por Fernando Rosúa
Un ordenamiento jurídico es una compleja construcción integrada por reglas, principios, guías, criterios interpretativos, instituciones, prácticas, costumbres, opiniones de doctrinarios, decisiones de decisores y acciones de ejecutores. Sirve como instrumento para la conformación y estabilización de un orden social; es decir, es una de las herramientas utilizadas para la organización de la existencia humana.
La historia nos demuestra que todo orden social es siempre cuestionado y disputado por quienes desean construir uno diferente. Generalmente, estos actores intentarán conformar un ordenamiento jurídico funcional a sus objetivos. Nuestra nación no ha escapado a esta regla. Desde siempre, los habitantes de estas tierras han disputado la instauración de los órdenes deseados y han utilizado como una de sus herramientas, ordenamientos jurídicos que los legitimen y los preserven.
Por lo general, la creación o el derrumbe de un orden jurídico se produce a partir de una decisión de gran peso: puede ser una victoria o una derrota militar, un hecho de masas o una acción del soberano en un momento determinado pero siempre es “puro hecho”, no es un acto jurídico. Estas decisiones fundantes o destructoras abren un proceso de disputa con el orden anterior. En ellas intervienen actores que a veces se visualizan rápidamente y otras permanecen ocultos durante un tiempo.
En nuestra historia, y en la de muchos pueblos, puede observarse la continuidad de un patrón de conflicto político en el que se reconocen al menos tres actores centrales: un pueblo que busca su bienestar material y espiritual; grupos oligárquicos —en el sentido aristotélico de la categoría, es decir, unos pocos que pretenden gobernar en beneficio propio—; y poderes extranjeros, públicos y privados, ávidos de riqueza y despreocupados por la vida de los pueblos explotados. En el transcurso de esas disputas se fue conformando la Argentina.
A mediados del siglo XX, hubo en nuestro país una decisión popular que permitió la construcción de un nuevo orden: el 17 de octubre de 1945. Ese día dio comenzó un proceso político que marcó a fuego a la Argentina hasta nuestros días: la Revolución Justicialista. Fue un proceso iniciado por el pueblo movilizado y desplegado por quien fue ungido por aquel como su conductor: el entonces coronel, y después general, Juan Domingo Perón. El gobierno peronista, de 1946 a 1955, produjo una auténtica revolución. No solo cambió la estructura social y económica del país, sino que impulsó un cambio cultural profundo: la dignidad de los argentinos pasó a ser reconocida como un valor promovido por el Estado, sintetizado en el apotegma: «nadie debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser».
La etapa peronista representó el momento de mayor avance popular con el objetivo de alcanzar las metas de justicia, libertad y bienestar para todos. Para consolidar el nuevo orden, el gobierno construyó un nuevo ordenamiento jurídico cuya piedra fundamental fue la reforma constitucional de 1949. Esta consagró un amplio reconocimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo argentino, y dotó al gobierno de los instrumentos necesarios para iniciar una auténtica independencia económica, que posibilitó el rápido desarrollo industrial y científico del país.
El golpe de Estado de 1955, perpetrado por sectores locales en connivencia con fuerzas extranjeras, inició un camino contrarrevolucionario. Mediante una proclama del 27 de abril de 1956, se puso en vigencia la Constitución nacional sancionada en 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, excluyendo la de 1949. Es decir, se restableció un texto funcional a la Argentina oligárquica y dependiente. Sucesivos gobiernos militares y civiles sin elecciones libres fueron desgastando los logros alcanzados y obturando la posibilidad de ampliarlos, aunque no lograron destruir totalmente los niveles de conciencia y organización del pueblo argentino. Esa resistencia permitió el retorno al gobierno en 1973 donde a pesar de las debilidades propias y las fortalezas de los enemigos, se demostró que el avance popular era posible. Para frenarlo, hubo que recurrir a un nuevo golpe de Estado, esta vez más sangriento, con el fin de desmontar las bases de la Argentina industrial, soberana y socialmente justa.
Un dato casi olvidado permite dimensionar la importancia del ordenamiento jurídico: el 13 de febrero de 1976, la presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto 680/76, que declaraba «programáticamente prioritaria a toda elección de autoridades nacionales, provinciales o municipales la reunión de la Convención Nacional Constituyente que decidirá sobre la Constitución Nacional que organizará el Estado argentino en consonancia con las necesidades actuales de su pueblo y los supremos intereses de la Patria». En sus considerandos sostenía que el orden constitucional había sido alterado al margen de la voluntad popular. El objetivo político del llamado a la convención era restablecer la Constitución de 1949, que contenía las herramientas jurídicas necesarias para profundizar la lucha por la independencia económica. A los pocos días, se produjo el golpe.
Los gobernantes militares y civiles, con el apoyo de usufructuarios nacionales y extranjeros, lograron sentar las bases estructurales y jurídicas para condicionar a la Argentina mediante un exorbitante endeudamiento externo, la instalación de un sistema financiero orientado a las ganancias rentísticas, el desaliento de la producción nacional en favor de la extranjera y la conformación de nuevos grupos económicos con vocación oligárquica. El ordenamiento jurídico de los golpistas subordinó la Constitución a tres normas fundantes: el Acta, el Estatuto y la llamada “Propósito y Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional”. Además, construyó un sistema normativo y una organización judicial que, por acción y omisión garantizaban sus objetivos. Sin embargo, para cumplirlos no solo recurrieron al nuevo ordenamiento para encarcelar y exiliar a miles de argentinos, sino que actuaron en la clandestinidad asesinando, desapareciendo y torturando a militantes sindicales, sociales y políticos, y secuestrando y alterando la identidad de sus hijos e hijas. Al final de su gobierno, también pretendieron dar juridicidad a la impunidad mediante la sanción de una ley de autoamnistía: la Ley 22.924, llamada oficialmente Ley de Pacificación Nacional.
El fin de la dictadura no significó el fin de las consecuencias de sus políticas. Los “logros” alcanzados con sus políticas fueron los principales condicionantes de la nueva etapa democrática que se iniciaba. Las consecuencias en la cultura política nacional también fueron relevantes: la contradicción principal pasó de ser «liberación o dependencia» a «democracia o dictadura». La consigna del presidente Alfonsín —»con la democracia, se cura, se educa y se come»— dejó fuera del mapa a las fuerzas imperiales como actores políticos relevantes en el escenario nacional. La nueva etapa se estabilizó temporalmente combinando la instalación de un ordenamiento jurídico democrático en materia de ampliación de derechos, aspecto claramente beneficioso para el pueblo, pero dependiente en materia económica y favoreciendo al proyecto imperial-oligárquico. En este segundo aspecto, el mantenimiento de la ley de entidades financieras de la dictadura y los Acuerdos de Madrid con Gran Bretaña de 1990 son sólo algunos ejemplos entre muchos otros.
La reforma constitucional de 1994 pretendió consolidar este orden dual. Por un lado, incorporó a la Constitución los tratados de derechos humanos, lo que permitió una indudable expansión de derechos y libertades; por el otro, no generó las herramientas jurídicas necesarias para posibilitar un proceso de independencia económica. Esta dualidad del ordenamiento sostenido por los gobiernos de Menem y De la Rúa tuvo como consecuencia el agravamiento de las tensiones sociales que crecieron hasta el estallido de 2001. La caída del presidente De la Rúa marcó el fin de la tolerancia social a las políticas neoliberales y obligó a una transición de salida de las mismas con los presidentes Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde quienes prepararon el terreno para el inicio de una nueva etapa de avance popular con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Con fuerte decisión política, el nuevo gobierno peronista fue profundizando los aspectos democráticos y de ampliación de derechos del «orden de Olivos», pero también comenzó un proceso de reconstrucción del papel del Estado en materia económica, revirtiendo el aspecto regresivo del orden anterior. Estas políticas impactaron rápidamente en el plano económico, social, cultural y político. Se destacaron los procesos de desendeudamiento, reindustrialización, ampliación de derechos, expansión de la conciencia nacional y social, y una mayor autonomía en política exterior. En poco tiempo, el pueblo argentino volvió a recordar que los sueños eran posibles, y el peronismo se reafirmó como la fuerza política que representa los anhelos de justicia social, soberanía política e independencia económica.
El enemigo imperial-oligárquico vio rápidamente el peligro de una nueva etapa democrática revolucionaria no solo en Argentina, sino en toda América Latina e inició un fuerte ataque contra los liderazgos populares, especialmente en nuestro país contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ataque se desarrolló fundamentalmente en los campos mediático y judicial, con operaciones de inteligencia e intentos de desestabilización económica mediante corridas bancarias. A pesar de estos intentos, el gobierno peronista culminó sin crisis y con un amplio apoyo popular, manifestado claramente en la despedida de Cristina en la Plaza de Mayo el 9 de diciembre de 2015.
El bloque oligárquico logró un triunfo electoral ajustado —con solo un punto de diferencia en las elecciones de 2015— que le permitió retomar el poder del Estado e instalar en la presidencia a uno de sus hombres: Mauricio Macri. La oligarquía en el gobierno, como la historia argentina enseña, no tiene límites éticos ni jurídicos para lograr sus objetivos, y por ello inició una fuerte campaña de persecución contra las figuras más destacadas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, junto con referentes de organizaciones sindicales y sociales. Si bien Macri llegó con la idea de hacer desaparecer al peronismo para siempre, la rapidez de la crisis económica autoprovocada por sus políticas le impidió obtener la reelección en 2019. Sin embargo, logró limitar nuevamente la capacidad de maniobra de un futuro gobierno popular al endeudar al país, fortalecer su presencia en los medios de comunicación, en el poder judicial y en los servicios de inteligencia. Las consecuencias de sus políticas también impactaron en el cierre de industrias, en la desarticulación de las alianzas continentales y en el alineamiento de la Argentina con las políticas estadounidenses.
Si bien el peronismo recuperó el gobierno con Alberto Fernández como presidente y Cristina como vicepresidenta, se encontró con un escenario muy complejo, producto de la pandemia de COVID-19, el endeudamiento macrista y sus propias contradicciones internas. Aunque el gobierno tomó medidas para revertir los efectos de las políticas de Macri, no pudo volver a entusiasmar a la mayoría del pueblo para que luego en el 2023 eligiera a un nuevo gobierno peronista.
El gobierno de Milei recargó todas las aspiraciones del proyecto imperial-oligárquico, buscando la destrucción definitiva de los restos de la revolución justicialista. No solo atacó el andamiaje estatal y jurídico, sino que también buscó remover los valores que el peronismo inculcó en la cultura argentina, fundamentalmente la justicia social. Este proceso se dio conjuntamente con una ofensiva internacional para reemplazar lo que quedaba del orden jurídico internacional y de derechos humanos construido después de la Segunda Guerra Mundial a partir de la Carta de Naciones Unidas de 1945 y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948.
Al ver que sus acciones no alcanzaban para eliminar definitivamente al peronismo del mapa político argentino, el proyecto imperial-oligárquico recurrió a una de sus tácticas predilectas: descabezar a las fuerzas populares matando, secuestrando, derrocando, exiliando, proscribiendo o encarcelando a sus líderes. Es en este contexto en el que, a mi juicio, debe analizarse la condena y la prisión de Cristina Fernández de Kirchner: como el intento de descabezar al movimiento popular argentino inutilizando a su principal dirigente. La tentativa de homicidio que sufrió confirma, a mi entender, esta hipótesis. La posibilidad de que Cristina se presente a las elecciones de 2025 aceleró la decisión, y el apuro permitió desnudar el núcleo del conflicto y desenmascarar a los jugadores involucrados en la operación. El modo de hacerlo —un juicio totalmente antijurídico y viciado, repleto de nulidades, como sostuvieron muchos juristas prestigiosos de diversas ideologías— demuestra también que el proyecto oligárquico ha decidido prescindir del ordenamiento jurídico democrático. Se lo llevó puesto; la urgencia hizo quemar una herramienta importante que todavía es valorada por muchos argentinos. Ya nadie «cree en la Justicia»; todos los argentinos sabemos que dejó de existir. Ya nadie se sorprende ante cualquier injusticia: pueden golpear a personas mayores, estafar públicamente, incumplir leyes sancionadas y ya a nadie le sorprende.
Si bien es cierto que muchos jueces, defensores, fiscales, abogados y justiciables siguen dando la batalla tanto en el fuero federal como en los provinciales para mantener el ordenamiento jurídico nacional-democrático, ya todos saben que el escenario de la lucha jurídica tiene la cancha inclinada, los árbitros comprados y el «VAR» hackeado. Ya no hay justicia, solo suerte: la suerte de que el asunto propio no sea de interés para los actuales dueños del juego. La Corte Suprema de la Nación, el último garante de la juridicidad en la Argentina, ha demostrado que prefiere ser funcional al proyecto imperial-oligárquico y no leal al pueblo argentino.
Como decíamos al comienzo, un ordenamiento jurídico se conforma o se destruye a partir de decisiones fuertes. La condena y el encarcelamiento de Cristina, en esta lectura, es una decisión , es un “puro hecho”, un hecho de “poder” por fuera del ordenamiento jurídico democrático argentino al que destruye. A partir de este hecho de fuerza, el imperio y las oligarquías beneficiarias están construyendo el nuevo orden jurídico. Poco a poco, este nuevo ordenamiento imperial-oligárquico se va conformando: el RIGI, el Súper RIGI, los proyectos en materias de defensa y seguridad interior y la reforma laboral entre otras normas lo van demostrando. En Santa Fe el Gobernador Pullaro intenta alinearse en esa misma dirección mediante la reforma de las leyes procesales y de ejecución penal. Se busca el fin de las garantías de los ciudadanos.
La condena de Cristina fue la “campana de largada” para esta nueva cruzada. “Si podemos encarcelar sin debido proceso a una persona que fue dos veces Presidenta, una Vice Presidenta y actualmente Presidenta del principal partido opositor, podemos hacer lo que queramos con quién se nos antoje” sostienen en las charlas en los livings de los estrategas del nuevo orden. La condena y detención de Cristina es el símbolo de la destrucción del viejo orden y el primer paso en la construcción del nuevo.
Por eso, la lucha por la libertad de Cristina tiene múltiples significaciones. Antes que nada, es un acto de justicia. Cristina debe recuperar su libertad y todos sus derechos civiles y políticos. Su liberación es también una inyección de energía y esperanza para los militantes populares en este momento anímicamente tan difícil, pero también debe ser el hecho fundante que marque el inicio de la recuperación del ordenamiento jurídico democrático en nuestra querida Patria, lamentablemente hoy perdido.