por Guillermo Díaz
Este artículo analiza el estado de la política de defensa y política exterior del gobierno de Javier Milei a través de cuatro ejes: el reemplazo del FONDEF por el Plan ARMA (DNU 314/2026), la remilitarización de la conducción civil mediante los Decretos 34/2026 y 58/2026, la instrumentalización de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior a través de la Operación Roca, y el retroceso estratégico en el Atlántico Sur derivado del alineamiento acrítico con Washington. Se concluye que la política oficial no configura una reforma modernizadora sino una regresión institucional que erosiona cuatro décadas de consenso democrático.
INTRODUCCIÓN: LA PARADOJA FUNDACIONAL
La política de defensa y exterior del gobierno de Javier Milei se erige sobre una paradoja fundacional y destructiva. Mientras la retórica oficial se envuelve frecuentemente en banderas de reivindicación castrense, la práctica estatal ejecuta un desmantelamiento sistemático de las capacidades soberanas del país. No estamos frente a un simple error de cálculo técnico, sino ante una política de Estado en negativo: una amalgama letal de desfinanciamiento crónico, remilitarización de la burocracia, cooptación institucional y un alineamiento dogmático que reduce a la Argentina a mera espectadora de su propio destino.
El diagnóstico que aquí se presenta no es meramente opositor. Se sustenta en el análisis de los instrumentos normativos sancionados por la propia administración, en la doctrina consolidada de las relaciones civiles-militares y en los datos geopolíticos que el Atlántico Sur ofrece con creciente elocuencia. La soberanía real de una nación no se ejerce mediante publicaciones en redes sociales, sino a través de capacidades productivas del Estado, alianzas multilaterales inteligentes y una conducción civil, democrática y profesional. Los cuatro pilares que estructuran este análisis —el sistema de financiamiento de la defensa, el control civil sobre las Fuerzas Armadas, el rol de las universidades de defensa y la política exterior— presentan, bajo la actual gestión, un mismo vector: el retroceso.
I. EL ESPEJISMO DEL PLAN ARMA Y LA MUERTE DEL FONDEF
La soberanía material exige previsibilidad financiera. Es un principio básico que la administración actual decidió sustituir por la ruleta inmobiliaria. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 314/2026, publicado en el Boletín Oficial el 4 de mayo de 2026, el Ejecutivo impuso el denominado Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA).[1]
Este esquema especulativo ata el reequipamiento de las Fuerzas Armadas a un 10% de lo recaudado por ventas, alquileres o privatizaciones de bienes inmuebles estatales administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Ese porcentaje se eleva al 70% cuando los bienes pertenecían previamente a la jurisdicción de Defensa. A ello se suma el 10% de los ingresos provenientes de las privatizaciones de las empresas incluidas en el Anexo I de la Ley 27.742 (Ley de Bases) que ingresaran al Tesoro Nacional.[2]
El propio texto del decreto reconoce implícitamente la magnitud del problema que pretende resolver: «el estado actual del equipamiento de las Fuerzas Armadas exige acciones urgentes para evitar que la degradación afecte seriamente la capacidad de defensa de la Nación».[3] Sin embargo, la solución propuesta transfiere el destino del instrumento militar a la velocidad y el volumen con que se concreten las operaciones de enajenación y privatización, procesos sujetos a plazos administrativos, litigiosidad judicial y volatilidad política de enorme incertidumbre.
Simultáneamente, el gobierno vació y derogó en los hechos el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), la única política de Estado previsible, amparada por la Ley Nacional 27.565 sancionada en 2020, que obligaba a invertir un porcentaje del presupuesto en capacidades de la industria nacional y el desarrollo tecnológico soberano.[4] Cambiar una ley de fomento industrial estratégico por un mecanismo dependiente del remate de tierras fiscales y la liquidación de empresas públicas no es modernización: es la cristalización perfecta de la impotencia estratégica y condena al país a la importación de lo que los expertos denominan «hierro muerto»: equipamiento sin cadena de mantenimiento, sin transferencia tecnológica y sin sustentabilidad presupuestaria.
Desde el punto de vista del análisis presupuestario, la sustitución del FONDEF por el Plan ARMA implica, además, una modificación de facto del proceso de formación del presupuesto de la defensa. Mientras el FONDEF establecía una asignación normativa con base en el PBI y con supervisión parlamentaria, el Plan ARMA crea una fuente de financiamiento discrecional, volátil y sujeta a la decisión del Ejecutivo sobre el calendario de privatizaciones.[5] La ausencia de predictibilidad hace imposible el planeamiento de largo plazo que toda reforma del instrumento militar requiere.
II. LA CLAUDICACIÓN DEL CONTROL CIVIL
El golpe de gracia a la arquitectura institucional democrática se asestó silenciosamente mediante el DNU 34/2026 y su norma reglamentaria, el Decreto 58/2026, publicado en el Boletín Oficial el 29 de enero de 2026.[6] Dinamitando cuarenta años de consenso democrático ininterrumpido, estas normas habilitaron a oficiales en servicio efectivo a ocupar los máximos cargos de conducción política de la Nación sin resignar sus rangos castrenses ni pasar a disponibilidad, contrariando el espíritu de las leyes de la posdictadura.
La asunción del Teniente General Carlos Alberto Presti como Ministro de Defensa —designado por Decreto 869/2025 a partir del 10 de diciembre de 2025— representa la consagración de esta captura corporativa sin precedentes desde el retorno democrático de 1983.[7] El decreto original preveía que Presti pasara a situación de disponibilidad en febrero de 2026 y a situación pasiva en junio de ese año, conforme a la Ley del Personal Militar N° 19.101. Ante la negativa del ministro a resignar sus prerrogativas castrenses, el gobierno optó por modificar la ley mediante el DNU 34/2026 y su Decreto reglamentario, estableciendo que el personal militar designado en cargos dentro del Ministerio de Defensa «continuará bajo el régimen militar» sin afectación de su carrera.[8]
Desde la teoría de las relaciones civiles-militares elaborada por Peter Feaver, esta medida instaura un conflicto de intereses estructural insalvable.[9] El «agente» (el mando militar) se convierte en su propio «principal» (el conductor político civil), generando lealtades duales donde invariablemente prevalecerá el espíritu corporativo sobre el interés público. Como señala la teoría del «principal-agente», el diseño institucional eficiente exige que quien controla y quien es controlado sean sujetos distintos. Al fusionar ambas figuras, el gobierno no logra mayor eficiencia: produce una zona de opacidad institucional ingobernable para la ciudadanía.
La situación no es un mero accidente de gestión. Como han documentado Battaglino (2013) y Anzelini, Poczynok y Zacarías (2017), la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil fue la conquista institucional más importante del retorno democrático argentino.[10] No fue un proceso sencillo ni exento de tensiones, y requirió de décadas de construcción normativa e institucional. La modificación unilateral de ese andamiaje mediante decretos de necesidad y urgencia —cuya procedencia constitucional está sujeta al control de la Comisión Bicameral Permanente— es, además, cuestionable desde el punto de vista de la legalidad formal del instrumento utilizado.
El propio DNU 34/2026 puede ser caracterizado, siguiendo la taxonomía del análisis institucional, como una «conversión institucional»: el mecanismo legal preexistente (la Ley 19.101) se mantiene en su apariencia formal, pero su función práctica y política es radicalmente alterada para normalizar la doble función político-militar de los oficiales activos, subvirtiendo el propósito original de la norma.[11]
III. LA PURGA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: LA UNDEF BAJO ASEDIO
La regresión institucional no se limita a los decretos sobre conducción política. Tiene su correlato en el campo de la formación académica en defensa. La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), única institución de su tipo en América Latina, fundada por la Ley 27.015 de 2014, sufre hoy bajo la gestión del rector Julio César Spota una hipertrofia burocrática y una purga académica que tienen implicaciones de largo plazo para la capacidad estatal de pensar estratégicamente la defensa.[12]
El caso más documentado es el de los doctores Luciano Anzelini y Sergio Eissa, dos de los más reconocidos especialistas argentinos en política de defensa y relaciones civiles-militares. Ambos fueron cesanteados el 1° de julio de 2024, pese a haber ganado sus respectivos concursos públicos para acceder a cargos de profesores titulares ordinarios en la institución.[13] La decisión de la conducción de la UNDEF, avalada por el Ministerio de Defensa, despojó a la universidad de dos docentes e investigadores que habían obtenido sus cargos mediante los procedimientos meritocráticos establecidos por la normativa universitaria, sin que mediara procedimiento disciplinario alguno que justificara la medida.
El denominador común entre Anzelini y Eissa no era la calidad de su producción académica —aceptada en las revistas más exigentes del campo— sino su disposición a ejercer la libertad de expresión y a publicar análisis críticos de la política de defensa oficial en medios como este. La señal enviada al campo académico es inequívoca: en la institución encargada de formar a los cuadros civiles y militares de la defensa nacional argentina, el pensamiento independiente tiene costos.[14]
Esta situación configura un problema estratégico de primer orden. Un Estado que no puede sostener una comunidad epistémica crítica en materia de defensa queda condenado a tomar decisiones basadas en el voluntarismo ideológico o en los intereses corporativos de los propios actores armados. La historia latinoamericana ofrece sobradas evidencias de los peligros de esa combinación.
IV. EL «MILITARISMO PERIFÉRICO» Y LA OPERACIÓN ROCA
En paralelo a la cooptación institucional de la conducción civil, el gobierno desvía peligrosamente a las Fuerzas Armadas hacia funciones de seguridad interior que el andamiaje legal democrático construido desde 1983 expresamente prohíbe. La Operación Presidente Julio Argentino Roca, lanzada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa el 11 de abril de 2025, constituyó el despliegue de más de 10.000 efectivos militares con drones, radares móviles, helicópteros y aviones de reconocimiento en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste del país.[15]
El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) alertó desde su inicio que la medida contraría las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que establecen una separación tajante entre defensa exterior y seguridad interna.[16] La operación habilitó la detención de civiles por parte de personal militar en casos de flagrancia vinculados a delitos transnacionales —facultad que la Ley de Seguridad Interior 24.059 reserva explícitamente a las fuerzas policiales y de seguridad—, y lo hizo bajo reglas de empeñamiento que fueron declaradas reservadas, sustrayéndolas de cualquier escrutinio civil y parlamentario.
El académico Juan Gabriel Tokatlian denomina a este fenómeno «militarismo neoliberal periférico»: un modelo que desfinancia la defensa exterior soberana para asegurar el disciplinamiento interno que exige un modelo económico profundamente excluyente.[17] La lógica es circular y perniciosa: al asignar a las Fuerzas Armadas misiones de policiamiento interno, se justifica políticamente el mantenimiento de estructuras militares numerosas con presupuestos raquíticos. Se obtienen fuerzas armadas que no sirven para la defensa exterior —porque carecen de equipo y doctrina apropiados— ni para la seguridad interna —porque su formación, cultura organizacional y reglas de actuación son incompatibles con el respeto a los derechos civiles de la población.
La historia latinoamericana provee abundante evidencia de que la militarización de la lucha contra el narcotráfico no sólo es ineficaz en términos de resultados (Tokatlian, 2018) sino que genera corrupción institucional al exponer a las fuerzas a la presión y los recursos de las organizaciones criminales.[18] El propio análisis del operativo publicado por Defensa.com señaló que los efectivos argentinos operarían en un contexto de enorme corrupción estatal local, «en tierra enemiga», cuidándose tanto de los grupos criminales como de funcionarios corruptos en sus propias líneas de mando.[19]
V. EL VACÍO EN EL ATLÁNTICO SUR: POLÍTICA EXTERIOR Y EL SÍNDROME DE GALTIERI
Esta tragedia institucional puertas adentro tiene su correlato exacto en el abismo geopolítico internacional. La gestión de Pablo Quirno al frente de la Cancillería —una conducción que combina inexperiencia profesional en negociación multilateral con el voluntarismo de las redes sociales y una subordinación incondicional a los intereses financieros internacionales— ha protagonizado episodios de una gravedad que los analistas no han tardado en señalar.
El episodio más revelador del período analizado se desarrolló a fines de abril de 2026. La filtración, publicada por la agencia Reuters el 25 de abril, de un memorando interno del Pentágono que evaluaba la posibilidad de que Washington revisara su tradicional neutralidad sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido —vinculada a las tensiones entre Trump y Downing Street por la falta de apoyo británico en el conflicto con Irán— desató una reacción de euforia en el oficialismo libertario.[20]
Tanto el presidente Milei como el canciller Quirno montaron una ruidosa «pose malvinera», reafirmando en redes sociales los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.[21] La comparación que múltiples analistas trazaron con la ceguera estratégica de la diplomacia de Galtieri en 1982 no es caprichosa: en ambos casos, la lectura interesada de señales externas confundió la conveniencia táctica de terceros actores con una adhesión estratégica genuina a los reclamos argentinos. Apenas horas después de la euforia oficial, la Casa Blanca ratificó su estricta neutralidad, el jefe de la Real Fuerza Aérea británica declaró al medio The Times que el Reino Unido estaba «en máxima alerta y listo para defender las Falklands en cualquier momento»,[22] y el operativo malvinero del gobierno quedó expuesto en su vacuidad estratégica.
El contexto geopolítico de fondo es aún más preocupante. Mientras la Argentina apostaba por el alineamiento unilateral con Washington y la euforia de las redes, el Reino Unido firmó el 26 de marzo de 2026 un acuerdo de asociación estratégica con Brasil que incluye expresamente los ámbitos de defensa, seguridad y cooperación en materia de inteligencia.[23] Este acuerdo —que según fuentes periodísticas el propio canciller Quirno desconocía hasta que fue anunciado públicamente— reforzó las capacidades diplomáticas de la potencia ocupante de las islas en el continente sudamericano, históricamente el principal espacio de respaldo multilateral del reclamo argentino.
La gestión libertaria en política exterior ha marginado sistemáticamente a los principales socios regionales de Argentina. Según reportó Anzelini (2026), Brasil, Colombia y México han sido excluidos o degradados en cumbres continentales clave. A ello se suma el voto argentino en la Asamblea General de la ONU junto a Estados Unidos e Israel en contra de una resolución impulsada por 55 naciones africanas que buscaba declarar a la esclavitud racializada como crimen de lesa humanidad, alineamiento que le enajenó a la Argentina el respaldo de gran parte del Sur Global en un momento en que ese respaldo es indispensable para sostener el reclamo soberano sobre Malvinas.[24]
Al darle la espalda al Sur Global —el principal sostén histórico del reclamo argentino en foros multilaterales— por priorizar un alineamiento acrítico e incondicional con Washington, el gobierno no está haciendo geopolítica: está liquidándola.
CONCLUSIÓN: LA SOBERANÍA NO SE TUITEA
La política de defensa y exterior de este gobierno es un vacío enteramente voluntario. Al reemplazar la previsibilidad de una ley de fomento industrial por la ruleta de la especulación inmobiliaria, al entregar la conducción civil a la corporación castrense, al purgar las universidades de defensa del pensamiento crítico y al aislar a la Argentina de sus socios regionales vitales precisamente en el momento en que el mapa geopolítico del Atlántico Sur se reconfigura, la administración actual ha decidido claudicar.
Los cuatro vectores analizados —financiamiento, control civil, formación académica y política exterior— presentan una coherencia lamentable: todos apuntan en la misma dirección. No hacia la autonomía estratégica, sino hacia la dependencia; no hacia la capacidad soberana, sino hacia el vacío; no hacia la racionalidad institucional, sino hacia el dogmatismo ideológico.
La soberanía real de una nación no se ejerce mediante tuits grandilocuentes en la red social X ni mediante poses mediáticas ante la filtración de un memorando del Pentágono. Se ejerce a través de capacidades productivas del Estado, alianzas multilaterales inteligentes, una comunidad epistémica autónoma capaz de pensar estratégicamente y una conducción civil, democrática y profesional del instrumento militar. Esos cuatro pilares están siendo sistemáticamente dinamitados, bajo el velo de una modernización que en los hechos sólo moderniza la velocidad del retroceso.
El debate que la Argentina se debe —y que este gobierno ha clausurado con decretos en lugar de abrirlo con argumentos— es el de qué país quiere ser en el sistema internacional del siglo XXI: si un actor capaz de defender sus intereses con instrumentos propios y en alianzas construidas con inteligencia, o un espectador de su propio destino que aplaude en las redes mientras vende el suelo bajo sus pies.
Guillermo Díaz es especialista en defensa nacional y relaciones internacionales
NOTAS
- El Plan ARMA fue establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 4 de mayo de 2026, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación (Argentina, Boletín Oficial de la República, 2026b).
- La arquitectura de financiamiento del Plan ARMA prevé dos fuentes: el 10% de los ingresos por enajenación o alquiler de bienes inmuebles estatales administrados por la AABE (elevado al 70% para bienes previamente afectados a la jurisdicción de Defensa), y el 10% de los ingresos por privatizaciones de las empresas listadas en el Anexo I de la Ley 27.742 (Ley de Bases).
- La cita textual proviene del considerando del DNU 314/2026. Los propios fundamentos del decreto reconocen el estado crítico del equipamiento militar como justificación de urgencia, lo que vuelve aún más paradójica la elección de un mecanismo de financiamiento de efectivización incierta y diferida.
- El Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) fue creado por la Ley 27.565, sancionada el 20 de agosto de 2020. La ley establecía la asignación progresiva de un porcentaje del PBI al financiamiento del desarrollo del instrumento militar y de la industria de defensa nacional.
- Para un análisis presupuestario de la política de defensa argentina y sus implicancias estructurales, véase Eissa y Ferro Ariella (2024), disponible en la Revista Defensa Nacional de la UNDEF.
- El DNU 34/2026 modificó el artículo 38, inciso 1°, apartado b) de la Ley para el Personal Militar N° 19.101, estableciendo que el personal del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas se halla en «servicio efectivo» cuando se encuentra ejerciendo un cargo dentro del Ministerio de Defensa. El Decreto 58/2026, reglamentario del anterior, adecuó la normativa del Ejército a ese nuevo marco.
- El Teniente General Carlos Alberto Presti fue designado ministro de Defensa por Decreto 869/2025 a partir del 10 de diciembre de 2025. Presti había sido jefe del Estado Mayor General del Ejército desde enero de 2024. Su designación provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad.
- Según informó La Política Online (2026), el propio ministro Presti se negó a pasar a disponibilidad —como establecía la normativa original— para ocupar el cargo ministerial, circunstancia que motivó la modificación normativa posterior mediante DNU 34/2026.
- La teoría del principal-agente aplicada a las relaciones civiles-militares fue desarrollada exhaustivamente por Peter D. Feaver en Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations (2005, Harvard University Press). En ese marco analítico, el «principal» es el poder civil democrático y el «agente» es la institución militar. El esquema requiere para su correcto funcionamiento la clara distinción entre ambos roles.
- Para la reconstrucción histórica del proceso de subordinación militar al control civil en la Argentina democrática, véase Battaglino (2013) y el trabajo colectivo de Anzelini, Poczynok y Zacarías (2017).
- El concepto de «conversión institucional» proviene del análisis comparado de las instituciones políticas y fue aplicado al caso argentino por Díaz (2026) en La Regresión Institucional.
- La UNDEF fue creada por Ley 27.015 en 2014 sobre la base de instituciones preexistentes como el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval Militar, la Escuela de Aviación Militar y la Escuela Nacional de Guerra (FADENA). Es la primera universidad de defensa de América Latina.
- El caso de Anzelini y Eissa fue documentado con detalle por la redacción de El Cohete a la Luna en el artículo «Silenciar y destruir», publicado el 27 de agosto de 2024. Ambos docentes habían superado los procesos concursales de selección establecidos por la normativa universitaria.
- Esta apreciación se sustenta en el análisis de Anzelini (2026) en su artículo «Patria querida, dame un canciller», publicado en El Cohete a la Luna.
- La Operación Roca fue lanzada por Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa el 11 de abril de 2025. Su ejecución formal comenzó el 27 de agosto de 2025, mediante la Resolución 727/2025, con vigencia hasta el 15 de diciembre de 2025. El operativo movilizó a 1.900 efectivos iniciales en Salta, con un total disponible de hasta 10.000 militares.
- El CELS presentó un pedido formal de información al entonces ministro Petri, señalando que la intervención contradecía las leyes de Defensa Nacional (23.554) y de Seguridad Interior (24.059), y cuestionando especialmente el carácter reservado de las reglas de empeñamiento impartidas al personal desplegado.
- El concepto de «militarismo neoliberal periférico» fue desarrollado por Juan Gabriel Tokatlian en De militares a policías: la guerra contra las drogas y la militarización de Argentina (Capital Intelectual, 2018). El concepto describe la convergencia entre la reducción del Estado de bienestar, el aumento de la conflictividad social y la resignificación de las Fuerzas Armadas como instrumento de control interno.
- La evidencia comparada sobre la ineficacia de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en América Latina es abundante. El fracaso de la Estrategia Mérida en México y de las operaciones militarizadas en Colombia y Brasil son los casos más estudiados.
- Véase el análisis de Carpintero publicado en Defensa.com el 25 de septiembre de 2025: «El Ejército Argentino inicia el cuestionado Operativo Roca».
- La filtración del memorando del Pentágono fue publicada por Reuters el 25 de abril de 2026. El documento evaluaba la posibilidad de que la administración Trump retirara su tradicional apoyo diplomático al Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas, en el contexto de las tensiones por la falta de apoyo británico a las operaciones militares de Washington en Medio Oriente.
- La reacción del canciller Quirno incluyó una extensa publicación en la red social X reafirmando la soberanía argentina, rechazando la invocación británica del principio de libre determinación y denunciando las actividades del proyecto petrolero Sea Lion (Rockhopper y Navitas). El presidente Milei retuiteó el posteo con el mensaje «Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas».
- El jefe de la Real Fuerza Aérea británica, Harv Smyth, declaró al diario The Times que el Reino Unido estaba «en máxima alerta y listo para defender las Falklands en cualquier momento». La base de la RAF en Mount Pleasant mantiene cuatro cazas Eurofighter Typhoon en disposición de Alerta de Reacción Rápida permanente.
- Brasil y el Reino Unido firmaron el 26 de marzo de 2026 un acuerdo de asociación estratégica que incluye los ámbitos de diálogo político, cooperación internacional, comercio e inversión, seguridad y defensa, y transición energética. Según informó el diario Perfil, el canciller argentino no habría sido informado anticipadamente del avance de las tratativas.
- Este conjunto de decisiones de política exterior —el alineamiento con Washington e Israel en votaciones clave de la ONU, el distanciamiento de Brasil, Colombia y México— configura lo que Anzelini (2026) denominó el vaciamiento de la capacidad diplomática argentina.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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- Anzelini, L., Poczynok, I., & Zacarías, M. E. (2017). Política de defensa y militar en Argentina desde el retorno de la democracia (1983–2015). Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
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- Centro de Estudios Legales y Sociales. (2025, 11 de abril). Operación Roca: el gobierno pone a las FFAA a hacer tareas de seguridad y mantiene en secreto sus facultades. CELS. https://www.cels.org.ar/web/2025/04/operacion-roca
- Díaz, G. (2025). La designación de un militar como Ministro de Defensa: un riesgo para la soberanía democrática y la conducción civil de la Defensa Nacional en Argentina. Soberanía Digital.
- Díaz, G. (2026). La regresión institucional: remilitarización burocrática y crisis del consenso democrático argentino. [Manuscrito inédito].
- Eissa, S., & Ferro Ariella, P. (2024). La política de defensa argentina: una mirada presupuestaria. Revista Defensa Nacional, 10. Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).
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- El Económista. (2026, 2 de mayo). El Reino Unido endurece su postura sobre las Malvinas: está «en máxima alerta y listo» para defenderlas «en cualquier momento». https://www.eleconomista.es
- Feaver, P. D. (2005). Armed servants: Agency, oversight, and civil-military relations. Harvard University Press.
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- Tokatlian, J. G. (2018). De militares a policías: la guerra contra las drogas y la militarización de Argentina. Capital Intelectual.
- Wikipedia. (2026). Carlos Presti. https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Presti