por Oscar Niss
Palantir encarna hoy el punto de mayor fricción entre poder tecnológico privado y soberanía estatal, y la visita de Peter Thiel a Buenos Aires vuelve a colocar a Argentina en el centro de ese experimento: ¿quién va a gobernar los datos, los algoritmos y la seguridad, los Estados o las plataformas?
La nueva CryptoAG
Palantir nació como empresa de software para inteligencia y seguridad tras el 11‑S, con apoyo inicial vinculado al ecosistema de la CIA, y se especializó en integrar enormes volúmenes de datos militares, policiales, migratorios, financieros y corporativos para transformarlos en decisiones accionables, hoy potenciadas, mediante inteligencia artificial.
En la última década, la compañía se consolidó como proveedor estratégico del actual Departamento de Guerra de Estados Unidos, agencias de inteligencia y gobiernos aliados, ofreciendo herramientas para planificación de combate, selección de objetivos y coordinación táctica en tiempo real. Esa inserción la coloca en un lugar ambiguo: es una empresa privada que, sin embargo, forma parte de facto de la infraestructura de seguridad nacional de la principal potencia militar del planeta.
La publicación del manifiesto ideológico de 22 puntos (una especie de “programa político” para la guerra del siglo XXI) termina de sellar este desplazamiento: Palantir no solo vende tecnología, propone una visión de orden mundial basada en superioridad militar de Occidente, disuasión mediante armas de IA y una alianza orgánica entre Silicon Valley y el complejo militar‑industrial.
Pareciera que ya no es necesario ocultar algo, como lo fue la adquisición y el espionaje mediante CryptoAG por parte de los servicios de los Estados Unidos y Alemania, que terminó en escándalo en 2020, Palantir lo hace a cielo abierto (CryptoAG, recordemos, fue la compañía suiza cuyos equipos de cifrado estaban intervenidos por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Alemania durante décadas).
El manifiesto Palantir y la “República tecnológica”
El llamado “manifiesto Palantir” (extracto del libro «The Technological Republic») resume la visión geopolítica y tecnológica de su CEO, Alex Karp, y su cofundador, Peter Thiel. Presenta un mundo donde la inteligencia artificial sustituye progresivamente a la bomba atómica como eje de disuasión y supremacía estratégica, y reclama una implicación mucho mayor de las Big Tech en las guerras de Estados Unidos y sus aliados. Entre sus tesis aparecen el retorno del servicio militar obligatorio, el fin de las limitaciones de posguerra sobre Alemania y Japón y la normalización de armas de IA como instrumento legítimo de poder.
Medios europeos y analistas han calificado ese documento como “tecnofascista” y “tecnofeudal”, señalando que proyecta un Estados Unidos supremacista, dotado de capacidad de vigilancia total sobre ciudadanos y adversarios, apoyado en infraestructuras de datos privatizadas y decisiones automatizadas opacas. El propio Alex Karp, CEO de Palantir, lo formula sin rodeos: la IA debe garantizar que Occidente mantenga superioridad tecnológica, y Silicon Valley tiene que actuar como brazo adelantado de la defensa, no como actor neutral.
Ese giro ideológico importa fuera de Estados Unidos porque habilita algo más que contratos: convierte a las plataformas en portadoras de una doctrina de seguridad que puede reconfigurar migraciones, conflictos armados, políticas criminales y definición de “enemigos internos”. Lo que antes se discutía en foros diplomáticos ahora se escribe en manifiestos corporativos y se implementa vía licencias de software.
El problema no es del chancho
En ese contexto, el desembarco de Peter Thiel a Buenos Aires adquiere un relieve que excede la anécdota de un magnate curioso por la nueva derecha libertaria. Thiel mantuvo en abril reuniones reservadas con Javier Milei, con su asesor Santiago Caputo y con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, en una agenda sin anuncio oficial y cuidadosamente dosificada en la prensa.
Su llegada coincide con dos vectores muy claros: por un lado, Palantir lanza su manifiesto político y por el otro, el gobierno argentino se ofrece explícitamente como “polo de desarrollo de IA” desregulado, una guarida normativa para empresas que quieren escapar a los marcos más estrictos de Unión Europea y, parcialmente, de Estados Unidos. En cualquier marco serio de soberanía digital, el dato estatal y el dato ciudadano no pueden quedar bajo la gobernanza jurídica de un proveedor extranjero de defensa”
Mientras Milei promete al Financial Times un país que “no regulará la IA” y funcionará como seguro contra el endurecimiento regulatorio del Norte, las grandes compañías de datos buscan jurisdicciones laxas para seguir expandiendo su negocio de integración masiva de información personal, sensible y estatal. En ese cruce, la pregunta se vuelve inquietante: ¿viene Thiel a invertir en innovación local, o a explorar si Argentina puede convertirse en laboratorio periférico de las nuevas infraestructuras de vigilancia inteligente que Palantir ya despliega para migraciones y defensa en otros países?
¿Estado garante o Estado cliente?
Desde la perspectiva del derecho internacional y de la defensa, el ciberespacio ya no es solo un “flujo intangible de datos”: es un entorno con anclaje territorial, infraestructuras físicas amortizables y, por lo tanto, objeto de soberanía, como lo reconoce la propia Estrategia Nacional de Ciberseguridad argentina y los informes del Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU. Servicios esenciales como energía, agua, transporte, comunicaciones, salud o finanzas dependen de redes informáticas que, en muchos casos, están parcialmente gestionadas por actores privados transnacionales que deben ser regulados por el Estado.
La ciberdefensa, definida en la política de Defensa Nacional como una capacidad específica de las Fuerzas Armadas, se asienta sobre una premisa defensiva y disuasiva, reconociendo que los ataques en el dominio virtual pueden producir efectos físicos sobre territorio y población. Sin embargo, el salto hacia herramientas proactivas, automatizadas y eventualmente ofensivas —ciberarmas dotadas de IA capaces de operar sin intervención humana directa— tensiona fuertemente la frontera entre lo civil y lo militar, y entre seguridad interior y defensa.
En ese marco, ceder a una empresa el rol de integrador de los sistemas de datos estatales implica algo más que tercerizar software: es permitir que un actor privado, alineado con la estrategia de defensa de otra potencia, se convierta en pieza estructural de la arquitectura de seguridad nacional. La “soberanía digital” deja entonces de ser un asunto abstracto para traducirse en preguntas:
- ¿Dónde se almacenan y procesan los datos?
- ¿Qué jurisdicción aplica en caso de abuso o filtración?
- ¿Quién audita los algoritmos que priorizan blancos, clasifican ciudadanos o anticipan conductas?
- ¿Puede un Estado revocar una herramienta que ya reorganizó toda su burocracia de seguridad?
Europa responde con marcos estrictos como el GDPR, el Esquema Nacional de Seguridad español y limitaciones explícitas a usos de IA que impliquen puntuación social o vigilancia biométrica masiva. Estados Unidos, en cambio, convive con una regulación fragmentada y con un complejo militar‑tecnológico del que Palantir es parte, haciendo muy difícil que el propio Estado limite a sus empresas “partner”. Argentina corre el riesgo de colocarse en el peor lugar posible: sin músculo regulatorio propio, sin capacidad de auditar tecnologías importadas y con incentivos para aceptar paquetes tecnológicos atados a agendas geopolíticas ajenas.
Qué está realmente en juego
El debate no es binario. Nadie discute que herramientas avanzadas de análisis de datos pueden salvar vidas, mejorar la inteligencia contra amenazas, optimizar respuestas ante crisis o combatir fraudes complejos. El problema emerge cuando esas capacidades se despliegan sin controles democráticos, sin transparencia y sin normas claras sobre límites, responsabilidades y derechos de los ciudadanos cuyos datos alimentan la maquinaria.
En un país donde ya se ensaya ciberpatrullaje sin criterios robustos de rendición de cuentas, y donde la protección de datos personales convive con iniciativas que la erosionan, la llegada de Palantir no es una anécdota empresarial sino un capítulo más de una disputa de fondo: quién controla la infraestructura de la mirada estatal. La Argentina puede optar entre dos caminos: convertirse en cliente subordinado de un modelo de “República tecnológica” diseñado en otros centros de poder, o afirmar una estrategia propia de ciberdefensa y soberanía digital que coloque la IA al servicio de la ciudadanía y no al revés.
Porque, al final, la discusión ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar el poder global, sino quién controla esa inteligencia artificial, bajo qué reglas y con qué límites democráticos.