Por Roberto Román[1]
Breve crónica de un veto anunciado
El 4 de junio, durante una sesión especial en la Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto que incluía una nueva fórmula de actualización periódica de las jubilaciones y pensiones. Fue acompañado afirmativamente por 160 legisladores, los cuales componen el amplio espectro de la oposición en el recinto, mientras que otros 72 se expresaron en forma negativa. Hubo 8 abstenciones, entre las que se escabulló la diputada arrepentida de visitar genocidas en la cárcel de Ezeiza, Lourdes Arrieta.
Al día siguiente, durante una exposición en el 10° Latam Economic Forum, el Presidente Milei amenazó con vetar el proyecto si se convertía en ley. “Les voy a vetar todo, ¡me importa tres carajos!”, enfatizó frente al público empresario reunido en Parque Norte. En sus redes sociales, y acorde a los violentos modales que pretende acostumbrarnos, acusó de “ratas” y “degenerados fiscales” a los legisladores que votaron a favor de la norma.
El 22 de agosto la Cámara Alta convirtió en ley la iniciativa opositora por 61 votos a favor y 8 en contra. Nuevamente, a través de un comunicado oficial, el liber-presidente arremetió contra la oposición y reafirmó su vocación de veto.
Finalmente, el 11 de septiembre en sesión especial, a través del Decreto N° 782/2024, el oficialismo alcanza a reunir el número suficiente de votos y logra vetar la Ley N° 27.756 de movilidad. A pesar de los 153 votos a favor, no es posible reunir los dos tercios necesarios y el oficialismo logra una victoria con 87 votos en contra. Los abstinentes persisten en su distraída posición.
Como broche final, el martes 17 por la noche en la Quinta de Olivos, Milei agasajó con una asado a la “canasta” a los diputados que blindaron el veto, llamándolos “héroes” por ser artífices de una “labor patriótica” contra las “medidas populistas que buscan quebrar las arcas del Estado”.
Mientras tanto, en las afueras de la residencia presidencial, organizaciones de jubilados e independientes se manifestaron pacíficamente repudiando el obsceno encuentro gastronómico. Como garantía, la Ministra Bullrich destinó 400 efectivos de la Policía Federal para evitar “desbordes” en la concentración de protesta. Al decir del Papa Francisco: “gastaron en gas pimienta en lugar de justicia social”.
Movilidad jubilatoria: actualización y carrera lenta contra la inflación
Un dato de la realidad es que, más allá de las fórmulas de actualización empleadas, tanto por el anterior como el actual gobierno, la inflación las fue superando. Sin embargo, existen claras diferencias entre las fórmulas implementadas por las dos últimas administraciones. Veamos cuáles son y qué implicancias han tenido para los jubilados.
En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández aprobó la Ley N° 27.609, que estableció una forma de movilidad previsional trimestral que combinaba 50% recursos tributarios por beneficio de ANSES y 50% del aumento de las remuneraciones. Los aumentos se otorgaron con los mensuales de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, y con 3 meses de rezago. El último incremento utilizando esta fórmula fue otorgado en marzo de este año.
Los aumentos estuvieron por detrás de la inflación. Las jubilaciones más bajas perdieron un 43% el poder de compra. Por esa razón el gobierno de Fernández decidió cubrir esa pérdida con un bono mensual extraordinario, el cual fue extendido por la administración libertaria con el Decreto N° 282/2024 y se paga hasta la actualidad.
En marzo de este año, a través del Decreto N° 274/2024, Milei decidió modificar la fórmula de actualización. La regla es simple: a partir del mes de abril, las jubilaciones se actualizan según la inflación mensual, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) del INDEC de dos meses previos (en febrero la inflación fue del 13,24%).
El problema surge en el empalme, pues el mensual de enero no fue tenido en cuenta y además arrastra la megadevaluación que anunciara el Ministro Caputo a tres días de llegar al gobierno. Para ese entonces, la jubilación mínima pasó de 281 a 129 dólares, 21 dólares menos que el valor histórico a diciembre de 2001.
¿En qué consistía el proyecto de ley vetado por Milei?
La iniciativa de la oposición mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado por el decreto de Milei, pero le suma un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (donde el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero y que no había sido considerado.
Además, disponía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza e indigencia), y proponía que la fórmula de movilidad no dependiera sólo de la inflación sino que también tuviera en cuenta los salarios de los trabajadores registrados. Es decir, en el caso que la inflación quedara por debajo del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales), los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
La única verdad es la realidad: el rigor de las cifras en la Era Milei
Según el Informe Estadísticas de la Seguridad Social (1er. Trimestre 2024), la ANSES liquida mensualmente 9,2 millones de jubilaciones y pensiones, distribuidas entre 7,8 millones de beneficiarios. Sobre el total de beneficios previsionales, 7,3 millones son beneficios contributivos (5,6 millones de jubilaciones y 1,7 millones de pensiones), de los cuales casi 4 millones accedieron a través de moratorias.
Según datos oficiales, durante el 2023, del total de personas que dieron de alta su jubilación, 8 de cada 10 lo hicieron a través de moratorias previsionales.
La distribución por tramos de haber muestra que el 42% percibía haberes menores o iguales a un haber mínimo, un 23% tenía haberes de entre una y dos mínimas y el 36% restante, tuvo haberes mayores o iguales a 2 haberes mínimos.
Fuente: Elaboración propia en base a informes oficiales del BCRA, ANSES, INDEC y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. (*) La Canasta Básica Total, además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza. – Valor promedio entre el 1er. y 2do. Trimestre que mide índice de pobreza e indigencia.
Si tomamos el mes de agosto como caso testigo, podrá observarse que la jubilación mínima se encuentra 45 dólares por debajo del valor que poseía al 10 de diciembre del año pasado. Sin contar el bono extraordinario de $ 70.000, el haber mínimo ($ 225.454,42.-) se encuentra por debajo de la unidad de medida por individuo que se utiliza para medir la línea de pobreza ($ 304.170,00.-), por lo que todos los beneficiarios que perciben un único haber mínimo estarían incluidos entre la población considerada pobre.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional realizado durante el primer bimestre de 2024 fue de $ 3.869.000 millones (a pesos de febrero) y estuvo explicada en un 43% ($ 1.682.000 millones) por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones.
Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran
Si bien la actualización de los haberes jubilatorios resulta una cuestión de suma importancia para nuestros adultos mayores, es necesario no dejar de observar otros temas que están a la vista y que el propio oficialismo se ocupó de ocultar tras el veto libertario, que rechazó un aumento inferior al valor del “asado comunitario” que se organizó en Olivos.
Es importante recordar que unos de los primeros pasos que dio Milei fue incorporar en la Ley Ómnibus la disolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el traspaso de sus activos a manos del Tesoro Nacional, cuestión sobre la que el Gobierno volverá a insistir seguramente.
En los próximos meses, también será tema de debate un anhelo que el oficialismo no ha abandonado: la derogación de la moratoria previsional que vence en marzo del próximo año y la incorporación de la figura de Prestación de Retiro Proporcional para quienes tengan 65 años, pero que no cumplan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación mínima.
La extinción de regímenes especiales, la implementación de sistemas de capitalización individual y la prohibición de percibir más de un beneficio previsional, son cuestiones que estarán en la agenda del debate público durante los próximos meses. Es por ello que es muy importante no relajarse y mantener la mirada atenta, pues no hay peor ciego que aquel que ya vio la realidad y decide cerrar los ojos.
[1] Se recomienda leer también otra nota del mismo autor: https://soberaniadigital.org/toda-la-caja-es-de-su-apetito/