por Marcos Corach
Por estos días, la provincia de Santa Fe aprobó una nueva Ley Orgánica de Municipios. A primera vista, podría parecer una discusión técnica, incluso menor, confinada al ámbito institucional de una provincia del interior. Pero no lo es. Lo que está en juego en Santa Fe es un problema estructural que atraviesa a toda la Argentina: la tensión entre autonomía política y dependencia económica en los gobiernos locales.
La ley fue sancionada en la Cámara de Diputados con el voto en contra de todas las bancadas opositoras. No es un dato menor. Por el contrario, revela el verdadero problema de origen: una norma estructural, que redefine el vínculo entre la Provincia y los municipios, nace sin consensos políticos básicos.
El oficialismo provincial presenta esta ley como un avance histórico en materia de autonomía municipal. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una contradicción profunda. Porque no hay autonomía posible sin recursos. Y cuando se pretende ampliar responsabilidades sin discutir al mismo tiempo cómo se financian, lo que se construye no es autonomía, sino una ficción.
Dicho de manera simple: no se está transfiriendo poder, se están transfiriendo problemas.
Los municipios y comunas en la Argentina —y Santa Fe no es la excepción— vienen asumiendo cada vez más funciones. Seguridad urbana, mantenimiento de infraestructura, servicios sociales, respuestas frente a emergencias. Todo eso recae, en la práctica, sobre intendentes y presidentes comunales. Pero ese crecimiento de responsabilidades no estuvo acompañado por una reforma equivalente en la distribución de recursos.
Ahí está el núcleo del problema. La autonomía municipal y la coparticipación no son discusiones separadas: son dos caras de la misma moneda. No hay libertad política si existe dependencia económica. Y cualquier intento de tratarlas por separado no es ingenuo: es una forma de consolidar relaciones de subordinación.
En Santa Fe, la ley aprobada avanza justamente en ese sentido. Amplía obligaciones, pero no redefine el esquema de financiamiento. Esto implica que los gobiernos locales deberán hacer más, con lo mismo o incluso con menos. Es, en términos concretos, un traslado de la crisis hacia abajo.
Y no es un dato menor quiénes impulsaron esta ley. Muchos de los legisladores que la acompañaron han sido intendentes o funcionarios municipales. Conocen perfectamente lo que significa gobernar sin recursos suficientes, depender de transferencias discrecionales o tener que negociar permanentemente con la Provincia para poder sostener servicios básicos. Por eso, la discusión no es solo técnica: también es política. Tiene que ver con la coherencia entre lo que se vivió en la gestión y lo que se decide en la Legislatura.
Pero hay otro elemento igual de relevante: el proceso. Una ley de esta magnitud, que redefine el vínculo entre la Provincia y los gobiernos locales, debería haber sido el resultado de un debate amplio, con participación de intendentes, especialistas y fuerzas políticas. Nada de eso ocurrió. No hubo foros en el territorio, no hubo instancias reales de construcción de consensos, no hubo voluntad de incorporar miradas distintas.
El resultado es una norma que nace sin acuerdos políticos y con el rechazo total de la oposición. Y eso, en términos institucionales, también es un problema.
Este escenario no puede leerse aislado del contexto político y económico en el que se inscribe. El gobierno de Maximiliano Pullaro se ha alineado de manera explícita con la lógica de ajuste que impulsa a nivel nacional Javier Milei. En ese marco, Santa Fe atraviesa una situación marcada por salarios públicos y jubilaciones deterioradas, fuertes aumentos de tarifas, consumo interno estancado y un impacto cada vez más visible sobre su entramado productivo, con cierres de fábricas que empiezan a configurar un cuadro preocupante. En ese contexto, esta ley funciona como una pieza más de ese esquema: descargar hacia los municipios las consecuencias de un ajuste que se decide en otros niveles del Estado.
Los ejemplos concretos ayudan a entender de qué estamos hablando. En los últimos meses, el gobierno provincial avanzó con decisiones de alto impacto territorial —como la localización de unidades penitenciarias— sin respetar la voluntad expresada por autoridades locales, incluso cuando esas decisiones contaban con ordenanzas votadas por unanimidad en los concejos municipales. Ese tipo de prácticas revela una lógica: la autonomía se declama, pero el poder real se ejerce de manera centralizada.
En paralelo, la provincia también protagonizó un acuerdo con el gobierno nacional por fondos previsionales que fue cerrado sin construcción política previa, sin debate público suficiente y con fuertes cuestionamientos sobre sus términos. El patrón se repite: para reclamar recursos se convoca a todos; para tomar decisiones estructurales, se actúa en soledad.
Ese es el contexto en el que se inscribe esta ley.
Por eso, el debate en Santa Fe excede largamente sus fronteras. Interpela a cualquier provincia, a cualquier intendente, a cualquier ciudadano que se pregunte cómo se organiza el poder en la Argentina. Porque el problema no es solo santafesino: es federal.
Si la autonomía municipal se convierte en una herramienta para descargar responsabilidades sin garantizar recursos, lo que se está consolidando es un sistema más desigual, más ineficiente y, sobre todo, menos democrático.
La política tiene la obligación de hacer exactamente lo contrario: equilibrar, ordenar y distribuir poder. Sin recursos, no hay autonomía.
Sin autonomía, no hay federalismo.
Y sin federalismo, no hay proyecto de país posible.
Marcos Corach es diputado provincial por el PJ. Votó en contra del proyecto de Ley orgánica de municipios que se convirtió en Ley Provincial el nueve de abril de este año.