TERRITORIO EN DISPUTA

EL PROYECTO DE TRANSFORMACION URBANA EN REPÚBLICA DE LA SEXTA

por Claudia Rosenstein

Introducción

En el año 2018 se anunciaba con un gran impacto mediático, la transformación urbana integral del sector denominado “Republica de la Sexta”, en el marco de los Convenios entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario.

Habían transcurrido casi 70 años desde que el Congreso Nacional declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de propiedad privada, comprendidos entre la traza del FFCC Belgrano al Oeste, la cota inferior de la barranca al Este, Bvar. 27 de Febrero al Sur y Avda Pellegrini al Norte, con destino al emplazamiento de la Ciudad Universitaria de Rosario y desde que, al mismo tiempo, se transfirieran los terrenos y propiedades de jurisdicción del Ministerio de Transporte situados dentro del área delimitada, con destino al uso de la entonces Universidad Nacional del Litoral.

Esto, sumado a la existencia de grandes áreas vacantes y a los problemas de conectividad norte-sur del sector con la ciudad, produjo el fenómeno de los “asentamientos informales” y la autoproducción del hábitat de las familias allí asentadas.

Ubicada frente al rio, el área presenta las mejores condiciones topográficas y paisajísticas para constituirse en la continuidad del Sistema de Parques Costeros, como quedó plasmado en el Plan Estratégico Rosario de 1998 y el Plan Urbano del 2007. Sin embargo, hoy puede ser catalogada como “periferia interior” definición que nomina a un espacio degradado, ubicado en el centro urbano de una ciudad, que quedó congelada en el tiempo, olvidada en su desarrollo. De ahí que esta zona sea conocida en la ciudad como “La Siberia”.

Si bien existían algunas unidades académicas, recién en el año 1971 se construyeron los primeros pabellones para la Facultad de Arquitectura. Esto quiere decir que el barrio es preexistente a la presencia de la Universidad.

Durante este lapso de tiempo, la UNR fue expropiando terrenos y viviendas según los fondos disponibles, sin un criterio lógico fundado en la existencia de un proyecto global para el área, quedando así numerosas propiedades en manos de privados. Al mismo tiempo fue perdiendo validez la existencia de la Ciudad Universitaria como una función autónoma y divorciada del contexto urbano a la cual pertenece.

También ese periodo estuvo signado por innumerables conflictos entre el barrio y la Universidad, sin que existiera voluntad política de dar solución al problema de los asentamientos por parte de ningún nivel estatal, considerando que era “un problema de la UNR”. Tampoco estuvo incluido en el Programa Rosario Hábitat que llevó adelante a partir del año 2000 el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad de Rosario con fondos BID para la urbanización de los asentamientos informales de Rosario, debido a la imposibilidad de producir regularización dominial de los terrenos, objetivo principal del Programa.

El proyecto

El anuncio del 2018 se proponía como objetivo la solución habitacional de parte de las familias asentadas en forma irregular y con un alto grado de precariedad, al mismo tiempo que permitía a la Universidad Nacional de Rosario recuperar sus terrenos e integrar física y socialmente al barrio con la ciudad.

El proyecto consistía en la ejecución de tres cuerpos de edificios de planta baja y tres pisos con 321 unidades de vivienda sobre terrenos pertenecientes a la UNR. En compensación, la Municipalidad desafectó del dominio público los trazados oficiales de las calles Cochabamba, Pasco, Ituzaingó y Cerrito desde la L.M. Oeste de Av. Belgrano hasta L.M. Este de calle Berutti, cediendo esa superficie a la UNR, lo que se sumaría a la superficie del sector denominado “mayor área” con destino a instalaciones universitarias.

Al mismo tiempo se proyectó la Avenida de la Universidad, ampliación de la traza de la actual calle Berutti desde el Parque Urquiza hasta la Avenida 27 de Febrero, previendo un puente peatonal y vehicular para la conexión con el Parque Urquiza.

El proyecto incluía también obras de pavimento a nivel definitivo, desagües pluviales, ampliación de la capacidad de cloacas, forestación y equipamiento comunitario.

La liberación del área perteneciente a la UNR (Berutti, Avda Belgrano Cerrito y Avda Pellegrini), permitiría abordar un plan global de expansión de las instalaciones universitarias y creación de espacio público abierto al barrio y a la ciudad. (Documento CUR 2018)

La gestión

“El anuncio de la puesta en marcha de este proyecto fue realizado y televisado en febrero de 2018. En ese momento los vecinos tomaron conocimiento de que serían afectados por la intervención lo que desencadenó un proceso conflictivo configurando una arena de disputa por los efectos deseados o no para el espacio intervenido.” (Vera, P., 2020)

Esto puso en evidencia la mala gestión del proyecto en sus inicios: falta de información que se tradujo en incertidumbre y desconfianza, basada en años de promesas estatales incumplidas. La intervención adolecía de un vicio de base: una decisión impuesta desde afuera y no consensuado con la gente. 

La postura entre los vecinos respecto a la intervención fue diversa: algunos estaban a favor, otros la aceptaban aun con reparos y otros se oponían categóricamente. A diferencia de los que se oponían, organizados en la autodenominada “La Sexta Resiste”, los que aceptaron la intervención no estaban organizados.

Esta diferencia de posturas sumó a la ya conflictiva relación con los organismos gestores del proyecto, peleas entre los propios vecinos.

Las organizaciones barriales en su mayoría, aceptaron con cierta cautela el proyecto. Así se lo expresó la presidente de la Cooperativa La Rigoberta al entonces Rector de la UNR en el marco de la firma de los comodatos por parte de la UNR a dichas instituciones: “Le estamos dando un voto de confianza”.

Las instancias interactorales que se llevaron adelante durante el proceso fueron: a/ Mesas de gestión social;b/ Asambleas; c/ Eventos recreativos y deportivos; d/ Regularización de la ocupación de las instituciones barriales en propiedades de la UNR.

Al mismo tiempo, la Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal de la Municipalidad de Rosario elaboró, luego de un mes de reuniones con todos los actores intervinientes, la Ordenanza 9.880, la que fue aprobada por unanimidad. La misma contempla la preservación del área de posibles emprendimientos inmobiliarios privados, establece que toda obra y equipamiento que ejecute la Universidad en el predio establecido como “Mayor Area” seria abierto al barrio y a la ciudad, y establece el compromiso de la UNR de realizar las gestiones tendientes a la regulación dominial de las familias asentadas en sus terrenos, no abarcados por el proyecto. Establece, además, las condiciones para la apertura de la Avenida a ejecutarse sobre calle Berutti.

En diciembre de 2019 se anunció, en lo que fue la última reunión de gestión social, que las mudanzas se llevarían a cabo durante el primer cuatrimestre de 2020, lo que no se cumplió debido a la pandemia de coronavirus.

Luego, a partir del cambio de gestión de los gobiernos municipal, provincial y de la Universidad, quedaron sin efecto todas las instancias de diálogo con las instituciones, asambleas con vecinos y presencia en territorio de los organismos de gestión, cortándose todos los vínculos establecidos durante más de un año.

Situación actual

Al momento de este artículo, los tres bloques de viviendas se encuentran terminados, habiéndose entregado dos: el de calle Ituzaingó y el de calle La Paz. El tercero -Esmeralda al 2000- se encuentra demorado en su terminación, aun cuando la fecha de entrega estaba fijada para principios de 2026, careciendo los vecinos de información acerca de nueva fecha de mudanza.

Los dos primeros bloques (con una inversión de 227 millones de pesos) fueron finalizados en setiembre de 2021. Sin embargo, este moroso proceso dejó deshabitadas las viviendas durante tres años, lo que produjo no solo el deterioro material de las mismas y la vandalización, sino un profundo malestar entre los vecinos quienes habían programado su vida en función de una vivienda que aún no podían habitar.

Una vez entregadas las viviendas, la solución a los problemas técnicos mencionados anteriormente, tuvo que ser asumido por los propios vecinos sin que la Municipalidad atienda los reclamos.

Por otro lado, el tiempo transcurrido dejo obsoleto el censo realizado en el año 2019 por diversos factores: aumento del número de personas a relocalizar, modificación de la conformación de las familias, etc. Esto dio lugar a diferentes situaciones según expresan los vecinos: departamentos pequeños para el grupo familiar, debiendo los hijos compartir habitación sin tener en cuenta edades ni sexos y sin posibilidad de separar el espacio debido a su escasa dimensión; personas con discapacidad o de avanzada edad ubicadas en pisos superiores y obligadas a subir escaleras o “quedarse atrapadas en los departamentos”, entre otras. Los vecinos mencionan la presión que ejerció la Municipalidad sobre las familias para que aceptaran.

En el mismo sentido, en el bloque de viviendas de calle Esmeralda se preveía la construcción de viviendas de 2 dormitorios y terminaron siendo de uno, lo que obligó a la Municipalidad a entregar dos departamentos para cubrir el déficit de espacio para las familias numerosas, ante la prohibición de demoler la pared divisoria entre departamentos.

Queda claro que las viviendas previstas no alcanzarán para cubrir la demanda. Ante esto el organismo ejecutor no planteó ninguna solución. Y al mismo tiempo, la rigidez en términos constructivos no permite la adaptación progresiva de sus habitantes.

Respecto a la obra de la Avenida, esta requirió una inversión millonaria, la demolición de parte de los edificios universitarios para la ampliación de la traza, la demolición de las casas frentistas a Berutti -del lado Sur- desde Riobamba hasta Cochabamba y la tala de numerosos arboles añejos. Si bien el documento de la transformación urbana del CUR, detallaba que el trazado de la Avenida “conectará desde el Parque Urquiza hasta la Avenida 27 de Febrero”. (Documento CUR, 2018), el mismo hoy llega hasta calle Cochabamba, donde se corta el trazado, interrumpiéndose la conexión con el norte. Finalmente, una operación que no ofreció ninguna mejora para el barrio ni logró conexión del sector con la ciudad, manteniendo su característica de “periferia interior”. Por el contrario, no es más que una calle ancha interna, cuyo único logro es hacer más fluido el ingreso al área de edificios académicos. Una avenida que separa más que integra a la Universidad con el barrio, separación en términos físicos por la presencia de rejas que rodean el predio del CUR, pero también simbólicas que como expresa Eduardo Reese respecto a Puerto Madero: “cuenta con innumerables mensajes simbólicos que señalan claramente que ese lugar está fuera del alcance para la mayoría de la sociedad”-el barrio-. (Reese, E. 2010: s/n)

Y además los vecinos se pregunta: “Para que queremos nosotros esa avenida?” (nota de campo, 13/11/2019)

Y lo que es más grave aún, el nombre impuesto a la Avenida (de la Universidad), es una clara apropiación de sentido por parte de la Universidad de la memoria colectiva y la identidad barrial.

Entre la ciudad deseada y la ciudad vivida.

Reflexiones y conclusiones.

A la luz de lo desarrollado, pareciera ser que tanto los objetivos de la intervención como el discurso de los funcionarios, por un lado, y lo que percibe la población por el otro, pareciera no coincidir. Es que la significación que los actores le otorgarían a los términos “mejora” “inclusión”, etc. no parece ser el mismo. Un referente barrial expresa en este sentido: “Viene un docente de la Facultad de Arquitectura y me dice… como que yo le tiro abajo la obra…no!!!…la obra esta bárbara, lo que te digo es que a pesar del avance que van a tener las familias, las familias no son felices con este cambio”. (entrevista, 23/8/2021)

Cabría preguntarse entonces: ¿Es posible construir un “sentido común” acerca de los impactos de la intervención? ¿O dependerá de los puntos de vista socialmente situados de los actores intervinientes? ¿Quién determina la “mejora en la calidad de vida”? ¿Porque se supone que el objeto vivienda es factor suficiente para esa mejora?

El barrio cuenta con una organización social previa a la llegada del proyecto, con numerosas instituciones que despliegan distintas acciones en el territorio y que produce las redes propias del mismo. Dentro de estas, los referentes barriales son quienes portan mayor capital simbólico. Son “la llave de entrada al barrio”.  

En el caso que nos ocupa, la intervención no parece haber sabido utilizar esas formas de organización existente en un principio. Pareciera haber una concepción normativa – tecnocrática en el ámbito de las instituciones basada en imponer un poder simbólico -el saber técnico-, difícil de erradicar. Ante esta falencia inicial, la generación de espacios interactorales permitieron una fluida comunicación y consulta, las que funcionaron con buenos resultados hasta fines del 2019.  

Como en toda intervención física, la realizada en la Sexta implicó intervenir también en la trama social, erigiéndose en campo de disputa. La República de la Sexta no es un barrio homogéneo. “En cada esquina hay una Republica de la Sexta distinta”. (nota de campo, 27/7/2019). En él conviven numerosos grupos con diversas cuotas de poder y legitimación, lo que evidencia un escenario atravesado por los conflictos. Como se ha mencionado, estos se dieron, tanto entre vecinos como entre vecinos con los organismos de gestión, ante los cuales estos no pudieron (o no supieron) encauzarlos en procesos de negociación. Por el contrario, ante los primeros actos de protesta de los grupos que se resistían a dejar sus hogares, la Provincia respondió con represión policial.

Respecto a la relación de los destinatarios del Programa con los organismos de gestión, cabe aclarar que, en general, la gente no entiende el funcionamiento del estado y entonces no discrimina los distintos estamentos que intervienen en el proyecto: Universidad, Municipalidad y Provincia. Esto hace que las protestas y reclamos hayan sido dirigidos a todos, más allá del grado de responsabilidad que le cabía a cada organismo en la ejecución de las obras. Aun así, y a pesar que la UNR tuvo un papel secundario en la toma de decisiones de la intervención, quedó en evidencia el conflicto histórico que tiene el barrio con la Universidad, la cual durante años impidió ampliaciones y/o mejoras en las viviendas del asentamiento ubicados en su propiedad, incluso con métodos violentos.

Analizando los discursos políticos y lo expresado por los vecinos, no pareciera haber un correlato entre la “ciudad concebida”, ideada por técnicos y planificadores y “la ciudad vivida” y percibida”, que es la forma en que los habitantes se vinculan y viven ese espacio.  (Lefebvre, citado por Vera P., 2020). Un ejemplo de esto es que, si bien la gente valora la tenencia de la propiedad, esta experiencia demuestra una vez más que el objeto vivienda por sí solo no mejora la calidad de vida.

“Yo me voy porque me obligan… hubiera preferido que me manden a la zona cero pero tener un patio donde poner mis macetas con mis plantas”. (nota de campo, 24/11/2019)

Y, al mismo tiempo, el paso de la ilegalidad a la legalidad tiene un costo, preocupación que quedó expresado por los dichos de los propios vecinos:

 “Porque también está la cuestión de los servicios. Muchas familias se van a encontrar con que tienen que pagarlos y esto puede ser catastrófico para la economía de ellos.” (Asamblea 12/06/2019)

Por otro lado, las intervenciones urbanas conllevan efectos secundarios no contemplados a la hora del diseño del proyecto. En el caso de la Republica de la Sexta aparecieron conflictos internos según categorías sociales. Los propietarios de viviendas rechazan “la clase de gente” que habitaría los nuevos edificios,expresando su temor acerca de la baja del valor de su propiedad. Sumado a esto, el ya mencionado costo que tiene para las familias pasar de la “ilegalidad” a la “legalidad”, podría producir un mercado informal de la vivienda, fenómeno que se ha dado en experiencias anteriores donde los nuevos propietarios venden o alquilan, instalándose en otros sitios nuevamente de manera informal. “El círculo vicioso de la exclusión” según lo expresa Borja, J. (Borja, J., s/f)

Cabe destacar que el largo proceso al que se vio sometida la intervención y los cambios demográficos producidos, hace suponer que los objetivos planteados no podrán cumplirse, lo que seguramente dará lugar a nuevos conflictos. Pareciera no haberse tenido en cuenta que el tiempo que va desde el inicio de un proyecto hasta su culminación, hace que los supuestos iniciales deben ser monitoreados, revisados y modificados permanentemente de acuerdo a la dinámica de la realidad en un escenario de cambio continuo y grandes incertidumbres.

Los resultados llevan a reflexionar acerca del uso del término “integración” y preguntarnos si es posible, a partir de este tipo de intervenciones generar vinculación plena en términos sociales, romper con el “nosotros” opuesto al “ellos” en permanente conflicto, cambiar la representación que la ciudad formal tiene acera de “la villa” y el modo en que su identidad es percibida.

A la luz de lo expuesto podríamos concluir que la intervención en la Republica de la Sexta implicó una inversión millonaria que no habría logrado impactar en términos positivos ni en el barrio ni en la ciudad.

El estudio de este caso demuestra que los proyectos de resolución urbano- arquitectónico deberían ser abordados con modelos de gestión participativos que vinculen a los actores involucrados a través del diálogo y formas colaborativas de trabajo, poniendo en valor los saberes y experiencias previas de sus habitantes, mediante acciones consensuadas con las organizaciones de los barrios en todas las etapas de la intervención. En el caso que nos ocupa, la participación no estuvo presente en el proceso de toma de decisiones y se dio en forma restringida, lo que redundó en un mero mecanismo de consulta, lo que Ramírez, Ronaldo (2000) define como “participación en bruto” (1), un “si” o un “no” a las políticas propuestas ya elaboradas y “bajadas” desde los organismos públicos. Y, al mismo tiempo, en las instancias de participación como las asambleas -a excepción de los vecinos organizados en la Sexta Resiste-, esta se dio en forma individual, impidiendo la posibilidad del grupo local de construir estrategias compartidas para negociar sus propios intereses frente a las instancias de poder. No se habría logrado generar mecanismos donde transformar la queja en problema, sacando a la luz los conflictos y así poder desarticular la estrategia históricamente construida por los vecinos. (Rosenstein, C. 2006).  Esto alejó a la intervención de la posibilidad de construir herramientas para el diseño e instrumentación del hábitat de los propios habitantes del sector, adecuándose a las particularidades del territorio y a su condición histórica-social.

julio de 2026

(1 – Ramírez Ronaldo en Maestría en Hábitat y Vivienda / 2000, define tres tipos de participación: 1/ en bruto, 2/ asociación y 3/ devolución)

Claudia Rosenstein es arquitecta, magister y representante de la Universidad Nacional de Rosario en el convenio tripartito entre la UNR, la Municipalidad de Rosario y la Provincia de Santa Fe.

Bibliografía

Borja, J. (s/f) La vivienda popular: de la marginación a la ciudadanía, Geograficando 12 (2) En: Memoria Académica. Universidad Nacional de La Plata. http://www.memoria.face.unlp.edu.ar

Municipalidad de Rosario. (2007) Plan Urbano Rosario 2007-2017. https://www.rosario.gob.ar/ArchivosWeb/pur_07.pdf

Municipalidad de Rosario (1998) Plan Estratégico Rosario. Diagnóstico y Formulación

Ramírez, R. (2000)Desarrollo y pobreza urbana. Teoría y práctica para la erradicación de la pobreza urbana. ¿Hay un nuevo paradigma? Cuaderno de la Maestría en Hábitat y Vivienda. UNR Editora. Rosario, Argentina.

Reese, E. (2010) Entrevista. Lincoln Institute of Land Policy. Disponible en: http://www.lincolninst.edu/pubs/1816_Perfil-Docente–Eduardo-Reese

Rosenstein C. (S/F) “Reseña Histórica del Centro Universitario de Rosario”, Inédito, FAPyD – UNR. 

Rosenstein, C. (S/F) “Transformación urbana republica de la sexta – Un territorio en proceso y en disputa”. Inédito. Fac. Arquitectura y Urbanismo, UNR.

Rosenstein, C. (2006) El programa Rosario Hábitat y los múltiples significados acerca del concepto calidad de vida. Tesis de Maestría en Hábitat y Vivienda. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Universidad Nacional de Mar del Plata.

Vera, P y Cossia, L. (2020) La Sexta: desde lejos no se ve.  Una apuesta en el contexto de transformación urbana de la Ciudad Universitaria de Rosario. Perspectivas Revista de Ciencias Sociales ISSN 2525-1112 | Año 5 No. 9 Enero- Junio 2020, pp. 610-629

Fuentes de información

Rosenstein, C. (2019)Transformación urbana Republica de la Sexta. Informe de gestión.

Asambleas barriales Republica de la Sexta(12/ 6/ 2019; 13/11/2019)

Mesas de Gestión Social Republica de la Sexta (2019)

Provincia de Santa Fe, Municipalidad de Rosario y Universidad Nacional de Rosario(2018) Documento CUR Proyecto de transformación urbana

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