por Luciano Scatolini *
El gobierno nacional acaba de eliminar del organigrama del Estado las acciones, programas y cometidos públicos destinados abordar la cuestión del hábitat, el desarrollo territorial y la vivienda. Más allá de la legalidad jurídica y política de la medida anunciada por el Ministro desregulador Sturzenegger conlleva una serie de perjuicios en función de las necesidades de la ciudadanía argentina, que debería ser la depositaria final de las decisiones de quienes nos gobiernan.
Esas necesidades en la materia que Milei ha decidido abandonar a contramano de, entre otras decisiones, la recientemente tomada por Lula en Brasil al relanzar el Programa Mi Casa mi Vida, que aspira a más de 4 millones de soluciones habitacionales para familias brasileñas.
Es necesario establecer consensos y tener una mirada a largo plazo que como política de Estado se sostenga democráticamente. El Estado nacional para ello cuenta con dos instrumentos claves. El presupuesto nacional y sus organismos públicos para ejecutarlo en el marco de los programas vigentes. En ambos aspectos se tomaron en estos últimos meses medidas que empeoran las condiciones de acceso a la vivienda en especial de más de la mitad de la población que vive en la pobreza.
Se eliminó presupuestariamente la inversión en vivienda producida por Estado, se canceló el Programa de Crédito Argentino PROCREAR (fondo fiduciario que resultaba superavitario), se discontinuó el Plan Nacional de Suelo Urbano y dejó de financiarse la urbanización de los de 5000 barrios populares que tiene la Argentina, lo que también contaba con fondos propios genuinos para la tarea. Estos programas generaban a través del sector privado, empleo y producción nacional. El área con competencia en las tareas mencionadas hace unos días ha sido suprimida del organigrama nacional, la Secretaría de desarrollo territorial, hábitat y Vivienda.
El Gobierno nacional ofrece a cambio un probable crecimiento de la oferta de crédito por entidades financieras. Una “solución mágica” para un problema sistémico. Es así porque incluso si se lograra otorgar 4,5 millones de créditos para eliminar el déficit, no habría suelo apto donde construir viviendas ni instrumentos de gestión urbana que planifiquen cómo crecen y se ocupan las ciudades. Sumado a ello que casi 2/3 de ese déficit es cualitativo. Hacer “Ciudad”, acá y en todo el mundo son construcciones colectivas, urbanizar es una decisión regulatoria del Estado y los modelos virtuosos de políticas urbanas funcionan con liderazgo estatal (Francia, España, Estados Unidos por ejemplo). Estos países y muchos otros cuentan con legislación acorde, presupuestos y programas públicos. Asimismo Naciones Unidas, en el marco de la Nueva Agenda Urbana, ha venido planteando metas y obligaciones que demandan Estado presente e inteligente.
No dejo al margen la autocrítica, fui parte de lo que no pudimos hacer durante la gestión de Alberto Fernández, pero si fuimos capaces de lograr con PROCREAR medio millón de soluciones habitacionales, de generar por primera vez en la historia un plan nacional de suelo urbano, de la urbanización a escala de barrios populares y de plantear que sin planificar las ciudades no tienen destino.
En la Argentina y en cualquier parte del mundo se requiere del sector público para ello, por eso los que gobiernan deben ser mejores y proponer soluciones superadoras. Dejar en manos exclusivamente del mercado la cuestión de la vivienda sólo responde a propaganda oficial y no al arbitrio de soluciones ingeniosas y efectivas.
* Luciano Scatolini es escribano y fue Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación