por Facundo Olivera *
Desde la reforma constitucional de 1994, las readecuaciones en las cartas magnas provinciales fueron la norma, y Santa Fe no estuvo exenta de los planteos que manifestaban a viva voz la necesidad de reformar nuestra constitución.
En medio de un clima social que reclama mayor transparencia, reglas claras y un Estado moderno que atienda y entienda nuestra sociedad, se reabre la discusión sobre una reforma profunda de la carta magna provincial, vigente desde 1962. Distintos gobiernos provinciales de diversos colores políticos han intentado instalar en la agenda pública que era hora de llevar adelante la tan ansiada reforma, pero ante coyunturas políticas variopintas, desistían y la urgencia menguaba.
La situación en la que se desarrolla el proceso reformador constituyente santafesino ya fue analizado de mil maneras distintas. Desde su concepción con la discusión/imposición de la ley que habilitaba a reformar nuestra carta magna, hasta el intencionalmente desapercibido proceso electoral que proclamó a los 69 convencionales que se encargarían de redefinir institucionalmente el rumbo de nuestra provincia.
Si bien las constituciones están diseñadas para tener una vigencia prolongada, cada generación tiene el derecho y la responsabilidad de reflexionar sobre la ley fundamental que mejor se adapte a su tiempo y realidad. La sociedad santafesina de hoy es profundamente diferente a la de hace 60 años, y pudiendo realizarse una gran cantidad de actualizaciones normativas por medio distintos instrumentos que reflejen estos cambios, hay determinados reclamos o demandas específicas que sólo pueden encontrar una respuesta a través de una reforma constitucional que los aborde de manera particular.
En sí, la necesidad de actualizar nuestra constitución debido a su “avanzada edad”, se centra principalmente en la falta de herramientas institucionales de las que el Estado provincial y los estados municipales padecían por carecer de una reforma que refleje las nuevas realidades a las que nos enfrentamos, los nuevos principios y derechos que deben ser reivindicados, y las necesidades y reclamos que deben ser abordados en el marco de la participación plural de los distintos sectores de nuestra sociedad.
Asimismo, debemos reconocer que la Constitución de 1962 lejos se encuentra de estar desactualizada en su totalidad. Por el contrario, es un texto normativo de avanzada para la época, y sus fórmulas de rumbo cierto pero flexible han permitido enfrentar el paso del tiempo.
El proceso de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe en 2025, si bien se presenta como una respuesta a las necesidades del presente, no puede ser analizado sin considerar las profundas raíces históricas, ideológicas y doctrinarias que lo nutren.
En un escenario provincial marcado por las desigualdades territoriales, el rezago histórico del norte y la fragmentación institucional, la Constitución se convierte una vez más en arena de disputa política. En ella se juega no solo la ingeniería del poder, sino también la promesa de un Estado más equitativo, justo y moderno.
Al presentar nuestro proyecto de reforma constitucional ante la Convención, los convencionales electos por «Más para Santa Fe» hemos logrado sintetizar en un único escrito la visión de un espacio político amplio. Este espacio, producto de la construcción de diferentes fuerzas, converge en la defensa de los derechos del pueblo. El texto que hemos elaborado es el resultado de un trabajo en común, que priorizó el consenso y los valores compartidos para ofrecer a la provincia un proyecto de Constitución que refleja nuestro compromiso con la justicia social y los principios doctrinarios que nos unen.
Tratamos de condensar así, demandas históricas y aspiraciones de modernidad. En el proyecto, como podrán leer con detenimiento, entre distintas temáticas de gran importancia, se reconoce la autonomía municipal, los derechos digitales y las implicancias de las tecnologías emergentes son consideradas, se crea un Consejo de la Magistratura plural, limita la reelección sin cerrarla por completo, ordena el régimen electoral y exige un presupuesto con perspectiva de derechos, en función de su impacto en áreas sensibles como salud, educación, género o infancia.
Desde un inicio abordamos este desafío como debía ser afrontado, de cara a la ciudadanía y no solo escuchando lo que tenía para decir, sino plasmando en el texto que consensuamos los reclamos y necesidades que los diversos sectores de nuestra sociedad nos hicieron llegar. Así hemos continuado nuestra labor en la Convención y nuestro proyecto reformador es un claro ejemplo de ello. Un compromiso indeclinable para defender los derechos del pueblo, dejando asentado en el nuevo texto constitucional la voz y el mandato de los santafesinos y santafesinas.