LA SOBERANÍA DEL ESPACIO DIGITAL

El viernes 11 de septiembre tuvo lugar un taller sobre la soberanía del espacio digital en la Sala de Capacitación del Predio CONICET «Dr. Alberto Cassano».
Expusieron Oscar Niss, sobre IA Ofensiva: cuando el atacante piensa a velocidad de máquina

y Ezequiel Tosco, sobre Los trabajadores de la actividad informática y la necesidad de una organización conducente en defensa de la patria


La declaración “Soberanía digital en Argentina”, elaborada por el Consejo Asesor del Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo (LITAT) de la Asociación Gremial de Computación (AGC), constituye una intervención especialmente valiosa porque no solo identifica un problema estratégico, sino que logra organizarlo en un diagnóstico sistemático y en una propuesta programática. Su principal mérito no consiste solamente en advertir sobre la dependencia tecnológica argentina, una cuestión que desde hace tiempo circula en ámbitos académicos, sindicales y políticos, sino en intentar convertir esa preocupación general en un conjunto articulado de problemas y en una agenda de acción.

El diagnóstico inicial es claro: la dependencia digital ya no puede comprenderse simplemente como un déficit tecnológico. Atraviesa la infraestructura sobre la que funciona el Estado, la localización y procesamiento de los datos, los estándares que organizan la comunicación entre sistemas, las plataformas sobre las que trabajan instituciones y ciudadanos, los modelos de inteligencia artificial y, finalmente, la capacidad misma de tomar decisiones sin depender de actores privados globales. La declaración recupera, dentro de un campo más amplio de diagnósticos críticos sobre las transformaciones contemporáneas del poder digital, dos conceptos para caracterizar este proceso: extractivismo de datos y tecnocesarismo. El primero desplaza hacia la economía digital una vieja estructura centro-periferia: la actividad cotidiana de millones de personas produce datos que son apropiados, procesados y convertidos en valor por infraestructuras que se encuentran mayoritariamente fuera de nuestro control. El segundo señala una mutación política todavía más profunda: grandes corporaciones empiezan a concentrar capacidades sobre comunicaciones, datos, mercados e infraestructura que condicionan crecientemente el margen de acción de los propios Estados.

El documento se propone, también, no identificar soberanía con aislamiento. No plantea una autarquía tecnológica improbable, sino recuperar capacidades que permitan decidir, negociar y cooperar reduciendo dependencias estratégicas. Para ello distingue tres capas de infraestructura (conectividad; procesamiento y almacenamiento; plataformas y sistemas) y muestra que Argentina posee fortalezas muy desiguales entre ellas. La conectividad presenta capacidades relativamente desarrolladas; el procesamiento depende mucho más de grandes proveedores internacionales; y la dependencia se profundiza todavía más en la capa de plataformas, sistemas operativos, herramientas de comunicación e inteligencia artificial.

Esta mirada por capas permite salir de una discusión muchas veces demasiado abstracta. La soberanía digital se materializa en centros de datos, servicios de nube, estándares, capacidades de auditoría, formación técnica, datos, software, legislación y trabajadores. De allí surge una de las propuestas centrales del documento: construir una Infraestructura Pública Digital Soberana capaz de alojar datos estratégicos, establecer estándares abiertos,

garantizar interoperabilidad y desarrollar capacidad propia para auditar y sostener software crítico.

Es igualmente valioso que esa infraestructura no aparezca aislada de los derechos. La declaración incorpora portabilidad, proporcionalidad en la recolección de datos, transparencia de los sistemas automatizados, protección de información sensible y utilización social de los datos públicos. Tampoco concibe la soberanía exclusivamente como una política defensiva: la vincula con desarrollo productivo, trabajo, universidades, sistema científico, cooperativas, empresas nacionales y capacidad tecnológica acumulativa.

A esto se agrega otra decisión relevante: pensar la escala latinoamericana. Nube regional, reconocimiento de identidades digitales, regulación coordinada de plataformas, gobernanza transfronteriza de datos y ciberseguridad compartida se plantean como respuestas a una evidencia difícil de eludir: ninguna soberanía puede sostenerse hoy como si las infraestructuras digitales terminaran en una frontera nacional.

Finalmente, el documento tiene la virtud de especificar un horizonte temporal de implementación. Propone acciones inmediatas, una construcción institucional a dos o cuatro años y transformaciones estructurales de más largo plazo. Entre estas últimas aparece una expresión particularmente interesante: “construir un ecosistema digital soberano”. Ese concepto puede ser uno de los puntos desde los cuales continuar la conversación. Porque una vez que se acepta la necesidad de construir un ecosistema surge inevitablemente otra pregunta: ¿qué entendemos exactamente por ecosistema digital?

Una infraestructura soberana puede mejorar radicalmente la capacidad del Estado para administrar información, prestar servicios, desarrollar inteligencia artificial o acompañar la producción. Todo eso es decisivo, pero lo digital ya no constituye solamente un insumo tecnológico ni una fuente de datos capaz de producir valor. Se ha convertido en un territorio que interviene y estructura las condiciones bajo las cuales una sociedad produce, intercambia, organiza el trabajo y reproduce una parte creciente de su vida común. Compramos, vendemos, trabajamos, cobramos, estudiamos, investigamos, producimos cultura, buscamos información, construimos vínculos, administramos organizaciones, accedemos a servicios y participamos de la vida pública dentro de ecosistemas digitales. Por eso la pregunta por la soberanía no puede agotarse en quién posee los servidores, dónde se procesan los datos o quién captura el valor económico: debe alcanzar también a las condiciones sociotécnicas que organizan la experiencia dentro de ese territorio.

Desde esta perspectiva, un ecosistema público no tendría que pensarse solamente como una infraestructura para que el Estado gestione mejor o para que una economía nacional produzca más soberanamente. Debería pensarse también como un espacio digital público que la ciudadanía pueda efectivamente habitar democráticamente. Si una parte creciente de la vida social transcurre dentro de ecosistemas digitales, recuperar soberanía sobre ellos implica también recuperar capacidad colectiva para decidir bajo qué condiciones queremos encontrarnos, relacionarnos, informarnos, expresarnos y participar de aquello que nos concierne como sociedad.

Pero un territorio de esas características tampoco puede diseñarse primero para convocar después a quienes habrán de habitarlo. La comunidad capaz de sostener un proyecto de soberanía digital tiene que construirse a la par de la propia propuesta. Esa comunidad no preexiste como un sujeto político constituido: puede formarse mediante la articulación de universidades y sistema científico, trabajadores, cooperativas tecnológicas, organismos públicos, organizaciones sociales y de derechos, comunidades técnicas y ciudadanos que hoy intervienen sobre dimensiones diferentes de un mismo problema. El proceso de reunir esas capacidades no sería, entonces, una instancia posterior de implementación, sino una dimensión constitutiva de la propuesta: allí se definirían problemas comunes, prioridades, derechos, límites y mecanismos de control. La soberanía no requeriría solamente infraestructura propia, sino también un sujeto plural capaz de discutir para qué construirla, cómo gobernarla y bajo qué condiciones ponerla al servicio de necesidades colectivas.

Ese desplazamiento hacia la habitabilidad abre un conjunto adicional de problemas. Ya no alcanza con preguntar dónde están alojados los datos o quién controla los servidores. Hay que preguntarse también quién decide qué vemos; con qué criterios una palabra se vuelve visible; qué tipo de vínculos habilita la arquitectura social digital; qué representa la lógica de seguidores y seguidos; qué métricas se exhiben; qué acciones premia la interfaz; qué temporalidad produce un flujo permanente de notificaciones; qué ocurre con la atención; qué formas de exposición, reconocimiento y competencia se normalizan; qué condiciones hacen posible que una conversación continúe, vuelva sobre sí misma y produzca alguna elaboración colectiva. Estas cuestiones no son exteriores al problema de la soberanía. Quien establece las condiciones de visibilidad, quien regula los ritmos de interacción y diseña los mecanismos de reconocimiento interviene también sobre las formas posibles del vínculo y dispone de una capacidad de gobierno sobre la vida social, aun cuando no intervenga directamente sobre los contenidos que circulan. Visibilidad, vínculos, temporalidad, atención, interfaz y subjetivación no son solo efectos secundarios del entorno tecnológico, son también dimensiones sobre las que una sociedad debe recuperar capacidad de decisión.

Sabemos que una interfaz no es la capa secundaria de una infraestructura previamente resuelta. Es una de las formas mediante las cuales esa infraestructura se vuelve experiencia socialmente normada. Y por eso decisiones aparentemente menores (un botón, un contador, un orden de aparición, una recomendación, la duración de una publicación en el campo visible) terminan interviniendo sobre los modos de relación social y de subjetivación política.

Aquí emerge una dimensión que podría complementar especialmente bien el diagnóstico de AGC-LITAT. El documento analiza quién controla la infraestructura digital. La pregunta adicional sería qué relaciones sociales produce esa infraestructura una vez que está bajo nuestro control. Recuperar soberanía sobre la infraestructura es indispensable, pero no vuelve democráticas por sí mismas las formas de interacción que se desarrollan sobre ella.

Lo mismo ocurre con la gobernanza. El propio documento ofrece un punto de partida importante al proponer espacios multiactorales de deliberación. El desafío sería hacer que esa pluralidad de actores se traduzca no solo como participación en la elaboración de políticas, sino también como un sistema efectivo de contrapesos sobre quienes administran

la infraestructura. Recuperar soberanía frente a grandes corporaciones no debería traducirse en desplazar hacia el interior una concentración de poder que antes se encontraba en actores externos. Un ecosistema público necesita procedimientos que distribuyan capacidades de control, auditoría y revisión. Estado, trabajadores tecnológicos, universidades, organizaciones sociales, especialistas, comunidades y usuarios pueden cumplir funciones diferentes precisamente para evitar que quien administra la infraestructura sea también quien establece unilateralmente las reglas, controla los datos, diseña los algoritmos, resuelve las controversias y evalúa sus propios resultados.

Una soberanía democrática no consiste solamente en recuperar capacidad para decidir, sino también en establecer las condiciones bajo las cuales ese poder puede ejercerse legítimamente. Aquí puede resultar productiva la perspectiva del constitucionalismo digital: trasladar al diseño de estas infraestructuras una preocupación clásica de la democracia constitucional por distribuir el poder, reconocer derechos y establecer límites, controles y mecanismos de revisión. El documento ya incorpora instrumentos importantes en esa dirección, como la transparencia algorítmica, la auditabilidad de los sistemas automatizados y la propuesta de un Registro Nacional de Algoritmos de Decisión Pública. Sobre esa base podría avanzarse hacia una arquitectura más amplia de contrapesos.

Algo semejante ocurre con la dimensión productiva, uno de los aspectos más desarrollados de la declaración. La propuesta de una industria tecnológica nacional capaz de desarrollar infraestructura, software e inteligencia artificial constituye una pieza decisiva de cualquier política de soberanía. Pero junto con la pregunta por dónde se produce el valor aparece otra: cómo se distribuye y quién se apropia de él.

Una industria nacional competitiva puede disminuir la dependencia externa sin modificar necesariamente la concentración económica interna. La nacionalidad del propietario y la distribución del poder económico son problemas diferentes. El documento contempla, acertadamente, una trama productiva plural. Tal vez el problema que quede por desarrollar no sea, entonces, el de incorporar esa diversidad, sino el de preguntarse qué lugar ocuparán los distintos actores y formas organizativas en el ecosistema resultante y qué efectos tendrá esa configuración sobre la propiedad, la capacidad de decisión y la distribución del valor generado.

No se trata de sustraer estas decisiones a las instituciones representativas del Estado, sino de evitar que cuestiones relativas a propiedad, apropiación y distribución queden resueltas de hecho como consecuencias implícitas de decisiones técnicas, contractuales o de mercado. La cuestión no sería definir de antemano una única forma institucional o productiva como modelo, sino impedir que la soberanía se reduzca a la localización nacional de procesos cuya estructura de propiedad y distribución permanezca intacta. Soberanía y democratización no son sinónimos: pueden reforzarse, pero esa relación debe construirse.

La declaración de AGC-LITAT tiene una virtud final que vale la pena preservar: no se presenta como una propuesta terminada. Se define como apertura de un proceso de deliberación e invita explícitamente a señalar insuficiencias y enriquecer la propuesta. Ese carácter abierto

permite que la conversación avance sin necesidad de disputar quién posee «el modelo correcto».

Quizá el paso siguiente consista justamente en desarrollar en profundidad la expresión que el propio documento coloca en su horizonte de largo plazo: “ecosistema digital soberano”. Preguntarnos qué contiene ese ecosistema, quién lo habita, quién decide sus reglas, qué relaciones promueve, cómo distribuye el valor que genera, qué contrapesos limitan el poder de quienes lo administran y qué formas de vida pública debería hacer posibles. Recuperar capacidad sobre las infraestructuras digitales es una condición indispensable, pero también lo es definir las condiciones democráticas que ese ecosistema debe garantizar para que una sociedad pueda pensarse, discutirse y transformarse a sí misma.