Por Mariana Steckler *
La visita de seis diputados y diputadas de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, detenidos en el penal de Ezeiza, generó revuelo y disputas desde el primer momento. Algunos intentaron desmarcarse alegando desconocimiento, algo difícil de sostener si se tiene en cuenta que un simple ciudadano no puede invocar ignorancia de las leyes, menos podría un diputado asegurar no conocer quiénes eran las personas con quienes se iba a reunir en un penal, tampoco los motivos de ese encuentro o ignorar la historia reciente del país.
A medida que pasaron los días se conocieron más datos y escaló la polémica: viajaron en autos oficiales del Congreso. Se llevaron adelante allanamientos al penal. La diputada rosarina Rocío Bonacci votó “confundida” a favor de su propia expulsión de la Cámara el proyecto impulsado por Germán Martínez de Unión por la Patria, no sin antes asegurar que la reunión contó con el aval de la ministra Patricia Bullrich y luego tildar de “todos cagones” a sus compañeros de bloque. El puntano Carlos D’Alessandro y la mendocina Lourdes Arrieta aseguraron estar dispuestos a apoyar la creación de una comisión especial que investigue sus propias responsabilidades para luego votar en contra, en bloque. Mientras el papa Francisco mandaba una clara señal al recibir a la nieta de una víctima del detenido Alfredo Astiz y al insistir “No aflojen, conserven la memoria”, el obispado finalmente se vio conminado a expulsar de la diócesis de Zárate-Campana al cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida, por haber gestionado la visita.
Pero quizás lo más relevante de semejante convulsión haya sido la noticia de la existencia de reuniones previas a la visita con el objetivo de diseñar un supuesto plan para excarcelar a los genocidas. Todo esto bajo la presumida tutela de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Se habló de “presión y lobby” sobre las agendas parlamentarias para conseguir una ley que los deje en libertad. Pero, ¿nuestro ordenamiento jurídico lo permite?
El abogado en causas de lesa humanidad, Guillermo Munné, explica el contexto para la amnistía y el indulto. La primera medida debe ser dispuesta por el Congreso y beneficia de manera general, por lo que tendría aplicación también en otros casos con sentencia firme por la regla de la ley penal más benigna. Por su parte, el indulto lo dispone el presidente de la Nación y es singular, particular. Sin embargo, Munné no deja lugar a dudas: “ambos beneficios están declarados nulos respecto de delitos de lesa humanidad y los responsables de un genocidio. En Argentina, la jurisprudencia ha recurrido a la figura del crimen de lesa humanidad para avanzar con el juzgamiento de estos delitos como imprescriptibles e inamnistiables, es decir no admiten amnistía ni indulto”.
Otra posibilidad que se dejó trascender fue la de un proyecto para regular las condiciones de la prisión domiciliaria: una norma que obligue a los tribunales a establecerla en ciertas condiciones. Pero esto sería lenidad en las penas. Aclara Munné: “Este subterfugio es similar al pretendido durante la presidencia de Macri con el beneficio del 2×1, otra forma de morigerar las penas. Los crímenes de lesa humanidad tienen, según Jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH, la exigencia jurídica de que el cumplimento de la sanción debe ser efectiva y que no admite ninguna forma de privilegio”. Sin embargo, lo que frenó efectivamente la avanzada fue la sociedad en su conjunto en la calle.
Aquí resuenan las palabras del recordado excanciller argentino, Héctor Timerman, quien en el año 2011, en la Sesión Plenaria del Consejo de DDHH de la ONU, ancló en 2003 el particular énfasis que Argentina puso en la necesidad de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad: “En un desarrollo sin precedentes en el mundo, los tres poderes del Estado argentino adoptaron medidas que permitieron la reanudación de numerosos procedimientos judiciales que se están llevando a cabo”.
El informe de Mayo 2024 del Observatorio de la UBA: Dogma, contradicciones e implicancias del Proyecto “Libertario” describe lo que considera la pretensión refundacional del gobierno de Milei que “va más allá del objetivo de déficit fiscal cero, ya que busca instaurar una transformación social regresiva con una crueldad real y simbólica inéditas e intenciones moralistas llevadas al campo de una batalla cultural mesiánica”.
Allí, Macarena Marey, Doctora en Filosofía e investigadora del Conicet reconoce que los argentinos valoran a la salud y educación públicas, a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, a los derechos de mujeres y diversidades y las reconoce como producto de la lucha popular pero advierte: “este gobierno se inscribe en una tendencia de la derecha global adaptando las estrategias políticas a las nuevas tecnologías”. Y asegura “el principal rasgo normativo de este plan de despojo es conseguir, mediante la carestía, la baja salarial, el desempleo y la batalla cultural, un pueblo sumiso y dócil que no le oponga resistencia a su propia pauperización”.
Mientras tanto, el gobierno sigue adelante con su plan de desmantelamiento de organismos, institutos y sitios de Memoria. El objetivo parece apuntar a la tolerancia de una sociedad anestesiada y dispuesta a soportar un proyecto que libere a los genocidas que tanto costó condenar.
Si no pueden con el ordenamiento jurídico actual, si la experiencia del 2×1 les mostró que la gente en la calle empodera sus ideales, quizás una simple foto de los representantes de la institucionalidad democrática con los genocidas aporte, abra las puertas a la resignación y permita dar contexto social al mundo legislativo que convalide alguna de las maniobras para excarcelar genocidas.
Será la sociedad en su conjunto, nuevamente, la encargada de demostrar que está despierta y que es capaz, de la mano de la política que logró recuperar la fe en 2003, de elevar un grito unívoco y categórico: NO pasarán.
* Mariana Steckler es periodista, diplomada en Género desde la perspectiva DDHH, trabajadora Radio Nacional Santa Fe