por Matías Cerezo *
El ataque de Javier Milei contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia comenzó mucho antes de que asumiera la presidencia. Durante la campaña electoral, la principal impulsora de estos ataques fue la actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, proveniente de una familia militar y con un pasado de militancia pro dictatorial en la asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).
En el marco de la campaña electoral de 2023, Villarruel anunció su intención de abrir una auditoría a las indemnizaciones estatales a familiares de desaparecidos de la dictadura, debido a supuestas irregularidades en su otorgamiento. En varias intervenciones mediáticas sostuvo, además, que «no hubo 30 mil desaparecidos» y que «los terroristas que hicieron atentados en los setenta tomaron el poder, reescribieron la historia y se garantizaron la impunidad». Poco después de las P.A.S.O organizó un homenaje en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, con familiares de personas asesinadas por organizaciones armadas durante los años setenta. Allí los familiares señalaron el carácter “terrorista” de las acciones criminales de las organizaciones armadas y denunciaron al Estado argentino por una política que garantiza “la impunidad de los violentos”. Villarruel manifestó allí que a las víctimas de la “subversión” les fueron negados sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación.
Javier Milei incursionó por primera vez en el terreno de las disputas por la memoria en el marco del debate presidencial de la campaña electoral, donde sostuvo:
Estamos en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos (…) Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753.
Con Milei en la presidencia, los últimos 24 de marzo fueron emitidas, desde el gobierno nacional, dos piezas audiovisuales tituladas «Día Nacional por la Verdad y la Justicia ´completa´», resignificando de ese modo el sentido de la conmemoración.
Con la consigna “memoria completa” la narración se estructuró en torno a la “guerra” y los “excesos”, categorías centrales en la retórica del régimen militar y en las memorias reivindicativas de los sectores castrenses.
A través de esta operación el nuevo relato oficial impugna frontalmente una de las ideas rectoras surgida en la transición democrática: la no equiparación de las violencias ocurridas durante los años setenta[1].
De igual modo el gobierno libertario retorna a la idea del “curro de los derechos humanos” esbozada anteriormente por el gobierno macrista, sosteniendo que la cifra de 30000 desaparecidos fue “inflada” con fines políticos y económicos, reduciendo la política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia a un mero negocio.
En julio de 2024 seis legisladores de La Libertad Avanza visitaron en la cárcel de Ezeiza a los represores presos, entre ellos a Alfredo Astiz. Los diputados oficialistas negaron que se tratara de represores y los calificaron como «ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista». Además sostuvieron que los juicios son una «farsa» y amenazaron con denunciar a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura.
Desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
Desde los inicios del gobierno libertario se inició una política de desmantelamiento de todas aquellas áreas y programas del Estado dedicadas a impulsar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El encargado de llevar adelante el desguazamiento fue y es el ex juez y actual Subsecretario de Derechos Humanos (ya que la Secretaría de DDHH fue degradada a Subsecretaría), Alberto Baños, quien ingresó al Poder Judicial en plena dictadura y nunca escondió su simpatía hacia las fuerzas de seguridad. La primera señal alarmante fue que el Ministerio, del cual depende la Secretaría de DDHH, ya no se llamaría de Justicia y Derechos Humanos, sino solamente Ministerio de Justicia.
Entre las medidas más destacadas de Baños figuran el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, los despidos en el área de derechos humanos, el desmantelamiento de varios sitios de memoria y el desfinanciamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia en general.
Según un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)[2], la planta de trabajadorxs de la Secretaría al inicio del actual gobierno contaba con 1050 personas, para abril de 2025 permanecían en sus trabajos sólo 470 trabajadorxs. Los despidos llegaron a casi el 50% del personal.
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
El 31 de diciembre de 2024, el secretario de Derechos Humanos comunicó mediante un mensaje de WhatsApp dirigido a lxs trabajadores, el cierre total del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti para una “adecuada reestructuración interna”, con el fin de rearmar los equipos de trabajo y hacer un “análisis de la programación del año entrante”. Más de la mitad del personal fue despedido y el resto asignado a “una guardia pasiva». Hasta el día de la fecha el Conti permanece cerrado y no hay anuncio de reapertura. Tampoco hubo una comunicación oficial acerca de la medida, ni explicación sobre cómo se resguardarán la colección permanente de obras de arte (muy valiosas por cierto), las exhibiciones montadas al momento del cierre, las muestras de fotografía destinadas a itinerar por otros espacios culturales del país, el acervo bibliográfico de la biblioteca y los equipos técnicos alojados dentro del edificio.
En septiembre de 2024 Baños censuró el Seminario Internacional de Políticas de la Memoria que se organizaba desde el año 2008 y que contaba con más de 500 ponencias ese año, encuentros anuales en los se discutían temáticas vinculadas a políticas de memoria y derechos humanos entre investigadores y activistas de toda Latinoamérica.
Sitio de Memoria ESMA y Archivo Nacional de la Memoria
Ambos organismos fueron degradados y pasaron a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Hasta el momento se desconoce cuál será el rol de estas instituciones y el destino de la planta de trabajadores y trabajadoras, y quienes estarán a cargo de ambos organismos.
Todo esto se efectuó en el contexto del desmantelamiento casi total de las políticas de derechos humanos y de Memoria, Verdad y Justicia del país, ya que el mismo día en que se anunciaron estas modificaciones se comunicó la degradación de la entonces Secretaría de Derechos Humanos al nivel de Subsecretaría.
Las funciones de la ex Secretaría de Derechos Humanos, a su vez, fueron ampliadas, al incorporar las de otros organismos disueltos como el Inadi y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, aumentando las funciones de la Secretaría al tiempo en que se achicaba su estructura.
El secretario de Comunicación y Medios y vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el desmantelamiento del organismo de la siguiente manera:
El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales. Esto es una consecuencia de que la cartera de derechos humanos ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario.
Corre peligro entonces el Museo Sitio de Memoria ESMA, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, cuya tarea principal es la difusión permanente de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Actualmente, a pesar de los recortes de personal, se siguen recibiendo grupos de estudiantes de todos los niveles escolares de Argentina y otros países y visitantes que acceden de forma espontánea al lugar, así como visitas de ámbitos institucionales nacionales e internacionales, pero se restringieron los días de visita. El Sitio, además, constituye prueba judicial en los procesos judiciales llevados adelante por los delitos allí cometidos durante la última dictadura.
La degradación del Archivo Nacional de la Memoria, de igual modo, repercute negativamente en el cumplimiento de sus objetivos: la recopilación de información, documentación y testimonios, así como el desarrollo de capacidades específicas para preservación, procesamiento, guarda y acceso a la información. El Archivo lleva adelante funciones que no pueden ser reemplazadas por otros organismos como la de centralizar en el ámbito nacional los archivos existentes en esta materia, incluidos los Archivos de la CONADEP, los de la Secretaría de Derechos Humanos y los de las leyes reparatorias, custodiados en la SDH, así como ofrecer a los estados provinciales, municipales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la coordinación de los archivos locales. El Archivo podía requerir documentación a las Fuerzas Armadas y de seguridad federales posibilitando el incremento de su acervo. Sin esta función, no hay oficina dentro del Estado nacional que tenga acceso a la documentación de las Fuerzas Armadas, excepto ellas mismas.
Cuarenta y cuatro trabajadorxs fueron despedidxs, por lo que se vieron afectadas las áreas de consulta (actualmente no hay quien atienda la sala); el área de Investigaciones Históricas, lo cual afecta tanto a las investigaciones como a la atención a investigadores/as, a la respuesta a oficios judiciales y al trabajo articulado para las señalizaciones de sitios de memoria; a cargo del área de conservación ha quedado una sola persona; en el área de digitalización, imprescindible para tener un resguardo de los documentos, sólo dos personas permanecen y en el área de archivos audiovisuales la mitad del personal fue desvinculado.
Sitios de Memoria
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) tiene bajo su cargo ocho Espacios de Memoria en todo el país. Sitios históricos y lugares históricos nacionales que, a la vez, constituyen prueba judicial para las causas de crímenes de lesa humanidad que continúan tramitándose. La SDH debería ocuparse de garantizar la preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria de todo el país y asistir técnicamente a las áreas de Derechos Humanos provinciales y municipales. Todas estas funciones actualmente corren serio peligro debido a la política de desfinanciamiento y despidos de trabajadores en los Sitios llevada adelante por la gestión de Alberto Baños.
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI)
CoNaDI es el organismo del Poder Ejecutivo encargado de investigar y localizar las apropiaciones de niños y niñas durante la última dictadura, colaborando en esta tarea con las Abuelas de Plaza de Mayo. Su funcionamiento se vió sensiblemente afectado ya que áreas enteras bajo su órbita fueron desmanteladas por el despido de sus trabajadorxs. En agosto del año pasado, por decreto, Javier Milei avanzó un paso más en su desmantelamiento. La CoNaDI ya no contará con su Unidad Especial de Investigación (UEI), por lo que no podrá conducir pesquisas ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante desde hace 47 años. Un tiempo atrás el Ministerio de Defensa había anunciado que no iba enviar más documentación a la CoNaDI. Parece evidente que lo que se intenta desde el Poder Ejecutivo es preservar a los victimarios, obstaculizando, de este modo, la búsqueda de los bebés apropiados.
Juicios de Lesa Humanidad
El cuerpo de abogados y peritos que lleva adelante los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue seriamente diezmado por los despedidos de varios abogados que llevaban adelante esas tareas. Las desvinculaciones implican la falta de representación en Mendoza, Córdoba, La Rioja, San Juan, Corrientes, Bahía Blanca y Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. El gobierno silenciosamente se retira de los juicios que tanto costaron llevar adelante.
Es este mismo sentido la gestión avanza con el desmantelamiento de la Dirección de Asistencia Integral a Testigos Víctimas de Lesa Humanidad –ex Programa Verdad y Justicia-, que se ocupa entre otras cuestiones de brindar soluciones a las autoridades judiciales y los testigos en causas por graves violaciones a los derechos humanos en todo el país.
Asistencia a Víctimas de Violencia Institucional y Discriminación
Fueron despedidas once trabajadorxs, especialmente aquellxs destinadxs al seguimiento de casos de violencia institucional del país, con experiencia y trayectoria en el trabajo. Desde el comienzo de la nueva gestión, se modificaron algunas de sus acciones y otras se eliminaron, por ejemplo, la articulación con las provincias a través del Consejo Federal de Derechos Humanos para la adecuación normativa con perspectiva de derechos humanos y contra la violencia institucional; los monitoreos en unidades penitenciarias –federales y provinciales– para garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales. La Secretaría de Derechos Humanos se presentaba como querellante en causas donde se juzgaban casos graves de violencia institucional –homicidios, torturas, lesiones graves cometidas por personal de las fuerzas de seguridad–. Alberto Baños decidió que la Secretaría no se presentara más en estos casos. Fueron despedidxs más de 15 trabajadorxs de esta dirección.
En síntesis, el volumen de despidos ejecutado en la ex Secretaría de Derechos Humanos, que incluyó a delegados y delegadas sindicales y hechos de hostigamiento hacia lxs trabajadores, tiene consecuencias en las tareas diarias de las funciones del organismo, se ven afectadas la atención al público en los Espacios de Memoria y su preservación; el seguimiento y la intervención jurídica en causas por delitos de lesa humanidad; la atención y contención a través del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; la asistencia jurídica en casos de violencia institucional y a poblaciones víctimas de violencia y discriminación.
Por una afirmación de lo común
El ataque contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia viene acompañado por un intento de desarticulación de la narrativa sobre nuestro pasado reciente que conforman la base ética de nuestra democracia. Los discursos negacionistas, relativistas y apológeticos del terrorismo de Estado constituyen un intento por deslegitimar el consenso del Nunca Más. A partir de 1983, la democracia emergió como un horizonte colectivo, un proyecto de convivencia política caracterizado por el rechazo a la violencia política y la represión estatal, por la plena vigencia de los derechos humanos y por una democracia entendida en términos sustantivos y formales, es decir, como reglas y también como derechos sociales y económicos. Bajo el paraguas del Nunca más se constituyó un nuevo arreglo social y político para la vida en común en Argentina.
Esto cambió en el año 2023, durante la campaña electoral Milei y Villarruel plantearon algunas cuestiones que iban en contra de consensos que parecían inalterables: la idea, sostenida por los militares de la dictadura y la derecha trasnochada, de que lo que sucedió en Argentina durante los setenta fue una guerra y no terrorismo de Estado y el cuestionamiento a la cifra de desaparecidos (argumentos no novedosos pero sí por primera vez utilizados para hacer campaña) se covietieron en el relato oficial.
Por otro lado las salidas de Falcón verdes a la calle (símbolo de la represión dictatorial), la colocación de bolsas mortuorias con los nombres de referentes de los derechos humanos ubicadas en plaza de Mayo dan cuenta de que algo se estaba modificando. Se volvían audibles discursos y prácticas impensadas tiempo atrás.
En momentos como el actual, en que otras memorias retoman una narrativa autoritaria, se hace más necesario que nunca luchar por una versión de la historia que contribuya a fortalecer la democracia. Frente a los intentos por dañar todo lazo social que no esté mediado por la mercancía, debemos trabajar en pos de la construcción de comunidad, por la afirmación de un sentido de lo común, un sentido de pertenencia que tiene que ver con cómo pensamos el pasado y que aloje formas diferentes de pensar el futuro, como señala la socióloga María Pía López. En esa idea de lo común debe estar incluido el Estado y su proyecto de reconstrucción a partir de una imaginación política basada en un proyecto que nos incluya a todes.
* ex Coordinador del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti e integrante del Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Tres de Febrero
[1] Artículo de Valentina Salvi y Mercedes Barros que integra un libro sobre las memorias de derecha que se publicará en breve por la editorial Siglo XXI.
[2] Los datos sobre la situación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación que a continuación desarrollamos fueron extraídos de un informe elaborado por ATE en abril del corriente año.