entre la nostalgia imperial y la erosión de la Unión . . . y Malvinas
Mientras el Reino Unido intenta proyectarse nuevamente como una potencia global a través del Brexit, la estrategia “Global Britain” y el fortalecimiento de su arquitectura militar atlántica, el propio edificio político británico comienza a mostrar signos cada vez más profundos de fragmentación interna. Escocia, Gales e Irlanda del Norte cuestionan crecientemente la legitimidad territorial de Westminster, mientras el nacionalismo inglés reaparece bajo formas soberanistas y nostálgicas del viejo imaginario imperial. En ese contexto, la cuestión Malvinas deja de ser únicamente una disputa bilateral con la Argentina y pasa también a reflejar una contradicción más amplia: la de una potencia que todavía conserva enclaves estratégicos, bases militares y capacidad global de proyección, pero cuya cohesión política doméstica parece erosionarse progresivamente. Esta columna analiza las tensiones contemporáneas del Reino Unido, el agotamiento del consenso británico posterior a la Guerra Fría y el lugar que Malvinas continúa ocupando dentro de la arquitectura geopolítica y simbólica del Estado británico.
por Juan Facundo Besson
La crisis contemporánea del Reino Unido no puede interpretarse simplemente como un episodio de fragmentación electoral ni como una oscilación coyuntural del humor político británico. Lo que actualmente atraviesa la estructura estatal británica constituye un fenómeno mucho más profundo: la erosión progresiva de la legitimidad histórica, económica y geopolítica de la propia Unión. Por primera vez desde la consolidación contemporánea del Reino Unido, tres de sus cuatro naciones constitutivas —Escocia, Gales e Irlanda del Norte— se encuentran gobernadas, o políticamente hegemonizadas, por fuerzas nacionalistas que cuestionan abiertamente la continuidad del orden territorial británico. En Escocia, el Scottish National Party (SNP), liderado actualmente por John Swinney, sostiene la necesidad de convocar un nuevo referéndum independentista hacia 2028; en Gales, Plaid Cymru[1] logró quebrar más de un siglo de hegemonía laborista y convertirse en la principal fuerza del Senedd[2]; mientras que en Irlanda del Norte el Sinn Féin[3], histórico brazo político del republicanismo irlandés, se consolidó como principal fuerza política regional bajo el liderazgo de Michelle O’Neill. El dato político resulta demoledor no sólo por su dimensión electoral, sino porque expresa algo mucho más estructural: Westminster ya no logra producir consenso nacional homogéneo dentro del propio Reino Unido.
La paradoja histórica es particularmente mordaz. El mismo Estado que durante siglos organizó protectorados, colonias, dominions y enclaves marítimos dispersos alrededor del planeta, enfrenta hoy un proceso interno de erosión territorial que cuestiona el núcleo mismo de su cohesión política. El Reino Unido continúa proyectando poder militar, financiero y diplomático global: mantiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad, posee armamento nuclear, conserva una de las principales redes diplomáticas del mundo y sigue articulando buena parte del comercio marítimo internacional mediante el derecho de almirantazgo, los seguros navales de Londres y estructuras históricas vinculadas a Lloyd’s.
Esa arquitectura de poder no se limita al territorio británico continental. Londres continúa apoyándose en una extensa red de territorios de ultramar y jurisdicciones offshore —como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas o Isla de Man— que funcionan como nodos estratégicos de las finanzas globales, los registros marítimos, los sistemas bancarios internacionales y la circulación transnacional de capitales. Paralelamente, el Reino Unido sostiene corredores logísticos y militares en el Atlántico y el Indo-Pacífico mediante bases, acuerdos de defensa y alianzas navales estrechamente articuladas con Estados Unidos y la OTAN. Sin embargo, detrás de esa persistente musculatura geopolítica emerge una pregunta cada vez más incómoda: ¿qué grado de legitimidad conserva hoy el proyecto británico entre las propias naciones que integran la Unión? Porque el problema contemporáneo de Londres ya no radica solamente en administrar los restos de su viejo sistema imperial, sino en evitar que las fracturas internas comiencen a alcanzar al propio Reino Unido.
CÓMO SE INVENTÓ EL REINO
La historia misma de la construcción británica permite comprender por qué la crisis actual no constituye una anomalía sino, en muchos sentidos, el retorno de tensiones históricas nunca completamente resueltas. El Reino Unido jamás fue un Estado nacional homogéneo en sentido continental europeo. Fue, antes bien, una compleja estructura político-imperial organizada alrededor de Inglaterra y proyectada mediante relaciones profundamente asimétricas de poder. Gales fue absorbido jurídicamente mediante las Laws in Wales Acts de 1535 y 1542 impulsadas bajo Enrique VIII, que integraron administrativamente el territorio galés al sistema jurídico inglés, impusieron la utilización del inglés en la administración y desarticularon institucionalmente gran parte de la autonomía normativa galesa. No existió allí una unión entre iguales, sino una incorporación subordinada al aparato estatal inglés. Escocia, en cambio, siguió un recorrido diferente. La Unión de las Coronas de 1603, bajo Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, constituyó inicialmente una unión dinástica y no estatal. La verdadera integración política llegó recién con los Acts of Union de 1707, aprobados simultáneamente por los Parlamentos de Inglaterra y Escocia, creando formalmente el Reino de Gran Bretaña. Sin embargo, incluso esa unión “pactada” estuvo atravesada por enormes presiones económicas y geopolíticas, particularmente tras el colapso del proyecto colonial escocés en Darién y la necesidad inglesa de asegurar la estabilidad protestante de la sucesión monárquica (Colley, 2009).
Irlanda constituyó el caso más traumático y persistente de la arquitectura imperial británica. La relación angloirlandesa estuvo marcada durante siglos por conquista, expropiación territorial, colonización protestante y subordinación política. El Act of Union de 1800, vigente desde 1801, creó formalmente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, pero jamás logró construir una legitimidad nacional compartida. La Gran Hambruna, las políticas de represión colonial, las rebeliones nacionalistas y el conflicto religioso profundizaron una fractura estructural que culminó parcialmente con la independencia del Estado Libre Irlandés en 1921 y la permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. La actual denominación estatal —Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte— constituye, en realidad, el residuo jurídico de aquella desintegración parcial del viejo Reino Unido de 1801. Es decir, el propio nombre del Estado británico moderno ya contiene una marca histórica de fragmentación territorial.
La estructura constitucional británica agrava todavía más las tensiones contemporáneas. El Reino Unido carece de una Constitución escrita codificada en sentido clásico moderno. Su orden jurídico se compone de leyes parlamentarias, jurisprudencia, convenciones constitucionales, common law y prerrogativas históricas acumuladas. Durante décadas, esta flexibilidad fue presentada como una sofisticada ventaja institucional frente a las rigideces continentales. Sin embargo, en contextos de fragmentación territorial creciente, la elasticidad constitucional británica comienza a mostrar un costado profundamente ambiguo. Escocia, Gales e Irlanda del Norte poseen Parlamentos y gobiernos propios gracias al proceso de devolución de poderes iniciado a partir de 1998 mediante el Scotland Act, el Government of Wales Act y el Northern Ireland Act. Pero dichas competencias no constituyen soberanía originaria, sino facultades delegadas por Westminster. Jurídicamente, la soberanía continúa residiendo en el Parlamento británico, que conserva capacidad formal para redefinir unilateralmente dichas competencias (Bogdanor, 2001).
Allí emerge el núcleo más problemático del conflicto escocés contemporáneo. El SNP sostiene que la persistencia de mayorías electorales independentistas otorga legitimidad democrática suficiente para convocar un nuevo referéndum de autodeterminación. Westminster responde invocando la doctrina clásica de soberanía parlamentaria británica: ninguna entidad subnacional puede disolver unilateralmente la Unión. La Corte Suprema británica reforzó esta interpretación en 2022 al establecer que el Parlamento escocés carece de competencias para convocar unilateralmente un referéndum sobre independencia, incluso si éste tuviera carácter consultivo. El problema político resulta evidente: el Reino Unido afirma simultáneamente que la Unión es voluntaria, pero sostiene jurídicamente que ninguna nación integrante puede abandonarla sin autorización expresa de Westminster. La contradicción comienza a erosionar progresivamente la legitimidad democrática de la arquitectura unionista.
El Brexit profundizó brutalmente estas tensiones. Escocia votó mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea durante el referéndum de 2016. Sin embargo, fue arrastrada fuera del bloque europeo por el resultado agregado británico, dominado fundamentalmente por el voto inglés. A partir de allí, el independentismo escocés reformuló gran parte de su discurso político. Ya no se trata únicamente de identidad nacional ni de control de recursos energéticos del Mar del Norte; se trata también de una disputa geopolítica respecto del lugar de Escocia dentro del sistema internacional. Mientras Westminster impulsaba una estrategia de “Global Britain” orientada hacia la recuperación de autonomía soberana post-Brexit y una mayor proyección hacia el Indo-Pacífico, buena parte del electorado escocés percibió precisamente lo contrario: una pérdida de inserción europea, deterioro económico y recentralización inglesa del poder político.
La doctrina de “Global Britain”, formulada especialmente a partir de la Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy publicada en 2021 bajo el gobierno de Boris Johnson, constituye probablemente uno de los intentos más explícitos de reconstrucción estratégica de la identidad británica post-Brexit. El documento presenta al Reino Unido como una “potencia global” con capacidad para proyectar influencia diplomática, tecnológica, militar y financiera en múltiples regiones del mundo, particularmente en el Indo-Pacífico. La revisión estratégica insiste reiteradamente en la necesidad de defender un “orden internacional abierto”, fortalecer alianzas militares globales y consolidar la presencia británica en escenarios estratégicos emergentes (HM Government, 2021). Sin embargo, detrás de la retórica grandilocuente de “Global Britain” aparece una contradicción estructural difícil de ocultar: mientras el Reino Unido intenta expandir nuevamente su presencia geopolítica global, enfrenta simultáneamente un progresivo agotamiento del consenso político interno sobre la continuidad misma de la Unión.
El propio documento oficial reconoce explícitamente que “la Unión entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte es nuestra mayor fuente de fortaleza” (HM Government, 2021, p. 13). La insistencia casi obsesiva sobre la necesidad de defender la Unión revela precisamente la profundidad de las tensiones existentes. El discurso de “Global Britain” funciona, en gran medida, como narrativa de recomposición estratégica de las élites británicas tradicionales —la City, el Foreign Office, los sectores vinculados al complejo militar-industrial, la inteligencia estratégica y la diplomacia atlántica— más que como una auténtica reconstrucción de consenso popular homogéneo dentro del Reino Unido. Como señalan diversos análisis estratégicos posteriores al Brexit, el problema central británico consiste en intentar sostener simultáneamente múltiples prioridades globales con recursos políticos, económicos y sociales crecientemente limitados (Biskup, 2024). La potencia británica conserva capacidad de proyección; lo que parece haberse debilitado es la cohesión política doméstica que históricamente permitió sostener dicha proyección.
En este contexto, el nacionalismo inglés contemporáneo emerge como otro de los grandes factores de fragmentación interna. Durante siglos, Inglaterra logró invisibilizar su propio nacionalismo presentándolo como simple “britanidad”. La bandera británica, Westminster, la Corona, la Royal Navy, la diplomacia imperial, el derecho de almirantazgo y las estructuras financieras y aseguradoras articuladas históricamente alrededor de Lloyd’s de Londres funcionaron, en gran medida, como expresiones de hegemonía inglesa revestidas de universalidad británica. El Brexit[4] rompió parcialmente esa ficción. El ascenso de figuras como Nigel Farage y espacios como Reform UK[5] expresa un nacionalismo inglés explícitamente soberanista, antiinmigración, euroescéptico y nostálgico de la autonomía imperial británica. Paradójicamente, al intentar “recuperar la soberanía británica”, el Brexit terminó alimentando los nacionalismos periféricos escocés, galés e irlandés. La salida de la Unión Europea, concebida por buena parte del establishment conservador como instrumento de restauración estratégica británica, aceleró simultáneamente las tendencias centrífugas dentro del propio Reino Unido.
La situación de Irlanda del Norte resulta todavía más delicada. Allí la cuestión nacional no gira alrededor de independencia estatal, sino de reunificación con la República de Irlanda. El Sinn Féin, históricamente vinculado al republicanismo irlandés y al conflicto del IRA, logró consolidarse como principal fuerza política regional bajo una estrategia mucho más institucionalizada y pragmática. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 introdujo además un elemento jurídicamente explosivo: el gobierno británico debe convocar un referéndum de reunificación si considera probable que exista una mayoría favorable a abandonar el Reino Unido. A diferencia de Escocia, donde Westminster puede bloquear indefinidamente nuevas consultas, Irlanda del Norte contiene dentro de la propia arquitectura constitucional británica una vía jurídica formal para abandonar la Unión. El Brexit agravó todavía más esta vulnerabilidad estructural, reintroduciendo el problema fronterizo irlandés y evidenciando hasta qué punto la estabilidad territorial británica dependía parcialmente del marco europeo previo.
En definitiva, el Reino Unido contemporáneo enfrenta una crisis que no es simplemente electoral ni exclusivamente económica. Es una crisis de legitimidad territorial, de cohesión política y de relato histórico. La vieja promesa imperial británica ya no logra articular homogéneamente las distintas identidades nacionales internas. “Global Britain” intenta proyectar una imagen de potencia resiliente, marítima, tecnológica y estratégicamente autónoma. Pero mientras Londres imagina nuevas rutas hacia el Indo-Pacífico, refuerza alianzas atlánticas y preserva enclaves geopolíticos globales, el propio Reino Unido comienza lentamente a descubrir algo profundamente incómodo: el problema ya no reside solamente en sostener un imperio exterior, sino en conservar la adhesión política de sus propias naciones constitutivas.
¿LAS ÚLTIMAS MAREAS DEL IMPERIO?
La ironía histórica resulta devastadora: el Brexit, impulsado en nombre de la soberanía británica y de la unidad nacional, terminó debilitando precisamente uno de los pilares territoriales más sensibles del propio Reino Unido (Bogdanor, 2001). El Northern Ireland Protocol[6] y posteriormente el Windsor Framework[7] intentaron evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, trasladando parte de los controles regulatorios al Mar de Irlanda (European Commission, 2023). La solución fue técnicamente razonable, pero políticamente explosiva: para amplios sectores unionistas protestantes, aquello equivalía a reconocer que Irlanda del Norte quedaba normativamente más cerca de Dublín y Bruselas que de Londres (O’Leary, 2020). El problema, por tanto, dejó de ser únicamente constitucional. Se convirtió en una cuestión logística, comercial, identitaria y geopolítica. Dicho con menos diplomacia: el Brexit prometió “recuperar el control” y terminó obligando a Londres a controlar mejor una frontera interna que antes casi no existía (Farage, 2023).
Ese desplazamiento del conflicto hacia el Mar de Irlanda muestra con claridad que la crisis británica actual ya no puede leerse sólo como una pulseada entre nacionalistas e unionistas. El asunto es más profundo: el Reino Unido está administrando, con instrumentos jurídicos de emergencia permanente, las consecuencias territoriales de una decisión política que fue presentada como restauración soberana (UK Parliament, 2023). La soberanía británica salió del Brexit convertida en consigna electoral, pero la integridad territorial del Reino quedó sometida a negociaciones técnicas, protocolos comerciales, excepciones aduaneras y arreglos regulatorios. Pocas imágenes expresan mejor la decadencia de una vieja potencia imperial que esa: el Estado que alguna vez trazó fronteras en Asia, África y Medio Oriente debatiendo ahora cómo evitar que una frontera invisible en Irlanda vuelva a incendiar su propia casa (Kumar, 2003).
En paralelo, Inglaterra experimenta su propia mutación nacionalista. Durante siglos, el nacionalismo inglés no necesitó nombrarse a sí mismo porque hablaba en nombre de “Britania” (Colley, 2009). La operación fue elegante y eficaz: Westminster aparecía como institución común, la Corona como símbolo de unidad, la Royal Navy como orgullo nacional, el derecho de almirantazgo como racionalidad jurídica del comercio marítimo y Lloyd’s como infraestructura aseguradora de la navegación global. Pero en el fondo, esa “britanidad” funcionó muchas veces como una forma refinada de hegemonía inglesa (Kenny, 2014). Inglaterra podía no decir “Inglaterra” porque decía “Reino Unido”; podía no decir “interés inglés” porque decía “interés británico”; podía no decir “imperio inglés” porque decía, con solemnidad jurídica y música de marcha naval, “Imperio Británico”.
El Brexit quebró parcialmente esa ficción. El ascenso de Reform UK y de Nigel Farage expresa una forma de nacionalismo inglés más explícita, más áspera y menos dispuesta a disimularse bajo los buenos modales constitucionales de Westminster (Farage, 2023). Reform UK recoge una corriente soberanista, antiinmigración, euroescéptica y profundamente hostil al consenso liberal-globalista que dominó buena parte de la política británica posterior a la Guerra Fría. Su crecimiento no surge de la nada: se alimenta del deterioro del sistema bipartidista, de la crisis del costo de vida, de la desindustrialización de regiones obreras inglesas y de la percepción de que las elites de Londres administraron la globalización con enorme beneficio para la City y costos sociales considerables para las periferias productivas inglesas (Kenny, 2014). En ese sentido, Farage no inventó el malestar; simplemente le puso bandera, frontera y enemigo.
Lo notable es que este nacionalismo inglés agrava la crisis de la Unión porque empuja al Reino Unido hacia una identidad cada vez menos compartible por Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Mientras sectores significativos de Inglaterra se inclinan hacia una política de frontera, restricción migratoria, soberanismo duro y nostalgia imperial, Escocia mantiene una orientación mayoritariamente europeísta; Gales fortalece un nacionalismo socialdemócrata que denuncia el abandono de Westminster; e Irlanda del Norte continúa atravesada por una dinámica donde el horizonte de reunificación irlandesa ya no pertenece sólo al repertorio de la memoria republicana, sino al cálculo político de mediano plazo (Mitchell, 2014). El resultado es una Unión donde las naciones ya no discuten solamente competencias administrativas, sino proyectos históricos divergentes.
Escocia representa la forma más institucionalizada de esa divergencia. El SNP, bajo el liderazgo de John Swinney, ya no plantea la independencia como una mera reparación identitaria, sino como una estrategia de ubicación internacional (Scottish Government, 2022). La independencia escocesa aparece ligada al retorno europeo, a la reconstrucción de vínculos con Bruselas y a la salida de una dinámica británica dominada por el voto inglés. Tras las elecciones de 2026, el SNP conservó la primera posición en Holyrood con 58 escaños, aunque sin mayoría absoluta, y buscó apoyo en los Scottish Greens, que fortalecieron su representación hasta 15 bancas (Financial Times, 2026). Ese bloque proindependentista no convierte automáticamente la independencia en inminente, pero sí confirma algo más incómodo para Londres: la cuestión escocesa se ha vuelto estructural, no episódica. Westminster puede negar un nuevo referéndum, pero no puede legislar el entusiasmo escocés por la Unión (BBC News, 2022).
Gales introduce otro tipo de amenaza para el unionismo británico: menos espectacular, pero acaso más silenciosa. Plaid Cymru, encabezado por Rhun ap Iorwerth, logró en 2026 una victoria histórica en el Senedd, con 43 escaños en una cámara ampliada de 96, desplazando al laborismo después de más de un siglo de predominio político galés (BBC News, 2026). Ap Iorwerth, elegido primer ministro de Gales, excluyó impulsar un referéndum de independencia durante el primer mandato, pero propuso avanzar en mayores competencias y en una agenda de gobierno nacional galés. Esa moderación no debilita el fenómeno; lo vuelve más difícil de atacar. Plaid no aparece como una fuerza aventurera, sino como una administración nacional alternativa frente al agotamiento de Londres.
La Corona observa este proceso desde una posición formalmente neutral, pero históricamente cargada. Isabel II fue, durante siete décadas, el rostro de una continuidad británica que atravesó descolonización (parcial), Guerra Fría, ingreso y salida parcial de Europa, crisis económicas y transformaciones sociales (Colley, 2009). Carlos III recibió otra cosa: no un Reino unido por la memoria de la guerra y la posguerra, sino una estructura fatigada, atravesada por generaciones menos reverenciales, nacionalismos periféricos más institucionalizados y un debate cada vez más explícito sobre la utilidad material de la Unión. La monarquía conserva legitimidad, sobre todo en Inglaterra, pero ya no alcanza para suturar por sí sola las fracturas nacionales. La Corona puede representar continuidad; no puede producir prosperidad, ni resolver la frontera irlandesa, ni convencer a Escocia de que el Brexit fue una buena idea.
En este marco, la política exterior británica profundiza esas tensiones. El establishment de seguridad continúa fuertemente alineado con Washington. La special relationship con Estados Unidos sigue siendo pilar de la inteligencia, la cooperación nuclear, la defensa atlántica y acuerdos como AUKUS[8] (HM Government, 2021). Para Londres, Estados Unidos es socio estratégico indispensable; para buena parte de las periferias nacionales, esa relación resulta más ambigua. El SNP combina europeísmo con atlantismo pragmático, aunque sectores independentistas escoceses rechazan la presencia nuclear británica en Faslane (Mitchell, 2014). El Sinn Féin mantiene una tradición crítica respecto de la OTAN y del intervencionismo occidental, aunque moderada por su voluntad de presentarse como fuerza institucional de gobierno (O’Leary, 2020). Plaid Cymru suele moverse en un registro más socialdemócrata, europeísta y pacifista, menos identificado con la política exterior militarizada de Westminster.
China y Rusia ocupan posiciones diferenciadas pero complementarias dentro de la actual arquitectura estratégica británica posterior al Brexit. China es presentada crecientemente por Londres como el principal “desafío sistémico” del siglo XXI, especialmente a partir de la Integrated Review de 2021 y su actualización de 2023, donde el gobierno británico identificó a Beijing como un actor capaz de disputar simultáneamente liderazgo tecnológico, influencia financiera, control logístico y proyección geopolítica global (HM Government, 2021; 2023). Sin embargo, la posición británica hacia China permanece atravesada por una profunda ambivalencia estructural. Mientras el discurso oficial enfatiza cuestiones vinculadas a seguridad, ciberdefensa, inteligencia artificial, telecomunicaciones y protección de infraestructuras críticas, amplios sectores de la economía británica continúan dependiendo de inversiones, estudiantes, cadenas comerciales y capitales chinos. Universidades, servicios financieros y empresas tecnológicas británicas mantienen elevados niveles de interacción con el mercado chino, revelando la dificultad de desacoplar completamente seguridad estratégica e interdependencia económica dentro del capitalismo global contemporáneo (Biskup, 2024). Esta contradicción expresa uno de los dilemas centrales del Reino Unido contemporáneo: intentar preservar autonomía estratégica atlántica sin romper completamente con los circuitos económicos de la globalización asiática.
Rusia, en cambio, volvió a ocupar el lugar clásico de amenaza militar continental dentro de la tradición geopolítica británica. La invasión rusa de Ucrania en 2022 permitió a Londres recuperar un rol central dentro de la OTAN y reforzar su identidad histórica como potencia militar atlántica y europea. El gobierno británico incrementó gasto militar, asistencia estratégica y cooperación de inteligencia, reposicionándose como uno de los principales sostenes occidentales de Kiev. Esta situación fortaleció políticamente al complejo diplomático-militar británico y revitalizó doctrinas tradicionales de contención euroatlántica que parecían parcialmente debilitadas tras el fin de la Guerra Fría. No obstante, esta centralidad externa no resuelve las tensiones internas que atraviesan al propio Reino Unido. Para sectores de Escocia o Gales, la guerra en Ucrania puede justificar solidaridad europea o cooperación defensiva, pero no necesariamente legitima la continuidad de una política exterior crecientemente militarizada y diseñada desde Londres bajo parámetros imperiales y atlánticos tradicionales.
¿POR QUÉ MALVINAS? HAY QUE APROVECHAR LA EROSIÓN DEL VIEJO IMAGINARIO IMPERIAL
Y es precisamente aquí donde reaparece inevitablemente la cuestión Malvinas. Durante décadas, el conflicto de 1982 funcionó como uno de los grandes relatos de restauración nacional británica posterior al colapso imperial de posguerra (Freedman, 2005). La victoria militar permitió reconstruir temporalmente una narrativa de orgullo nacional, cohesión interna y capacidad global. Margaret Thatcher comprendió con notable rapidez el valor político de aquella guerra: Malvinas no sólo fue un conflicto territorial, sino una operación de recomposición simbólica de una potencia que venía de la desindustrialización, la conflictividad sindical, el deterioro económico y la pérdida progresiva de centralidad imperial (Anderson, 2013). Dicho sin demasiada anestesia: el Reino Unido encontró en el Atlántico Sur una forma de recordar que todavía podía enviar una flota a ocho mil millas de Londres y ganar una batalla limitada. Desde entonces, el archipiélago quedó incorporado al repertorio emocional del poder británico como prueba de voluntad estratégica, aun cuando su sostenimiento material dependiera cada vez más de una pesada infraestructura militar, logística y presupuestaria (Freedman, 2005).
Ese sostenimiento no es retórico. Luego de la guerra, Londres construyó el complejo militar de Mount Pleasant, inaugurado en 1985 y operativo desde 1986, como núcleo permanente de defensa del Atlántico Sur (UK Parliament, 2015). La base, ubicada a unos 50 kilómetros de Puerto Argentino, fue concebida para evitar una repetición del escenario de 1982 y alojar una presencia militar conjunta de la RAF, el Ejército y la Royal Navy. Su construcción fue estimada inicialmente en unas £190 millones, con costos adicionales que elevaron el total aproximado a £215 millones en la década de 1980 (Freedman, 2005). La defensa posterior del archipiélago siguió demandando recursos considerables: en 2015, el Ministerio de Defensa británico informó que el costo anual de funcionamiento de la guarnición en Malvinas, incluyendo infraestructura, rondaba las £85 millones, a lo que se sumaba un programa de inversión de £180 millones en mejoras durante diez años (UK Parliament, 2015). Más recientemente, en 2024, el Reino Unido adjudicó un contrato de £20 millones para reparar sectores operativos del aeródromo de Mount Pleasant, incluyendo taxiways y áreas críticas de pista, con materiales trasladados por barco desde el Reino Unido a más de 8.000 millas de distancia (Defence Infrastructure Organisation, 2024). La soberanía británica sobre Malvinas, por tanto, no es sólo bandera, himno y memoria de guerra: es también presupuesto público, logística oceánica, mantenimiento de pista, rotación de personal, combustible, radar, patrullaje naval y un enclave militar de altísimo costo relativo.
La importancia estratégica del archipiélago sigue siendo evidente para el aparato militar-diplomático británico. Malvinas permite sostener una posición avanzada en el Atlántico Sur, proyectar presencia hacia Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el borde antártico, asegurar una plataforma de vigilancia marítima, reforzar la narrativa de control sobre territorios de ultramar y preservar una pieza logística dentro de la red global británica (Dodds, 2002). La presencia del HMS Forth como buque patrullero, los despliegues periódicos de aeronaves Typhoon, la infraestructura de Mount Pleasant y la coordinación con la defensa del Atlántico Sur muestran que Londres no piensa Malvinas como una reliquia sentimental, sino como un activo estratégico dentro de su arquitectura global. En 2023, ante declaraciones argentinas sobre la recuperación diplomática de soberanía, el gobierno de Rishi Sunak sostuvo que la soberanía “no está en discusión” y que el Reino Unido defendería el derecho de autodeterminación de los isleños; el entonces secretario de Defensa Grant Shapps invocó además el referéndum local de 2013, en el que el 99,8 % de los votantes optó por continuar como territorio británico de ultramar (The Guardian, 2023). Ese es el núcleo doctrinario actual de Londres: presencia militar, autodeterminación de los isleños y negativa a negociar soberanía.
Sin embargo, 44 años después del conflicto, el contexto social británico parece radicalmente distinto. Malvinas conserva valor estratégico para el Estado, pero su densidad emocional dentro de la sociedad británica comienza a mostrar fisuras generacionales. Un relevamiento de More in Common difundido en 2026 indicó que apenas el 9 % de los británicos de entre 18 y 24 años considera “muy importante” conservar el control británico del archipiélago, una cifra muy inferior a la registrada entre generaciones mayores (The Telegraph, 2026). El dato resulta políticamente significativo porque muestra que el relato de 1982 ya no organiza con la misma eficacia la sensibilidad de quienes no vivieron la guerra ni fueron socializados bajo la narrativa thatcherista de recuperación del orgullo nacional. Para parte de los jóvenes británicos, Malvinas aparece menos como epopeya nacional que como una cuestión lejana, costosa, heredada y ubicada a miles de millas del Reino Unido. La vieja emoción imperial comienza a perder transmisión generacional.
Esa tendencia ya se advertía en encuestas previas. En 2023, YouGov registró que sólo el 35 % de los británicos se sentiría molesto si las Malvinas pasaran a la Argentina, mientras que el 46 % afirmó que no le importaría y un 9 % dijo que estaría complacido (YouGov, 2023). La propia consultora señaló que la conexión emocional del público británico con el archipiélago “no es especialmente fuerte” (YouGov, 2023). El dato no implica que exista una mayoría favorable a la posición argentina, ni mucho menos una modificación inmediata de la política exterior británica. Pero sí permite advertir una disociación creciente entre el aparato estratégico del Estado y la sensibilidad social británica. Para el Ministerio de Defensa, Malvinas es una plataforma geopolítica. Para buena parte de la opinión pública joven, empieza a ser un resto remoto del mapa imperial. Allí se abre una grieta relevante: la soberanía británica puede seguir siendo firme en Westminster, pero menos intensa en el imaginario popular.
La comparación con la crisis interna del Reino Unido vuelve entonces inevitable. Escocia discute su retorno europeo; Gales fortalece un nacionalismo de gestión frente al agotamiento del laborismo y de Londres; Irlanda del Norte mira cada vez más hacia la posibilidad de una reunificación irlandesa; e Inglaterra se repliega sobre un nacionalismo soberanista, antiinmigración y nostálgico (Biskup, 2024). En ese marco, Malvinas deja de ser únicamente una controversia bilateral entre Argentina y el Reino Unido. Se convierte también en un síntoma del dilema británico contemporáneo: una potencia que todavía conserva enclaves, bases, finanzas, seguros marítimos, derecho de almirantazgo, inteligencia global y capacidad nuclear, pero cuya sociedad parece cada vez menos unificada alrededor del viejo consenso imperial. El establishment puede sostener Malvinas por razones militares, logísticas, antárticas y oceánicas; la pregunta más incómoda es si las nuevas generaciones británicas están dispuestas a sostener emocional y fiscalmente esa misma arquitectura durante las próximas décadas.
La cuestión presupuestaria no debe subestimarse. En términos absolutos, los costos de defensa de Malvinas pueden parecer menores dentro del presupuesto global del Ministerio de Defensa británico. Pero en términos políticos adquieren otra dimensión cuando se los coloca junto al deterioro del NHS, la crisis habitacional, la inflación, la precarización laboral, la deuda pública y las tensiones fiscales del Reino Unido posterior al Brexit (O’Toole, 2021). Mantener una guarnición permanente, infraestructura aérea, patrullaje naval, defensa aérea y logística oceánica para una población civil reducida puede ser justificable desde la mirada estratégica del Estado, pero menos evidente para una sociedad atravesada por demandas internas cada vez más urgentes. El viejo argumento imperial —“hay que estar porque siempre estuvimos”— pierde eficacia cuando el propio Reino Unido discute hospitales, salarios, vivienda, energía y autonomía territorial.
Esto no significa que Londres vaya a abandonar Malvinas. Sería ingenuo suponerlo. El aparato británico de defensa, la diplomacia, la Corona, la City y los sectores estratégicos vinculados al Atlántico Sur siguen considerando al archipiélago una pieza importante de la presencia global británica (HM Government, 2021). Pero la relación entre poder estatal y adhesión social parece estar cambiando. La disputa argentina no debería leerse solamente sobre la base de la posición oficial británica —que sigue siendo dura—, sino también a partir de las transformaciones internas del Reino Unido. Un Estado puede conservar durante largo tiempo un enclave por razones estratégicas; más difícil es sostener indefinidamente la legitimidad política de ese enclave cuando su propia sociedad lo siente cada vez más distante, cuando las periferias internas cuestionan la Unión y cuando el relato imperial pierde centralidad generacional.
Allí reside la contradicción más profunda. Malvinas sigue siendo fuerte para el Estado británico, pero menos intensa para parte del pueblo británico. Es un enclave defendido por el establishment, por la doctrina militar, por la logística oceánica y por la continuidad diplomática, pero ya no necesariamente por una pasión nacional homogénea. Y esa diferencia importa. Porque el Reino Unido que pretende proyectarse como “Global Britain” comienza a descubrir que no basta con conservar territorios ultramarinos, sostener bases militares o invocar la autodeterminación isleña. También necesita preservar una comunidad política interna capaz de reconocer como propio ese esfuerzo material y simbólico. Si la Unión británica continúa erosionándose desde adentro, Malvinas seguirá siendo una posición estratégica, pero también un espejo incómodo: el de una potencia que todavía administra los restos del imperio mientras intenta evitar que se le deshilache el Reino.
FUENTES
Anderson, P. (2013). The new old world. London, Reino Unido: Verso Books.
BBC News. (2022, 23 noviembre). Scottish independence referendum: Supreme Court says Holyrood cannot hold vote without UK consent. BBC News. https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-63736262
BBC News. (2026). Welsh election results 2026. BBC News. https://www.bbc.com/news
Biskup, P. (2024). Global Britain and the future of British foreign policy. London, Reino Unido: Routledge.
Bogdanor, V. (2001). Devolution in the United Kingdom. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
Colley, L. (2009). Britons: Forging the nation, 1707–1837 (3rd ed.). New Haven, Estados Unidos: Yale University Press.
Defence Infrastructure Organisation. (2024). Mount Pleasant Complex runway refurbishment contract announcement. London, Reino Unido: Ministry of Defence. Recuperado de https://www.gov.uk/government/organisations/defence-infrastructure-organisation
Dodds, K. (2002). Pink ice: Britain and the South Atlantic Empire. London, Reino Unido: I.B. Tauris.
European Commission. (2023). The Windsor Framework. Brussels, Bélgica: European Commission. Recuperado de https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/windsor-framework_en
Farage, N. (2023). Brexit betrayed: How Britain lost control again. London, Reino Unido: Biteback Publishing.
Financial Times. (2026). Scottish Parliament election results and coalition negotiations. Financial Times. https://www.ft.com
Freedman, L. (2005). The official history of the Falklands campaign (Vols. 1–2). London, Reino Unido: Routledge.
HM Government. (2021). Global Britain in a competitive age: The integrated review of security, defence, development and foreign policy. London, Reino Unido: Her Majesty’s Government. Recuperado de https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy
HM Government. (2023). Integrated review refresh 2023: Responding to a more contested and volatile world. London, Reino Unido: His Majesty’s Government. Recuperado de https://www.gov.uk/government/publications/integrated-review-refresh-2023-responding-to-a-more-contested-and-volatile-world
Kenny, M. (2014). The politics of English nationhood. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
Kumar, K. (2003). The making of English national identity. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
Mitchell, J. (2014). The Scottish question. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
O’Leary, B. (2020). A treatise on Northern Ireland (Vols. 1–3). Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
O’Toole, F. (2021). Three years in hell: The Brexit chronicles. London, Reino Unido: Head of Zeus.
Scottish Government. (2022). Building a new Scotland: A stronger economy with independence. Edinburgh, Escocia: Scottish Government. Recuperado de https://www.gov.scot/collections/building-a-new-scotland
The Guardian. (2023). UK government reiterates Falklands sovereignty position. Londres, Reino Unido: The Guardian. Recuperado de https://www.theguardian.com
The Telegraph. (2026). Polling on British youth perceptions of the Falkland Islands. Londres, Reino Unido: The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk
UK Parliament. (2015). Defence expenditure in the Falkland Islands. London, Reino Unido: Parliament of the United Kingdom. Recuperado de https://questions-statements.parliament.uk
UK Parliament. (2023). Northern Ireland Protocol and Windsor Framework debates. London, Reino Unido: Parliament of the United Kingdom. Recuperado de https://www.parliament.uk
YouGov. (2023). British attitudes toward the Falkland Islands. London, Reino Unido: YouGov. Recuperado de https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2023/01/03/how-do-britons-feel-about-falklands-war-40-years-on
[1] Plaid Cymru es el principal partido nacionalista de Gales, fundado en 1925 para defender la identidad, la cultura y el idioma galés frente al predominio político inglés dentro del Reino Unido. De orientación centroizquierdista, socialdemócrata y europeísta, el partido sostiene actualmente una ampliación de la autonomía galesa y, a largo plazo, la independencia de Gales. Bajo el liderazgo de Rhun ap Iorwerth, Plaid Cymru logró en 2026 convertirse por primera vez en la principal fuerza política del Parlamento galés (Senedd), consolidándose como uno de los principales exponentes de la creciente fragmentación territorial y política del Reino Unido posterior al Brexit.
[2] Senedd es el Parlamento de Gales y constituye la principal institución legislativa autónoma galesa dentro del sistema de devolución de poderes del Reino Unido. Fue creado en 1999 tras el proceso de devolution impulsado por el gobierno laborista de Tony Blair y originalmente se denominaba National Assembly for Wales. Desde 2020 adoptó oficialmente el nombre de “Senedd Cymru” o simplemente “Senedd”, término galés que significa “parlamento”. Tiene sede en Cardiff y posee competencias en áreas como salud, educación, transporte, cultura y parte de la política fiscal, aunque la soberanía constitucional continúa residiendo formalmente en el Parlamento británico de Westminster.
[3] Sinn Féin es un partido político nacionalista irlandés fundado en 1905, históricamente asociado al republicanismo irlandés y a la lucha por la reunificación de Irlanda. Su nombre en gaélico significa “Nosotros mismos” o “Nosotros solos”. Durante décadas fue considerado el brazo político del IRA (Irish Republican Army), especialmente durante el conflicto de Irlanda del Norte conocido como The Troubles. En la actualidad se presenta como una fuerza de izquierda, republicana y antiunionista que impulsa la salida de Irlanda del Norte del Reino Unido y su integración con la República de Irlanda. Bajo el liderazgo en Irlanda del Norte de Michelle O’Neill, el Sinn Féin se convirtió en la principal fuerza política norirlandesa, hecho históricamente significativo en una región creada originalmente para garantizar una mayoría probritánica y unionista.
[4] término utilizado para referirse a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, resultante del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, en el cual el 51,9 % del electorado británico votó a favor de abandonar el bloque europeo. La expresión surge de la combinación de las palabras Britain y exit. El proceso culminó formalmente el 31 de enero de 2020 y produjo profundas consecuencias económicas, comerciales, constitucionales y geopolíticas tanto para el Reino Unido como para Europa, reactivando además tensiones territoriales internas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
[5] Surgió inicialmente como Brexit Party en 2018 con el objetivo de impulsar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y posteriormente fue reorganizado bajo su denominación actual. Su crecimiento posterior al Brexit reflejó el avance de sectores desencantados con el bipartidismo británico tradicional y con los efectos económicos y sociales de la globalización.
[6] El Northern Ireland Protocol fue un acuerdo posterior al Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea destinado a evitar una frontera física entre Irlanda del Norte y Irlanda, manteniendo parcialmente a Irlanda del Norte dentro del sistema regulatorio europeo y trasladando los controles comerciales al mar de Irlanda.
[7] El Windsor Framework fue el acuerdo alcanzado en 2023 entre el Reino Unido y la Unión Europea para modificar y flexibilizar el funcionamiento del Northern Ireland Protocol, reduciendo controles comerciales entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte y buscando disminuir las tensiones políticas surgidas tras el Brexit.
[8] AUKUS es una alianza estratégica y militar creada en 2021 entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, orientada a la cooperación en defensa, tecnología militar y seguridad en el Indo-Pacífico, incluyendo el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear para Australia.