Por Reese, Eduardo; Colella, Viviana; D`Liberis, Marcela; Dombroski, Lucas; Feld, Natalia *
¿Por qué es necesario planificar y gestionar el territorio?
Los problemas socio-territoriales -globales, nacionales, barriales y ambientales- tales como el cambio climático, las sequías en áreas rurales, la contaminación de acuíferos, el déficit de servicios, la emergencia habitacional, son algunas de las aristas que visibilizan un escenario de conflictos e incertidumbre. Asimismo estos se producen en un contexto en el que se registra el incremento sistemático de los índices de pobreza. Esto pone en evidencia lo indispensable que resulta la planificación y, al mismo tiempo, nos pone ante el desafío de incorporar nuevas prácticas e instrumentos de gestión territorial.
En este escenario aprendimos que el mercado sin intervención del Estado (en todos sus niveles) no garantiza el acceso igualitario, justo y sustentable del territorio. Esto es así en tanto el mercado se rige por los principios que el sistema capitalista impone. Por lo tanto los mecanismos del mercado inmobiliario son opacos, sus prácticas son especulativas y que las partes intervinientes tienen una capacidad de negociación y un acceso a la información profundamente asimétricas (Reese, 2022). Pero también aprendimos que la fragmentación y la perspectiva tecnocrática de las políticas públicas territoriales no fueron capaces de modificar las lógicas del mercado inmobiliario, por inacción o complicidad de la gestión pública.
¿Cómo cambiamos la matriz de la planificación territorial hacia una perspectiva de derechos?
Proponemos poner en cuestión la noción de Ordenamiento Territorial de la vigente normativa provincial, en tanto no se trata de llevar orden, a modo de ajustes desde una perspectiva técnica. Se trata, por el contrario, de intervenir en las disputas por la apropiación de los beneficios derivados del desarrollo territorial y, específicamente de la renta del suelo para promover el desarrollo territorial de la provincia desde una perspectiva de derechos humanos.
La historia del urbanismo occidental puede entenderse como el conflicto entre políticas públicas y la propiedad privada del suelo. La provincia de Buenos Aires, mediante el principio de la función social de la propiedad establecido en la Ley de Acceso Justo al Hábitat Nº14449, desde el año 2012 existen instrumentos que permitirían saldar la tensión entre el derecho individual a la propiedad privada y los derechos colectivos. Estos derechos se construyen sobre la base de un ambiente sustentable y un hábitat digno para toda la población en su conjunto. Premisas que adquieren particular relevancia en nuestra región caracterizada por la desigualdad social, económica, territorial. Desigualdad, que tiene como expresión territorial la precariedad y la insustentabilidad, en Argentina y, más ampliamente en América Latina, es, en gran parte, el resultado de la combinación simultánea del funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario y de la débil capacidad de intervención de las políticas públicas en los procesos de desarrollo territorial.
Diez propuestas para repensar la política territorial de la PBA
A propósito de estas consideraciones, desarrollamos siete propuestas para el desarrollo de un territorio desde una perspectiva de derechos humanos:
1 | Ajustar las normativas para promover la recuperación de la ciudad construida en contraposición al modelo sustitutivo actualmente vigente (demoler la edificación existente para construir según lo exige el mercado inmobiliario). Implementar proyectos que aseguren una mayor policentralidad con parámetros de sostenibilidad. Esto permitiría disolver el modelo centro – periferia actual (centros equipados con periferias sin servicios).
2 | Abordar el desarrollo de los territorios rurales y urbanos como problemáticas específicas pero sin perder de vista las interrelaciones y continuidades que las vinculan. Fomentar políticas de nueva ruralidad con producción familiar dirigida a garantizar la soberanía alimentaria.
3 | Implementar medidas de política territorial para contribuir a una distribución justa de costos y beneficios de los procesos de desarrollo dirigidas a alcanzar una mayor integración, igualdad y cohesión social territorial.
4 | Interculturalidad. Reconocimiento de las invariantes culturales e identitarias. Cultura – paisaje – estética. Las prácticas de los sectores populares en la construcción de la ciudad.
5 | Las políticas territoriales y especialmente las de espacio público deben diseñarse para garantizar el fortalecimiento de las redes comunitarias incluyendo, además, mecanismos de seguridad democrática.
6 | Asegurar que las acciones territoriales respeten la diversidad, incluyan la perspectiva de género y la centralidad de las políticas sociales de cuidados.
7 | Implementar mecanismos de participación comunitaria y de resolución democrática de conflictos. Garantizar el acceso igualitario a la información pública en materia de urbanismo y ambiente.
8 | Promover patrones de producción y consumo sostenibles y la preservación del patrimonio cultural tanto en espacios abiertos como edificados.
9 | Implementar mecanismos de resolución de la especulación inmobiliaria y la aptura y redistribución de la valorización inmobiliaria para garantizar derechos.
10 | Impulsar medidas de protección de los bienes comunes y de mitigación y adaptación a la crisis climática.
A modo de cierre
Desde este marco, acompañamos la decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de derogar el Decreto – ley Nª8912 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo aprobado durante la última dictadura cívico – militar, elaborando en su reemplazo una nueva política y una nueva legislación .
Entendemos que se trata de una oportunidad histórica para pensar colectivamente nuevas formas de desarrollo territorial junto con la normativa para regularla y un sistema de gestión que facilite su implementación.
Así, resulta imprescindible y urgente hacerlo como parte de un proceso de construcción de un sujeto social que la acompañe. La política territorial que defendemos debe incorporar una mirada integral desde la acción pública, considerando actores vinculados no solo a la planificación urbana estrictamente, sino también apelando a la academia, a los saberes populares y prácticas sociales que tienen como finalidad la transformación del territorio, a los sectores vinculados al desarrollo y gestión de servicios urbanos e infraestructura, a la producción industrial y rural, a las temáticas ambientales, de géneros y diversidades.
A su vez, la integralidad de la política de desarrollo territorial debe superar las dicotomías orden – desorden, formalidad – informalidad. Esto requiere incidir en el mercado del suelo, en sus lógicas de producción, en sus dinámicas, de modo de re enfocar el problema en la articulación entre quienes, y en qué medida se benefician y entre quienes, y en qué medida deben contribuir a sufragar las cargas, producto de las transformaciones territoriales. Se trata de movilizar las valorizaciones inmobiliarias para garantizar derechos acercando las condiciones de acceso a un hábitat digno, sustentable y justo para toda la población de manera equitativa. Esto supone, un Estado fuerte que encuentre en las políticas territoriales, una de las claves para garantizar los derechos individuales y colectivos.
De esta manera, como urbanistas nos proponemos contribuir, de todos los modos posibles, a construir una sociedad justa, equitativa y solidaria. En donde prime lo común, por sobre la crueldad de quienes promueven la destrucción del Estado y la violencia como modo de sociabilidad.
* Todas/os los autores son integrantes de la Licenciatura en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento.