por Javier Gañan
Aun en edificios deteriorados y con escasos dineros, una universidad puede funcionar. Pero carece de sentido -para nosotros, al menos- si produce sujetos que sólo aspiran a competir sin piedad con los otros por los restos del naufragio. Horacio González, El Ojo Mocho. 1999
En la enseñanza superior debe cumplirse la última etapa de la formación del hombre como sujeto moral e intelectual, pero también como ciudadano argentino. Juan Domingo Perón, Modelo argentino para el proyecto nacional. 1974
En lo que fue un rincón olvidado de Rosario está la Ciudad Universitaria, “la Siberia”, como se la conoce en homenaje a ese pasado hoy reconvertido por la gentrificación del barrio La Sexta. Un predio que aloja cuatro facultades, varias dependencias e institutos universitarios, canchas para realizar deportes, espacios verdes y una flamante escuela secundaria.
En la semana previa a la quinta marcha federal universitaria, las fachadas de los edificios en la Siberia exhiben carteles de agrupaciones estudiantiles y sindicatos docentes y nodocentes convocando a la movilización. En las puertas de ingreso de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales se destaca por su simpleza una serie de leyendas del estilo: “Yo defiendo la Universidad Pública”, escritas en color negro sobre un fondo blanco en hojas A4, una estrategia institucional que se acopla desde la sencillez a la convocatoria de las agrupaciones. La movida se replica en medios de comunicación y documentos públicos, invitando a toda la ciudadanía a movilizarse para defender la Universidad Pública.
Este breve texto no pretende repasar el atraso presupuestario del gobierno nacional con las universidades públicas. Tampoco dar cuenta del avasallamiento al Estado de derecho que hace el gobierno de Milei al incumplir una ley votada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso de la Nación, sobre ambas cuestiones sobran análisis muy interesantes para visitar. Dando por descontado que compartimos con el lector el respaldo a la educación pública superior gratuita y de calidad, nos interesa detener la mirada en esa convocatoria que la universidad argentina le hace al conjunto de la sociedad argentina, invitando a que marche en su defensa. ¿El derecho a la educación superior sigue siendo un motor de movilidad social ascendente? ¿Cuál es el vínculo entre universidad y comunidad actualmente?
Ciertamente se trata de asuntos secundarios en esta coyuntura crítica que amerita unidad en defensa del presupuesto, pero sin dudas vale la pena hacerse la pregunta por el vínculo entre la universidad y la comunidad que la sostiene, y en este sentido nos surgen dos interrogantes que se desprenden ¿Se pregunta la universidad por el espíritu comunitario en los sujetos que forma? Y, por otro lado, ¿Interpelan a la comunidad universitaria las convocatorias por el resto de las injusticias que padece el pueblo argentino?
Una advertencia y una hipótesis. En primer lugar, vale señalar que no nos interesa realizar ninguna auditoría —palabra libertaria de moda, aunque no tanto cuando se trata de revisar las privatizaciones, licitaciones y actos de corrupción gubernamentales— sobre el color político hegemónico dentro de la vida universitaria en relación con la coyuntura. Incluso intuimos que cierta tendencia a privilegiar lo gremial, a veces hasta rozar el corporativismo, encuentra bastante consenso entre las diferentes tribus universitarias. La propuesta es correr por un momento el foco de la disputa coyuntural y adentrarnos en una mirada de horizonte. La hipótesis: dentro del mundo universitario es mayoritaria una idea, no siempre consciente, de convocatoria a la sociedad bajo una lógica endogámica: el todo al servicio de la parte.
Convocar a defender el derecho individual de acceder a la educación superior es, sin dudas, un acto noble y muy necesario en la disputa coyuntural, pero tiene sabor a poco a la hora de pensar que hay 46 millones de argentinos que nos sostienen, y cuyos intereses y necesidades muchas veces no son prioridad en la producción de conocimiento de las universidades y del sistema científico argentino.
La universidad ciertamente no puede hacerse cargo de la crisis general del sistema educativo que, agravada por la crisis económica, dificulta cada vez más el ingreso y la permanencia de los sectores populares en sus aulas. El problema no está en reivindicar la posibilidad de ascenso social que ofrece un título universitario —una promesa cada vez más incierta—, sino en hacer de ella el argumento principal para defender a la universidad. Si la convocatoria se agota en lo que la universidad puede ofrecerles a quienes pasan por sus aulas, estamos convocando al todo en defensa de una parte. No se trata de desconocer el valor de la realización personal, sino de comprender que esta no puede pensarse al margen de la comunidad que la hace posible. El individuo no es ni un fin absoluto al cual se reduce la política ni un mero medio al servicio de lo colectivo.
En el marco de la primera marcha federal universitaria hubo una iniciativa comunicacional orientada a subir “tu foto en la universidad pública”, una movida necesaria y eficaz para visibilizar la cantidad de argentinos y argentinas agradecidos por formar parte de la vida universitaria. Al igual que con los carteles citados más arriba, hay una cuestión que se repite: el “yo” como única medida de las cosas y la insistencia en que lo que está en juego es el derecho individual a formarse en la educación superior. Para ser claros, pocas conquistas resultan más valiosas que ser primer generación universitaria en un núcleo familiar. Ahora bien, ¿alcanza con eso para sostener que la universidad pública es asunto colectivo?, y más aún, en una Argentina cada vez más desigual, ¿hasta qué punto el acceso a la universidad sigue siendo una posibilidad real para las familias sin formación superior?
Como universitarios sostenemos que defender a la universidad pública es, también, defender su capacidad de generar propuestas que atiendan las necesidades de los 46 millones de argentinos que la sostienen y vienen sufriendo, igual que nosotros, la crueldad de este despojo.
Quizás las universidades no dispongan por sí solas de las herramientas suficientes para hacer que los pobres de la patria puedan formarse en sus aulas, pero sí cuentan con la capacidad, e incluso la obligación, de generar iniciativas de extensión y producción de conocimientos orientados a atender las necesidades de esa misma comunidad que permite que los hijos de las clases medias urbanas sigan formándose.
Hay algo que resuena de lejos en esta discusión: aquella Argentina moderna que se construyó sobre una sensibilidad histórica orientada a la integración social llevaba consigo dos promesas en tensión: el sujeto que progresa por su propio esfuerzo y el Estado que garantiza derechos sociales con pretensión de universalidad. Hace décadas que esa identidad viene siendo desplazada por la cultura del capital financiero, que puede prescindir de la institucionalidad democrática y nos empuja hacia el homo resignatus —en los términos que recupera Lucas Rubinich—, un sujeto resignado a lo existente, que deja de reconocerse como ciudadano para pensarse apenas como consumidor. La universidad pública tampoco está al margen de esa disputa: qué tipo de comunidad contribuye a formar es, también, una pregunta por el país que queremos construir.