Por Oscar Niss *
El corte masivo de luz ocurrido en abril de 2025 en España, que desconectó la red eléctrica nacional de la europea, dejó al país en un estado de parálisis y desasosiego. Aunque las causas exactas de este apagón continúan siendo investigadas, han surgido especulaciones sobre la posible intervención de ciberataques o fallos técnicos en las líneas de alta tensión. El Gobierno afirmó que, en cuestión de segundos, «desaparecieron súbitamente» 15 gigavatios de la red, una cantidad de energía impensable en circunstancias normales. Al poco tiempo del mediodía, un 60% de la oferta energética destinada a cubrir la demanda se esfumó de manera abrupta.
Los efectos de este suceso no se limitan a la mera interrupción del suministro eléctrico, sino que desvelan una incómoda verdad: nuestra creciente dependencia de la tecnología, cuya operatividad depende, a su vez, de la electricidad. El apagón provocó el colapso de servicios esenciales como el transporte ferroviario, los semáforos, los cajeros automáticos y otras infraestructuras críticas, todas ellas vulnerables al corte de energía, incluso aquellas que cuentan con generadores de respaldo que dependen del combustible disponible. Este evento no es solo un corte de luz, sino una advertencia sobre la fragilidad de los sistemas tecnológicos, que, lejos de ser infalibles, pueden desbordarnos y convertirse en el origen de una crisis multidimensional.
Lo que queda claro tras esta crisis es la interconexión global e instantánea que define nuestra era digital. En un mundo donde las operaciones están cada vez más automatizadas y dependemos de redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) para gestionar tanto la producción de bienes como los servicios cotidianos, un apagón puede desatar consecuencias mucho más graves. El corte de energía en España no solo interrumpió la vida diaria de millones de personas, sino que expuso la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas, muchas de las cuales funcionan con la misma lógica que aquellas que no lo son, careciendo de los mecanismos adecuados de continuidad operativa.
La pregunta que surge con fuerza es: ¿hasta qué punto estamos a merced de la tecnología? La respuesta, aunque difícil de aceptar, es clara: nuestra dependencia de las aplicaciones cibernéticas, la electricidad y las telecomunicaciones ha alcanzado tal magnitud que cualquier fallo en estos sistemas puede desencadenar una serie de efectos en cadena imprevisibles. Desde hospitales y fábricas de alimentos hasta sistemas financieros y de comunicación, todos dependen de la electricidad y, por ende, de la ciberseguridad que protege estos sistemas. El apagón no solo paralizó la distribución de energía, sino que también expuso la vulnerabilidad de las líneas de control y protección cibernética.
Este escenario resalta la necesidad urgente de integrar el concepto de «Soberanía» a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, en particular, al Ciberespacio. Hoy, la soberanía no solo se refiere al control territorial, sino a la capacidad de un Estado para proteger sus sistemas informáticos e industriales. Las redes eléctricas, al igual que otras infraestructuras críticas, son ahora un objetivo prioritario para ciberdelincuentes o incluso para las Ciberoperaciones ofensivas. Un ataque a un PLC (Controlador Lógico Programable) de una central eléctrica o a los sistemas de comunicación que gestionan el suministro energético puede ser tan devastador como cualquier escenario de conflicto armado tradicional o desastre natural.
Una de las lecciones más crudas de este apagón es que Portugal y Francia, no pudieron aislar su red eléctrica de la española. En un contexto en el que las interconexiones regionales son más estrechas que nunca, la desconexión de España dejó en evidencia las frágiles barreras que separan las infraestructuras energéticas de la red global. Si los efectos de un incidente de esta magnitud no pueden ser contenidos en el corto plazo, ¿qué sucedería si se prolongaran en el tiempo?
Es un hecho que, en parte, algunos países han perdido la libertad de decidir cómo y cuándo desplegar la tecnología en función del bienestar social. La tecnología, que en teoría debería ser un bien social, mantiene a la sociedad «secuestrada». Este fenómeno exige una evolución rápida en las leyes y regulaciones sobre ciberseguridad. La protección de infraestructuras críticas debe ser una prioridad, y debe establecerse un marco legal eficaz que permita respuestas rápidas ante cualquier amenaza digital. Resulta esencial regular la protección de los servicios esenciales, muchos de los cuales están en manos del sector privado, y definir de manera técnica y normativa un Ciberespacio de Interés Nacional que pueda ser administrado de manera soberana.
El corte de luz en España es solo el primer capítulo de una narrativa más amplia y ominosa que amenaza con reconfigurar nuestras nociones de libertad y control en la era digital. Un mundo interconectado no es solo un mundo de oportunidades, sino también de riesgos cada vez mayores. La tecnología puede ser nuestra aliada, pero también puede ser nuestro carcelero, y ahora, más que nunca, debemos aprender a convivir con esa dualidad.
* Oscar Niss es Licenciado en Administración Pública, maestrando en Derecho Internacional y fue Subsecretario de Ciberdefensa en Argentina (2019-2023)