por Oscar Armanelli
El presente artículo analiza la compleja transición de la Política de Defensa Nacional de la República Argentina durante el ejercicio 2026, marcada por una tensión estructural entre la voluntad de reforma normativa y una severa restricción presupuestaria. A través del estudio del Decreto 314/2026 (Plan ARMA) y la Decisión Administrativa 20/2026, se examina la paradoja de un sistema que busca modernizarse mediante fuentes de financiamiento alternativas -vinculadas a la enajenación de activos estatales y privatizaciones (v.g. ENARSA)- mientras sufre la desarticulación de su fondo estratégico troncal, el FONDEF.
Mediante el uso de datos presupuestarios consolidados, el trabajo demuestra cómo el recorte conduce a una “obsolescencia por goteo” que compromete la soberanía en áreas críticas como el Atlántico Sur y la Antártida. Finalmente, bajo la lente teórica del Realismo Ofensivo de Mearsheimer y la Jerarquía del Prestigio de Gilpin, se concluye que Argentina enfrenta el riesgo de ceder el High Ground estratégico y tecnológico. Al priorizar una “supervivencia operativa” de carácter administrativo sobre la inversión en capacidades disruptivas (IA y dominio espacial), el país se encamina hacia una irrelevancia geopolítica en el tablero de seguridad del siglo XXI.
DEFENSA NACIONAL – FONDEF – REEQUIPAMIENTO MILITAR – REALISMO OFENSIVO – PRESUPUESTO 2026
INTRODUCCIÓN
La Política de Defensa Nacional de la República Argentina atraviesa un momento de definición crítica, caracterizado por una tensión creciente entre la voluntad de reforma estructural y las severas limitaciones del erario público. El presente análisis profundiza en las continuidades y desafíos que definen el reequipamiento militar argentino en el año 2026, un proceso que hoy se encuentra en una fase de transición determinante. En este escenario, la gestión ministerial se ve obligada a realizar un complejo equilibrio: sostener la herencia de planes de adquisición estratégicos -fundamentales para evitar la pérdida definitiva de capacidades básicas- frente a una nueva directiva de eficiencia y centralización del mando.
Este estudio integra tres ejes documentales y analíticos clave para comprender la situación actual. En primer lugar, se examina el Decreto 314/2026,cuyo objeto es establecer el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino[i]. Debemos recordar que el FONDEF sigue existiendo en el ordenamiento jurídico, pero la Ley de Presupuesto del 2026 en su artículo 30 establece: “Deróngase a partir del ejercicio fiscal 2026, las siguientes disposiciones legales: …d) El inciso 1 del Artículo 4 de la ley N° 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa”. (Ley de Presupuesto 2026).
El Decreto 314/2026[ii] no deroga el FONDEF, sino que crea fuentes de financiamiento complementarias al FONDEF (provenientes de la venta de inmuebles estatales y privatizaciones) con el fin de atender necesidades de corto plazo y ampliar la capacidad de inversión en modernización.
El segundo eje es el análisis de la Decisión Administrativa 20/2026, donde los recortes masivos revelan una marcada brecha entre la defensa que deseamos y queremos y la práctica fiscal. Esta desinversión no solo paraliza la incorporación de medios críticos, como helicópteros navales o equipos de interceptación aérea, sino que amenaza con una “obsolescencia por goteo” que degrada la soberanía en áreas vitales como el Atlántico Sur y la logística antártica.
Finalmente, el tercer eje del artículo que propone una interpretación bajo la óptica del Realismo Ofensivo, mientras la frontera tecnológica global se desplaza hacia la Inteligencia Artificial y el dominio espacial, Argentina se enfrenta a una vulnerabilidad estructural: el agotamiento de su modelo cinético tradicional. En este contexto, el país corre el riesgo de transformarse de un proveedor de seguridad internacional a un actor irrelevante, operando bajo un presupuesto de mera subsistencia administrativa que compromete su prestigio y su capacidad de disuasión en el siglo XXI.
DECRETO 314/2026
A pesar de crear fuentes adicionales de financiamiento, crea la incertidumbre de los recursos, dado que depender del 10% de las privatizaciones o del 10% (o 70%) de la venta de inmuebles estatales es considerado un financiamiento aleatorio e insuficiente. No garantiza un flujo constante para proyectos plurianuales, como lo hacía el FONDEF
Las fuentes adicionales prevista en el Anexo 1 de la Ley N° 27.742 son por la privatización de “ENERGIA ARGENTINA S.A., INTERCARGO SAU, y por la privatización /concesión de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. ; BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA S.E. (SOFSE) CORREDORES VIALES S.A.”. (Ley 27.742).
El Ministerio de Economía oficializó este martes 12 de mayo la adjudicación del concurso público para la venta de las acciones que Energía Argentina S.A. (ENARSA) posee en la compañía Citelec, firma controlante de Transener, principal transportadora de energía eléctrica en alta tensión del país.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 673/2026 y forma parte del proceso de privatización habilitado por la Ley 27.742 y el decreto 286/2025.
La adjudicación quedó en manos del consorcio integrado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., que presentó una oferta de u$s356,1 millones sin IVA, la más alta entre las empresas participantes.
Según detalló el Gobierno, la privatización forma parte de un esquema de venta por etapas de ENARSA, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y de las obras en ejecución.
Para calcular cuánto le corresponde a las Fuerzas Armadas por la licitación de ENARSA bajo el nuevo marco legal, debemos aplicar el porcentaje establecido en el Artículo 3° del Decreto 314/2026 (Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino – ARMA). (Ámbito, 2026).
El decreto estipula que el 10% de los recursos resultantes de las privatizaciones de las empresas enumeradas en la Ley 27.742 (Ley Bases) que ingresen al Tesoro Nacional, deben ser afectados a la jurisdicción del Ministerio de Defensa. El monto de la oferta es de u$s 356,1 millones (neto de IVA), el monto resultante para Defensa es de u$s 35,61 millones. Estos u$s 35,6 millones (aprox. $32.000 millones de pesos al cambio actual) superan nominalmente el recorte de $14.000 millones que sufrió la Fuerza Aérea en las planillas de mayo. Sin embargo, al ser un ingreso por única vez, no soluciona el problema del flujo constante de fondos. Según el decreto, este dinero no puede ir a sueldos; debe destinarse estrictamente a programas de reequipamiento y modernización; infraestructura estratégica y recuperación de capacidades. El financiamiento de la defensa queda ahora atado al éxito de la agenda de privatizaciones; en términos de Mearsheimer, Argentina está financiando su “poder militar” mediante la reducción de su “poder de infraestructura estatal” (ENARSA), una apuesta de alto riesgo en términos de seguridad energética nacional.
Mientras se crean estas fuentes adicionales, el presupuesto ordinario sufre recortes masivos (como lo analizaremos más adelante, con la decisión administrativa del Ministerio de Economía del 11 de mayo), se genera la percepción es que estos nuevos fondos no son “adicionales”, sino que intentan compensar el vaciamiento del fondo original ya determinados con el PLANCAMIL realizado en el 2023 que determinaba las prioridades en el mediano plazo y es dable esperar que el Estado Mayor Conjunto respete en sus prioridades.
El decreto hace énfasis en “nuevas amenazas[i]” y el apoyo a la comunidad[ii], lo cual es visto por algunos analistas como una distorsión de la misión principal de las Fuerzas Armadas, al priorizar la ciberdefensa y el apoyo ante catástrofes, se descuida la defensa ante agresiones externas (el modelo cinético tradicional).
En resumen, la crítica central es que el Decreto 314/2026 intenta resolver un problema de capacidad material con una reforma administrativa y contable, lo cual podría derivar en fuerzas armadas más pequeñas, centralizadas.
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 20/2026
El proceso de reequipamiento se encuentra en una fase de transición donde la gestión ministerial debe equilibrar la herencia de planes previos con la nueva directiva de eficiencia centralizada. Se destaca la necesidad de mantener el flujo de adquisiciones estratégicas iniciadas, como los aviones de combate y sistemas de vigilancia, para evitar la pérdida de capacidades básicas.
La reducción de $14.000 millones (ver tabla nro 1) en equipo militar para la Fuerza Aérea y de $10.620 (ver tabla nro 1) millones en helicópteros para la Armada evidencia que el reequipamiento está subordinado a la urgencia del ajuste corriente.
El artículo de Zona Militar advierte que, sin una inyección constante de capital, las fuerzas corren el riesgo de una “obsolescencia por goteo”, donde el costo de mantener material viejo supera el beneficio de su operatividad. (Zona Militar, 2026).
Antártida y Atlántico Sur
Entre los desafíos presupuestarios más importantes encontramos un recorte en la logística antártica de casi $2.000 millones en el programa antártico del EMCO, que comprometen la capacidad de abastecimiento y la proyección de soberanía efectiva en un área de creciente interés global.
El programa de “Sostén Logístico a la Actividad Antártica”, gestionado por el Estado Mayor Conjunto, sufre una reducción neta de $1.962.089.272. El impacto se desglosa en combustibles y lubricantes, donde se registra una quita de $959.657.990. Dado que el combustible es el insumo vital para la generación de energía en las bases y para el movimiento de buques y aeronaves, este recorte limita severamente la autonomía y la capacidad de reabastecimiento. A esa cifra se le suma el recorte en bienes de consumo, con una reducción en alimentos y vestuario comprometen el bienestar del personal que inverna y la calidad de las Campañas Antárticas de Verano (CAV).
El recorte en la Antártida es quizás el más sensible desde el punto de vista geopolítico, dado que representa un ajuste sobre un área donde la presencia del Estado no es opcional, sino un requisito para mantener los derechos soberanos a futuro.
Bajo la lógica de la “Jerarquía del Prestigio” de Gilpin, una potencia que no puede sostener logísticamente su propio sector antártico está enviando una señal de retracción geopolítica. Esto podría invitar a que otros actores internacionales cuestionen el liderazgo argentino en su área de responsabilidad SAR (Búsqueda y Rescate) y en la logística regional hacia el continente blanco.
El presidente Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1 de marzo estableció como prioridad el Atlántico Sur y la última DPDN 2021 también lo establece como una prioridad estratégica debido a las disputas de soberanía y la importancia de los recursos naturales.
En términos de Realismo Ofensivo, el control de un territorio se basa en la capacidad de permanencia y acceso. Si Argentina reduce su presupuesto logístico mientras otros firmantes del Tratado Antártico aumentan sus capacidades tecnológicas y de infraestructura (como el desarrollo de nuevas bases o rompehielos por parte de potencias como China o el Reino Unido), la posición relativa del país se debilita, generando vulnerabilidad estratégica.
Aunque el presupuesto de ciencia depende de otras áreas, la logística de las fuerzas armadas es la que permite que esa ciencia ocurra. Sin transporte ni energía, la presencia científica argentina queda limitada a un nivel simbólico.
En el Atlántico Sur, el desafío radica en recuperar la capacidad de patrullado en la Milla 201, tarea que se ve directamente afectada por la desestimación de medios aéreos y navales livianos; afectando con ello la disuasión por presencia en este espacio geopolítico. La cooperación con países vecinos en el marco de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS) se basa en la capacidad de monitorear y proteger los recursos naturales. Al recortar el alistamiento naval y aéreo, Argentina cede espacios de control. Según la lógica del Realismo Ofensivo, el vacío de poder que deja un actor al desinvertir es inevitablemente ocupado o aprovechado por otros, debilitando la posición argentina en las disputas de soberanía y en la gobernanza de los espacios comunes.
Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)
(Fuente: Decisión Administrativa 20/2026)
El decreto hace mención a la necesidad de optimizar los recursos del FONDEF, vinculándolos estrictamente a proyectos que tengan un alto componente de interoperabilidad. Esto explica por qué se recortaron proyectos específicos de una sola fuerza (como los helicópteros navales de la Armada) en favor de una visión de “conjuntes” que, en la práctica, está funcionando como un filtro para reducir la cantidad de proyectos activos.
A pesar de los ajustes analizados, el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) continúa siendo referenciado en el Anexo 2 del Boletín Oficial (vinculado al Decreto 314/2026) y en las planillas presupuestarias debido a su rol como fuente de financiamiento específica y obligatoria para la inversión en capital.
La permanencia de su mención, aun en un contexto de recortes, responde a las siguientes razones técnicas y legales:
- Asignación específica de partidas: El Anexo 2 detalla que ciertas capacidades, como el sostenimiento del Comando Conjunto Antártico (COCOANT) y proyectos de interoperabilidad, siguen bajo la órbita de financiamiento del FONDEF para asegurar que los gastos de inversión no se diluyan totalmente en gastos corrientes.
- Centralización en el EMCO: Según el Decreto 314/2026, el Jefe del Estado Mayor Conjunto ahora tiene la facultad de optimizar y priorizar el uso del FONDEF. Esto explica por qué el fondo se nombra en el Anexo para proyectos que sirven a las tres fuerzas simultáneamente, buscando una «eficiencia por centralización».
- Obligatoriedad de la Ley 27.565: El fondo es una ley nacional que exige una ejecución presupuestaria mínima anual. Aunque en la práctica existan reducciones nominales (como los $14.000 millones menos en equipo para la Fuerza Aérea), el Estado debe seguir reflejando contablemente el uso de esos recursos para cumplir con el marco legal de «recuperación de capacidades».
- Mantenimiento de Proyectos Plurianuales: El artículo de Zona Militar señala que el reequipamiento enfrenta el desafío de mantener la continuidad de proyectos ya iniciados. Nombrar el FONDEF en el Boletín Oficial permite que, aunque el presupuesto esté recortado, el marco administrativo de esos contratos no se rompa legalmente.
En resumen, se sigue nombrando porque es la herramienta contable y legal que permite al Ministerio de Defensa gestionar lo poco que queda para inversión, centralizándolo bajo el mando del Estado Mayor Conjunto para evitar la parálisis total del sistema de defensa, como lo expresa el gráfico Nº 2.
(Fuente: Decisión Administrativa 20/2026)
El impacto de los recortes analizados sobre el espíritu de la Ley 27.565 (FONDEF) y el presupuesto 2026 se puede desglosar en un incumplimiento del objetivo de reequipamiento. El FONDEF establece que los recursos deben destinarse prioritariamente a la adquisición de bienes de capital. El hecho de que la Armada sufra un recorte de $10.620 millones en la incorporación de helicópteros y la Fuerza Aérea pierda $14.000 millones en equipo militar indica que los recursos del fondo no se están ejecutando o están siendo desviados/recortados antes de su aplicación.
En consecuencia, se produce una ruptura en el ciclo de planeamiento de capacidades a mediano plazo, determinados en el PLANCAMIL. La baja de estos montos sugiere que los proyectos plurianuales están perdiendo prioridad frente a la urgencia fiscal.
Resumen de los recortes
La siguiente tabla nº 1, detalla la reconfiguración del gasto militar argentino tras los ajustes fiscales del primer cuatrimestre de 2026. Los datos consolidados revelan una tendencia inequívoca: el desfinanciamiento sistemático de los programas de Alistamiento Operacional y la cancelación de proyectos de inversión de capital. Mientras las fuerzas individuales sufren quitas que comprometen su capacidad de disuasión básica, el Estado Mayor Conjunto (EMCO) experimenta un leve refuerzo en sus actividades centrales, evidenciando el giro hacia una administración centralizada bajo las directrices del Decreto 314/2026.
Tabla consolidada de modificaciones presupuestarias (Ejercicio 2026)
(Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía, mayo 2026)
Observando la consolidación de las distintas planillas arribamos a las siguientes conclusiones:
- la Fuerza Aérea concentra la mayor quita nominal en el rubro de equipamiento militar específico.
- la Armada es la fuerza que pierde un proyecto de inversión de capital concreto (los helicópteros livianos).
- el Ejército focaliza su recorte en la capacidad de transporte y maquinaria de producción.
- el Estado Mayor Conjunto (EMCO) es el único que registra un incremento neto en su partida de actividades centrales, aunque sufre recortes operativos en las campañas antárticas y en inversión de capital para comunicaciones.
Queremos tener un apartado para la Sanidad Naval que si bien le asignan fondos para «Productos farmacéuticos» ($273 millones) o «Médicos y sanitarios» ($2.240 millones), el resultado consolidado del Ministerio para la sub-jurisdicción 22 (Armada) refleja que la quita total es mayor que lo que se está asignando.
Las partidas que el Estado decidió mantener o reforzar parcialmente (se han sumado partidas de $4 mil millones para gastos de consumo y servicios) para que los hospitales navales no dejen de funcionar (gastos de subsistencia), pero el cierre contable de la operación muestra que, en la suma y resta general del ejercicio 2026 para el área de salud, la Armada está perdiendo $11.820 millones.
LA BRECHA TECNOLÓGICA Y EL REALISMO OFENSIVO: EL “GRAN DESPLAZAMIENTO”.
Desde la perspectiva del Realismo Ofensivo, el poder militar es la moneda de cambio última en el sistema internacional. Bajo esta premisa, la Argentina de 2026 atraviesa una crisis que trasciende lo meramente financiero para convertirse en una vulnerabilidad estructural. Mientras las grandes potencias aceleran el desplazamiento de su frontera tecnológica hacia la Inteligencia Artificial (IA) y la militarización del dominio espacial, Argentina se encuentra atrapada en el agotamiento de un modelo cinético tradicional que ya no puede sostener.
El análisis de los recortes actuales valida la hipótesis del “presupuesto de subsistencia”. En términos de Mearsheimer, el país está perdiendo “masa crítica” convencional al tiempo que queda descolgado de la revolución tecnológica. La quita de fondos en áreas de alistamiento y modernización no es solo un ajuste fiscal; es una señal de retracción geopolítica.
Esta transición forzada implica dos riesgos existenciales para la Defensa Nacional:
- Pérdida de la Jerarquía del Prestigio: Siguiendo a Robert Gilpin, la capacidad de un Estado para influir en el sistema depende de su prestigio, el cual emana directamente de su poder militar percibido. Al desinvertir en capacidades clave (como la aviación de caza o la logística antártica), Argentina abdica de su rol como proveedor de seguridad regional para convertirse en un actor irrelevante o un “consumidor de seguridad” dependiente de terceros.
- El dilema de la innovación: El Decreto 314/2026 menciona la importancia de la IA, pero la realidad presupuestaria condena al país a operar sistemas obsoletos. Esta brecha crea un escenario de indefensión estratégica: Argentina intenta reformar su organización burocrática mientras sus competidores o potenciales amenazas transforman la naturaleza misma del combate mediante la autonomía y la precisión algorítmica.
En conclusión, el escenario de 2026 muestra un Estado que intenta compensar su debilidad material con reformas administrativas. Sin embargo, para el Realismo Ofensivo, ninguna estructura orgánica (como la centralización en el EMCO) puede suplir la ausencia de medios técnicos efectivos. El riesgo no es solo el deterioro de los fierros, sino la marginación definitiva de Argentina del tablero de decisiones del siglo XXI.
CONCLUSIÓN SOBRE LA VALIDACIÓN PRESUPUESTARIA
En términos de Ciencia Política, este presupuesto 2026 bajo recorte valida la tesis de la “Defensa Mínima”, el Estado mantiene la estructura jerárquica y el personal (gastos de funcionamiento), pero renuncia a la potencia de fuego y a la modernización tecnológica (gastos de capital).
Desde la óptica de la Teoría del Cambio de Hegemonía de Gilpin, mientras otros actores buscan el “High Ground” tecnológico, estos recortes sitúan a la defensa nacional en una fase de mantenimiento de estatus, alejándola de la frontera tecnológica necesaria para la disuasión en el siglo XXI. El prestigio no es solo fama, sino la percepción real de que el país puede sostener sus compromisos (como en la Antártida o la Milla 201) y Gilpin afirma:
“El prestigio es el equivalente funcional del rol y el estatus en la política internacional. Mientras que el poder se refiere a las capacidades económicas y militares de un Estado, el prestigio se refiere a la reputación de ese poder” (Gilpin, 1981, p. 31).
Históricamente, el high ground[i] es la posición que otorga ventaja sobre el adversario: mejor visión, mayor alcance y control del movimiento. En el siglo XXI, el “terreno elevado” no es una colina, sino que implica el dominio espacial mediante el control de satélites para comunicaciones y posicionamiento; el ciberespacio y la IA para poder la capacidad de procesar información y tomar decisiones más rápido que el enemigo y por último poseer una frontera tecnológica que nos posibilite pasar de lo cinético a lo algorítmico.
Para Gilpin, el equilibrio del sistema internacional es dinámico; su tesis central en War and Change in World Politics sostiene que un Estado mantiene su posición de liderazgo mientras pueda proyectar poder de manera eficiente. Ello presenta desafíos como el costo de mantenimiento, según Gilpin explica que las potencias dominantes enfrentan el “dilema del equilibrio”, para buscar el costo de mantener el statu quo aumenta, mientras que su base económica se erosiona. El otro desafío es el desplazamiento del High Ground cuando una potencia (como Argentina en este análisis) se queda atrapada financiando un “modelo cinético” viejo (el low ground tecnológico), mientras otros países invierten en IA y espacio, se produce un cambio en la Jerarquía del Prestigio. Ello nos conduce a una pérdida de posición relativa dado que, si no se ocupa el high ground tecnológico, se pierde la capacidad de disuasión. Según Gilpin, esto invita a otros actores a desafiar el orden establecido, ya que perciben que el costo de romper las reglas es menor que el beneficio de ocupar ese vacío de poder.
Argentina, al operar bajo un presupuesto de subsistencia administrativa, está cediendo el High Ground estratégico. En la lógica de Gilpin (1981), esto representa una claudicación ante el cambio sistémico, mientras las potencias globales ocupan las fronteras de la IA y el espacio para asegurar su estatus en la jerarquía mundial, los recortes presupuestarios anclan a la defensa argentina en un terreno de obsolescencia, donde el costo de mantener material antiguo supera cualquier beneficio de operatividad real.
El High Ground en relación a Gilpin es la ventaja comparativa tecnológica que permite a un Estado dictar las reglas del sistema o, al menos, no ser subordinado por ellas. Al perder el acceso a la tecnología de punta (IA biológica, drones, sensores avanzados), Argentina pierde su “terreno elevado” y cae en los estratos inferiores de la jerarquía de poder.
Para analizar el impacto de estas reducciones sobre el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, es necesario observar cómo se redistribuyen las prioridades del Estado y qué áreas quedan desprotegidas en términos de Defensa Nacional.
De lo analizado se desprenden los siguientes impactos:
- Desfinanciamiento de la inversión de capital (Reequipamiento) – El impacto más severo se observa en la cancelación de proyectos de inversión. El recorte de más de $10.000 millones en la Armada para helicópteros y los $14.000 millones en la Fuerza Aérea para equipo militar indican una parálisis en los planes de modernización, que quizás este último puede ser solucionado con la licitación efectuada el 12 de mayo del corriente año. En consecuencia, las fuerzas se ven obligadas a mantener sistemas de armas con tecnologías obsoletas, lo que aumenta el costo de mantenimiento a largo plazo y reduce la efectividad en la disuasión.
- Degradación del Alistamiento Operacional – El programa de Alistamiento Operacional es el corazón de la capacidad de respuesta de las fuerzas. Una reducción consolidada de casi $45.000 millones entre las tres fuerzas afecta directamente el nivel de adiestramiento (menos horas de vuelo, días de navegación y días de campaña), el stock de repuestos críticos y la capacidad de reacción ante emergencias o crisis de soberanía.
Esto nos lleva a preguntarnos ¿Hacia dónde va el gasto? y al analizar las planillas, se observa un patrón de “Supervivencia Operativa”, donde el presupuesto 2026 se está transformando en una estructura de “gastos corrientes” (sueldos y servicios básicos) a expensas de los “gastos de capital” (compra de barcos, aviones o tanques). Paralelamente observamos un refuerzo al EMCO, mediante un leve incremento en las “Actividades Centrales” del Estado Mayor Conjunto; esto sugiere un intento de centralizar la gestión administrativa para optimizar los pocos recursos existentes, buscando una eficiencia burocrática en medio de la penuria material.
En el marco del Realismo Estructural, esta configuración presupuestaria sitúa a la Argentina en una posición de vulnerabilidad sistémica. Mientras los actores globales (como Estados Unidos y China) están acelerando su inversión tecnológica, el presupuesto 2026 de las Fuerzas Armadas argentinas refleja una potencia que está desandando su capacidad de disuasión convencional, limitándose a una función de custodia administrativa del territorio sin capacidad de proyección real.
Desde la óptica de Mearsheimer, si una nación reduce su inversión en defensa mientras sus competidores regionales o globales la aumentan, está invitando a una redistribución del poder que inevitablemente afectará su soberanía. La brecha tecnológica que Argentina intenta cerrar con el FONDEF se está ensanchando nuevamente con esta política de recortes. Mearsheimer afirma: «En el sistema internacional, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Debido a que no existe una autoridad superior que acuda en su rescate, los Estados deben confiar en sus propios recursos para garantizar su supervivencia. Por lo tanto, tienen un poderoso incentivo para maximizar su cuota de poder mundial, ya que esta es la mejor manera de garantizar su seguridad» (Mearsheimer, 2001, p. 33).
[i] Significa terreno elevado
[i] ……existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. (Decreto 314/2026).
[ii] Fuerzas Armadas son empleadas de manera recurrente en apoyo a la comunidad ante situaciones de emergencia y catástrofes naturales, tales como inundaciones, incendios forestales y otras contingencias, poniendo a disposición capacidades logísticas de transporte, sanidad, comunicaciones e ingeniería, lo cual demanda que cuenten con medios adecuados, modernos, operativos y en condiciones óptimas. (Decreto 314/2026).
[i] El Decreto 314/2026 establece el «Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino» con el fin de modernizar las Fuerzas Armadas ante nuevas amenazas tecnológicas como la inteligencia artificial y los ciberataques. Para financiar este objetivo sin afectar el equilibrio fiscal, la norma dispone que el 10% de los ingresos por la venta o administración de bienes inmuebles del Estado (elevándose al 70% si los bienes pertenecían a Defensa) y el 10% del producido de las privatizaciones previstas en la Ley Bases se asignen directamente al Ministerio de Defensa como fondos complementarios al FONDEF. Además, instruye al Estado Mayor Conjunto a presentar en un plazo de 90 días los requerimientos urgentes de infraestructura y equipamiento necesarios para recuperar la capacidad de disuasión y respuesta del país.
[ii] Que los recursos afectados a la jurisdicción presupuestaria del MINISTERIO DE DEFENSA por el presente decreto no reemplazan ni afectan las previsiones del mencionado fondo (FONDEF), sino que constituyen una fuente adicional y complementaria de financiamiento, orientada a atender necesidades de corto plazo y a ampliar la capacidad de inversión en modernización y recuperación de capacidades operativas. (Decreto 314/2026).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Gilpin, R. (1981). War and Change in World Politics. Cambridge University Press.
Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & Company.
Ministerio de Defensa. (11 de mayo de 2026). Planillas de Modificaciones Presupuestarias – Ejercicio 2026. Disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/341744/20260511?anexos=1
Poder Ejecutivo. (2026). Decreto 314/2026 DNU-2026-314-APN-PTE – Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/341442/20260504
Poder Ejecutivo (2026). Decisión Administrativa 20/2026. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/341744/20260511?anexos=1
Zona Militar. (11 de diciembre de 2025). El reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas: continuidades y desafíos que enfrenta la nueva gestión del Ministerio de Defensa. Disponible en: https://www.zona-militar.com/2026/05/11/el-gobierno-nacional-redujo-la-partida-presupuestaria-para-la-compra-de-nuevos-helicopteros-aw109m-de-la-armada-argentina/