por Fabián Montaño
Hay debates que trascienden cualquier coyuntura económica. Son discusiones que hablan del país que queremos construir, del papel que le asignamos al Estado y del modo en que entendemos la solidaridad entre generaciones. La seguridad social pertenece a esa categoría de debates esenciales. No es un capítulo más de la administración pública ni una variable que pueda ajustarse según las necesidades fiscales del momento. Es uno de los pilares sobre los que se sostiene el contrato social argentino, porque expresa una decisión colectiva: que quienes trabajaron durante toda su vida tengan una vejez digna y que las familias cuenten con un Estado presente cuando más lo necesitan.
Cada jubilación que se paga, cada asignación familiar que llega a un hogar y cada derecho que se reconoce a través de ANSES son la materialización de esa decisión política. Detrás de cada prestación existe una idea de comunidad que entiende que el desarrollo de una Nación no puede medirse únicamente por el equilibrio de sus cuentas públicas, sino también por la capacidad de proteger a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Esa concepción no nació por casualidad; es el resultado de décadas de luchas sociales, de consensos democráticos y de una tradición profundamente argentina que hizo de la seguridad social una herramienta de inclusión y de igualdad.
Hoy ese consenso está siendo puesto en discusión. El gobierno de Javier Milei no solo impulsa un programa económico de fuerte ajuste fiscal, sino también una mirada ideológica que considera al Estado como un obstáculo y a la seguridad social como un gasto que debe reducirse. Bajo conceptos como eficiencia, modernización o equilibrio presupuestario, se avanza sobre políticas que, lejos de fortalecer el sistema, lo debilitan progresivamente. Cuando se desfinancia un organismo, se reducen sus capacidades, se paralizan programas y se deterioran las condiciones de quienes garantizan su funcionamiento cotidiano, el problema ya no es administrativo: es político.
La historia demuestra que ningún sistema previsional público se destruye de un día para otro. Primero se lo priva de recursos, luego se instala la idea de que funciona mal, más tarde se cuestiona su legitimidad y finalmente se presentan alternativas privadas como si fueran la única salida posible. Ese recorrido ya fue transitado por distintos países y la Argentina también conoce sus consecuencias. Por eso resulta indispensable comprender que el debate previsional nunca es exclusivamente técnico. Detrás de cada decisión presupuestaria existe una determinada concepción de sociedad y una definición sobre quién debe asumir los riesgos de la vejez: el conjunto de la comunidad o cada individuo por su cuenta.
Quienes trabajamos todos los días en ANSES conocemos esa realidad mejor que nadie. El organismo no es una oficina administrativa más dentro del Estado; es una institución que garantiza derechos a millones de argentinos. Allí llegan trabajadores que inician su trámite jubilatorio, madres que buscan acceder a una asignación, personas con discapacidad, familias que atraviesan situaciones difíciles y ciudadanos que encuentran en el Estado una respuesta que el mercado jamás podría ofrecer. Detrás de cada expediente hay una historia de esfuerzo y detrás de cada respuesta existe el compromiso de miles de trabajadores y trabajadoras que sostienen el funcionamiento del sistema con profesionalismo, experiencia y una enorme vocación de servicio público.
Sin embargo, el Gobierno ha elegido construir un relato que transforma al trabajador estatal en un enemigo. Se instaló la idea de que el empleo público representa un privilegio, cuando en realidad constituye el principal recurso para garantizar políticas que alcanzan a millones de personas. En ANSES esa contradicción se vuelve evidente. Mientras aumenta la demanda social producto de la crisis económica, se reducen estructuras, se congelan ingresos de personal, se deterioran los salarios y se incrementa la presión sobre quienes deben responder con menos recursos a necesidades cada vez mayores. No se perjudica solamente a los trabajadores del organismo; se resiente la capacidad del Estado para brindar respuestas oportunas y de calidad.
Los jubilados son, probablemente, quienes padecen con mayor crudeza las consecuencias de este modelo. La discusión pública suele concentrarse en fórmulas de movilidad, porcentajes de actualización o metas fiscales, pero detrás de esos indicadores hay personas que deben elegir entre comprar medicamentos o alimentos, afrontar un alquiler o pagar los servicios básicos. El ajuste no ocurre sobre una planilla de cálculo. Ocurre en la mesa de millones de argentinos que después de toda una vida de trabajo ven deteriorarse sus condiciones de vida mientras se les pide un esfuerzo adicional en nombre del equilibrio fiscal.
Tampoco es casual que, junto con el ajuste económico, se promueva un discurso permanente de desprestigio hacia las instituciones públicas. Cuando se convence a la sociedad de que el Estado no funciona, resulta más sencillo justificar su reducción. Cuando se instala que los organismos públicos son ineficientes por naturaleza, se abre la puerta para que funciones esenciales pasen a manos privadas. El problema es que la seguridad social no puede analizarse con la lógica de un negocio. Su finalidad no es generar rentabilidad, sino garantizar derechos. Confundir ambos planos implica desconocer el sentido mismo de las políticas públicas.
Defender el sistema previsional no significa negar la necesidad de modernizarlo. Nadie puede oponerse a incorporar tecnología, simplificar trámites, mejorar procesos o hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Los trabajadores de ANSES hemos participado históricamente de esos procesos y sabemos que siempre existen oportunidades para hacer mejor las cosas. Pero modernizar no puede ser la excusa para desmantelar. Digitalizar no puede significar abandonar a quienes necesitan atención presencial. Ordenar no puede convertirse en sinónimo de reducir derechos. La verdadera eficiencia consiste en acercar soluciones a la ciudadanía, no en retirar al Estado de donde más se lo necesita.
El sistema previsional argentino enfrenta desafíos reales. El envejecimiento de la población, las transformaciones del mercado laboral, el crecimiento de la informalidad y los cambios tecnológicos obligan a pensar nuevas herramientas para garantizar su sustentabilidad. Pero esos desafíos requieren más planificación, más diálogo y más capacidad estatal, no menos. Debilitar a ANSES, deteriorar las condiciones laborales de sus trabajadores y reducir las políticas de protección social solo profundiza los problemas que se dice querer resolver.
Desde APOPS sostenemos que la defensa de la seguridad social excede cualquier discusión sectorial. No defendemos únicamente los derechos de quienes trabajan en ANSES; defendemos la calidad del servicio que reciben millones de argentinos y la existencia de un sistema previsional basado en la solidaridad y no en la capacidad económica individual. Creemos en un Estado eficiente, transparente y moderno, pero también presente, capaz de garantizar que nadie quede librado a la incertidumbre cuando termina su vida laboral o atraviesa una situación de vulnerabilidad.
La Argentina deberá decidir qué modelo quiere construir para las próximas décadas. Uno donde cada ciudadano enfrente solo los riesgos de la enfermedad, la vejez o el desempleo, o uno donde la comunidad organizada siga sosteniendo un sistema solidario que proteja a todos sin distinción. Esa discusión ya está planteada y exige compromiso, porque las decisiones que se adopten hoy marcarán el futuro de varias generaciones. Defender el sistema previsional público no es defender una estructura burocrática. Es defender la dignidad de quienes trabajaron toda su vida, el compromiso de miles de trabajadores que sostienen diariamente una de las instituciones más importantes del Estado y el derecho de las futuras generaciones a vivir en una sociedad más justa. Porque cuando se debilita la seguridad social no se achica el Estado: se agranda la incertidumbre, aumenta la desigualdad y se rompe un pacto de solidaridad que llevó décadas construir. Y cuando eso ocurre, pierde mucho más que un organismo público: pierde la Argentina como proyecto de comunidad.
Fabián Montaño es Secretario General de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS)