por Gerardo Grippo
En economías como la de nuestro país, históricamente consideradas “en vías de desarrollo”, la matriz productiva se ha estructurado, desde la colonia, en torno a la explotación de productos primarios. Estos bienes abastecían las demandas de los imperios de la época, en el marco de sus políticas de dominio y expansión, principalmente a través de alimentos y materias primas como los commodities agrícolas —granos— y los productos pecuarios, especialmente las carnes. Con el paso del tiempo, se incorporaron procesos iniciales de industrialización sobre estas materias primas, aunque sin modificar sustancialmente la lógica de fondo.
Paralelamente, desde ese mismo período se consolidó una economía de enclave basada en la explotación de recursos minerales, con ejemplos emblemáticos como Potosí, de donde se extraían oro, plata y otros minerales como cobre, carbón y piedras semipreciosas; en la actualidad, se suman recursos estratégicos como el litio. A este esquema se agregaron posteriormente los recursos energéticos, como el petróleo y el gas, que se exportan en muchos casos como productos semiprocesados, convirtiéndose en sectores que presentan un alto potencial, como el caso de Vaca Muerta, debido a su creciente demanda y valor en el mercado internacional.
En este contexto, estos productos naturales —propios de la dotación de recursos del país— son demandados y competitivos en el mercado internacional, ya que se producen a costos similares a los precios globales. Esto permitiría el ingreso de divisas al Estado, a través de derechos e impuestos, si formara parte de una estrategia de inversión dentro de las decisiones político-económicas. Así, esta producción primaria ha sido y sigue siendo dominante en la matriz productiva nacional desde la colonia, y por su cantidad y calidad, según el mainstream de la escuela ortodoxa, es la que “determina” el tipo de cambio —por su abundancia—, estableciendo el llamado “valor de equilibrio” para estos intercambios.
Ahora bien, desde la Revolución Industrial, los países hoy desarrollados —a partir de recursos que supieron obtener— se consolidaron como creadores y propietarios de la tecnología, la ciencia y gran parte de los bienes elaborados. A esto sumaron poder militar y económico, e incluso la capacidad de imponer cultura, hábitos y modos de vida, generando nuevas necesidades —desde el automóvil hasta el celular— y controlando tanto la producción como su comercialización. Mientras tanto, los países en vías de desarrollo exportan en promedio commodities por unos 400 dólares por tonelada, ellos comercializan manufacturas de origen industrial por valores cercanos a los 9.000 dólares por tonelada.
Frente a esta brecha, el objetivo de los países en desarrollo debería ser alcanzar mejores estándares de vida, con movilidad social ascendente y niveles altos de educación, salud y seguridad, evitando una dependencia permanente. Para ello, resulta clave generar tecnología, innovación y producción propia de maquinaria y bienes de capital; sin embargo, esto requiere un tipo de cambio que permita el desarrollo de estos sectores, distinto del que rige para los commodities.
En una estructura productiva desequilibrada, cada actividad tiende a tener su propio “tipo de cambio de equilibrio” que la haga competitiva a nivel internacional, y, a su vez, la producción industrial depende hoy de la importación de insumos, tecnología y bienes de capital de los países líderes, lo que exige disponibilidad de divisas de manera sostenida y creciente.
En consecuencia, la producción de bienes y servicios en los países en vías de desarrollo incorpora, en gran medida, insumos, tecnología y bienes importados —al menos hasta que puedan producirse localmente—, por lo que el tipo de cambio resulta clave para lograr precios competitivos en el mercado internacional. Si el tipo de cambio se fija en función de la producción primaria, los bienes industriales —con estructuras de costos y niveles de productividad diferentes— quedan en desventaja, más allá de los argumentos sobre eficiencia que suelen utilizarse para descalificar la producción local.
En estas condiciones, con un tipo de cambio de “equilibrio” pensado para los commodities, la industria nacional tiende a volverse cara a nivel internacional, reflejando una estructura productiva desequilibrada. A esto se suman limitaciones como la falta de tecnología propia —muchas veces obsoleta—, déficits en logística e infraestructura, carga impositiva, tasas, costos energéticos y otras externalidades que afectan la competitividad. En este contexto, las posibilidades de desarrollar una industria competitiva se reducen significativamente y, si además se permite el ingreso sin restricciones de manufacturas provenientes de países altamente productivos, con excedentes que buscan colocar en el mercado global, el resultado tiende a ser la desaparición de la industria local. Esto implica la pérdida de empleo —en un sector que concentra gran parte de la fuerza laboral—, una menor generación de divisas y un aumento de la desocupación; al mismo tiempo, la mayor importación de bienes y el incremento del turismo —favorecidos por un tipo de cambio anclado— elevan la demanda de divisas, profundizando el desequilibrio externo.
En este escenario, vemos cómo países de la región, como Brasil y Chile, buscan mejorar su competitividad mediante ajustes cambiarios —devaluando sus monedas— para sostener sus exportaciones. Sin embargo, un tipo de cambio anclado o fijo (o dentro de una banda cuya base permanece inalterada), junto con otras medidas vigentes, limita la posibilidad de una readecuación cambiaria y nos priva de una herramienta clave para equilibrar la balanza de pagos. Si esta situación se sostiene —sin permitir ajustes graduales— se pierden condiciones para exportar, empujando a la economía, en el mejor de los casos, hacia un perfil primario, cuasi pastoril y preindustrial.
Al mismo tiempo, si se busca un tipo de cambio que contribuya al pleno empleo, resulta fundamental asegurar que las divisas generadas permanezcan en la economía y no se fuguen, especialmente considerando que existen sectores que generan ingresos externos pero también los externalizan, evitando la formación de activos internos. Asimismo, cualquier corrección cambiaria debe implementarse junto con un conjunto de políticas complementarias —especialmente de administración del comercio— para evitar su traslado inmediato a precios y proteger el equilibrio económico.
Finalmente, en el contexto actual se observa una creciente volatilidad en los mercados y en los tipos de cambio a nivel global, impulsada por tensiones geopolíticas y conflictos como Ucrania–Rusia y Estados Unidos–Israel frente a Irán, que elevan la incertidumbre internacional. En este escenario, el Banco Central interviene comprando divisas —mediante emisión y su posterior neutralización con activos financieros—, en parte por las exigencias de los organismos multilaterales de crédito que demandan acumulación de reservas. A su vez, para atraer capitales se elevan las tasas de interés (carry trade), se incrementa la oferta de activos financieros y se endurecen las condiciones monetarias —como el aumento del encaje bancario— para controlar el circulante. Sin embargo, la demanda de divisas supera a la oferta: los ingresos del sector exportador resultan insuficientes en esta etapa, incluso con una fuerte caída del consumo, mientras el tipo de cambio permanece limitado por las bandas y persisten restricciones como el cepo para personas jurídicas. Esta dinámica tiende a generar, en el corto y mediano plazo, escasez de divisas y la necesidad de financiar el déficit mediante nuevos mecanismos —como mayor endeudamiento—, lo que suma incertidumbre en función de la reacción de los distintos actores económicos y se agrega a una deuda externa ya significativa. Frente a este panorama, la salida hacia un futuro más estable requiere una reestructuración de la deuda basada en las reales capacidades de repago, evitando profundizar condiciones de ajuste que deterioren la calidad de vida de la población; esto supone avanzar hacia un plan de desarrollo federal e integrado, implementado por etapas y con la participación del Estado, los trabajadores y el sector empresario, que establezca prioridades claras: producción agropecuaria e industrial, desarrollo tecnológico, ciencia, innovación, empleo y educación, resguardando los activos estratégicos nacionales y la soberanía económica.
Gerardo Grippo es ingeniero y presidente del Movimiento Industrial Misionero