EL NEOLIBERALISMO COMO REACCIÓN AL KEYNESIANISMO Y AL ESTADO DE BIENESTAR

por Martín Gainza

El surgimiento del neoliberalismo no puede entenderse sino como una contraofensiva teórica y política explícitamente diseñada para combatir el consenso socialdemócrata e intervencionista que dominó el escenario de posguerra. El neoliberalismo nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en regiones de Europa y América del Norte donde imperaba el capitalismo avanzado, erigiéndose en una reacción vehemente contra el Estado de Bienestar y la regulación económica keynesiana.

El texto fundacional de esta corriente es Camino de Servidumbre, escrito por Friedrich Hayek en 1944, el cual constituyó un ataque contra cualquier limitación que el Estado pretendiera imponer al libre funcionamiento de los mecanismos del mercado. Para Hayek, la intervención estatal (incluso aquella motivada por fines redistributivos o de protección social) representaba una amenaza letal para la libertad, no solo económica sino también política, que conduciría indefectiblemente a una «servidumbre moderna». El blanco inmediato de estas tempranas advertencias fue el Partido Laborista británico en las vísperas de las elecciones de 1945.

A pesar de la vehemencia de su mensaje, el pensamiento de Hayek y sus seguidores estuvo marginado de la práctica política durante casi tres décadas. El período de posguerra inauguró la llamada «edad de oro» del capitalismo avanzado, caracterizada por un crecimiento económico sin precedentes y una notable estabilidad regulatoria, lo que restó credibilidad a las advertencias catastrofistas del neoliberalismo. Ante este aislamiento institucional, Hayek convocó en 1947 a la Sociedad de Mont Pèlerin en Suiza. Figuras fundacionales como Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eucken y Salvador de Madariaga articularon en este foro una red altamente organizada, dedicada a disputar la hegemonía intelectual del consenso oficialista.

La oportunidad histórica para este grupo llegó con la crisis económica global de 1973. El colapso del modelo de acumulación de posguerra se manifestó en una recesión profunda combinada con altas tasas de inflación (estanflación). Los neoliberales atribuyeron la raíz de esta crisis al «poder excesivo y nefasto de los sindicatos» y al crecimiento hipertrófico de los gastos sociales del Estado, los cuales habrían deformado el curso natural de la acumulación de capital y del mercado libre.

Para solucionar esta crisis, la doctrina neoliberal prescribía un conjunto de remedios drásticos: la estabilidad monetaria como la meta central del gobierno, lo cual requería de una estricta disciplina presupuestaria, la drástica reducción del gasto social y la restauración de una «tasa natural de desempleo» que sirviera para disciplinar la fuerza de trabajo y restaurar la tasa de ganancia de las empresas. La hegemonía política de este programa comenzó a consolidarse a finales de la década de 1970 con el ascenso de Margaret Thatcher al poder en el Reino Unido (1979) y de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos (1980).

 ¿Novedad o más de lo mismo?

Un debate incluso vigente hoy en día, radica en determinar si el neoliberalismo constituye una mera extensión del liberalismo clásico o si en cambio, representa una vertiente teórica y política diferente.

Mientras que el liberalismo clásico se basaba fundamentalmente en el principio del laissez-faire y en la concepción del Estado como un mero «gendarme» que debía abstenerse de interferir en el orden de mercado espontáneo, el neoliberalismo asume un carácter más activo en el plano institucional. El neoliberalismo no busca simplemente que el Estado se retire, sino que utiliza activamente el poder estatal para diseñar, moldear e imponer las condiciones que garantizan la competencia mercantil y la disciplina fiscal. La creación de leyes antisindicales, el desmantelamiento de regulaciones protectoras del trabajo y la privatización sistemática de bienes públicos (como la vivienda, el agua, el gas y la electricidad) requieren de una intervención estatal profunda y sistemática para forzar la mercantilización de áreas antes protegidas.

Una de las diferencias clave del neoliberalismo respecto a la tradición liberal clásica se presenta en su relación con la democracia. Para Hayek y el pensamiento de Mont Pèlerin, la democracia no es un valor absoluto ni intrínseco, sino un mecanismo instrumental que puede (y debe) ser subordinado a la preservación de la libertad económica y la propiedad privada. Hayek argumentaba que la libertad y la democracia podían tornarse fácilmente incompatibles si la mayoría democrática decidía interferir en los derechos de los agentes económicos para disponer de sus rentas y propiedades.

Esta profunda desconfianza hacia las mayorías democráticas explica por qué el verdadero «laboratorio » del neoliberalismo a nivel mundial no se implementó bajo un régimen democrático occidental, sino bajo una dictadura latinoamericana: el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile a partir del año 1973. El experimento chileno aplicó, casi una década antes de la llegada de Thatcher y Reagan, un programa de desregulación, apertura económica, atraso cambiario y privatización bajo la dirección teórica de la Escuela de Chicago combinado con la persecución a sectores sindicales y de la clase obrera. Este precedente histórico demuestra que, para el neoliberalismo, la preservación de las libertades de mercado estuvieron en muchos casos por encima de las libertades democráticas.

Por lo tanto, más que un retorno al liberalismo clásico, el neoliberalismo es una doctrina nacida del antagonismo hacia el Estado de Bienestar, caracterizada por la voluntad de reconfigurar la sociedad bajo la lógica de mercado, incluso en algunos casos recurriendo a formas de autoritarismo político.

La Ruptura del Modelo ISI y el Cambio de Paradigma en América Latina

La década de 1980 representó una bisagra histórica para la economía de América Latina. El estallido de la crisis de la deuda externa en 1982 no solo provocó una profunda recesión económica, sino que sepultó de manera definitiva el modelo de desarrollo que había regido la región durante casi medio siglo. El agotamiento del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y las drásticas exigencias de la crisis financiera internacional forzaron a los gobiernos latinoamericanos a abandonar el intervencionismo estatal y a adoptar de forma pragmática un «Nuevo Modelo Económico» (NME) orientado hacia las exportaciones y el libre mercado.

El Agotamiento del Desarrollo «Hacia Adentro» y las Limitaciones del Modelo ISI

Desde la Gran Depresión de la década de 1930, América Latina había adoptado un modelo de crecimiento centrado en la industrialización sustitutiva y el fortalecimiento del mercado interno, conocido como desarrollo «hacia adentro». Este esquema otorgaba al Estado un papel central como motor de la acumulación de capital, propietario de servicios públicos esenciales e industrias básicas, y regulador de la actividad comercial mediante altas barreras arancelarias.

A pesar de lograr una industrialización inicial y décadas de crecimiento sostenido, hacia finales de los años setenta el modelo ISI comenzó a mostrar severas limitaciones estructurales. En primer lugar, la protección excesiva a las industrias nacionales desincentivó la eficiencia y la innovación, creando un sector manufacturero poco competitivo a nivel internacional. En segundo lugar, el modelo requería constantemente de importaciones de bienes de capital e insumos industriales que la propia región no producía. Al no generar suficientes exportaciones para financiar estos insumos indispensables, las economías latinoamericanas sufrían un estrangulamiento constante en su balanza de pagos o restricción externa.

La forma de sostener este esquema durante la década de 1970 fue un endeudamiento externo acelerado con la banca privada internacional. Las empresas de propiedad estatal se convirtieron en grandes receptoras de capitales extranjeros, ocultando bajo un flujo constante de créditos los crecientes problemas de ineficiencia, subsidios y desequilibrios presupuestarios. Además, la estructura comercial de América Latina combinaba una peligrosa dependencia de las exportaciones de unos pocos productos primarios con un sector exportador de manufacturas muy pequeño. Esta baja apertura comercial, unida a una enorme vulnerabilidad financiera externa, colocó a la región en una situación sumamente frágil frente a cualquier cambio adverso en la economía mundial.

La Crisis de la Deuda de 1982 como Detonante del Cambio Estructural

El colapso del endeudamiento externo latinoamericano se desencadenó en agosto de 1982, cuando el gobierno mexicano anunció la imposibilidad de cumplir con los pagos de su deuda externa pública. La reacción del sistema financiero internacional fue inmediata: el ingreso de nuevos créditos privados hacia América Latina se detuvo en seco, provocando una frenada súbita (sudden stop) de capitales en toda la región.

A pesar de la gravedad del anuncio, la respuesta inicial de los deudores y los acreedores no fue de enfrentamiento. Sino que: a fines de 1982, ambas partes llegaron a un acuerdo no escrito para cumplir con el servicio de la deuda de manera ortodoxa. Esta disposición se debió a la creencia compartida de que la crisis financiera era un problema temporal de liquidez y no de solvencia. Se suponía que los desequilibrios eran el resultado de choques externos transitorios (como el alza de las tasas de interés y la caída de la demanda global) que pronto volverían a la normalidad.

Bajo esta perspectiva, se pensaba que nuevos préstamos de emergencia aliviarían la falta de liquidez y darían a la región un «respiro temporal”. Se esperaba con optimismo que bajaran las tasas de interés, que las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reanudaran su crecimiento y que se recuperaran los precios de las materias primas, mejorando así los ingresos de exportación para pagar la deuda. Sin embargo, este supuesto optimista pronto se desvaneció y la supuesta crisis de liquidez reveló una profunda insolvencia estructural.

Al interrumpirse definitivamente el financiamiento voluntario, América Latina sufrió una drástica «transferencia neta de recursos negativa». Mientras que entre 1979 y 1981 la región había gozado de un ingreso neto positivo de capitales de aproximadamente 13.000 millones de dólares anuales, a partir de 1982 el flujo se invirtió bruscamente. Para mediados de la década, la región se vio obligada a enviar al exterior un promedio de 30.000 millones de dólares anuales en concepto de intereses y amortizaciones. Esta sangría financiera equivalía a casi el 4% del PBI regional y absorbía cerca del 30% del valor de sus exportaciones. El esfuerzo necesario para compensar este retiro de capitales obligó a las naciones de la región a realizar un drástico ajuste externo que representó una pérdida de recursos cercana al 6% del PBI regional.

Para empeorar la situación, la incertidumbre económica y la desconfianza de los ciudadanos en sus propias monedas desencadenaron una masiva fuga de capitales. Inversores, empresarios y pequeños ahorristas de países con controles cambiarios débiles o inexistentes (como Argentina, México y Venezuela) transfirieron rápidamente sus activos a cuentas bancarias en el extranjero (principalmente a Estados Unidos) para protegerse de la inflación y la devaluación. Tan solo en 1983, la fuga de capitales registrada en los cinco países más endeudados de la región ascendió a más de 12.100 millones de dólares. A mediados de la década, los activos financieros del sector privado acumulados fuera de la región igualaban prácticamente el volumen total de la deuda que los gobiernos mantenían con la banca internacional, dejando a los bancos centrales locales sin margen de maniobra

 El Ajuste Externo y el Nacimiento del Nuevo Modelo Económico (NME)

Para hacer frente a la obligación de transferir enormes sumas de divisas al exterior y sin posibilidad de obtener nuevos préstamos, los gobiernos latinoamericanos debieron realizar ajustes económicos inmediatos. La primera fase de la respuesta gubernamental consistió en un ajuste basado en la drástica supresión de importaciones. Utilizando las herramientas tradicionales del modelo sustitutivo (como la elevación de aranceles, el establecimiento de cuotas y la exigencia de permisos previos de importación), los países bloquearon la entrada de productos del exterior.

La supresión de importaciones logró su objetivo de corto plazo: la balanza comercial regional pasó a registrar un superávit de 30.000 millones de dólares en 1983 y de casi 40.000 millones en 1984. Sin embargo, el costo social y productivo de esta estrategia fue inmenso. Al recortar la compra de insumos industriales, maquinaria y bienes intermedios del extranjero, las economías locales entraron en una profunda recesión, con un aumento acelerado del desempleo formal y una caída del ingreso real de las familias. Además, este esfuerzo no se tradujo en una mejora real de los ingresos externos debido al fuerte deterioro de los términos netos de intercambio comercial (TNIC) experimentado a principios de los años ochenta. La debilidad de los precios de los productos primarios y la fortaleza del dólar estadounidense hicieron que el valor total de las exportaciones de la región se mantuviera estancado, obligando a que todo el peso del ajuste recayera exclusivamente sobre la restricción de las importaciones.

Hacia mediados de la década de 1980, resultó evidente que la simple supresión de importaciones no era una solución sostenible en el largo plazo para convivir con una crisis de la deuda que persistía año tras año. La imposibilidad de reactivar el crecimiento económico bajo un esquema de encierro comercial obligó a los gobiernos a repensar por completo la estrategia económica. De esta forma, comenzó a gestarse un consenso político e intelectual interno que, apoyado por la presión condicionada de las instituciones financieras internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), daría origen al Nuevo Modelo Económico (NME).

El NME representó un cambio de paradigma: de la industrialización dirigida por el Estado hacia un crecimiento guiado por las exportaciones y la liberalización del comercio. En lugar de penalizar las exportaciones, los gobiernos implementaron medidas d incentivar las ventas en los mercados mundiales como devaluaciones competitivas. Asimismo, iniciaron la reducción sistemática de aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias para abaratar el costo de los insumos importados y forzar a las empresas locales a competir. Un hecho central en esta dirección fue el ingreso de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) en 1985, desmantelando de golpe el sistema de protección industrial que había sostenido por décadas. El resto de la región imitó esta apertura comercial en los años posteriores, sumándose al proceso de globalización comercial y financiera. Así, el colapso financiero de la deuda actuó como el catalizador que desarmó el viejo modelo «hacia adentro» e instauró el predominio de las políticas de libre mercado en América Latina.

Laboratorios Neoliberales, Reformas Estructurales y Balance de la Región

Superada la hegemonía del modelo ISI y bajo el impacto directo del estrangulamiento financiero de 1982, América Latina se convirtió en el escenario de una de las transformaciones económicas más profundas de su historia contemporánea. Bajo la presión de la crisis financiera y con el respaldo de los organismos de crédito multilaterales, la región pasó de un intervencionismo estatal generalizado a un modelo de desregulación y apertura de mercados. Esta transición no se produjo de manera uniforme, sino que atravesó una fase de experimentación pionera para luego consolidarse en una oleada de reformas estructurales durante la década de 1990.

 Chile como Laboratorio del Neoliberalismo

Aunque la hegemonía neoliberal a nivel mundial suele asociarse a los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979) y Ronald Reagan en los Estados Unidos (1980), el verdadero laboratorio experimental de estas políticas se estableció en América del Sur casi una década antes. Tras el golpe militar de 1973, el régimen de Augusto Pinochet en Chile ofreció las condiciones políticas para aplicar el primer programa radical de reformas neoliberales bajo la dirección de economistas locales formados en la Escuela de Chicago.

Este experimento se ejecutó mediante medidas tales como: una profunda desregulación de los mercados, la represión violenta de los sindicatos, el fomento del desempleo masivo para disciplinar la fuerza de trabajo y una privatización generalizada de los bienes públicos. Para el pensamiento neoliberal de Mont Pèlerin, la preservación de la propiedad privada y las libertades del mercado era la prioridad como ya mencionamos previamente.

La aplicación de este modelo en Chile no estuvo exenta de contradicciones prácticas. Como señala Bulmer-Thomas, la desregulación financiera de los años setenta arrastró al país a un endeudamiento privado insostenible, lo que obligó al propio régimen de Pinochet a realizar una masiva intervención estatal entre 1982 y 1983 en el sistema bancario para evitar un colapso financiero total y convocar a los denominados neoliberales “pragmáticos” (como explica Sebastián Edwards en su libro: Proyecto Chile publicado en 2023). Sin embargo, tras superar esta tormenta mediante un rescate estatal de las deudas del sector privado, el régimen chileno retomó con firmeza sus políticas de liberalización comercial y desregulación a partir de 1984, consolidándose como el modelo a imitar por las instituciones financieras internacionales durante las décadas siguientes.

El Consenso de Washington y la Segunda Ola Neoliberal de los Noventa

Hacia finales de la década de 1980, el neoliberalismo latinoamericano cobró un «segundo aliento» y dejó de ser una experiencia aislada bajo regímenes dictatoriales para transformarse en un programa democráticamente adoptado por gobiernos de diversos signos políticos. Este viraje coincidió con la caída del bloque socialista en Europa del Este y la consolidación global de un nuevo marco doctrinario conocido como el Consenso de Washington. Este consenso, compartido por el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos, prescribía que la única vía para retomar el crecimiento económico consistía en la disciplina fiscal, la apertura comercial, la desregulación de los mercados financieros y la privatización sistemática de los activos estatales.

A diferencia del caso pionero chileno, la introducción de estas reformas en el resto de la región durante los años noventa fue conducida por gobiernos civiles elegidos democráticamente, como los de Carlos Salinas de Gortari en México (1988), Carlos Menem en Argentina (1989), Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989) y Alberto Fujimori en Perú (1990). Sin embargo, para vencer las resistencias internas y aplicar medidas tan drásticas, estos mandatarios recurrieron con frecuencia a una fuerte concentración del poder ejecutivo, gobernando mediante decretos de emergencia, intervenciones legislativas o autogolpes de Estado.

Las reformas aplicadas bajo este nuevo paradigma transformaron radicalmente la relación entre el Estado y la economía en tres frentes principales:

• La Privatización de Empresas Públicas: Con el fin de obtener ingresos fiscales inmediatos y eliminar los subsidios a las ineficientes empresas de propiedad estatal (EPE), los gobiernos se desprendieron de servicios esenciales como las telecomunicaciones, la electricidad, el agua, los ferrocarriles, la siderurgia y las aerolíneas. Incluso sectores históricamente protegidos por el nacionalismo latinoamericano, como la minería y los hidrocarburos, fueron liberalizados para atraer Inversión Extranjera Directa (IED).
• La Apertura Comercial e Integración Regional: Tras el suceso que significó el ingreso de México al GATT en 1985, casi todas las repúblicas latinoamericanas redujeron sus aranceles y eliminaron las barreras paraarancelarias. Esta apertura comercial se profundizó con acuerdos bilaterales y regionales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá en 1994, ató de forma permanente las reformas estructurales mexicanas a la economía estadounidense. Paralelamente, surgieron esquemas de «regionalismo abierto» como el Mercosur en 1991 (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que buscaban promover el comercio sin descuidar la inserción en el mercado global.
• La Desregulación Financiera y Anclaje Cambiario: Con el objetivo prioritario de detener los procesos hiperinflacionarios heredados de los años ochenta, varios países utilizaron el tipo de cambio como un ancla nominal. El caso más extremo fue la Ley de Convertibilidad de Argentina (1991), que estableció una paridad fija de uno a uno entre el peso y el dólar estadounidense respaldada por reservas internacionales. Brasil aplicó una estrategia similar con el Plan Real en 1994, logrando estabilizar los precios de manera rápida.

Vulnerabilidad Financiera y el Retorno de la Deuda en los Noventa

La implementación de estas reformas permitió resolver temporalmente la crisis de la deuda de los años ochenta. El lanzamiento del Plan Brady en 1989 por parte del Tesoro de los Estados Unidos permitió a los bancos comerciales acreedores intercambiar sus préstamos incobrables por nuevos bonos garantizados a largo plazo (los «bonos Brady»). Esto alivió la presión bancaria y facilitó el retorno de América Latina a los mercados financieros internacionales a partir de 1990.

Sin embargo, esta nueva inserción financiera sembró las semillas de una inestabilidad aún mayor. A diferencia de los créditos bancarios de la década de 1970, los flujos de capital que inundaron la región en la primera mitad de los noventa consistieron mayoritariamente en capital de cartera especulativo (bonos y acciones de corto plazo) y no en inversión productiva directa. Esto generó una peligrosa dependencia del financiamiento externo para sostener el consumo interno y mantener sobrevaluados los tipos de cambio reales.

Al quedar expuestas a la volatilidad de los inversores internacionales de cartera (que permanecían en el anonimato y carecían de una coordinación regulatoria), las economías de la región sufrieron crisis ante cambios imprevistos en la liquidez global. El primer gran aviso fue la crisis financiera mexicana de 1994 (el Efecto Tequila), provocada por una devaluación del peso que arrastró a toda la región debido al pánico financiero. Posteriormente, la crisis asiática de 1997 y la de Rusia en 1998 elevaron drásticamente las primas de riesgo nacional para América Latina, cerrando nuevamente el acceso al crédito externo a finales de siglo. El desenlace de esta inestabilidad fue el colapso de la convertibilidad en Argentina a finales de 2001, que sumió al país en un default de su deuda externa y una crisis social.

El Balance de las Reformas: Crecimiento, Inflación y Equidad

A principios de los años 2000, el modelo económico neoliberal se encontraba plenamente instalado en toda América Latina. Evaluado a la luz de los resultados empíricos que detalla Bulmer-Thomas, el balance de este cambio de paradigma presenta un contraste drástico entre un éxito macroeconómico notable y un fracaso en términos productivos y sociales.

1) En lo que respecta al crecimiento económico:

A pesar de las promesas de que la apertura de mercados desataría un crecimiento acelerado, los resultados fueron mediocres. En la década de los ochenta (la «década perdida»), el PBI per cápita regional se contrajo a una tasa promedio del 0.9% anual. Pero incluso limitando el análisis a la década de los noventa (el período de mayor optimismo y reformas consolidadas), la tasa de crecimiento anual del PBI per cápita regional fue de apenas un 1.2%.

Desde el estallido de la crisis de la deuda, el único país de la región que logró superar claramente el desempeño económico que había tenido durante la etapa de ISI fue Chile. El resto de las naciones experimentó un patrón de crecimiento volátil y fuertemente dependiente del sector externo. México, por ejemplo, logró expandir enormemente sus exportaciones de manufacturas gracias al TLCAN, pero se volvió tan dependiente de los Estados Unidos que cayó de inmediato en recesión cada vez que la economía de su vecino se desaceleraba. Por su parte, Brasil sufrió un estancamiento debido a los bajos niveles de ahorro nacional y a tasas de interés reales elevadas que desalentaban la inversión productiva del sector privado.

2) El control de la inflación:

Uno de los resultados del NME fue: el control de la inflación crónica y la hiperinflación. Tras décadas de inestabilidad monetaria, las tasas de inflación promedio de la región cayeron de niveles de tres o cuatro dígitos en los años ochenta a niveles de un solo dígito a finales de los noventa.

Aunque inicialmente esta desinflación se logró mediante la sobrevaluación de las monedas locales sostenida por la entrada de capitales extranjeros, la estabilidad de precios se volvió sostenible en el tiempo a través de reformas institucionales, como el fortalecimiento de la pretendida por algunos “autonomía” de los Bancos Centrales, la prohibición de monetizar los déficit fiscales y la mayor competencia generada por la reducción de aranceles.

3) El Fracaso Distributivo:

En el plano social, los beneficios del modelo neoliberal nunca llegaron a materializarse. La teoría económica ortodoxa “supply-side economics” argumentaba que el fomento de las exportaciones crearía empleos intensivos en mano de obra no calificada, lo que elevaría los salarios de los sectores más pobres y mejoraría la distribución del ingreso. Asimismo, se esperaba que la estabilidad de precios eliminara el «impuesto inflacionario» que golpeaba con mayor fuerza a las familias de bajos recursos.

En la práctica, sin embargo, los resultados sociales fueron negativos:

• Aumento de la Pobreza: El porcentaje de familias que vivían por debajo de la línea de pobreza aumentó durante los años ochenta, pasando del 35% al 41% de la población. Aunque en los noventa se registró una leve reducción, a comienzos del nuevo milenio la pobreza regional se ubicaba nuevamente en el 35%. Dado que el crecimiento demográfico continuó durante esas dos décadas, el número absoluto de personas sumidas en la pobreza en América Latina fue mayor en el año 2000 que al inicio de la crisis de la deuda.
• Profundización de la Desigualdad: La distribución del ingreso no mejoró en la gran mayoría de los países. Las exportaciones del nuevo modelo no absorbieron mano de obra no calificada: las exportaciones primarias siguieron dependiendo de los recursos naturales y las nuevas exportaciones industriales requirieron de mano de obra calificada. Esto ensanchó la brecha salarial, aumentando los ingresos reales de los trabajadores técnicos o profesionales y estancando los ingresos del resto de la población. Incluso en Chile, elogiado como el modelo de éxito de la región, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini aumentó en las zonas urbanas durante los años noventa. En Brasil, el país con la peor distribución del ingreso en la región, la desigualdad aumentó tanto en las áreas urbanas como en las rurales a lo largo de esa misma década.

En conclusión, el balance del neoliberalismo en América Latina devela una profunda contradicción. El modelo prometió modernizar parte los aparatos comerciales, dotar de estabilidad monetaria a algunas de las economías locales y atraer flujos de capital extranjero. Sin embargo, se mostró completamente incapaz de generar un crecimiento productivo dinámico e inclusivo, consolidando a la región como una de las áreas más desiguales y socialmente vulnerables del planeta.

Referencias bibliográficas:

Anderson, P. (2003) . Neoliberalismo: un balance provisorio. En E. Sader y P. Gentili (Comps.), La trama del neoliberalismo: Mercado, crisis y exclusión social (2.ª ed., pp. 11-18). CLACSO.

Bulmer-Thomas, V. (2010). La deuda, el ajuste y el cambio de paradigma. En La historia económica de América Latina desde la independencia (2.ª ed., pp. 328-365). Fondo de Cultura Económica.

Edwards, S. (2023). El proyecto Chile: La historia de los Chicago Boys y el nacimiento del neoliberalismo. Editorial Planeta.