INDUSTRIA, ESTADO Y LAS CONSECUENCIAS DE UNA APERTURA SIN POLÍTICA PRODUCTIVA
por Cristian Desideri
La industria argentina vuelve a ocupar el centro del debate público, pero una vez más bajo una formulación engañosa. Apertura versus protección, mercado versus Estado, eficiencia versus industria nacional. Esta falsa dicotomía no es nueva y ha sido, históricamente, uno de los principales obstáculos para construir una estrategia de desarrollo sostenida.
Desde mediados del siglo XX, la política industrial argentina se movió de manera pendular. A períodos de promoción productiva —frecuentemente incompletos, fragmentados o mal articulados— les sucedieron etapas de apertura comercial abrupta, justificadas en nombre de la eficiencia y la disciplina del mercado. El resultado ha sido recurrente: pérdida de capacidades productivas, destrucción de empleo calificado, debilitamiento del entramado industrial y creciente dependencia de sectores primarios con bajo valor agregado.
El rumbo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei se inscribe con claridad en esta tradición. La liberalización acelerada del comercio exterior, la desregulación generalizada y el repliegue del Estado productivo parten de un diagnóstico centrado en precios relativos y eficiencia estática. Sin embargo, omiten una dimensión central del desarrollo económico: la estructura productiva real desde la cual compite la Argentina. En una economía con elevados costos sistémicos, restricciones financieras crónicas y profundas asimetrías frente a los países exportadores, la apertura irrestricta no corrige ineficiencias: las expone, las amplifica y las vuelve irreversibles.
Los primeros impactos ya son visibles en sectores intensivos en empleo. El enfrentamiento del Gobierno con la industria textil es ilustrativo. La reducción acelerada de aranceles, la flexibilización de importaciones y la descalificación pública del sector como “ineficiente” o “rentista” desconocen una realidad estructural: se trata de una actividad con fuerte impacto en el empleo urbano, alto componente de pymes y una marcada sensibilidad a los shocks externos. En este contexto, la apertura sin transición no induce mejoras de productividad, sino cierres de empresas, informalización y sustitución de producción local por importaciones provenientes de economías con escalas, subsidios y estándares laborales profundamente asimétricos.
El conflicto entre el Gobierno y el Grupo Techint eleva este debate a un plano estratégico. No se trata de una disputa empresarial puntual, sino de un choque entre dos concepciones de desarrollo. Techint representa uno de los pocos conglomerados industriales argentinos con escala global, capacidad tecnológica y presencia en cadenas de valor complejas como el acero, la energía y la infraestructura. Priorizar proveedores externos en proyectos estratégicos bajo el argumento exclusivo del menor costo inmediato implica resignar aprendizaje tecnológico, empleo calificado y capacidades productivas futuras. En las economías desarrolladas, este tipo de decisiones forman parte de políticas deliberadas; en la Argentina actual, se presentan como simples resultados “naturales” del mercado.
Estos conflictos no son excepciones. La misma lógica atraviesa a la metalmecánica, el calzado, la línea blanca, la industria química y farmacéutica, los bienes de capital y segmentos clave del complejo automotriz. En todos los casos, la apertura acelerada, sin políticas de transición ni instrumentos de fortalecimiento productivo, genera procesos de desplazamiento de producción local antes de que puedan madurar mejoras de competitividad. El resultado es una economía cada vez más fragmentada, con enclaves primarios y servicios de baja productividad, y una industria reducida a nichos defensivos.
La experiencia internacional demuestra que ninguno de los países que logró consolidar un entramado industrial competitivo lo hizo renunciando a la política industrial. Corea del Sur combinó apertura selectiva con planificación estatal y exigencias estrictas de desempeño exportador. Alemania articuló Estado, empresas y sistema financiero para sostener su base manufacturera. El País Vasco reconvirtió su estructura productiva mediante políticas activas de clusters e innovación. China utilizó durante décadas la demanda pública estratégica y la transferencia tecnológica antes de liberalizar sectores clave. Incluso Brasil, con inestabilidad macroeconómica, preservó instrumentos para sostener su industria.
Estas experiencias confirman una premisa central del pensamiento desarrollista —de Raúl Prebisch a Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato—: el desarrollo no es un resultado espontáneo del mercado, sino un proceso político, institucional y estratégico. La política económica nunca es neutral. Cuando el Estado se retira, no desaparece la intervención: se consolida la ventaja de quienes ya compiten desde estructuras productivas más robustas.
Desde esta perspectiva, el problema argentino no es la integración al mundo, sino hacerlo sin estrategia. El proteccionismo permanente genera ineficiencias, pero la apertura como shock, sin gradualismo ni políticas complementarias, conduce a la desindustrialización selectiva y a la reprimarización de la economía. Renunciar a intervenir no es modernizarse: es abdicar de una política de desarrollo.
Superar esta dinámica exige abandonar la lógica binaria y avanzar hacia un enfoque productivista moderno. Una apertura comercial inteligente, secuenciada y diferenciada por sectores permitiría evitar impactos destructivos sobre el empleo y la producción. La utilización de instrumentos técnicos de defensa comercial —antidumping y salvaguardas—, habituales incluso en economías abiertas, aportaría previsibilidad y reduciría la discrecionalidad política. Al mismo tiempo, resulta imprescindible definir sectores estratégicos donde la demanda pública y los grandes proyectos nacionales funcionen como motores de desarrollo, promoviendo contenido local y encadenamientos productivos.
Esta estrategia debe complementarse con una agenda de competitividad sistémica que aborde los verdaderos obstáculos de la industria: presión tributaria distorsiva, costos logísticos y energéticos, infraestructura deficiente y ausencia de financiamiento productivo de largo plazo. Pero, por sobre todo, requiere institucionalidad. Sin previsibilidad y sin acuerdos políticos básicos que trasciendan los ciclos electorales, la industria seguirá siendo la variable de ajuste de cada cambio de rumbo. La Argentina no enfrenta un dilema entre apertura o industria. Enfrenta una decisión política más profunda: repetir una historia conocida o construir, finalmente, una estrategia de desarrollo productivo sustentable. La diferencia entre ambos caminos no es solo ideológica: es histórica, empírica y profundamente política.
Cristian Desideri es Ingeniero Industrial y docente. Fue Ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe, y coordina desde 1998 el Foro de Reflexión Empresarial, espacio de análisis y propuestas para el desarrollo productivo argentino.
INDUSTRIA, DESARROLLO Y POLÍTICA ECONÓMICA
Cuando la apertura reemplaza a la estrategia
PUNTO UNO 94.5 entrevista al
ingeniero industrial Cristian Desideri