por Sebastián Premici
EL GOBIERNO DE MILEI AVANZA CON LA ENTREGA DEL TERRITORIO NACIONAL A EMPRESAS EXTRANJERAS
Los cambios en la ley de tierras
La administración Milei pretende modificar con tan solo ocho artículos la totalidad de la ley de protección del dominio nacional de las tierras rurales. En la práctica, se trasmutan los sujetos obligados, una alteración estratégica que vacía de contenido el espíritu original de la norma. El texto propuesto por el Poder Ejecutivo pasará a regular la posesión de tierras rurales solamente por parte de “Estados extranjeros” y de aquellas formas societarias donde un Estado defina la voluntad de la empresa.
De esta manera, se libera de toda limitación a personas humanas y empresas extranjeras. Los datos históricos relevados por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) indican que la mayor proporción de tierras en manos extranjeras está titularizada a nombre de personas jurídicas privadas (empresas) y no de Estados. Por ende, limitar solamente a Estados extranjeros la adquisición de tierras rurales forma parte de las trampas jurídicas esbozadas por Sturzenegger, otra maniobra de legalidad fraguada.
“Fingen la restricción a organismos públicos estatales extranjeros pero no dicen nada de las empresas privadas que son un vehículo para la entrega de soberanía. El 90% de las operaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri y Javier Milei fueron adquisiciones de privados –extranjeros- a través de triangulaciones vía fideicomisos donde el que da la cara posee un DNI local. Esta es una derogación encubierta de la Ley de tierras”, sostuvo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los autores de la norma aprobada durante un álgido diciembre de 2011 ante las esquirlas de lo que había sido el famoso Grupo A.
El proyecto de LLA busca la opacidad; la ciudadanía no podrá saber quiénes están detrás de la compra de tierras. Los “inversores extranjeros” podrán utilizar una arquitectura jurídica de mamushkas de empresas radicadas en Paraísos Fiscales para apropiarse de una parte del territorio del país. Por eso se deroga del artículo 2 de la ley original la parte que fijaba como objetivo “determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales”.
El espíritu original de la Ley 26.737 excluía del régimen de inversiones las operaciones de compra venta de tierras por parte de personas o empresas extranjeras. El artículo 11 contenía una clausula interpretativa destinada a blindar al Estado argentino al no considerar a la tierra rural como una inversión protegida por tratados internacionales. En los fundamentos del texto original se expresaba lo siguiente:
“Este proyecto de ley excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado, nacional o provincial, o de los habitantes de la República Argentina. En consecuencia, se procura efectivizar el derecho irrenunciable del Gobierno Nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales”.
La iniciativa de Sturzenegger deroga este artículo 11. Bienvenidos los tribunales internacionales del CIADI.
Excepciones opacas
El proyecto oficial solo limita la compra de tierras rurales a Estado o empresas que tengan participación estatal. Pero podría haber excepciones.
En el artículo 31 del proyecto “Inviolabilidad de la propiedad privada” se modifica el artículo 4 de la ley original y se deja establecido lo siguiente: “Excepcionalmente, podrán ser titulares de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional en los casos en los que tal operación no constituya un riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional. La reglamentación establecerá un procedimiento con el objeto de autorizar o rechazar esas operaciones”.
Cuando los legisladores le preguntaron a Sturzenegger por esas “excepciones”, el funcionario se desligó de cualquier responsabilidad y respondió: “Si tienen alguna duda, presenten alguna propuesta de cómo especificar esas excepciones”.
¿Las excepciones podrían incluir el caso de un país que quiera instalar una base militar? Milei ya se la ofreció a los Estados Unidos y el lugar elegido fue Tierra del Fuego. ¿O se buscan evitar bases logísticas o de soporte de países “no alineados con Estados Unidos”?
“La reforma opera como un instrumento de política exterior: libera el mercado para el capital privado aliado mientras establece una herramienta de cerrojo legal explícito contra la adquisición por parte de Estados considerados adversarios por Washington. No se trata solamente de desregular; se trata de elegir a quién favorecer y afianzar una dependencia, un vasallaje”, advirtió Gómez.
EL SAQUEO PLANIFICADO: UNA PATAGONIA VACIADA PARA EL REFUGIO DE LOS RICOS DEL MUNDO
En Bariloche, el gobernador dialoguista Alberto Weretilneck avanzó con la entrega de proyectos mineros antes de los cambios en la ley de glaciares. También promueve la entrega de tierras a capitales de Qatar y los Emiratos Arabes Unidos que, junto a Lewis, avanzan en la construcción de sus bunkers privados.
La administración Milei dio un paso más en su estructura jurídica para el saqueo de la Argentina y sus recursos naturales. Los cambios en la ley de glaciares se aprobaron para que empresas como Glencore, Barrick Gold, McEween y Río Tinto avancen con proyectos donde hasta el miércoles pasado no podían hacerlo.
La provincia de Río Negro había entregado permisos de cateo a la empresa Tamar Mining (vinculada a capitales del Estado de Israel) en una zona de glaciares. Ante la denuncia formulada por la diputada provincial Magdalena Odarda, el gobernador dialoguista, Alberto Weretilneck, borró del registro oficial la habilitación otorgado que todavía figuraba en el catastro minero para febrero de este año.
La estructura jurídica para el saqueo se basa en el fundamento de la legalidad fraguada, hacer legal lo que no lo es. Algo similar ocurre con los cambios que se impulsan en el “Régimen de protección del dominio nacional sobre propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (26.737)” vinculado a la extranjerización de la tierra.
El empresario británico Joe Lewis compró en la década del ´90 las 12.000 hectáreas de Lago Escondido en zona de seguridad frontera a través de una red de testaferros liderada por la familia Van Ditmar. Los empresarios de los Emiratos Árabes Unidos lo están haciendo ahora a través del fideicomiso Amaike, con la adquisición de campos linderos al de Lewis y otros de capitales de Qatar.
Además de Lago Escondido – la estancia del lawfare que tuvo como invitado al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques-, Lewis también era dueño de una pista de aterriza vendida a los mismos capitales de los Emiratos (Manzil SA).
“Esto es parte del proceso de extranjerización que venimos denunciando desde hace muchos años, frenado en parte con la sanción de la ley de tierras pero que ahora volvió a recrudecerse. Vemos que hay una complicidad de Weretilneck en cuanto a permitir la compra de tierras por empresas o personas interpuestas – sociedades con DNI argentino- pero que hacen fraude a la ley de tierras. Son compras nulas porque utilizaron la figura del testaferro, mecanismo todavía prohíbo por la ley”, denunció Magdalena Odarda.
La estructura jurídica para el saqueo con su avanzada parlamentaria fue “celebrada” por el club de abogados de la calle Montevideo, cueva letrada para los defensores de todas las dictaduras del país desde 1930 en adelante.
Un refugio para magnates
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) estuvo en Bariloche para el 23 de febrero de este año. Llegó con una comitiva de 200 personas, con avión privado y una flota de helicópteros. Hermetismo total.
Los capitales de los Emiratos poseen tierras sobre el Río Foyel (hacia el oeste de la Ruta Nacional 40), en la Estancia Las Marías con 2000 hectáreas; luego poseen un coto de caza de 19.400 hectáreas –territorio en el que se dio el conflicto con Soledad Cayunao- sobre el Cerro Carreras; más otras 30.000 hectáreas sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro, allí donde se encuentra el aeropuerto que antes perteneció a Lewis.
¿La Patagonia como refugio de capitales extranjeros ante un escenario global cada vez más bélico? Por eso la quieren vaciada de población. Esa idea de vaciamiento (expulsión de su población originaria sostenida desde el genocidio a los pueblos originarios en el Siglo XIX) es lo que había motivado al empresario Hugo Barabucci a iniciar una demanda penal contra Ingrid Soledad Cayunao acusada de quedarse con una parte del campo ubicado en el paraje Alto Río Chubut. Durante el proceso judicial, el propio Barabucci reconoció que había adquirido esa porción de tierras a partir de una donación de los Emiratos Árabes Unidos.
Barabucci (supuesto dueño de un club de polo en el país árabe) inscribió el campo como propio a partir del fideicomiso Amaike. Luego del juicio contra Cayunao que finalizó el jueves pasado con la absolución de la acusada, Odarda le solicitó al Ministerio Público Fiscal que se investigue el ingreso de esos dos millones de dólares como posible delito de contrabando y lavado de activos.
“Lewis actuó como la puerta de entrada de todos estos capitales. La Estancia Las Marías (Emiratos Árabes Unidos) es lindera a Lago Escondido. También están los capitales de Qatar a los que Weretilneck les dio permiso para montar tres centrales hidroeléctricas. Esto capitales vienen a la Argentina para protegerse”, concluyó Odarda.
“La paralización y el desmantelamiento de la administración pública en paralelo con la implementación de una agresiva política de desregulación económica y con el proceso de ocupación de áreas de la gestión por parte de funcionarios directamente vinculados con empresas privadas conlleva un gran riesgo: el avance de intereses privados sobre áreas deliberadamente debilitadas de la administración de gobierno que tienen relevancia significativa en la orientación de la política pública”, describió el Observatorio de las Elites en su informe número 12 publicado en noviembre de 2024.
El fuego que todo lo arrasa
La estructura jurídica para el saqueo también incluye los cambios en la ley del manejo del fuego, incluida en la iniciativa ómnibus denominada “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. De acuerdo a lo denunciado por el senador de Río Negro, Martín Soria (Unión por la Patria), la administración Milei aplicó en el Presupuesto 2026 un recorte del 70% en las políticas vinculadas al manejo del fuego en comparación con el Presupuesto prorrogado de 2023.
“Entre 2025 y 2026 hubo más de 200.000 hectáreas arrasadas por el fuego”, denunció Soria la semana pasada, ante un Federico Sturzenegger, ministro de destrucción del Estado, inmutable.
No hay exageración al sostener que el escenario es devastador. La Asociación Foro Ecologista de Paraná (Sergio Daniel Verzeñassi) y la Asociación Argentina de Juristas (Claudia Viviana Rocca) presentaron una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, con el patrocinio de Eduardo Barcesat, para que el Estado empiece a actuar de manera precautoria ante el sistemático avance de los incendios en la Patagonia y se declare a los glaciares como “sujetos de derecho”.
“La ocurrencia y reiteración de incendios en tales zonas, o su amenaza inminente, refuerza el deber estatal de prevención, control, monitoreo, restauración y no regresión, y vuelve particularmente procedente un abordaje judicial estructural con metas, indicadores y seguimiento, evitando que la protección quede reducida a respuestas reactivas o meramente declarativas”, puede leerse en el texto de la cautelar.
La medida fue presentada ante la Corte Suprema porque los demandados son, además del Estado nacional, las provincias patagónicas, epicentro de los últimos grandes incendios y las jurisdicciones que albergan gran parte de los casi 17.000 glaciares de las Áreas Desérticas.
La proliferación de los incendios no son hechos aislado sino que forman parte de un fenómeno sistemático, reiterado y agravado por la crisis climática (sequías masivas y estrés hídrico). Al primero de febrero de este año, en Chubut se contabilizaban 45.000 hectáreas arrasadas por el fuego; desde noviembre de 2025 hasta mediados de enero, según el Servicio Público del Manejo del Fuego, se actuó sobre 66 focos de incendios en distintas zonas de la provincia de Río Negro.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sobre el periodo septiembre 2025-enero 2026, detalló que “ocurrieron 48 incendios mayores a 500 hectáreas, que en conjunto afectaron una superficie aproximada de 115.000 hectáreas”, solo en la provincia de La Pampa.
La medida cautelar apunta a que “de ahora en adelante se actúe sobre el paradigma de la prevención, que obliga a desarrollar mecanismos de evitación y de participación en políticas públicas que eviten el avance de las sequías y de las catástrofes a las que se verá expuesta la humanidad si los Estados, no cumplen las obligaciones asumidas en las conferencias internacionales sobre cambio climático”.
La demanda impulsada por la Asociación Foro Ecologista de Paraná (Sergio Daniel Verzeñassi) y la Asociación Argentina de Juristas (Claudia Viviana Rocca), bajo el patrocinio de Barcesat, también apunta a que se declare a los glaciares y al ambiente peri glacial de la República Argentina como sujetos de derecho, titulares de protección jurídica autónoma, con derecho a su existencia, preservación, conservación, regeneración, evolución natural y continuidad funcional como componentes esenciales de la biosfera, del sistema climático y del ciclo hidrológico, conforme el art. 41 de la Constitución Nacional, la Ley 25.675, el Acuerdo de Escazú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana aplicable”.
“Se ordena de inmediato a los demandados abstenerse de ejecutar, autorizar o permitir actos, omisiones, actividades o decisiones administrativas o legislativas que impliquen degradación, reducción de protección, alteración o afectación de la integridad funcional de los glaciares y del ambiente peri glacial, en cumplimiento de los principios de prevención, precaución y no regresión ambiental”, puede leerse en el texto de la medida cautelar presentada el pasado 8 de abril, el mismo día en que Diputados avanzaba contra la ley de glaciares y el Senado iniciaba la discusión para modificar la ley de tierras y manejo del fuego.
ACUERDO SECRETO ENTRE MILEI Y LEWIS POR LA COMPRA FRAUDULENTA DE LAGO ESCONDIDO
Milei homologó con Lewis y la empresa Hidden Lake un acuerdo para ponerle fin a una acción de lesividad impulsada por el propio Estado (desde 2023) que pretendía anular la compraventa fraudulenta de 12.000 hectáreas a favor del británico Joe Lewis.
La administración Milei acordó con el empresario Joe Lewis y los apoderados de la sociedad Hidden Lake SAponerle fin a una acción de lesividad iniciada por el Ministerio del Interior en 2023 por la compra fraudulenta de las 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera donde se ubica la lujosa mansión que supo hospedar a “Los huemules del lawfare”, el grupo de jueces, fiscales y funcionarios que viajaron, en octubre de 2022, con todos los gastos pagos a cuenta del Grupo Clarín.
El acuerdo para ponerle fin a una demanda que había iniciado el propio Estado (con dictámenes de la Procuración de Investigaciones Administrativas y del ex Procurador del Tesoro durante el gobierno de Macri, Carlos Balbin), llegó dos meses antes de que Milei designase a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y de que enviase al Senado el pliego de Carlos Mahiques para que continúe con sus funciones en la Cámara de Casación Penal. Ambos participaron del viaje a Lago Escondido.
Los dos Mahiques cumplen funciones diferentes ante el poder económico. Carlos, camarista de Casación Penal, fue quien, en septiembre de 2021 (un año antes del viaje del lawfare) firmó el sobreseimiento por prescripción de una acción penal contra Lewis y los funcionarios de la provincia de Río Negro que habían participado de la compra-venta fraudulenta de la mega estancia patagónica.
La administración Milei hizo todo lo posible para que el acuerdo rubricado con Lewis quedase en las sombras. Hasta diciembre del año pasado, el expediente – que era de acceso público – presentaba movimientos, respuestas de las partes e incluso estaba publicado el sistema del Poder Judicial hasta que dejó de estarlo.
El acuerdo se cerró durante la feria judicial. El 28 de enero se dictó una sentencia mediante la cual se resolvió homologar el convenio conciliatorio (ponerle fin a la acción de lesividad que buscaba poder anular la compraventa fraudulenta ocurrida en 1996) entre Lewis-Hidden Lake y el Estado nacional.
Todo esto ocurre cuando la administración Milei pretende modificar el espíritu y alcance de la ley que le pone límites a la extranjerización de tierras y que establece los mecanismos para evitar la aparición de empresas cáscaras que maquillen al verdadero beneficiario final de una determinada propiedad, el ejemplo Lewis.
La administración Milei quiso mantener el acuerdo con Lewis en la opacidad. Por eso todavía se desconoce la letra chica del mismo y el expediente 4511/2023 desapareció de la intranet del Poder Judicial. “Su acceso es reservado”.
El británico Joe Lewis se hizo de las 12.000 hectáreas de Lago Escondido a partir de la utilización de una serie de testaferros y empresas cáscaras con el objetivo de saltar la prohibición de adquirir tierras en una zona de seguridad de frontera.
La maniobra fue varias veces documentada tanto por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), como por la Procuración del Tesoro de la Naciónque, en 2016, bajo la conducción de Carlos Balbín, había dado curso a las actuaciones para impulsar la acción penal contra Lewis y los funcionarios de la provincia de Río Negro participantes del desfalco al Estado.
La cronología fue la siguiente:
El 17 de junio de 1994 se constituyó la empresa HR Properties Buenos Aires, con asiento legal en la Capital Federal. Dicha compañía suscribió 12.000 acciones divididas entre Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti.
Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende. En su carácter de presidente de Properties S. A, el 19 de junio de 1996, solicitó ante la “Comisión Nacional de Zona de Seguridad”, la autorización para la compra de 8063 hectáreas en el paraje “EL FOYEL”, Provincia de Río Negro, en plena área de seguridad de frontera. Luego se le agregaron otras 2000 hectáreas.
La autorización fue otorgada por el director de la Unidad de Proyectos de Radicación el 2 de julio de 1996, a nombre de Properties SA.
Properties era una cáscara vacía. En el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Río Negro, la escritura de esa propiedad había sido inscripta bajo la sociedad Hidden Lake S. A., con fecha 30 de agosto de 1996. Según determinó la Defensoría del Pueblo, primer organismo público que impulsó la causa penal contra Lewis, ese cambio estatutario se había realizado en mayo de 1996, dos meses antes de que se autorizara la venta a Properties.
Los accionistas de Hidden Lake SA habían pasado a ser Rovira, con 11.999 acciones y el hijo de Joe Lewis, de nombre Charles Lewis, con una sola acción a nombre de la empresa británica Lago Corp.
Las primeras indagatorias en la causa penal se realizaron en 2015. Los apoderados de Hidden Lake, por entonces, sostenían que los hechos imputados habían prescripto. En 2017, Carlos Mahiques junto a Eduardo Riggi y Juan Carlos Germignani, revocaron los sobreseimientos por entender que la acción penal no había prescripto. Pero en septiembre de 2021, el mismo Mahiques cambió de opinión y le puso fin a la causa penal.
Un año después de ese salvataje a Lewis, Carlos y Juan Bautista Mahiques (por entonces jefe de los fiscales porteños) formaron parte del grupo de amigos “Los Huemules” del lawfare, junto a Julián Ercolini(juez federal de Comodoro Py), Pablo Yadarola(juez en lo penal económico) y Pablo Cayssials(contencioso administrativo). También fueron de la partida el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; el ex funcionario de la SIDE Leonardo Bergroth, el asesor en comunicación Tomás Reinkey los directivos de Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.
Derrumbada la causa penal por el fallo de Mahiques, en 2023 el Ministerio del Interior a cargo de Wado de Pedro y José Lepere, como secretario de Interior, avanzaron con la acción de lesividad. “La maniobra no podía ser realizada, sino a través de “un Plan Concertado entre la persona jurídica beneficiada, o sea HIDDEN LAKE S.A. y los funcionarios públicos intervinientes en todos los trámites registrales, a través de una operación engañosa por parte de ciudadanos extranjeros y por quienes tenían la obligación de defender la Seguridad Nacional”, puede leerse en la Resolución 1603 de 2023. En enero de 2026, dos meses antes del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como Ministro de Justicia, la administración Milei clausuró la acción de lesividad contra Lewis con la homologación de una conciliación avalada desde el Ministerio del Interior. ¿Paga de favores? El Gobierno negocia con las provincias y capitales extranjeros la entrega de los recursos naturales.
ARQUITECTURA DE UNA ESTAFA
“Yo compré lo que me dejaron comprar y aquí estamos todos”. Así habla Joe Lewis en una breve entrevista que le hizo el periodista Gonzalo Sánchez para su libro La Patagonia Vendida (Editorial Marea, 2006). En su texto, el periodista avanzó un poco más en las estrategias furtivas del empresario británico.
“Además de controlar el acceso al lago, pesa sobre el británico la sospecha de que estaría buscando apoderarse de la naciente de varios ríos de la zona. Hidden Lake SA encargó estudios de mapeo satelital sobre áreas que serían de su interés: una de ellas es la ladera sudoeste del Cerro Carreras, donde nace el río Pilcaniyeu”, escribió Sánchez.
Sobre el Cerro Carreras, Weretilneck otorgó este año permisos de cateo a la empresa Tamar Mining que opera bajo el paraguas de Meridion del Plata y fue operadora local para la prospección de aguas subterráneas de la empresa israelí Mekorot (utilizada por el Estado de Israel en su avanzada de apartheid en Gaza). La legisladora Odarda impugnó el acuerdo con Mekorot rubricado en 2023.
Hidden Lake SA nació como una empresa cáscara. La cronología del desfalco quedó documentada en un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y de la Procuración del Tesoro, en la época de Carlos Balbín, antes de ser echado por Mauricio Macri.
- El 17 de junio de 1994 se constituyó la empresa HR Properties Buenos Aires, con asiento legal en la Capital Federal. Dicha compañía suscribió 12.000 acciones divididas entre Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti.
- Dos años después, se incorporó como titular de la empresa el abogado Lisandro Alfredo Allende. En su carácter de presidente de Properties S. A, el 19 de junio de 1996, solicitó ante la “Comisión Nacional de Zona de Seguridad”, la autorización para la compra de 8063 hectáreas en el paraje “EL FOYEL”, Provincia de Río Negro, en plena área de seguridad de frontera. Luego se le agregaron otras 2000 hectáreas.
- La autorización fue otorgada por el director de la Unidad de Proyectos de Radicación el 2 de julio de 1996, a nombre de Properties SA.
- En el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Río Negro, la escritura de ese campo había quedado inscripta bajo la sociedad Hidden Lake S. A., con fecha 30 de agosto de 1996. Según determinó la Defensoría del Pueblo, primer organismo público que impulsó la causa penal contra Lewis en 2010, ese cambio estatutario se había realizado en mayo de 1996, dos meses antes de que se autorizara la venta a Properties.
- Los accionistas de Hidden Lake SA habían pasado a ser Rovira, con 11.999 acciones y el hijo de Joe Lewis, de nombre Charles Lewis, con una sola acción a nombre de la empresa británica Lago Corp.
Yo compré lo que me dejaron comprar. Resuenan las palabras de Lewis. El Estado abandonó una demanda que había iniciado el propio Ministerio del Interior en 2023 a cambio de nada. Según el acuerdo homologado el 14 de enero, Hidden Lake solo se comprometió a pagar los honorarios de los abogados y desembolsar una inversión que ya tenía comprometida –y que adeudaba- para la construcción y ampliación de la represa hidroeléctrica. El acuerdo de conciliación fue un favor político de la administración Milei hacia el británico Joe Lewis.
Del fallo del juez Lara Correa sobresale un dato más. Para empalmar los deseos de la administración Milei, la Procuración del Tesoro modificó lo que en su momento había plasmado el procurador Balbín.
“El vicio en la causa de la primera autorización conferida a Hidden Lake en su carácter de continuadora de HR Properties fue leve, de modo que la nulidad a que dio origen era relativa”, transcribió el magistrado.
No fue una falta leve sino el mecanismo por el cual Lewis consiguió la aprobación de un permiso para adquirir 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera con la utilización de empresas cáscaras para simular una nacionalidad argentina y ocultar al verdadero dueño de esas tierras, Lewis.
El actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lo describió de manera sencilla pero no menos obscena, durante un reportaje para el Canal 10 y la radio LU 19 de la provincia: “Nadie niega que Lago Escondido es de (Joe) Lewis, pero la sociedad propietaria de Lago Escondido es argentina y cumple la ley. Y las otras tierras que están en manos (sic) de los Emiratos Árabes o de Qatar, están a nombre de sociedades argentinas”.
La militarización de los territorios
El Poder Económico le encargó a Milei la construcción de un plexo normativo para el saqueo de los recursos naturales que alimentarán la industria bélica y tecnológica, en principio, de los Estados Unidos. Los cambios en la protección de los glaciares o la eliminación de hecho de la ley, que ponía restricciones a la compra de tierras por parte de personas extranjeras y prohibía el uso de testaferros, van en ese sentido.
En el caso de la ley de tierras, su eliminación no hará más que consolidar una situación vigente: la entrega de una parte del territorio a empresarios británicos, qataries y de los Emiratos Arabes Unidos (EAU) en La Patagonia, puntualmente en la provincia de Río Negro. Lewis le vendió una pista de aterrizaje que poseía sobre la costa de la provincia a capitales de los EAU.
Tanto Qatar como EAU forman parte del proyecto de Donald Trump denominado Pax Silica, una alianza de países para consolidar una cadena de suministros vinculada a la inteligencia artificial y la instalación de sus megas datas centers. La presencia de Peter Thiel en la Argentina no es azarosa.
Sebastían Premici viene investigando este tema sistemática y exhaustivamente.
Este texto está extraído de tres de sus notas publicadas en El Destape, a las que se puede acceder a través de estos enlaces:
Milei: ¡ALERTA! Entrega de TIERRAS a Empresas Extranjeras | El Destape (eldestapeweb.com)