por Oscar Armanelli
La reciente clausura de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) en Cusco, Perú, ha dejado un documento histórico, la Declaración de Cusco. Firmada por 33 delegaciones del continente, la cumbre formalizó el traspaso de su presidencia pro témpore a los Estados Unidos. Aunque el discurso oficial se centra en la “cooperación y la buena fe”, el trasfondo obliga a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estos acuerdos realmente protegen nuestros intereses nacionales o nos alinean a una agenda externa?
El documento final se estructura sobre tres ejes que redefinen las tareas de las Fuerzas Armadas en la región:
- Combate a las amenazas transnacionales: Se prioriza la lucha contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y las economías ilícitas mediante operaciones coordinadas y «operaciones espejo» en las fronteras.
- Ciberdefensa e Infraestructura Crítica: Ante la vulnerabilidad digital, se acordó blindar sistemas estratégicos nacionales frente a hackeos o sabotajes.
- Asistencia Humanitaria: Coordinación regional inmediata ante desastres climáticos, un punto de consenso logístico sin fricciones políticas.
Existen argumento a favor y en contra, entre los argumentos a favor (proclive a la conveniencia nacional) expresa que el crimen ya no respeta fronteras, países como Ecuador demostraron en la cumbre que las bandas criminales operan como corporaciones multinacionales. Ningún Estado puede combatirlas solo. La cooperación en inteligencia y el control fronterizo conjunto es un interés nacional urgente para frenar la violencia interna. Paralelamente afirman que la modernización tecnológica, el acceso a ejercicios regionales de ciberdefensa y simulaciones de crisis permite a nuestras Fuerzas Armadas actualizarse ante amenazas modernas sin los costos prohibitivos de hacerlo de manera aislada.
Entre los argumentos en contra (que coloca riesgos para la soberanía) expresan la delgada línea entre Seguridad Interna y Defensa, tradicionalmente, la doctrina en muchos países de la región (como Argentina) prohíbe que los militares intervengan en seguridad interior. Enfocar la defensa hacia el narcotráfico y el crimen organizado corre el riesgo de “policializar” a las Fuerzas Armadas, desviándolas de su rol principal: proteger la soberanía contra agresiones estatales externas.
A ello se suma la alineación geopolítica con Washington, con la llegada de EE. UU. a la presidencia del foro bajo la mirada de Elbridge A. Colby, la agenda de Washington busca explícitamente contrarrestar la influencia de “actores extrahemisféricos” (China y Rusia). El interés nacional de muchos países latinoamericanos suele ser el pragmatismo comercial con Pekín; quedar atrapados en una lógica de Guerra Fría militar impulsada por EE. UU. podría perjudicar los intereses económicos locales.
El dilema argentino: entre las “zonas grises” y el marco legal
Para la República Argentina, la Declaración de Cusco introduce una tensión directa con su histórica arquitectura jurídica en materia de seguridad y defensa. Al convalidar el concepto de “zonas grises”, donde las fronteras entre el delito transnacional y la agresión militar se desdibujan, la delegación nacional encabezada por el general de división Jorge Alberto Puebla respaldó un giro doctrinario de escala continental. Este enfoque choca de frente con el espíritu de la Ley de Defensa Nacional (N° 23.554), la cual establece desde el regreso de la democracia una separación tajante entre el empleo de las Fuerzas Armadas ante agresiones estatales externas y las tareas de seguridad interior, reservadas exclusivamente a las fuerzas policiales y de seguridad.
Bajo la óptica de la actual gestión gubernamental, este nuevo consenso hemisférico opera como un fuerte respaldo político para profundizar el despliegue del instrumento militar en las fronteras del norte y en puntos críticos como Rosario. Mecanismos acordados en la cumbre peruana, tales como las “operaciones espejo” y el intercambio inmediato de inteligencia criminal, le proveen a Buenos Aires un paraguas multilateral para justificar el uso del Ejército en el apoyo logístico y de vigilancia contra el narcoterrorismo. Sin embargo, para diversos especialistas en derecho constitucional y estrategia, este alineamiento regional encierra el riesgo latente de una “policialización” de los cuadros militares, distrayendo capacidades operativas de su misión principal: la custodia de los recursos estratégicos tradicionales del país, como el Mar Argentino, la Antártida y el Acuífero Guaraní.
El escenario se complejiza aún más con el traspaso de la presidencia del foro a los Estados Unidos, cuyo representante en la cumbre, Elbridge A. Colby, fijó como prioridad explícita neutralizar la influencia de actores extrahemisféricos en la región. Aquí es donde el interés nacional argentino ingresa en una encrucijada pragmática. Mientras la Casa Rosada consolida su alianza geopolítica e ideológica con Washington, la macroeconomía argentina mantiene una dependencia vital de sus lazos comerciales con Pekín mediante las exportaciones agropecuarias y los compromisos financieros. Quedar subsumidos en una doctrina de defensa continental diseñada para contener a China como una amenaza hemisférica plantea el desafío de calibrar la diplomacia militar para evitar que los compromisos de Cusco deriven en severos costos económicos para el país.
La Declaración de Cusco no es buena ni mala por sí misma: es un instrumento de poder. Cooperar para frenar al narcotráfico y proteger el ciberespacio es vital, pero los gobiernos locales deben ser lo suficientemente hábiles para participar en estos foros sin ceder soberanía jurídica, sin desnaturalizar el rol de sus ejércitos y sin transformarse en peones de la disputa geopolítica entre las grandes potencias.
En el caso particular de Argentina, este debate adquiere una relevancia doméstica inmediata y crítica, por lo que debemos estar atentos al paquete de reformas sobre seguridad, inteligencia y defensa que el Poder Ejecutivo avanza y planea enviar próximamente al Congreso de la Nación, será en el ámbito legislativo donde se defina si la traducción de estos consensos hemisféricos respeta los límites republicanos o si modifica de raíz la doctrina de seguridad del “La independencia no consiste solamente en romper cadenas, sino en conservar la libertad.” – Juan Bautista Alberdi
El General (r) Oscar Armanelli es Doctor en Ciencia Política y en Defensa Nacional