SOBRE LA LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL
por Luciano Anzelini
Te resumo en 10 puntos el humo, la sarasa y el piripipí del Proyecto de Ley de Milei en lo que hace a Malvinas. También sintetizo lo verdaderamente grave, que los diputados NO PUEDEN DEJAR PASAR: la reinstalación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
El giro de 360° es simulación política, no convicción. El Gobierno utilizó 1000 días para elogiar a Thatcher, defender la autodeterminación kelper y calificar la Causa Malvinas de «nacionalismo rancio». La cadena nacional del 3 de septiembre buscó tapar la grave crisis económica.
El texto no nombra al Reino Unido como amenaza. A lo largo de sus 133 artículos, el proyecto de ley de «Defensa de la Soberanía» elude deliberadamente nombrar al Reino Unido como la potencia ocupante y como amenaza real en nuestro territorio.
En un hecho inédito y ridículo desde la técnica legislativa, la ley crea un «Sistema de Seguridad Nacional» pero excluye entre los miembros del Consejo de Seguridad Nacional al propio Ministerio de Seguridad.
Utiliza la causa nacional de las Islas Malvinas para encubrir la concentración de facultades autoritarias en el Presidente de la Nación y crear un Consejo de Seguridad Nacional que procura perseguir el disenso social.
Modifica el Código Penal para tipificar delitos ambiguos como «campañas de desinformación masiva», otorgando al gobierno una herramienta de censura previa contra periodistas y sociedad civil.
Destruye el consenso democrático (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior, Ley de Inteligencia Nacional) alcanzado desde 1983 al autorizar la militarización de la seguridad interior y la policialización de las Fuerzas Armadas. Gravísimo.
La Base Naval de Ushuaia no debe ser un enclave extranjero. Milei paralizó la obra 3 años y ahora la anuncia apresuradamente tras permitir la entrada del Comando Sur de EE.UU. Entregar la base estratégica del Atlántico Sur a la tutela del Pentágono destruye soberanía.
No se defiende la soberanía firmando decretos de papel mientras se gasta en Defensa el mínimo histórico del 0,28% del PBI para alistamiento operacional de nuestras Fuerzas Armadas.
La soberanía que no eleva los costos de la ocupación subvenciona el despojo. La única forma de forzar a Londres a negociar conforme a la ONU es encarecer de forma sistemática la sustentabilidad económica, logística y militar del enclave colonial.