por Roberto A. Román y Juan Manuel Domínguez Rotta
Su creación: entre el escándalo narco y la sumisión al dominio extranjero
En octubre del año pasado, en plena campaña para las elecciones legislativas de medio término, el gobierno de Javier Milei creó, mediante el Decreto 717/2025, el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA). El anuncio, realizado por la entonces Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, buscó desviar la atención de la opinión pública en un momento particularmente delicado para el oficialismo. Este se encontraba en el ojo de la tormenta a raíz de la denuncia presentada contra José Luis Espert por el presunto financiamiento narco que habría recibido durante su postulación a presidente en las elecciones de 2019.
Espert está siendo investigado judicialmente por su sospechoso vínculo con el empresario Federico «Fred» Machado, detenido y procesado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Machado, según la investigación, brindó un avión privado para la campaña de Espert y realizó importantes transferencias de miles de dólares, lo que motivó las críticas y el pedido de esclarecimiento por parte de la oposición.
Al mismo tiempo que se intentaba desviar la atención, el Gobierno fortalecía su vínculo de sumisión con Estados Unidos e Israel, justificando un incremento discrecional de los fondos reservados de la SIDE y eludiendo, una vez más, los controles parlamentarios. La noble causa de la lucha contra el terrorismo internacional se utilizó como un manto para ocultar estas maniobras. En aquella ocasión, ya advertimos en este medio sobre los posibles usos políticos de la medida, la participación indebida de las Fuerzas Armadas y el riesgo de que la lucha antiterrorista derivara en persecución o represión interna de opositores políticos.(1)
“Ninguna amenaza sin detectar”, el lema del organismo
El 13 de julio de este año, se realizó el acto inaugural del CNA. Sobre la puerta de ingreso al centro de control reza la frase “Ningún amenaza sin detectar”. En el lugar, se hicieron presentes representantes del FBI y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Encabezó el encuentro el Secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra.
Durante la presentación, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, destacó que la iniciativa representa “un paso clave” para reforzar la protección del país frente a amenazas de “alcance internacional”. También explicó que el terrorismo constituye un riesgo que exige coordinación y cooperación con distintos países. A su vez, afirmó que en un contexto global cada vez más complejo, el objetivo es mejorar la capacidad del Estado para anticipar riesgos, detectar amenazas y resguardar los intereses nacionales.
En último lugar, informó que “la misión del centro es coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”.
La hegemonía de los cruzados: destruir a la “izquierda ladrillo por ladrillo”
Pocos días después, el jueves 16, el canciller Pablo Quirno anunció que el gobierno de Javier Milei actuará coordinadamente con los Estados Unidos en la nueva cruzada que el presidente Trump lanzó contra lo que denomina como “terrorismo de izquierda”.
El funcionario lo hizo en el marco de la convocatoria que hizo el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, a 66 países para que participen de una cumbre en Washington donde se habló de “aplastar” a las expresiones contestatarias. Durante el encuentro, rotulado como “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, Rubio sostuvo que había que identificar y mapear al llamado terrorismo de izquierda. Repetidamente se hizo mención a las organizaciones político-militares que actuaron durante los años 60 y 70 en América Latina, las cuales fueron combatidas con el apoyo de Estados Unidos.
También afirmó que “a través de la inteligencia y el intercambio de información, de una estrategia coordinada de aplicación de la ley, y mediante la focalización e interrupción financiera, desmantelaremos estas redes, ladrillo por ladrillo”.
A su turno, el segundo orador, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, planteó los lineamientos suscriptos en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (también conocido como NSPM-7). Esta directiva ordena que todas las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley trabajen en conjunto para desarticular, identificar, desfinanciar, retirar del sistema bancario, arrestar y procesar a terroristas políticos que operan en EEUU.
En este evento, en representación de la delegación argentina, participó también el número dos de la SIDE, José Lago Rodríguez.
El asesor presidencial, Santiago Caputo, quien maneja desde las sombras la SIDE, tuiteó que las declaraciones de Rubio son parte de la plataforma por la que Milei venía “batallando” en soledad desde hace casi una década. Agregó además: “Si Occidente no identifica claramente a los enemigos a los que se enfrenta, y adapta sus instituciones en consecuencia, está condenado a morir”.
Reflexiones finales
1. El CNA, tal como se concibe, crea un espacio de articulación entre organismos de inteligencia, seguridad, justicia, relaciones exteriores y fisco. Esto amplía significativamente el perímetro de intervención estatal en materia de información sobre personas y organizaciones bajo la cobertura de la lucha antiterrorista. Sin embargo, el decreto de creación no establece mecanismos claros de control judicial o parlamentario sobre sus actividades. La persistente opacidad en la ejecución de los fondos reservados (como el incremento de $100.000.000.000 para la SIDE mediante el Decreto 656/2024) dificulta cualquier evaluación externa de eficiencia o pertinencia del gasto, repitiendo el patrón de elusión al control de la Comisión Bicameral de Fiscalización (CBI).(2)
2. Para los funcionarios de organismos como la UIF, ARCA o la Dirección Nacional de Migraciones, la creación del CNA implica la designación de un representante y nuevas obligaciones de intercambio de información con fines antiterroristas, cuyos alcances no están claramente definidos. Para el ciudadano común, el impacto directo es menos visible pero potencialmente relevante: se prevé una mayor circulación de sus datos personales entre diferentes agencias sin que se establezcan mecanismos específicos de protección de datos o un control externo efectivo sobre ese intercambio.
3. El CNA, diseñado como un espacio de coordinación multiagencial sin una ley específica que lo sustente (se apoya solo en el decreto de creación de la SIDE), reproduce el patrón institucional de creación de estructuras por vía reglamentaria antes que legislativa. Esto facilita su rápida instrumentación pero también su volatilidad institucional, ya que puede ser modificado o disuelto por un decreto de igual jerarquía. Esta precariedad contrasta con la necesidad de una política de Estado estable y duradera en materia antiterrorista.
4. En el CNA, la disputa por el control de la “unidad de planificación operacional” entre la SIDE y el Ministerio de Seguridad Nacional (el titular es designado por el Secretario de Inteligencia a propuesta del Ministro) anticipa un espacio de negociación de poder entre dos carteras con intereses superpuestos en materia antiterrorista. Esta tensión interna, lejos de fortalecer la lucha contra el terrorismo, podría generar ineficiencias y una falta de claridad en la cadena de mando, especialmente si se considera la injerencia directa que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene en la SIDE, desnaturalizando el rol de la inteligencia civil.
5. Los criterios que tiene la Casa Rosada para definir a organizaciones como terroristas son imprecisos y excesivamente amplios, lo que puede dar lugar a una aplicación arbitraria y a abusos, como la persecución de movimientos sociales o la represión de la disidencia política. Esto es particularmente peligroso a la luz de las recientes declaraciones de Donald Trump, Marco Rubio y Stephen Miller.
6. El gobierno de Milei nos tiene acostumbrados a anuncios rimbombantes y a declaraciones dramáticas sobre peligros tan inminentes como imaginarios. Al mismo tiempo, el Gobierno ha demostrado su oportunismo y vacuidad cuando se presentan reformas institucionales concretas. Estas reformas suelen caracterizarse por una pobrísima manufactura legal y una peor implementación. Pero aun cuando podemos vernos tentados a subestimar su propia capacidad de construir todo el poder de vigilancia y represivo que desearía, la insistencia de una narrativa renovada que resuena sobre viejos fantasmas del pasado, no debe ser desestimada.
En ese sentido, las declaraciones hechas por el mismo presidente Milei en una entrevista concedida a principio de mes al programa La Cornisa conducido por Luis Majul en LN+, donde calificó a estudiantes, docentes, periodistas e investigadores opositores como “terroristas disfrazados”, llevó el lenguaje oficial hasta el límite extremo que una democracia puede soportar.
7. El lineamiento total con la política exterior del presidente Trump convierte a la Argentina en una suerte de «sucursal» del gobierno norteamericano, anteponiendo sus propios intereses a los de nuestro país. Esto contradice la visión multipolar que ha sostenido la Argentina durante las dos últimas décadas. La decisión de alinearse con la “cruzada contra el terrorismo de izquierda” de Trump, además de ser un gesto de sumisión, implica un riesgo diplomático al condicionar las relaciones con otras naciones que no comparten esa misma visión o que tienen vínculos históricos con Argentina (Brasil, México, España, China, Rusia, etc.).
8. La intromisión de Estados Unidos en organismos del nivel estratégico, como la SIDE y el CNA, consolida un proceso de cooptación de altos funcionarios y personal de carrera de las áreas involucradas. La presencia del FBI en el acto inaugural y la cooperación estrecha con la administración Trump sugieren que el CNA podría ser un vector para la influencia extranjera, en lugar de una herramienta para resguardar la soberanía nacional.
9. En síntesis, el CNA, tal como ha sido concebido y lanzado, carece de mecanismos de control legislativo previos sobre los fondos reservados, no especifica de forma transparente el origen y destino de las partidas presupuestarias y, hasta el momento, no cuenta con los protocolos necesarios de interoperabilidad de datos. En lugar de ser una herramienta para abordar las amenazas que enfrenta el país de manera integral y respetuosa de la ley y los derechos humanos, parecería consolidarse como un instrumento para ampliar el poder del Ejecutivo, eludir controles, alinearse acríticamente con potencias extranjeras y perseguir disidencias.
Entonces, cabe preguntarnos: ¿Estamos en presencia de un nuevo intento para relanzar el «Plan Cóndor» del siglo XXI? El interrogante no es ocioso, y la respuesta dependerá de la capacidad de la sociedad civil, el Congreso y el Poder Judicial para poner límites y exigir transparencia. Todo pareciera indicar que el Centro no está diseñado para proteger la soberanía ni la seguridad ciudadana, sino para ocultar maniobras políticas, eludir controles y alinearse con una cruzada externa. Tal vez su función no sea detectar amenazas, sino fabricar enemigos políticos.
(1) Se recomienda leer la nota publicada en este medio por: Roberto A. Román, “Centro Nacional Antiterrorismo: ¿compromiso democrático o cortina de humo?”. Número 33, octubre 2025. Acceder: https://soberaniadigital.org/centro-nacional-antiterrorismo-compromiso-democratico-o-cortina-de-humo/.
(2) Se recomienda leer la nota publicada en este medio por: Rodolfo Delagnola, “SIDE, fondos reservados millonarios y agentes con doble sueldo”. Número 21, agosto 2024. Acceder: https://soberaniadigital.org/side-fondos-reservados-millonarios-y-agentes-con-doble-sueldo/.