BRASIL ACUERDA, LONDRES AVANZA, ARGENTINA SE DESORDENA: -

Malvinas en el centro del tablero geopolítico regional

por Juan Facundo Besson

El acuerdo Brasil–Reino Unido de 2026 no es un gesto diplomático menor, sino la expresión de una reconfiguración estratégica en el Atlántico Sur: revela las tensiones estructurales entre integración regional, autonomía sudamericana y la persistente capacidad británica para insertarse en sus fisuras, interpelando directamente la consistencia del vínculo argentino-brasileño y el lugar de la Cuestión Malvinas en ese entramado.

Argentina, Brasil y el Reino Unido: punto de partida

Lo firmado por Brasil y el Reino Unido el 26 de marzo de 2026 no debe leerse como un episodio aislado ni como una simple anécdota diplomática. La elevación formal de la relación bilateral al rango de “parceria estratégica” para el período 2026-2030 expresa, en realidad, un movimiento de mayor densidad histórica y geopolítica, cuyo sentido solo puede comprenderse si se lo inscribe en una doble trama: por un lado, la larga y ambivalente relación entre Argentina y Brasil, marcada tanto por rivalidades persistentes como por acuerdos decisivos; por el otro, la histórica capacidad británica para insertarse en las grietas, tensiones y asimetrías del espacio sudamericano a fin de preservar su influencia atlántica y condicionar cualquier convergencia regional que pueda afectar sus intereses. En ese cruce entre cooperación y competencia, entre integración y pragmatismo estatal, se vuelve inteligible el presente.

La relación argentino-brasileña nunca fue lineal. Desde la etapa colonial, el espacio rioplatense estuvo atravesado por una dinámica de competencia entre la expansión portuguesa y la proyección hispánica, visible en la desobediencia lusitana a los límites formales del Tratado de Tordesillas, las incursiones de bandeirantes, en la secuencia de conflictos en torno a Colonia del Sacramento y en las disputas por la Banda Oriental. Sin embargo, reducir esa historia a una pura rivalidad sería tan incompleto como idealizar la posterior integración. Durante la Unión Ibérica, entre 1580 y 1640, los territorios de las coronas española y portuguesa compartieron una misma cabeza monárquica bajo Felipe II y sus sucesores, lo que muestra que la separación posterior no era una fatalidad geográfica, sino una construcción política. Ya desde ese momento se insinuaba una constante de larga duración: el espacio sudamericano podía ser escenario de convergencia, pero también de intervención externa sobre sus fracturas internas.

En el siglo XIX, esa ambivalencia no solo se profundizó, sino que fue activamente moldeada por la injerencia británica en la región. La Guerra del Brasil (1825–1828), lejos de resolverse exclusivamente por la dinámica entre Buenos Aires y Río de Janeiro, culminó bajo la mediación decisiva del Reino Unido, que impulsó la Convención Preliminar de Paz y la creación de un Estado tapón: el Uruguay. Este no emergió únicamente como resultado de un equilibrio regional, sino como una construcción funcional a la estrategia británica de fragmentar el espacio rioplatense y garantizar la libre navegación y el acceso comercial. Más tarde, la denominada “Cuádruple Infamia”, en la lectura de Juan Godoy, evidenció que la convergencia militar entre Argentina y Brasil no puede comprenderse sin la gravitación de intereses británicos, particularmente en la financiación, el comercio y la inserción del Paraguay en la economía atlántica subordinada. En ambos casos, el Reino Unido no actuó como mero observador, sino como arquitecto indirecto de los equilibrios regionales, promoviendo configuraciones que limitaran la autonomía sudamericana. Esta lógica de intervención, más sutil que la ocupación directa pero igualmente eficaz, contribuyó a reproducir en el tiempo la oscilación entre rivalidad y cooperación entre Argentina y Brasil, prolongando una desconfianza estructural que recién comenzaría a ceder, de manera incompleta, hacia fines del siglo XX. El gran giro, en efecto, se produjo cuando ambos Estados comenzaron a comprender que la rivalidad recíproca solo favorecía la injerencia de potencias externas. El acercamiento del Primer ABC y luego entre Perón y Vargas, aunque frustrado por las crisis internas de cada país, anticipó una intuición estratégica: que Argentina y Brasil, lejos de agotarse en la competencia, podían constituir el núcleo de una articulación sudamericana autónoma. Esa lógica maduró con el retorno democrático, la Declaración de Foz de Iguazú de 1985 y, finalmente, con el Tratado de Asunción de 1991. El MERCOSUR fue, en ese sentido, mucho más que un acuerdo comercial: representó la institucionalización de una hipótesis de cooperación estratégica entre los dos principales Estados del Cono Sur. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, esa convergencia alcanzó uno de sus momentos más altos, al proyectarse en clave política, energética, diplomática y geopolítica. La integración dejó de ser sólo arancelaria para convertirse, al menos en parte, en un lenguaje de autonomía regional.

En ese recorrido, la Cuestión Malvinas ocupó un lugar relevante como punto de coincidencia. Brasil sostuvo históricamente el reconocimiento de los derechos argentinos en los foros multilaterales y acompañó, con distintos matices, la posición de que existe una disputa de soberanía que debe resolverse conforme al derecho internacional. Los comunicados del MERCOSUR, en reiteradas ocasiones, expresaron respaldo a los legítimos derechos argentinos y cuestionaron las medidas unilaterales británicas sobre recursos naturales en el área en controversia. Incluso en 1982, la posición brasileña, aun sin traducirse en un alineamiento pleno con la Argentina, evitó sumarse al automatismo occidental en favor del Reino Unido. Ese dato no es menor: revela que la relación argentino-brasileña también supo construir, en determinados momentos, un horizonte diplomático compartido frente a la presencia de una potencia extrarregional en el Atlántico Sur.

Acuerdo Brasil–Reino Unido y sus implicancias estratégicas

Lo acordado entre Brasil y el Reino Unido en marzo de 2026 no puede leerse de manera ingenua. La “parceria estratégica” 2026-2030 se estructura en cinco pilares concretos —diálogo político y cooperación internacional; comercio e inversión; seguridad y defensa; transición justa y desarrollo sostenible; y conexiones entre personas— y contiene compromisos de fuerte densidad material. Entre ellos figuran el apoyo británico a la aspiración brasileña de ocupar un asiento permanente en un eventual Consejo de Seguridad reformado, hasta 5.400 millones de libras en créditos garantizados por UK Export Finance[1], la reactivación del JETCO[2], cooperación en inteligencia artificial, ciberseguridad y espacio, la implementación y ampliación del DCCA de 2024[3], ejercicios militares conjuntos, intercambios castrenses, un mecanismo 2+2 entre cancillerías y defensas[4], y la exploración de un acuerdo de “Open-Source White Shipping”[5] para el intercambio de información sobre navegación mercante. Esto no es protocolo: es arquitectura estratégica.

El problema no reside en constatar que Brasil actúa conforme a sus propios intereses, lo cual constituye una premisa elemental de la vida internacional. La cuestión adquiere densidad analítica cuando esos intereses se articulan con los de una potencia que mantiene una controversia de soberanía abierta con la Argentina en el Atlántico Sur y que ha demostrado, a lo largo de su trayectoria histórica, una notable capacidad para insertarse en los puntos de fricción regional. El Reino Unido no se configura, en este escenario, como un actor neutral ni como un simple oferente de cooperación, sino como una potencia que ha desplegado de manera persistente estrategias orientadas a consolidar anclajes, alianzas funcionales y redes de dependencia, evitando en muchos casos la dominación directa en favor de formas más sutiles de gravitación. Desde los antiguos tratados anglo-portugueses hasta acuerdos comerciales y financieros que estructuraron la inserción del mundo lusófono en la economía atlántica, se advierte una continuidad en la racionalidad estratégica británica: la adaptación de instrumentos sin alteración de objetivos.

En este marco, la profundización de la relación bilateral entre Brasil y el Reino Unido debe ser interpretada como parte de una lógica más amplia de proyección británica en el Atlántico Sur. Londres identifica en Brasil un socio privilegiado por su peso demográfico, económico, tecnológico y diplomático, capaz de aportar legitimidad regional y acceso a circuitos de cooperación sensibles. Esta aproximación se inscribe, además, en la estrategia de “Global Britain”, orientada a diversificar mercados, alianzas y nodos estratégicos tras el Brexit. Desde esta perspectiva, la vinculación con Brasil trasciende el plano comercial para inscribirse en una arquitectura de confianza estratégica que permite al Reino Unido reforzar su presencia en un espacio geopolítico clave, incluyendo dimensiones vinculadas —aunque no siempre explicitadas— a los equilibrios del Atlántico Sur y la proyección antártica.

Desde la óptica argentina, el aspecto más delicado de esta relación se encuentra en el campo de la seguridad y la defensa. La ampliación de mecanismos de cooperación —que incluyen intercambio de información marítima, ejercicios conjuntos, articulación tecnológica, desarrollo doctrinario y vínculos en materia espacial— configura una red de interacciones sensibles entre un actor central sudamericano y una potencia militar que mantiene una base estratégica en las Islas Malvinas. En este punto emerge una contradicción estructural: mientras Brasil reconoce en el plano formal la soberanía argentina sobre el archipiélago, en el plano material profundiza vínculos con la potencia ocupante. La disociación entre reconocimiento diplomático y práctica estratégica no es meramente retórica, sino que expresa una tensión constitutiva de la política regional contemporánea.

No obstante, interpretar este escenario exclusivamente en términos de ruptura o deslealtad implicaría simplificar en exceso una realidad más compleja. La relación argentino-brasileña continúa sustentándose en una trama de intereses comunes, antecedentes de cooperación efectiva y marcos institucionales compartidos. Sin embargo, dicha convergencia no elimina la autonomía decisional de los Estados ni neutraliza la capacidad de actores extrarregionales para operar sobre los márgenes que deja abierto el propio diseño institucional. En este sentido, uno de los límites estructurales del MERCOSUR radica en su carácter predominantemente intergubernamental, en la centralidad del consenso como regla decisoria y en la ausencia de instancias supranacionales capaces de articular políticas comunes en materia de defensa, seguridad o relaciones con potencias extrarregionales, particularmente frente a situaciones de persistencia colonial.

Esta debilidad institucional constituye, a su vez, la condición de posibilidad para la eficacia de la estrategia británica en la región. Lejos de requerir confrontaciones abiertas, el Reino Unido ha demostrado una sostenida capacidad para intervenir sobre las asincronías y fisuras de los procesos de integración sudamericanos, activando mecanismos de aproximación selectiva cada vez que se evidencian debilidades o divergencias estratégicas. La bilateralidad asimétrica emerge así como un instrumento particularmente eficaz: en lugar de desarticular formalmente los esquemas regionales, Londres opera erosionando su densidad estratégica y preservando la posibilidad de establecer vínculos diferenciados con cada Estado.

Este cuadro adquiere mayor relevancia si se lo inscribe en la persistencia de enclaves coloniales en el espacio iberoamericano y caribeño, lo que evidencia la continuidad de estructuras coloniales en el sistema internacional contemporáneo. En este contexto, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, cuya reunión ministerial en Río de Janeiro reafirmó el respaldo al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, expresa con claridad la tensión entre el plano declarativo y la práctica estatal. Mientras los foros regionales sostienen principios de cooperación, paz y respeto al derecho internacional, la dinámica efectiva de las relaciones internacionales —marcada por acuerdos bilaterales, proyecciones estratégicas y consolidación de infraestructuras militares— tiende a debilitar la posibilidad de una política regional coherente en el Atlántico Sur.

La centralidad de la Cuestión Malvinas permite, finalmente, observar con particular nitidez estas dinámicas. Para la Argentina, se trata de una controversia de soberanía con implicancias que exceden el plano territorial, proyectándose sobre recursos naturales, espacios marítimos, presencia antártica y arquitectura de seguridad regional. Para el Reino Unido, en cambio, el archipiélago constituye una plataforma estratégica cuyo núcleo operativo se encuentra en el complejo de Mount Pleasant, desde donde se articula una presencia militar robusta orientada al control del Atlántico Sur. Esta realidad empírica —más allá de su calificación política— evidencia que la disputa no se agota en el plano jurídico-diplomático, sino que se inscribe en una lógica geopolítica más amplia.

En definitiva, la coexistencia de convergencias regionales, autonomías estatales y estrategias extrarregionales obliga a superar lecturas simplificadoras. La relación entre Argentina y Brasil no puede reducirse ni a una lógica de integración lineal ni a una de conflicto permanente, así como la actuación británica no responde a improvisaciones coyunturales sino a una racionalidad histórica consistente. En ese entramado, la principal dificultad radica en la incapacidad de la región para traducir sus coincidencias en una política estratégica común, lo que abre espacios para la intervención de potencias externas. El resultado es una dinámica en la cual, mientras se enuncian principios de cooperación y autonomía, la realidad material continúa reconfigurando el equilibrio de poder en el Atlántico Sur en términos que desafían, de manera persistente, la posibilidad de una acción regional articulada.

Entre gestos y concesiones

En este cuadro, los errores de la política exterior del gobierno de Javier Milei no atenúan el problema, sino que lo agravan. No porque la Argentina haya abandonado formalmente su reclamo de soberanía —la posición jurídica oficial sigue siendo la de la existencia de una disputa con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes—, sino porque la orientación política efectiva del gobierno ha introducido señales contradictorias, gestos de distensión mal calibrados y una narrativa que, lejos de robustecer la posición argentina, ha tendido a debilitarla. El dato más evidente fue el entendimiento alcanzado por la entonces canciller Diana Mondino con el secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy el 24 de septiembre de 2024, en Nueva York. Allí ambas partes acordaron aplicar a una agenda de cooperación la fórmula de salvaguardia de soberanía de la declaración de 1989, retomar negociaciones sobre la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario, impulsar medidas de conservación pesquera y avanzar en conectividad, incluida la reanudación del vuelo semanal São Paulo–Islas con escala mensual en Córdoba. El propio comunicado argentino señaló que esas medidas debían permitir “avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos”, esto es, una relación bilateral “mejorada” en asuntos vinculados al Atlántico Sur. En términos diplomáticos, no fue una mera foto: fue la aceptación de una agenda de cooperación práctica con Londres en un terreno extraordinariamente sensible.

A esa señal se sumó después otra, todavía más delicada, en materia de seguridad. El 28 de abril de 2025 Patricia Bullrich, ya al frente del Ministerio de Seguridad Nacional, firmó en Londres con el ministro británico Dan Jarvis un Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina y el Ministerio de Seguridad del Reino Unido. Según el comunicado oficial argentino, el instrumento dio “marco jurídico” a compromisos de cooperación en terrorismo, criminalidad organizada, protección de fronteras, flujos migratorios y el intercambio de información sobre actores criminales que operen en uno u otro país, además de actualizar instrumentos preexistentes. En otras palabras: mientras la Argentina sostiene formalmente una controversia de soberanía con el Reino Unido en el Atlántico Sur, el gobierno de Milei avanzó por dos carriles paralelos en la normalización del vínculo con Londres: uno diplomático, por medio de Mondino y Lammy en 2024, y otro en cooperación securitaria, por medio de Bullrich y Jarvis en 2025. Esa secuencia no equivale, por sí sola, a un abandono jurídico del reclamo, pero sí configura una praxis política de aproximación que reduce margen de presión, desordena la narrativa histórica argentina y le ofrece al Reino Unido un escenario más cómodo para administrar la disputa.

Ese desorden se volvió todavía más visible en el plano discursivo. En mayo de 2024, en una entrevista con la BBC, Milei volvió a elogiar a Margaret Thatcher y la calificó como una figura “brillante”, al tiempo que sostuvo, sobre la guerra de 1982, que “hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder”; y el 2 de abril de 2025, en el acto oficial por Malvinas, afirmó que el objetivo debía ser hacer de la Argentina una potencia para que los isleños “prefieran ser argentinos” y que “ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento”. Más allá de las aclaraciones posteriores que intentaron negar un cambio de posición formal, el problema político ya estaba planteado: esas formulaciones fueron leídas, dentro y fuera del país, como una flexibilización discursiva frente a la tesis británica de la autodeterminación, precisamente en un punto donde la tradición diplomática argentina ha sido históricamente consistente en negar que una población implantada por la potencia ocupante pueda erigirse en sujeto soberano de la controversia. El resultado fue un deterioro innecesario de la coherencia argentina: se mantuvo la reivindicación formal, pero se la rodeó de señales simbólicas y políticas que la debilitaron.

Ahora bien, el problema no es solo argentino, ni puede agotarse en la crítica a Milei. Brasil hace Brasil: actúa conforme a sus propios intereses, explora sus márgenes de poder y negocia con quien considera útil para ampliar su capacidad de maniobra. El acuerdo firmado con el Reino Unido el 26 de marzo de 2026 debe leerse precisamente en esa clave. Pero la cuestión de fondo es que el Reino Unido sabe operar históricamente sobre las tensiones, vacíos y ambivalencias del espacio sudamericano. No necesita destruir frontalmente un eventual entendimiento argentino-brasileño; le alcanza con volverlo menos denso, menos cohesionado y menos operativo. Así actuó muchas veces a lo largo de la historia atlántica: no siempre mediante imposiciones directas, sino a través de crédito, comercio, cooperación tecnológica, acuerdos sectoriales y construcción de interlocutores privilegiados. En el presente, esa lógica reaparece con notable claridad: Londres fortalece a Brasil como socio estratégico, ofrece incentivos diplomáticos y financieros, amplía cooperación militar y tecnológica, y al mismo tiempo encuentra del lado argentino una política exterior ideologizada, fragmentaria y poco cuidadosa de sus propios símbolos. La combinación es funcional a sus intereses.

Por eso, la cuestión central no radica en denunciar a Brasil como si se tratara de una anomalía moral, sino en comprender que sin un eje argentino-brasileño políticamente consistente no existe arquitectura sudamericana capaz de limitar con eficacia la gravitación de potencias extrarregionales. Argentina y Brasil no son piezas intercambiables del tablero regional: constituyen, por escala, historia y proyección, el núcleo básico de cualquier estrategia seria de integración, autonomía y poder sudamericano. Cuando ese eje se debilita —por desconfianza mutua, por miopía diplomática o por decisiones nacionales descoordinadas—, la fragmentación deja de ser un accidente y se convierte en estructura. Y en ese vacío, actores externos como el Reino Unido ganan margen para consolidar socios, tejer redes de seguridad, ampliar influencia logística y sostener enclaves coloniales sin enfrentar una respuesta regional equivalente. El problema, entonces, no es solamente la insuficiencia jurídica del MERCOSUR o la ausencia de mecanismos supranacionales eficaces; es también la falta de una voluntad política sostenida que restituya a la relación argentino-brasileña su densidad estratégica.

El resultado, en ausencia de ese núcleo articulador, termina siendo funcional al Reino Unido. Bajo las nuevas gramáticas de la cooperación global, Londres no necesita presentarse como vieja potencia colonial para seguir actuando como tal: le basta con consolidar acuerdos, institucionalizar diálogos, expandir cooperación en seguridad y explotar las incoherencias de sus interlocutores. En ese sentido, la gestión Milei no creó el problema, pero sí lo agravó, porque a la ofensiva británica de largo plazo le añadió una cuota local de desorientación política y diplomática. No se fortalece la posición argentina sobre Malvinas admirando a Thatcher, ni habilitando agendas de cooperación mal jerarquizadas en el Atlántico Sur, ni firmando instrumentos de seguridad con el mismo Estado que mantiene una base militar en territorio en disputa, bajo el pretexto del “narcoterrorismo”. La política exterior no se hace con afinidades ideológicas ni con gestos de ocasión: se hace con densidad estatal, memoria estratégica, coordinación regional y claridad doctrinaria. Y allí radica la tarea pendiente. Malvinas deja de ser, entonces, una mera causa declamada o una efeméride movilizadora del mes de abril para volver a ser lo que siempre debió ser: la piedra de toque de la seriedad política argentina y, al mismo tiempo, la prueba más exigente para cualquier proyecto real de Patria Grande. Sin una convergencia argentino-brasileña más sólida, la región seguirá hablando en nombre de la autonomía mientras otros organizan, con mayor eficacia, el poder real.

[1] Agencia oficial de crédito a la exportación del Reino Unido y departamento ministerial del gobierno británico, cuya función es facilitar exportaciones del Reino Unido mediante garantías estatales, acceso a capital de trabajo y seguros frente al riesgo de impago.

[2] Joint Economic and Trade Committee: comité conjunto bilateral de carácter económico-comercial, concebido para profundizar el comercio entre dos Estados, abordar barreras que afectan la actividad empresarial y desarrollar programas de trabajo gubernamentales en materia de política comercial e inversión.

[3] Defence Capability Collaboration Arrangement:arreglo de colaboración en capacidades de defensa firmado en febrero de 2024 entre Brasil y el Reino Unido, vinculado al acuerdo marco bilateral de cooperación en defensa de 2010, orientado a profundizar el relacionamiento estratégico, la asociación industrial y la transferencia de tecnología.

[4] Refiere al Brazil-UK Political and Military Dialogue (2+2), es decir, un formato institucionalizado de contacto regular entre las áreas político-diplomáticas y de defensa de ambos Estados para orientar la cooperación estratégica.

[5] En el texto Brasil–Reino Unido aparece como un acuerdo o mecanismo sobre el cual ambas partes buscan “build on”. En la práctica, dentro de la terminología británica de seguridad marítima, “white shipping” remite al intercambio de información sobre navegación mercante para mejorar la maritime domain awareness; y la referencia a “open-source” indica que se trata de datos de fuente abierta sobre tráfico comercial marítimo, no de inteligencia clasificada.

Juan Facundo Besson es abogado (FDER–UNR), especialista en Derecho del Trabajo (FDER–UNR) y doctorando en Derecho (FDyCC–UCA); profesor de Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración y Jefe de trabajos prácticos de Derecho Político (FDER–UNR); director del Observatorio Malvinas, Atlántico Sur y Antártida (UNR) y presidente del Instituto de Estudios sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida del Colegio de Abogados de Rosario (COLABRO).

MEMORIA AUSTRAL: GEOGRAFÍA DE LA FICCIÓN IMPERIAL