PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL Y DISCURSO EN LA ONU
por Guillermo Carmona
De una primera lectura del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que Milei envió a la Cámara de Diputados, resulta evidente que utiliza a la causa Malvinas como un gran caballo de Troya institucional. Bajo el ropaje de una causa nacional transversal e incuestionable, se pretende contrabandear una reforma profunda del sistema institucional que rige a la política exterior y a la política de defensa nacional. Es una cortina de humo de alta sensibilidad patriótica diseñada para disimular la securitización de la vida civil y reinstaurar lógicas represivas ajenas al conflicto del Atlántico Sur.
Lo que contiene este caballo de Troya es una formulación de la doctrina de la seguridad nacional en una versión ajustada a las novedades del siglo XXI.
Uno de los aspectos más preocupantes es que se relocaliza a la Cuestión Malvinas como una cuestión de seguridad nacional, despojándosela de su carácter de política de estado que involucra la reafirmación de soberanía Argentina y la existencia de una disputa de soberanía contra Gran Bretaña en el plano del derecho internacional, la política exterior y la diplomacia.
Sorprendentemente, se pone como marco jurídico internacional del proyecto de ley a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sin ninguna mención del corpus de resoluciones de Naciones Unidas relativas a la Cuestión Malvinas. Esa omisión de mencionar la resolución 2065/65 de la AGNU que enmarca a la Cuestión Malvinas como un caso especial de descolonización, así como de la resolución 31/49 AGNU que prohíbe los actos unilaterales en relación a la exploración y explotación de recursos naturales, es funcional a este giro hacia la securitización.
El título primero del proyecto de ley es el menos cuestionable, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de las situaciones allí propuestas ya están contempladas en los regímenes vigentes para la actividad hidrocarburífera (leyes 26659 y 26915) y pesquera (ley 24922). Una mayor tipificación de las conductas reprochables en materia administrativa y penal y el agravamiento de las sanciones administrativas y penales podrían, a priori, ser acompañadas.
Sin embargo, el régimen de desistimiento y regularización que se propone debería ser sometido a un profundo debate: con ese régimen se podría regularizar la situación de las personas físicas y jurídicas que, desde que asumió Milei la presidencia, han entrado en contradicción con el régimen legal vigente para la realización de actividades no autorizadas por el estado argentino en el Atlántico Sur.
Si bien con el régimen legal actualmente vigente se busca desalentar la participación de empresas en las actividades ilegales promovidas por el Reino Unido antes de que sean sancionadas, lo ahora propuesto habilita la regularización «aún luego de dispuesta la sanción». Podría considerarse que este enfoque busca legalizar la situación de empresas que se encontraban habilitadas por autoridades argentinas a operar en territorio nacional y se han involucrado en actividades ilegales en Malvinas gracias a la permisividad del gobierno libertario o de empresas que han sido habilitadas por la autoridad Argentina a operar en territorio nacional cuando ya se encontraban operando ilegalmente en Malvinas (ya han sido identificados varios casos habilitados por la gestión de Milei, cómo son el de Noble Energy, Harbour Energy y Trafigura, entre otros)
Respecto de los restantes Títulos del proyecto de ley las siguientes observaciones generales:
- deberían ser tratados en un proyecto de ley por separado respecto de las propuestas relacionadas a la Cuestión Malvinas
- en el marco de la securitización de la Cuestión Malvinas se propone la incorporación de estrategias de seguridad nacional y políticas de seguridad nacional que están destinadas a enfrentar riesgos y amenazas que se presenten en otras áreas del territorio nacional que nada tienen que ver con Malvinas, el Atlántico Sur o la Antártida Argentina
- se subordina la política exterior y la política de defensa nacional a un sistema de seguridad nacional que desnaturaliza los consensos alcanzados tras la recuperación de la democracia en 1983.
- se crea un Consejo de Seguridad Nacional bajo el objetivo de la recuperación del ejercicio de soberanía en la Cuestión Malvinas cuando ya existe el Consejo Nacional de asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes», ley 27558. Al asumir la actual gestión excluyó del mismo a destacados académicos, diplomáticos retirados, especialistas y representantes de las organizaciones de veteranos de guerra para reemplazarlos por figuras afines al actual gobierno. Luego, desactivó las convocatorias a pesar de los reiterados reclamos de algunas de las instituciones que lo conforman, entre ellas el gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.
- resulta paradójico que se cree un Sistema de Seguridad Nacional en cabeza de un Consejo de Seguridad Nacional y se excluya en su integración al Ministerio de Seguridad Nacional
- se introducen medidas de securitización que, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, pueden ser utilizadas con fines de persecución y represión política interna.
Algunas recomendaciones:
- evitar caer en la trampa tendida por el oficialismo con un rechazo general del proyecto de ley.
- pedir, como paso previo al tratamiento del proyecto de ley, que el gobierno desvincule inmediatamente a todos los funcionarios que se encuentran en situación de conflictos de intereses por sus vínculos con el gobierno británico o con empresas que se encuentren en situación de presunta ilegalidad por estar vinculadas a actividades en las cifras Malvinas.
- insistir en que se denuncia el pacto Mondino-Lammy, aquel que estableció «la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad», considerando que «estas medidas permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos y bajo fórmula de soberanía tendientes a promover el desarrollo humano y económico y estrechar lazos entre las Islas y el continente»
- resaltar que muchas de las situaciones contempladas en el título primero ya están reguladas y que el debate parlamentario no debería significar una postergación en la obligación legal que actualmente tiene el poder ejecutivo de poner en marcha los procesos sancionatorios en materia administrativa y penal.
- articular el más amplio arco opositor que cuestione la securitización a la que se está sometiendo la Cuestión Malvinas y advierta sobre los riesgos que tiene para la ciudadanía que se utilice la causa nacional en función de objetivos de proscripción de la oposición política y de la libre expresión.
Por otra parte, el 23 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Milei eligió atacar a un blanco fácil: la ONU, que padece una crisis profunda provocada, principalmente, por la deslegitimación que le infligen las grandes, en especial EEUU, y por la violación del derecho internacional en la que incurren potencias del Norte Global, en especial el Reino Unido.
Por supuesto que de eso el presidente no dijo nada.
En medio de su metamorfosis camaleónica malvinera invitó a invertir en Vaca Muerta. Es necesario poner un límite a que capitales británicos se queden con los recursos naturales argentinos. Y el mismo criterio debería seguirse con los capitales israelíes y de cualquier otro país que permita el involucramiento de sus empresas en las actividades ilegales en Malvinas.
Aun teniendo críticas a la ONU, no se puede dejar de reconocer que el problema principal en la Cuestión Malvinas es la reticencia británica a cumplir la resolución 2065, que Naciones Unidas instauró como marco para este caso especial de descolonización.
La anglofilia de Milei –ponderada por su amigo inglés el ex Primer Ministro británico Boris Johnson- parece no permitirle reconocer y manifestarse sobre este hecho.
Cargar las tintas sobre la ONU es la primera falacia. En todo caso, la ONU es una parte del problema. Así lo hicieron saber gobiernos precedentes, tanto en reuniones reservadas con altos funcionarios del organismo como mediante manifestaciones públicas.
El ataque de Milei a la ONU es un pelotazo en contra de la Argentina. Es allí donde se construyen y manifiestan los apoyos más importantes con los que cuenta nuestro país en relación con Malvinas. Reino Unido tiene un alto costo de reputación por sus incumplimientos del conjunto de resoluciones que se refieren a nuestra causa nacional y la Argentina ha contado con la simpatía y el apoyo de una amplia mayoría de países. El ataque a la ONU tiene implicancias también para los Estados miembros, entre los que se cuentan países del Sur Global. De muchos de esos Estados provienen los funcionarios del organismo y son esos los países a los que la Argentina de Milei ha dado la espalda en votaciones clave como el bloqueo a Cuba, la condena de la esclavitud africana como el más grave genocidio de la historia de la humanidad, la condena a los genocidios o las políticas frente al cambio climático y el desarrollo sostenible.
Milei no ataca a la ONU por su inutilidad, sino por lo que hace bien a pesar de sus debilidades: la coordinación de medidas durante la pandemia y las iniciativas para regular el desarrollo de la IA son dos claros ejemplos de ello.
Y a la vez Milei critica la acción del organismo frente al genocidio en Gaza y ante cualquier acción para evidenciar las violaciones del derecho internacional por parte de Israel; cuestiona a la Corte Penal Internacional por sus investigaciones contra genocidas de países aliados de EEUU; busca favorecer el predominio de los magnates de las corporaciones tecnológicas frente a cualquier intento de regulación de la IA y otras tecnologías; justifica el accionar guerrerista de EEUU e Israel en Medio Oriente.
Estas posiciones, expresadas con una virulencia inusual, insultante y agraviante en el máximo foro multilateral internacional, lesionan gravemente la reputación de la Argentina, reconocida hasta la llegada de Milei al gobierno por su compromiso con los principios de la Carta de Naciones Unidas y por su respeto del Derecho Internacional.
El énfasis que tuvo que poner Milei al afirmar que Argentina busca una solución pacífica de la disputa de soberanía en la Cuestión Malvinas (lo repitió dos veces) no es otra cosa que una manifestación concreta del impacto que tuvieron las palabras del primer ministro Burham ante la Asamblea General: con las sobreactuaciones securitistas y militaristas desplegadas tras la cadena nacional.
El mileísmo ha regalado a los británicos la oportunidad de poner a la Argentina en el lugar de la amenaza y la agresión cuando, como casi todo el mundo ha reconocido, la única amenaza real es la presencia militar británica en las Islas Malvinas. Incurrir en ese tipo de torpezas es, sin lugar a dudas, autolesivo de los intereses argentinos. No hay que ser demasiado perspicaz para identificar a quiénes está favoreciendo.
Guillermo Carmona fue Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería.