por José Luis Sersale
La involución argentina encuentra su raíz en la peligrosa disociación entre la magnitud de nuestro espacio geográfico y la claudicación de la voluntad planificadora. Con un dominio que integra 3,7 millones de km² continentales y una vasta proyección marítima, la Argentina no padece un problema de recursos, sino de densidad estratégica.
Un territorio de escala continental no puede ser gobernado por “omisión”; no es un escenario pasivo, sino el resultado de un modelo territorial decidido. El interrogante fundamental al que nos enfrentamos no es la falta de espacio, sino quién está dando forma a ese espacio y bajo qué intereses.
Nuestro desdén hacia el espacio geográfico de pertenencia nos ha precipitado hacia una peligrosa fase de involución geopolítica. Esto es, un proceso de degradación de la capacidad del Estado para dominar, integrar y proyectar poder sobre la vasta geografía reclamada. Cuando ello ocurre, pasamos de ser sujeto a transformarnos en objeto de los intereses geopolíticos de potencias foráneas.
La involución geopolítica es el resultado de la pérdida de nuestra conciencia territorial y el abandono de aquello que Felipe Marini, en su obra ‘La Argentina en el Cono Sur: Una estrategia de integración’ (1985), denominó como las ‘líneas de esfuerzo’ —rutas, vías férreas, flujos de comercio, redes de energía y asentamientos poblacionales— a través de las cuales el Estado proyecta y concreta la cohesión del territorio (ocupación y dominio).
En la compleja etapa de formación nacional, Argentina se proyectó desde una lógica de expansión y ocupación del territorio. Sucesivas campañas y/o expediciones militares iniciadas en la década del ‘20 y ‘30 del siglo XIX tenían como finalidad incorporar enormes extensiones territoriales a la soberanía de la entonces novel Confederación Argentina. La involución geopolítica es el proceso inverso: las autoridades del Estado comienzan a considerar las zonas alejadas del centro de decisión en función del ‘costo’ que supone financiar el mantenimiento, la ampliación y la modernización de las ‘líneas de esfuerzo’ a través de las cuales se integra el espacio territorial; consolidando progresivamente ‘espacios de soberanía nominal’ (Marini, 1985). La incapacidad para vertebrar el territorio mediante infraestructuras de poder —auténticos vehículos de la voluntad soberana— activa vectores de fragmentación que desarticulan la cohesión nacional y derivan en situaciones de anomia territorial. Al carecer de una densa trama de interconexión que integre la heterogeneidad de nuestros ambientes geográficos, las asimetrías naturales se profundizan hasta convertirse en fracturas expuestas. Este aislamiento sistémico empuja a las regiones periféricas a orbitar hacia centros de decisión ajenos, consolidando una dinámica de marginalidad funcional donde el interés nacional se diluye. En geopolítica, la sentencia es definitiva: el espacio que el Estado no ocupa, no dinamiza y no defiende, es un espacio que irremediablemente se pierde.
Anatomía de la fragmentación
La Argentina actual se encamina a ser un territorio de baja intensidad soberana. Este escenario resulta particularmente crítico en momentos en que el orden internacional está siendo sometido a un proceso inédito de reconfiguración bajo un impulso de apropiación de recursos estratégicos que en la geografía argentina abundan. El modelo territorial actual se consolida mediante ‘corredores de exportación’ —diseñados para la salida eficiente de flujos hacia el mercado global— mientras se desestiman, bajo una lógica de ajuste fiscal, los ‘ejes de articulación’ fundamentales. Esta asimetría en la infraestructura impide que el territorio nacional se integre en una unidad de sentido. Al priorizar infraestructuras orientadas exclusivamente a la exportación el resultado es la fragmentación funcional: una suma de territorios inconexos que operan de manera relativamente autónoma, respondiendo más a la demanda dinámica de los mercados globales que a un proyecto soberano de integración territorial plena. Este modelo de «archipiélagos económicos» divide al territorio nacional en tres dinámicas regresivas:
Enclaves de extracción: Áreas especialmente ricas en insumos estratégicos que funcionan como islas hiperconectadas al mercado global, pero estructuralmente divorciadas del tejido socio-productivo nacional. En estos puntos, la soberanía se vuelve ‘porosa’; el repliegue del Estado permite que sean las dinámicas transnacionales las que definen la gestión efectiva del espacio. En un contexto de reconfiguración global de las cadenas de suministros (‘friend shoring’ concebidas como infraestructuras críticas de seguridad), estas áreas se transforman en espacios de gravitación exógena, regidos por una lógica de mercado que los integra a un engranaje transnacional del cual el país no puede sustraerse por meras razones de política interna. Así, estos territorios dejan de ser parte de un proyecto de cohesión nacional para convertirse en eslabones cautivos de una cadena de valor global cuyas prioridades y dinámicas son ajenas, y a menudo contrapuestas, a la integridad del territorio nacional. La experiencia internacional da cuenta, incluso, de casos en los que la presencia de ejércitos privados custodiando enclaves estratégicos ha desplazado por completo a la autoridad estatal.
Nodos de consumo y servicios: Grandes áreas metropolitanas caracterizadas por una macrocefalia urbana que absorbe de forma persistente a la población desplazada del interior. Estos centros operan bajo una lógica o dinámica funcional que prioriza el vínculo con los mercados globales y el abastecimiento de bienes importados a la integración productiva nacional. Al actuar meramente como terminales de bienes y/o servicios extranjeros, estos nodos viven de espaldas a su propia realidad territorial, alimentando una vulnerabilidad sistémica ante las crisis de suministros globales y anulando cualquier posibilidad de planificación federal efectiva.
Zonas de abandono o «baldíos geopolíticos»: Espacios fronterizos y territorios de baja densidad estratégica donde la restricción o ausencia estatal donde la población queda expuesta a influencias externas, incluyendo desde el control de corporaciones transnacionales hasta el avance de redes ligadas al crimen organizado. Constituyen una vulnerabilidad crítica para la defensa nacional. Las dificultades de control sobre estos espacios transforman al territorio en permeable a amenazas de diversa naturaleza e incluso a la ejecución de actividades de inteligencia por parte de actores externos. Estas zonas ilustran la pérdida de las capacidades de disuasión y respuesta temprana, erosionan la integridad de nuestras fronteras y degradan las condiciones de seguridad y defensa nacional.
Hacia una conciencia territorial plena
La soberanía no es un concepto retórico o emocional; es, ante todo, la construcción sistemática y permanente de una red que garantice densidad estratégica mediante la convergencia de: presencia institucional, control físico y flujos económicos integrados. Un país incapaz de vertebrar su espacio interior termina cediendo su autonomía a dispositivos de integración externa que operan como un sistema circulatorio extraño sobre un cuerpo nacional desarticulado.
Esta disociación entre la declamación y la realización alcanza su punto más crítico en nuestra desidia hacia la Argentina Insular. La aún precaria integración física entre el núcleo continental y nuestra proyección oceánica —condición sine qua non para validar toda pretensión de soberanía— reduce nuestra vocación bicontinental a una mera expresión de deseos frente a la presencia fáctica de potencias extranjeras.
Revertir esta trayectoria de degradación o involución geopolítica demanda una arquitectura de seguridad y desarrollo que integre las áreas de baja densidad estratégica mediante ‘líneas de esfuerzo’ persistentes y una clara voluntad de dominio del espacio soberano. Lo esencial —y más urgente— es lograr que nuestra inmensidad geográfica deje de ser concebida como un pasivo en la planilla contable para representarse, finalmente, como el eje central de una plena conciencia territorial. Solo recuperando la capacidad de concebir al territorio como una unidad física y funcional, podremos transformar la geografía de carga financiera a activo estratégico.
Debemos erradicar la noción del Estado como un ‘obstáculo’ para reconocer que la responsabilidad de planificar y ejecutar la integridad del territorio es una de sus funciones naturales e indelegables. El Estado no solo debe proyectar la unidad de la Nación en el mapa, sino materializar esa proyección a través de una presencia física y operativa. La integración nacional no es, ni será, un subproducto del mercado, sino el resultado de una planificación e inversión estratégica que —aunque la lógica contable la califique como ‘pérdida financiera’— constituye la única garantía de ganancia soberana futura. El riesgo al que nos enfrentamos no es meramente la pobreza económica, sino la disolución silenciosa de nuestra unidad territorial ante la ausencia, por momentos deliberada, de una voluntad política que ordene y cohesione el espacio nacional argentino.