retórica soberanista, contradicciones en defensa y el avance de la SIDE sobre los controles de inteligencia
por Roberto Román
El “giro estratégico” anunciado en cadena nacional no resiste el contraste con los hechos. Mientras el Presidente proclama firmeza soberana, el proyecto Sea Lion avanza, la logística británica en el Atlántico Sur se consolida y la descoordinación regulatoria en Ushuaia expone fisuras internas. En paralelo, la reforma de inteligencia concentra poder en la SIDE y debilita los controles parlamentarios y judiciales que exige la Ley N° 25.520.
¿Una política de Estado o una operación discursiva sin correlato material?
1. El sorpresivo “giro estratégico” de Javier Milei: de thatcherista a “fanático” malvinero
El 3 de septiembre de 2026, el presidente Milei anunció en cadena nacional un nuevo plan de defensa estratégica y el endurecimiento del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. No tan lejos quedaron sus palabras de elogio y admiración por la ex primer ministra británica, a quien consideró públicamente como una líder “brillante” y una gran estadista de la historia mundial.
Ahora, acompañado por los miembros de su Gabinete, el devoto cultor de la “Dama de Hierro” buscó articular, de manera poco creíble, una narrativa que lograra capitalizar algo de aquel espíritu malvinero desatado tras la victoria frente a Inglaterra en el Mundial. Dijo sobreactuando: “Que quede claro en el mundo la definición del Estado argentino: las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto. Es una causa nacional”.
Durante su alocución, anticipó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un paquete de proyectos legislativos. El objetivo de estas iniciativas es dotar al Estado de herramientas judiciales, defensivas y económicas que fortalezcan institucionalmente el reclamo soberano.
Entre las medidas principales, anunció un endurecimiento de las sanciones legales y económicas contra empresas locales o extranjeras -tanto estatales como privadas- que exploten ilegalmente recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina y en las inmediaciones del archipiélago, con especial foco en las actividades pesqueras e hidrocarburíferas.
En materia de seguridad, detalló la ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Manifestó que este enclave se proyecta como el polo logístico más relevante del Atlántico Sur, orientado a incrementar las capacidades de telecomunicaciones y a disuadir la presencia de actores extranjeros en la región. Asimismo, anunció la creación del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), versión criolla del National Security Council estadounidense, que estaría conformado por el Ministerio de Economía, el de Defensa, la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
En el plano internacional, declaró que la Cancillería argentina implementará una estrategia de mayor presencia y firmeza en foros multilaterales. Al mismo tiempo que desestimó explícitamente el derecho a la autodeterminación de los isleños, sugirió que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría reevaluar la posición histórica de los Estados Unidos respecto al conflicto.
Finalmente, el líder libertario dejó por cuestión de minutos los insultos y descalificaciones, para convocar a toda la dirigencia política, económica y social a postergar las diferencias partidarias, con el propósito de consolidar la causa Malvinas como una política de Estado unificada y a largo plazo. Concluyó: “Recuperar Malvinas requiere ser: una Nación políticamente relevante, económicamente influyente y militarmente respetable”.
2. Contradicciones geopolíticas, económicas y presupuestarias en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
2.1. Aislamiento multilateral y fisuras institucionales
El postulado de consolidar una Argentina políticamente relevante mediante la firmeza en foros multilaterales se encuentra en tensión con las decisiones de votación en organismos internacionales y con eventos logísticos recientes de la región.
En primer lugar, se observa una pérdida de capital diplomático histórico. A fines de marzo de 2026, la delegación argentina votó de forma negativa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a una resolución que tipifica la trata transatlántica de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Esta posición alineó al país exclusivamente con los Estados Unidos e Israel, acumulando tres votos negativos frente a 123 afirmativos y 52 abstenciones. Dicho posicionamiento quebrantó la confianza de los bloques pertenecientes a la Unión Africana y el Caribe, comunidades que históricamente han provisto un soporte de votos clave para la Argentina en el Comité de Descolonización de la ONU.
En segundo lugar, se evidencian fisuras de soberanía interna. Días antes de la emisión de la cadena nacional, el buque petrolero VS Promise, portador de la bandera británica, atracó y ejecutó maniobras operativas en el Puerto de Ushuaia. El suceso desencadenó un conflicto político e institucional entre el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las autoridades fueguinas denunciaron que la autorización federal vulneró la legislación provincial vigente, específicamente la Ley N° 852, conocida como “Ley Gaucho Rivero”, lo que expuso una grave desconexión regulatoria en el propio territorio nacional.
En tercer lugar, se constata la consolidación del puente logístico británico en la región. En septiembre de 2026, la corporación isleña Falkland Islands Development Corporation formalizó un acuerdo bilateral con la firma naviera privada chilena Easter Island Naviera. Este instrumento establece una conexión marítima comercial directa de bienes entre Punta Arenas y Puerto Argentino, cuyo inicio está proyectado para noviembre de 2026. La nueva ruta reduce a la mitad la distancia del corredor logístico previo sustentado desde Montevideo, el cual implicaba un trayecto de dos mil kilómetros. De forma complementaria, ante las objeciones de la Embajada argentina por la instalación de un stand de las Islas Malvinas dentro del pabellón británico en la Expo Prado 2026 de Montevideo, la Cancillería uruguaya desestimó su circular inicial de restricción y legitimó la presencia diplomática-comercial isleña.
2.2. El avance corporativo y la Causa Sea Lion
La intención gubernamental de aplicar sanciones a firmas internacionales que exploten de forma no autorizada la plataforma continental choca con la profundización jurídica e industrial del proyecto petrolero Sea Lion, situado a doscientos veinte kilómetros del archipiélago. A continuación, se detalla la cronología expandida de la causa judicial argentina y las acciones del mercado transnacional en el Atlántico Sur.
A fines de 2025, las firmas Rockhopper Exploration de origen británico y Navitas Petroleum Development and Production Limited de origen israelí ratificaron la decisión final de inversión. Este hito activó de manera inmediata las contrataciones para el despliegue del buque flotante de almacenamiento, producción y descarga FPSO Aoka Mizu, así como los sistemas de ingeniería profunda correspondientes.
En agosto de 2026, ante el progreso de los preparativos para la extracción comercial, pautada originalmente para la primera mitad de 2028 con estimaciones de 50.000 barriles diarios, la Presidencia de la Nación emitió apercibimientos públicos de penalización económica contra 45 entidades e individuos vinculados al consorcio.
En septiembre de 2026, la disputa alcanzó su punto álgido en los tribunales. Durante los días 7 y 8 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto formalizó una denuncia criminal en los tribunales federales de Comodoro Py contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias y asociadas de origen canadiense, JHI Associates y Eco Atlantic Oil and Gas, por exploración y explotación hidrocarburífera no autorizada por Buenos Aires.
Por su parte, el Ministerio de Defensa argumentó la violación sistemática de las resoluciones de la ONU relativas a innovaciones unilaterales en áreas en litigio.Pocos días después, el 16 de septiembre de 2026, la Jueza Federal de Río Grande, la doctora Mariel Ester Borruto, dictaminó una medida cautelar a instancias del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. El fallo ordenó a Rockhopper y Navitas la inmediata paralización de toda obra material, perforación de subsuelo o tendido de líneas de flujo hasta tanto se sustancie un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante las autoridades competentes de la República Argentina. Asimismo, otorgó un plazo de diez días para la entrega de balances contables, contratos de aseguradoras e identificación de financistas.
A pesar de esto, las firmas internacionales, amparadas en licencias británicas que Londres defiende sin reconocer la jurisdicción de los tribunales argentinos, informaron a los mercados bursátiles la continuidad de sus cronogramas operativos sin alteraciones.
2.3. Presupuesto militar: caída histórica del gasto, contradicciones en el gabinete y el estancamiento de la Base Naval Integrada
El propósito de constituir unas Fuerzas Armadas militarmente respetables se inserta en un contexto histórico de retracción presupuestaria prolongada. Si bien la retórica oficial destaca incrementos nominales significativos en las asignaciones de crédito y compras de material de primera línea, tales como las aeronaves supersónicas F-16 Fighting Falcon, el análisis macroeconómico de los datos duros expone un escenario de recuperación en fases tempranas y restricciones de fondo.(1)
La asignación presupuestaria destinada a la función de Defensa nacional ha experimentado una declinación de largo plazo. Tras techos del 4% del Producto Bruto Interno alcanzados durante las acciones bélicas de 1982, el indicador descendió sistemáticamente por debajo del 1% a partir del año 2004. Hacia el año 2023, con un registro consolidado de 0,5% del PBI, la Argentina reportó la inversión militar relativa más baja de Sudamérica, lo que generó una marcada asimetría frente a otros Estados como Colombia, que promedia el 3%, Chile con 1,6%, y Brasil con 1,1%.
El suelo presupuestario se registró de manera nítida durante el año 2025. Los informes oficiales de rendición de cuentas del Estado argentino ratificaron que el gasto efectivamente devengado en la función Defensa durante dicho ejercicio presupuestario fiscal tocó un piso histórico del 0,28% del PBI. De acuerdo con análisis técnicos sectoriales, entre el 65% y 90% de este volumen de recursos se consumió de forma fija en la liquidación de haberes del personal, pasividades y cargas sociales. Esto redujo a márgenes marginales el presupuesto remanente para el sostenimiento logístico básico, instrucción operacional en terreno y mantenimiento de sistemas de armas, lo que explica el estado inoperante de sistemas críticos y la desactivación práctica del Comando Conjunto de Ciberdefensa, que luego de haber perdido el terreno donde se asentaba en Puerto Madero, pasará a funcionar en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Respecto a la dinámica del presupuesto actual y la Base Naval, los anuncios oficiales para el nuevo periodo fiscal enmarcan una expansión de los créditos autorizados con subas nominales para la Armada y la Fuerza Aérea, ubicando el indicador macroeconómico neto en bandas reales estimadas entre el 0,55% y el 0,60% del PBI. Si bien representa una mejora relativa respecto al mínimo de 2025, el gasto sigue concentrado en la adecuación de salarios bajo el nuevo régimen administrativo.
Esta distorsión interna genera que proyectos de infraestructura estratégica como la Base Naval Integrada de Ushuaia presenten discrepancias conceptuales severas en el propio seno del oficialismo. Mientras el Ministerio de Defensa la califica como un nodo de vigilancia y despliegue militar con créditos públicos plurianuales, la vocería presidencial a cargo de Adrián Ravier reduce su envergadura afirmando de manera pública que no posee carácter bélico. En sintonía con esta limitación de fondos, las auditorías físicas de la obra portuaria registran un estancamiento sostenido en torno al 9,13% de avance acumulado, correlativo a los procesos de desinversión del astillero estatal Tandanor, cuya reestructuración y potencial privatización compromete el músculo de construcciones navales de gran porte frente a las demandas de intereses inmobiliarios privados en las 34 hectáreas de la Dársena Sur.
El presupuesto 2027 enviado al Congreso incluye operaciones de crédito público por 1.200 millones de dólares para dos fragatas multimisión y 2.300 millones para tres submarinos convencionales. Sin embargo, una autorización de endeudamiento no equivale a una compra efectiva ni a una capacidad incorporada.
3. Planeamiento, inteligencia estratégica y contrainteligencia
La iniciativa impulsada por Milei pretende crear un Sistema de Seguridad Nacional, que no incluye al Ministerio de Seguridad Nacional, pero sí a la SIDE, cuyo presupuesto pretende engordar superando al del año 2026. La narrativa del líder libertario puede analizarse a la luz de los conceptos fundamentales de inteligencia, inteligencia estratégica y contrainteligencia que surgen de la Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional y de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), aprobada por el Decreto N° 457/2021, que por su vigencia sigue siendo la normativa de referencia en materia de planeamiento para la defensa nacional.
En primer lugar, resulta necesario recordar que la DPDN 2021 reafirma la vocación pacífica de nuestro país, manteniendo un perfil estrictamente defensivo y disuasivo frente a agresiones externas de carácter estatal o no estatal. Además, presenta como prioridad de planeamiento militar conjunto la disputa de soberanía y la vigilancia de los espacios marítimos e insulares australes ante la presencia británica, impulsando el desarrollo de sistemas de control aeroespacial, ciberdefensa, sistemas no tripulados y el reequipamiento logístico estratégico.
Por otra parte, la Ley de Inteligencia Nacional (art. 2°) define a la inteligencia como la obtención, reunión, sistematización y análisis de información referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación.(2) En el discurso presidencial, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y el fortalecimiento de la SIDE apuntan a centralizar esa función, pero la DPDN 2021 advierte que la inteligencia debe ser un insumo para la decisión política, no un instrumento de justificación retórica. La iniciativa de Milei, al desestimar el derecho a la autodeterminación de los isleños y sugerir un giro de Trump, parece más un gesto declamatorio que la resultante de una producción de inteligencia estratégica fundada en un diagnóstico riguroso del escenario global y regional.
Ley N° 25.520 define la contrainteligencia como la actividad propia del campo de la inteligencia orientada a evitar que actores estatales o no estatales obtengan información sensible o realicen tareas de inteligencia que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado. La DPDN 2021 subraya que la contrainteligencia debe proteger los intereses vitales.
La reforma del sistema de inteligencia por Decreto N° 941/2025 y la concentración de poder en la SIDE presidencial, lejos de fortalecer la contrainteligencia, debilitan los controles parlamentarios y judiciales, tal como lo advierte la Ley N° 25.520 en sus artículos 4° y 31.(3)
Conclusiones
El giro soberanista anunciado en cadena nacional no resiste el contraste con los hechos que lo rodean. Antes que una política de Estado, la iniciativa presidencial opera como un artefacto retórico cuya función principal es la de construir una apariencia de decisión estratégica donde solo hay gestualidad.
Esa brecha entre enunciado y realidad se manifiesta en cuatro registros que, lejos de compensarse, se refuerzan mutuamente. En el plano externo, la firmeza proclamada convive con un aislamiento diplomático que la propia gestión contribuyó a profundizar, y con una arquitectura logística británica en el Atlántico Sur que se consolida sin obstáculos efectivos. En el plano interno, la pretendida unidad federal se quiebra ante la descoordinación regulatoria en los puertos australes. En el plano económico, la amenaza sancionatoria se revela incapaz de alterar el curso de los proyectos extractivos que dice combatir. Y en el plano militar, la expansión presupuestaria anunciada se diluye en una estructura de gasto que privilegia lo corriente sobre lo operativo, mientras la infraestructura soberana permanece estancada.
El denominador común de estas cuatro dimensiones es la ausencia de una doctrina coherente. La contradicción entre las carteras del propio gabinete respecto al carácter de la Base Naval, la desactivación práctica de capacidades críticas de ciberdefensa y la concentración de poder en la SIDE por sobre los controles que la ley impone configuran un sistema de inteligencia que, en lugar de fortalecer la defensa de los intereses vitales, debilita las garantías institucionales y desplaza el foco hacia amenazas de origen interno. Esa deriva no es un accidente: es la lógica de un dispositivo que necesita enemigos internos para justificar su expansión.(4)
La causa Malvinas, en este contexto, queda atrapada en una paradoja. Invocada como política de Estado y convocante de todas las fuerzas, es utilizada en los hechos como recurso de legitimación coyuntural, mientras las condiciones materiales, diplomáticas e institucionales para sostenerla se deterioran. El resultado no es la consolidación de un reclamo histórico, sino su desgaste: cada anuncio sin correlato empírico erosiona la credibilidad de una causa que, para ser sostenida en el tiempo, requiere precisamente lo que el oficialismo no ofrece: coherencia, previsibilidad y respaldo institucional.
(1) Se recomienda leer la nota publicadas en este medio por: Pedro del Castillo, “La encrucijada de la defensa aérea argentina: entre la desprogramación del A-4AR y la transición hacia el F-16”. Número 38, mayo 2025. Acceder: https://soberaniadigital.org/la-encrucijada-de-la-defensa-aerea-argentina-entre-la-desprogramacion-del-a-4ar-y-la-transicion-hacia-el-f-16/.
(2) El art. 2° de la Ley N° 25.520 distingue cuatro tipos de inteligencia para evitar que un mismo organismo concentre todas las funciones: 1) Inteligencia Nacional, 2) Contrainteligencia, 3) Inteligencia Criminal, y 4) Inteligencia Estratégica Militar.
(3) Los especialistas en la materia describen al Decreto N° 941/2025 como una modificación de “alcance estructural” de la Ley de Inteligencia Nacional más profunda desde su sanción en 2001.
(4) Se recomienda leer las notas publicadas en este medio por: Roberto A. Román, “Centro Nacional Antiterrorismo: ¿compromiso democrático o cortina de humo?”. Número 33, octubre 2025. Acceder: https://soberaniadigital.org/centro-nacional-antiterrorismo-compromiso-democratico-o-cortina-de-humo/; Roberto A. Román – Juan Manuel Domínguez Rotta, “Centro Nacional Antiterrorismo: ¿Ninguna amenaza sin detectar?”. Número 41, agosto 2025. Acceder: https://soberaniadigital.org/centro-nacional-antiterrorismo-ninguna-amenaza-sin-detectar-v3/.