por Diego D’Urso
Este artículo sintetiza la reestructuración del sistema de cobertura asistencial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Federales, analizando tanto la normativa legal que dispuso la medida como la posterior realidad operativa reflejada en las convenciones de transición en un contexto de crisis institucional.
Marco normativo y fundamentos de la reforma (DNU N° 88/2026)
El 5 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 88/2026, ordenando la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La medida se fundamentó en un déficit financiero estructural y persistente de la obra social, provocado por el incremento constante de los costos en medicamentos y prestaciones médicas, sumado a la dispersión geográfica y heterogeneidad de su padrón de afiliados.
La medida incluyó la separación de universos prestacionales, argumentando que el personal de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa) y el de las Fuerzas de Seguridad Federales (Ministerio de Seguridad Nacional) poseen perfiles funcionales, demográficos y laborales sustancialmente distintos.
Creación de dos entes autárquicos
Para reemplazar al IOSFA, el DNU N° 88/2026 creó dos entes autárquicos bajo el ámbito de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. Por un lado, se creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, conducida por un Directorio de 5 miembros (representantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y personal civil) con presidencia rotativa.
Por otra parte, quedó establecida la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional para Gendarmería y Prefectura, también conducida por un Directorio de 5 miembros.
En cuento a las pautas financieras, se estableció por norma que los nuevos entes deben destinar al menos el 80% de sus ingresos a prestaciones de salud y fijaron un techo irrestricto del 8% para gastos administrativos y de funcionamiento, y hasta un 12% a prestaciones sociales.
Además, fijó un plazo máximo de 365 días corridos para culminar el traspaso ordenado de activos, de personal y afiliados sin interrumpir la atención médica. Al mismo tiempo, se estableció un plazo de 60 días corridos para que el Ministerio de Defensa notifique las transferencias definitivas de sus afiliados, y de 180 días corridos para el Ministerio de Seguridad Nacional.
La realidad operativa: Convenio Marco Interadministrativo de mayo de 2026
A pesar de la creación formal de la OSFA, la implementación práctica evidenció la falta de infraestructura propia para asumir de manera autónoma la gestión del servicio de salud.
El 27 de mayo de 2026, la OSFA (bajo la conducción del General de Brigada Pablo Guillermo Plaza) y el IOSFA firmaron un “Convenio Marco Interadministrativo Prestacional y Transitorio”. El mismo expone cuatro nodos críticos de incoherencia institucional:
1. Paradoja y «falsa autonomía»: mientras el DNU decretó la liquidación del IOSFA por ineficiencia, el convenio de mayo reconoce explícitamente que el IOSFA es la única entidad con la capacidad operativa, estructura administrativa y red de contratos prestacionales para sostener la atención. La OSFA quedó reducida a una «caja recaudadora» o intermediario financiero sin red médica propia.
2. Rompimiento de plazos legales y limbo jurídico: el convenio omitió incorporar el cronograma de fases y metas a 365 días fijado por el Decreto. Al supeditar la vigencia del acuerdo a un plazo indeterminado (“hasta que finalice el proceso de liquidación…”), la transitoriedad se volvió permanente y los plazos legales quedaron anulados en la práctica.
3. Duplicación de gastos y viabilidad financiera (tope del 8%): el esquema genera una superposición de costos burocráticos; la OSFA debe financiar su propia estructura de Directorio y al mismo tiempo reembolsar los gastos operativos en los que incurre el IOSFA para administrar las prestaciones. Mantener ambas estructuras bajo el tope del 8% de gastos administrativos resulta contablemente inviable.
4. Imposibilidad de auditoría e independencia: el DNU exige a la OSFA controlar el destino de los fondos; sin embargo, al no contar con Auditores Médicos ni personal técnico propio, se ve obligada a convalidar mediante declaración jurada las rendiciones de cuentas enviadas por el propio IOSFA, perdiendo cualquier capacidad real de fiscalización cruzada.
IOSFA Rosario en el ojo de la tormenta
A partir de finales de julio y comienzos de agosto de 2026, la crisis en el sistema de salud asistencial del personal militar y de las fuerzas de seguridad alcanzó un punto de quiebre crítico en la ciudad de Rosario y diversos puntos del país. Afiliados, jubilados de las Fuerzas Armadas y trabajadores representados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protagonizaron intensas jornadas de protesta frente a la sede local de IOSFA, ubicada en calle España 1540.
El desencadenante inmediato de las movilizaciones fue el corte total y absoluto de las prestaciones médicas y servicios de guardia en clínicas y sanatorios privados. La parálisis del servicio se originó en una voluminosa deuda acumulada por la obra social con la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ACLISA).
Esta situación derivó en un escenario de extrema desprotección para los aproximadamente 3.700 afiliados radicados en la ciudad de Rosario y zonas de influencia. Se interrumpieron tratamientos oncológicos, sesiones de quimioterapia y cirugías de alta complejidad. Los sanatorios comenzaron a exigir el pago particular de las atenciones de urgencia e internaciones, montos inalcanzables para la mayoría de los aportantes. Las jornadas de reclamo incluyeron abrazos solidarios, ollas populares en el marco de paros nacionales y situaciones drásticas, como la de un jubilado que se encadenó a las puertas de la sede para exigir la cobertura de la intervención quirúrgica y el tratamiento oncológico de su esposa. Testimonios desgarradores como el de Estela -afiliada, también con problemas oncológicos y en tratamiento en el Sanatorio de la Mujer- visibilizaron el impacto directo de la crisis: «Quiero seguir viviendo. Que no me abandonen. Quiero vivir por mis hijos y por mis nietos. Si ellos no me atienden no voy a poder seguir viviendo».
Entrevista a Alejandro Sortino
(Trabajador del IOSFA, delegado de ATE y referente de los reclamos en Rosario).
¿Cuál es la situación actual y por qué han decidido salir a manifestarse de forma tan contundente?
– Estamos reunidos los afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y los trabajadores nucleados en ATE, que nos permite canalizar y expresar este reclamo. La situación es profundamente preocupante: están cortados todos los servicios médicos y prestacionales en los sanatorios. Esto se produce por una deuda millonaria que mantiene la obra social con ACLISA. Hoy no tenemos servicio de guardias, se suspendieron los tratamientos oncológicos y las quimioterapias. Para las familias de los afiliados, la situación es simplemente desesperante.
¿Es un problema exclusivo de la ciudad de Rosario o se replica en otros puntos del país?
– Todo esto está enmarcado en una crisis generalizada de la obra social que desde hace dos años viene en picada. Se fueron cortando servicios en diferentes provincias, pero la conclusión es trágica: es la primera vez en la historia que se vive una situación de este tipo. Nunca antes había sucedido que el personal activo y retirado del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina tuviera cortados la totalidad de los servicios de salud en el interior del país.
¿Han tenido algún tipo de interlocución o respuesta por parte de las autoridades nacionales o del Directorio?
– Nadie nos dio una respuesta. El silencio de las autoridades es muy preocupante. Necesitamos que nos expliquen qué está ocurriendo y cómo piensan solucionar este problema. Tampoco queremos que nos terminen derivando a una prepaga, como les ocurrió a Prefectura y Gendarmería, que terminaron pagando sobrecostos astronómicos con MEDICUS. Nosotros exigimos recuperar nuestra obra social, la que siempre nos cuidó.
Desde el Gobierno se argumentaba que la gestión estatal de la obra social era inviable y requería este reordenamiento…
– Acá la lógica de que lo estatal no funciona es mentira. Los balances contables hasta el año 2023 daban bien; no sabemos qué ocurrió exactamente de esa época a esta parte y por eso exigimos explicaciones públicas. Es más, el primer director nombrado por el ministro Petri, el doctor Oscar Sagás, declaró formalmente al comienzo de su gestión que la obra social estaba saneada. Decían que poniendo un militar en Defensa todo iba a cambiar para mejor, pero ahora vemos que no es así. Hoy vas a cualquier sanatorio y te quieren cobrar como paciente particular; nadie puede afrontar el costo de una internación o un tratamiento complejo. Sentimos que todos seguimos aportando mes a mes a un sistema que no nos brinda los servicios mínimos.
¿Cuáles son los pasos a seguir si no obtienen una solución inmediata en los próximos días?
– Vamos a seguir manifestándonos en las calles para visibilizar el conflicto. Si es necesario vamos a organizar una marcha masiva hacia el Ministerio de Defensa en Buenos Aires. No vamos a parar hasta obtener una solución concreta y recuperar la obra social que nos pertenece.