesto nacional, la relación financiera entre la Nación y las provincias se basa principalmente en la coparticipación federal de impuestos; la norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% restante se reserva para el Fondo de ATN, discrecional reparto, los principales impuestos coparticipables son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de modo que en la pérdida de recursos por la caída de la actividad, las provincias se llevan la peor parte.
Así, el proyecto del régimen actual muestra un territorio desintegrado y parcelado con la pérdida del sentido de pertenencia a una misma sociedad, apareciendo feudos acaudillados en vez de provincias, que deberán rendir ‘honores’ al cabeza del régimen y poblaciones y recursos propios que serán sometidos a su aprovechamiento por parte del poder central, sin visión de país íntegro.
La finalidad es precisa, entregar rápidamente al capital extranjero los activos y riquezas del país –tierras fiscales, costas marítimas, manejo de la Hidrovía, recursos estratégicos, empresas estatales, activos financieros etc.– y obtener libertad absoluta para acrecentar el endeudamiento ilimitado sin control institucional, reconstruir el liderazgo y un programa del espacio popular y nacional, donde el eje regresivo del centralismo portuario no sea reemplazado por meros provincialismos sin vínculos primordiales.
La movilización popular ejercerá un rol clave pero asociada a dar vuelta el discurso hegemónico que la poderosa injerencia de las corporaciones mediáticas y la manipulación de las redes sociales han convertido en la única expresión que se escucha en los espacios populares. La lucha cultural engloba valores y disvalores en la búsqueda de una alternativa, estratégicamente el trabajo obliga a desnudar y vencer estos disvalores libertarios pero ofreciendo los valores que hagan a sociedad justa, soberana.